Domingo, 14 Febrero de 2010
Estafa camionera
El Ministerio del Interior acaba de comprar un lote de portatropas que en 2007 desechó argumentando que eran muy caros. Solo que esta vez ha pagado por ellos casi US$ 2 millones más. ¿Por qué? Aquí lo explicamos.
Por Óscar Miranda.- Esta historia comienza con el llamado shock de inversiones del 2006. En el Ministerio del Interior, la entonces ministra Pilar Mazzetti ejecutó un proceso que –entre muchos otros bienes– contrató la compra de 50 camiones portatropas. La compañía que ganó el concurso fue la International Security & Defence Systems (ISDS), de Israel.
Sin embargo, Mazzetti tuvo que renunciar a la cartera en medio de una agitada controversia por otras adquisiciones del mismo proceso. Su sucesor, el veterano político aprista Luis Alva Castro, se negó a pagar y a recibir los nuevos portatropas, arguyendo que había un gran sobreprecio en los US$ 107 mil que se acordó pagar a la compañía israelí por cada vehículo. Pese a las protestas de ISDS, la operación fue unilateralmente cancelada.
Pues bien. Sucede que ahora el nuevo ministro del Interior, Octavio Salazar, acaba de comprar un lote de 31 portatropas. Para hacerlo, organizó un nuevo concurso, con nuevos postores, del que resultó un nuevo ganador.
IDL-Reporteros ha descubierto que estos vehículos son exactamente los mismos que Alva Castro rechazó comprar dos años y medio atrás, sosteniendo que estaban sobrevaluados. Solo que en lugar de pagar US$ 107 mil por cada uno de ellos, el ministerio del Interior desembolsa ahora US$ 171 mil.
Ello significa que los camiones le están costando al Estado casi US$ 2 millones más.
LOS HECHOS
A fines de noviembre del año pasado, el Ministerio del Interior organizó un proceso de “Compras en el Extranjero” para adquirir 31 portatropas, 13 blindados multipropósito y 11 motobombas rompe-manifestacion
El 4 de diciembre, el comité de selección –integrado por Hans Heysen, jefe de Abastecimiento del ministerio; Patricia Seminario, abogada del Viceministerio de Gestión Institucional del Mininter; y el coronel Pedro Valdiviezo, jefe de la División de Transportes de la Policía– anunció que solo tres compañías habían superado la evaluación técnica: Junjin CSM (coreana), Quiroga Trucks (mexicana) y Hatehof (israelí).
Ese día los funcionarios abrieron los sobres con las propuestas económicas y eligieron a los ganadores. Quiroga Trucks obtuvo la buena pro para proveer los rompe-manifestacion
El 14 de diciembre, el Ministerio del Interior anuló la buena pro otorgada a Quiroga Trucks señalando que se había pasado por alto que la empresa no fabricaba motobombas de tipo policial sino solamente de uso civil. Se dispuso, entonces, que la licitación para comprar los ‘pinochos’ empezara otra vez desde cero.
La compañía israelí, en cambio, no tuvo ninguna observación. Firmó contrato el 17 de diciembre y cerró así un negocio por US$ 11 millones 99 mil.
LA MENTIRA
IDL-Reporteros está en condiciones de afirmar que los 31 portatropas que Hatehof le está vendiendo al ministerio son parte de los 50 que ISDS le iba a vender en 2007, pero que Alva Castro se negó a recibir y, por supuesto, a pagar.
Aquellos 50 camiones eran modelos Abir M-462, fabricados por la empresa israelí Automotive Industries Ltd.(AIL) a pedido de ISDS. Una vez que el contrato con ISDS fue cancelado unilateralmente, los camiones quedaron estacionados en la fábrica de AIL en Nazaret, Israel.
Pero, hace un mes, Hatehof concretó la compra de 31 de esos camiones, que a estas alturas todavía no tienen uso pero sí casi tres años de antigüedad. Fuentes que han seguido de cerca esta operación aseguraron a IDL-Reporteros que los portatropas ya dejaron la fábrica de Nazaret y que están siendo preparados para su embarque hacia Lima.
Según su propia página web, Hatehof manufactura vehículos blindados multipropósito (su modelo estrella es el Wolf, motobombas rompe-manifestacion
IDL-Reporteros tiene una copia de la propuesta técnica (de 68 páginas) que Hatehof presentó a la licitación. Junto a sus blindados y rompe-manifestacion
¿Qué dice Hatehof al respecto? En diálogo con IDL-Reporteros, su representante legal en Lima, Juan Silva Pro, aseguró que los Wolf 2 existen, pero no supo explicar por qué la empresa ofreció fotos de los Abir en su propuesta técnica. “Es que esos eran modelos referenciales (…) los autos que recibirá la Policía son diferentes”, dijo.
En otro momento, cuando se le preguntó por qué en su expediente nombraron al Abir como “Wolf 2”, sostuvo que la imagen no era la de un Abir. “Parecen iguales pero son totalmente diferentes”, afirmó.
EL SOBREPRECIO
Eso no es cierto. Se trata de los mismos camiones que, incidentalmente fueron los últimos Abir M-462 fabricados por AIL. El modelo ha sido descontinuado y será reemplazado por un nuevo tipo de Abir.
Lo importante, entonces, es que el Ministerio del Interior está pagando US$ 171 mil por cada portatropas el 2010, cuando ISDS los vendió por US$ 107 mil en el 2007.
Hay una diferencia de US$ 64 mil en cada vehículo que, multiplicada por los 31 camiones, se convierte en un sobreprecio total de US$ 1 millón 984 mil.
En entrevista con IDL-Reporteros, el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior, Samuel Torres, responsable de la compra, sostuvo que la diferencia de precio se debe a que el ‘nuevo’ vehículo tiene blindaje en la tolva y en la cabina y a que viene con repuestos, condiciones que no incluía el contrato de 2007. La misma explicación dio Hans Heysen, presidente del comité de selección.
En las bases del concurso se pide un portatropas con blindaje solo en la tolva. IDL-Reporteros solicitó a Armor Security, la mayor empresa de blindaje en el país, que cotizara el blindaje de un portatropas con las características señaladas en las bases. Según la compañía, el precio del trabajo no supera los US$ 2 mil 280 por vehículo (US$ 3 mil 500 incluyendo mano de obra e IGV).
Adicionalmente, Hatehof habría ofrecido blindar la cabina (las puertas y el techo). Según Armor Security, hacerlo, sin incluir vidrios blindados, costaría a lo sumo US$ 8 mil 500 (US$ 10 mil 100 incluyendo IGV). Todo el costo del blindaje, entonces, no debería de superar los US$ 13 mil 600.
En cuanto a los repuestos, uno de los mayores expertos en industria automotriz del país –quien pidió no ser identificado– calculó su costo en no más de US$ 5 mil 400, sin incluir neumáticos. IDL-Reporteros cotizó, por su lado, el precio de los neumáticos tomando como referencia una licitación realizada por la Policía en 2009. En este concurso, el precio referencial de cada uno fue de US$ 671.6 (US$ 3 mil 194 el juego completo, incluyendo IGV).
En consecuencia, podemos afirmar que el precio total de los repuestos pedidos en las bases no debería de superar los US$ 8 mil 600, incluyendo IGV.
Toda esta aritmética arroja que el precio de blindar la cabina y la tolva y de incluir repuestos no excede los US$ 22 mil 200 por cada portatropas. Sin embargo, el Ministerio del Interior está pagando US$ 64 mil de sobreprecio por cada camión respecto de los contratados el 2007. ¿Y esos US$ 41 mil 800 restantes? Hay por lo menos US$ 1 millón 295 mil de diferencia entre la compra de 2007 y la de 2009 que no se pueden justificar.
¿Quién se está quedando con esa plata?
Nota: Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, estima necesario informar que conoce a Leo Gleser, presidente de ISDS, desde hace cerca de 40 años, a través de la práctica del Judo. Por ello, Gorriti ha mantenido distancia de esta investigación realizada por Óscar Miranda y editada por Jacqueline Fowks.
Notas Relacionadas
El traficante orquesta
Entre las cartas que Hatehof entregó al Ministerio del Interior para acreditar su experiencia como fabricante destaca una firmada por un viejo conocido del Perú: el vendedor de armas israelí Rony Lerner.
Se trata de un miembro del grupo de traficantes de armas liderado por el israelí Zvi Sudit –en el que también estaban James Stone e Ilan Weil– que en los noventa hizo millonarios contratos con la Policía y las FFAA gracias a las coimas que le pagaba a, sobre todo, Vladimiro Montesinos.
A través de su empresa Sutex S.A., esta organización le vendió 160 portatropas Abir M-462 a la Policía entre 1995 y 1998. Con Hightech Technology (la empresa de Lerner) y como representantes de Automotive Industries Ltd. (AIL) le vendieron al Ejército camiones Commandcar y Abir, fusiles, mini Uzis, pistolas y munición.
Su mayor negocio, sin duda, fue su papel como intermediarios en la compra a la Federación Rusa, en 1998, de tres aviones Mig-29 para la FAP –sobrevaluados– a un precio total de US$ 126 millones, una fracción importante del cual fue la millonaria coima a Montesinos.
En total, entre 1992 y el 2000 Sudit, Lerner y sus socios ganaron contratos con las FFAA y la Policía Nacional por más de US$ 261 millones.
Tras la caída del régimen fujimorista, el grupo se libró de la cárcel acogiéndose a la colaboración eficaz y contando buena parte de lo que sabían para hundir a Montesinos, especialmente detalles del caso de los Mig-29 y de su participación en el manejo de los US$ 15 millones de CTS entregados al ‘Doc’. El proceso a Lerner fue archivado en 2005, según indicó a IDL-Reporteros su abogado, Eduardo Iberico.
Todo indica que, reciclado y con nuevos amigos en el Gobierno, el vendedor de armas israelí volvió a las andadas.
EL NEGOCIADOR
En esta última licitación, Lerner avala a Hatehof y asegura que esa compañía sí es fabricante pues dice haberle comprado 30 vehículos MRAP (vehículos protegidos frente a ataques con minas) que luego ha revendido.
Sin embargo, Lerner no es solo un aval. IDL-Reporteros tiene información que indica que se trataría del cerebro, el hombre orquesta de la sobrevaluada adjudicación.
Fuentes de este equipo de investigación señalan que, a comienzos de 2008, Lerner le propuso a Automotive Industries Ltd. –cuyos vehículos Abir ya había vendido a la Policía durante el fujimorismo– que le dejara vender al Ministerio del Interior los portatropas que Alva Castro se había negado a comprar medio año antes. Lerner sugirió que a través suyo, y comisión mediante, no habría problemas con la compra.
En julio de 2008, se reunió en Nazaret con los representantes de AIL y de ISDS –la empresa a la que Alva Castro le anuló el contrato de los portatropas– y les reiteró su oferta, pero no se llegó a ningún acuerdo.
Diecisiete meses después, la empresa Hatehof aparece vendiéndole al Ministerio del Interior esos mismos vehículos, solo que a US$ 2 millones más.
¿Y qué tiene que ver Lerner con Hatehof?
No está solo la circunstancia de que, desde Israel, avale a la empresa ante el gobierno peruano. Ni tampoco el hecho de que su propia empresa, Hightech Systems, venda exactamente el mismo vehículo antimotines que Hatehof ofrece en su página web. Ni siquiera las insistentes versiones de postores que afirman que su participación detrás de la compañía es un secreto a voces en el medio.
Sucede que ya en 1990, Lerner se presentaba en el Salón Milipol –una exposición en París dedicada a la seguridad interna de los países– como ejecutivo de Hatehof y daba declaraciones a la prensa francesa sobre la necesidad de que los gobiernos se equiparan adecuadamente para enfrentar sus conflictos internos.
Lerner demostró su capacidad de hacer que el Ministerio del Interior compre los vehículos que antes se negó a adquirir aduciendo que eran muy caros. No solo consiguió que los compren sino que lo hagan pagando decenas de miles de dólares más por vehículo.
¿Con qué argumentos se logró esa persuasión?
La compra que Alva Castro anuló
El contrato por el cual International Security & Defence Systems (ISDS) acordó venderle 50 portatropas al Ministerio del Interior fue firmado el 8 de enero de 2007. Acusada y acosada por las compras, Pilar Mazzetti ordenó realizar una investigación interna que, el 19 de ese mes, concluyó que la licitación de los camiones se había llevado a cabo de acuerdo a ley.
Al final, el escándalo que saltó no fue el de portatropas sino el de 469 patrulleros sobrevaluados. Mazzetti tuvo que renunciar al gabinete el 26 de febrero. Cuando Luis Alva Castro juró el cargo, anunció que todas las licitaciones realizadas durante la gestión de su antecesora serían revisadas.
Así que, el 18 de julio, el ministro canceló unilateralmente el contrato con ISDS y anuló la licitación.
El ministerio abrió proceso disciplinario a un grupo de funcionarios a quienes acusó de coludirse con ISDS para favorecerlo. Asimismo, autorizó a su procurador a iniciar acciones legales.
LOS JUICIOS
En octubre de 2007, después de protestar inútilmente ante la cancelación de su contrato, los representantes de ISDS –Leonardo Gleser, su presidente; y Saul Mishkin, su representante legal en el Perú– iniciaron un proceso arbitral ante el Consejo Superior de Contrataciones del Estado (Consucode, cuya sigla actual es OSCE).
Mientras tanto, la Fiscalía inició una investigación en torno a la presunta sobrevaluación. Las pesquisas de la Policía Anticorrupción se prolongaron durante casi un año. En octubre de 2008, la Fiscalía denunció penalmente a 13 empleados del ministerio por el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Entre los denunciados estuvieron Gloria Vargas, ex jefa de la Oficina General de Administración (OGA), y los cinco ex miembros del comité especial que otorgó la buena pro a ISDS.
Debido a que el ministerio había anulado el contrato y, en consecuencia, no se había concretado el presunto perjuicio económico al Estado, la Físcalía no denunció a los funcionarios por colusión desleal ni incluyó en su denuncia a los empresarios Mishkin ni Gleser. Ambos están actualmente en calidad de testigos.
Quien sí denunció a Mishkin y a Gleser por este supuesto delito fue el fiscal Óscar Zevallos, entonces titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación a 15 empresas que ganaron contratos dentro del Plan de Emergencia Huallaga 2006.
Las primeras pesquisas comenzaron en diciembre de 2006, luego de que en algunos medios aparecieran denuncias según las cuales ISDS había vendido al Ministerio del Interior medio millar de chalecos antibalas presuntamente sobrevaluados y que no tenían las certificaciones internacionales de seguridad requeridas. A mediados de 2007, el fiscal formalizó su denuncia contra 30 personas, la mayoría de ellos empresarios y el resto funcionarios del sector.
Este proceso continúa y en él Mishkin y Gleser siguen teniendo la condición de acusados. El caso está en la Segunda Sala Penal Anticorrupción, a la espera de un pronunciamiento de la Segunda Fiscalía Superior.
EL ARBITRAJE
Mientras los procesos judiciales discurrían, en enero de 2009 el tribunal independiente que conducía el arbitraje con el Ministerio del Interior emitió su laudo y le dio la razón a ISDS, al señalar que era ilegal que el Ministerio hubiera anulado el contrato para comprar los camiones.
Sin embargo, las autoridades del sector se negaron a aceptar esta decisión e interpusieron un recurso de nulidad ante el Poder Judicial, alegando un formalismo: que el tribunal nunca había notificado a su procurador de los avances del proceso. Argumento por lo menos curioso, pues en todo momento Interior se defendió activamente en el proceso de arbitraje.
El litigio continúa en manos de la Primera Sala Comercial de Lima, que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del tema.
Atrapado en Las Vegas
En las últimas semanas, la situación legal del representante de ISDS en el Perú, Saul Mishkin, se ha complicado inesperadamente. Fue detenido el 18 de enero en Las Vegas, en el marco de una gigantesca operación montada por el FBI para capturar a un conjunto de empresarios acusados de ofrecer sobornos a supuestas autoridades de un país africano. Las “autoridades” eran en realidad señuelos del FBI que tendieron pacientemente la trampa y la cerraron espectacularmente en Las Vegas.
Mishkin, junto a otras 21 personas, fue contactado por falsos representantes del gobierno africano –en realidad, agentes federales y gente controlada por el FBI– y acordó, según la acusación fiscal, pagar hasta un 20% de comisión a cambio de ser uno de los beneficiados de un contrato de venta de equipos militares de US$ 15 millones.
Luego de pagar US$ 100 mil para salir en libertad –el 10% de la fianza de US$ 1 millón que le fue impuesta–, el empresario retornó a su residencia, en Miami, desde donde afrontará este nuevo juicio.
Aunque Mishkin no actuó como representante de ISDS sino de su propia compañía, Orkil International LLC, es probable que esta situación afecte el proceso que se le sigue por el caso de los chalecos antibalas e, incluso, podría tener repercusiones en el de los portatropas. Por lo menos así lo cree su abogado en Perú, Luis Corvetto. “Podría haber presión para que los señores Mishkin y Gleser sean incluidos en la denuncia. Las informaciones que se han propalado sobre el tema recientemente apuntan a eso”, opina.
fuente: http://idl-reporter
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Celebrando 10 anos "On Line"..2009
Keep the candle burning
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