La deuda p�blica en Grecia no es sino la primera de una serie de bombas de deuda dispuestas para estallar. Las deudas hipotecarias en las econom�as postsovi�ticas y en Islandia son m�s explosivas. Aun cuando esos pa�ses no est�n en la eurozona, el grueso de sus deudas est� denominado en euros. Alrededor del 87% de las deudas de Letonia lo son en euros y otras monedas extranjeras, y est�n sobre todo en manos de bancos suecos, mientras que Hungr�a y Ruman�a tienen deudas en euros sobre todo con bancos austriacos. De modo que el endeudamiento de los gobiernos de los pa�ses no miembros del euro ha sido contra�do a fin de sostener unas tasas de cambio que permitieran al sector privado pagar sus deudas con los bancos extranjeros, no a fin de financiar un d�ficit presupuestario nacional, como en Gracia. Todas esas deudas son altas al punto de lo indevolvible, porque el grueso de estos pa�ses est�n en trance de incurrir en d�ficits comerciales cada vez m�s profundos y se hallan abismados en una depresi�n. Ahora que los precios de los bienes ra�ces se est�n desplomando, los d�ficits comerciales ya no pueden seguir financi�ndose por el flujo entrante de pr�stamo hipotecario en moneda extranjera y de venta de propiedades. No hay medio visible de apoyo para la estabilizaci�n de las monedas (exempli gratia: unas econom�as sanas). En los pasados a�os, esas econom�as han sostenido sus tasas de cambio mediante pr�stamos de la Uni�n Europea y del FMI. Los t�rminos de esos pr�stamos son pol�ticamente insostenibles: recortes dr�sticos del presupuesto p�blico, tasas fiscales m�s altas sobre unos salarios ya sobreexigidos fiscalmente y planes de austeridad que redundan en el encogimiento de la econom�a y la expulsi�n de m�s fuerza de trabajo hacia la emigraci�n. Los banqueros en Suecia y Austria, Alemania y Gran Breta�a est�n en v�as de descubrir que extender el cr�dito a naciones que no pueden (o no quieren) pagar puede convertirse en su problema, no en el de sus deudores. Nadie quiere aceptar el hecho de que las deudas que no pueden ser satisfechas no querr�n ser satisfechas. Alguien debe cargar con el coste, a medida que las deudas entran en mora o resultan depreciadas al tener que devolverse en monedas dr�sticamente devaluadas; pero muchos expertos jur�dicos consideran poco menos que letra muerta los acuerdos que exigen la devoluci�n en euros. Toda naci�n soberana tiene el derecho de legislar por s� propia las condiciones de su deuda, y los reajustes monetarios y las depreciaciones de deuda no ser�n moco de pavo. No tiene caso devaluar, salvo �en exceso�, es decir, lo suficientemente como para alterar realmente las pautas comerciales y productivas. Por eso Franklin Roosevelt devalu� el d�lar un 75% respecto del oro en 1933, elevando el precio de �ste de 20 a 35 d�lares la onza. Para evitar una elevaci�n proporcional de la carga de la deuda estadounidense, lo que hizo fue anular la �cl�usula del oro�, que indexaba al precio del oro el pago de los pr�stamos bancarios. Y es aqu� donde se dar� ahora la batalla pol�tica: en el pago de la deuda en monedas devaluadas. � Otro producto lateral de la Gran Depresi�n en los EEUU y en Canad� fue liberar de responsabilidad personal a los deudores hipotecarios, posibilitando su salida de la quiebra. Los bancos que ejecutan hipotecas pueden hacerse con la propiedad inmobiliaria puesta como colateral de la deuda, pero no tienen mayores derechos sobre las hipotecas. La pr�ctica �fundada en el derecho com�n anglosaj�n� muestra c�mo la Am�rica del Norte se liber� a s� propia del legado de tipo feudal, caracter�stico de las viejas y dur�simas leyes europeas, que daban todo el poder a los acreedores y encarcelaban a los deudores. La cuesti�n es: �qui�n cargar� con las p�rdidas? Mantener las deudas denominadas en euros causar�a la quiebra de muchas empresas locales y del sector inmobiliario. Al rev�s, redenominar esas deudas en moneda local devaluada significar�a la evaporaci�n del capital de muchos bancos que operan con euros. Pero esos bancos son extranjeros, despu�s de todo. Y al final, los gobiernos tienen que representar a su propio electorado nacional. Los bancos extranjeros no votan. Los tenedores extranjeros de d�lares perdieron una 29ava o una 30ava parte del valor en oro de sus reservas desde que los EEUU dejaron en 1971 de fijar al oro sus d�ficits de la balanza de pagos. Ahora reciben menos de una trig�sima parte de eso, puesto que el precio ha llegado a alcanzar los 1.100 d�lares la onza. Si el mundo puede aceptar eso, �por qu� no habr�a de aceptar la venidera depreciaci�n de la deuda europea, que viene al galope? Hay un consenso creciente en que las econom�as postsovi�ticas se estructuraron desde el comienzo en beneficio de intereses extranjeros, no de las econom�as locales. Por ejemplo, el trabajo let�n soporta una carga fiscal superior al 50% (trabajador, empresario y tasas sociales), lo bastante alta como para� hacerlo no competitivo, mientras que los impuestos a la propiedad tienen tipos menores al 1%, lo que genera un incentivo para la especulaci�n rampante. Esa distorsionada filosof�a fiscal convirti� a los �Tigres B�lticos� y a la Europa Central en privilegiados mercados de empr�stitos para los bancos suecos y austriacos, pero sus trabajadores no pudieron hallar trabajo bien pagado en casa. Nada de eso �tampoco esas terribles leyes que desprotegen el puesto de trabajo� puede hallarse en Europa Occidental, ni en las econom�as de asi�ticas o de Am�rica del Norte. Parece irrazonable e irrealista esperar que grandes franjas de la poblaci�n de la Nueva Europa puedan doblegarse a exacciones salariales de por vida, reduci�ndolas a una perpetua servidumbre por deudas. Las futuras relaciones entre la Vieja y la Nueva Europa depender�n de la disposici�n de la eurozona a redise�ar las econom�as postsovi�ticas conforme a l�neas m�s solventes: con un cr�dito m�s productivo y un sistema fiscal menos sesgado a favor de los rentistas y que promueva el empleo, antes que la inflaci�n de activos, que empuja a la gente a emigrar. Adem�s de reajustes monetarios para afrontar una deuda inabordable, la l�nea de soluci�n adecuada para esos pa�ses pasa por un desplazamiento de la carga fiscal, del trabajo a los bienes ra�ces, que los asemeje m�s a Europa Occidental. No hay alternativa. De otro modo, el inveterado conflicto de intereses entre acreedores y deudores amenaza con escindir a Europa en dos campos pol�ticamente hostiles, con Islandia ensayando algo nuevo. Hasta tanto no se resuelva el problema de la deuda �y la �nica forma de hacerlo es negociar una depreciaci�n de la misma�, la expansi�n europea (la absorci�n de la Nueva Europa por la Vieja) parece encallada. Pero la transici�n a esta futura soluci�n no ser� f�cil. Los intereses financieros dominan todav�a en la Uni�n Europea, y se resistir�n a lo inevitable. Gordon Brown ya ha mostrado su verdadera faz con sus amenazas a Islandia de usar, ilegal e impropiamente, al FMI como un agente recaudatorio de las deudas que Islandia no ha contra�do legalmente y de bloquear la entrada de Islandia en la Uni�n Europea. Haciendo frente a los alardes intimidatorios del se�or Brown �y al de los holandeses, peritos falderos de los brit�nicos�, el 97% de los votantes islandeses se opuso a la soluci�n de la deuda que Gran Breta�a y Holanda quer�an hacerles imponerles a trav�s de las tragaderas de los miembros del Althing [el parlamento island�s; T.]. Un sufragio tan elevado no se hab�a visto en el mundo desde las viejas �pocas del estalinismo. Y es s�lo un anticipo. La decisi�n que est� ultimando Europa har� veros�milmente salir a millones a la calle. Las alianzas econ�micas y pol�ticas se har�n tornadizas, las monedas se desplomar�n y caer�n gobiernos. La Uni�n Europea y aun el entero sistema financiero internacional cambiar�n de maneras que a�n no se pueden prever. Eso ocurrir�, especialmente, si las naciones adoptan un modelo de estilo argentino y se niegan a pagar hasta que no se hagan descuentos dr�sticos. Para naciones que esperan mantener una m�dica sociedad civil, pagar en euros es imposible, pues los bienes ra�ces y los ingresos y personales se precipitan en la deuda t�cnica al exceder las deudas el valor corriente de los flujos de ingresos disponibles para pagar hipotecas o deudas personales. Los �planes de austeridad� al estilo del FMI y de la Uni�n Europea no pasan de ser una jerga antis�ptica, tecnocr�tica, para designar el impacto mortal de la destrucci�n del ingreso, los servicios sociales, el gasto en salud y hospitales, la educaci�n y otras necesidades b�sicas, as� como el de la puesta en almoneda de la infraestructura p�blica, que convertir� las naciones en �econom�as saturadas de puestos de peaje� en los que todo el mundo tendr� que pagar precios de acceso a las carreteras, la educaci�n, la asistencia m�dica y otras necesidades de la vida y de los negocios que desde hace mucho son subsidiadas por una fiscalidad progresiva en Am�rica del Norte y en Europa Occidental. Las l�neas de batalla se han fijado en torno al modo en que han de ser honradas las deudas privadas y p�blicas. Para las naciones reluctantes a honrarlas en euros, las naciones acreedoras les preparan una buena exhibici�n de m�sculos a trav�s de las agencias de calificaci�n del cr�dito. A la primera se�al de que una naci�n se niega a pagar en moneda fuerte, o aun incluso al primer amago de cuestionar como impropia una deuda externa, las agencias entrar�n a reducir la calificaci�n del cr�dito de una naci�n. Eso incrementar� el coste del empr�stito, amenazando con paralizar la econom�a por la v�a de asfixiar su cr�dito. El tiro m�s reciente fue el disparado el pasado 6 de abril, cuando Moody�s degrad� la deuda islandesa de estable a negativa. �Moody�s reconoci� que Islandia todav�a podr�a conseguir un mejor acuerdo en otras negociaciones venideras, pero dijo que la actual incertidumbre da�aba las perspectivas econ�micas y financieras a corto plazo del pa�s�. La lucha ha comenzado. Ser� una d�cada harto interesante. Michael Hudson trabaj� como economista en Wall Street y actualmente es Distinguished Professor en la University of Misoury, Kansas City, y presidente del Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Es autor de varios libros, entre los que destacan: Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (nueva ed., Pluto Press, 2003) y Trade, Development and Foreign Debt: How Trade and Development Concentrate Economic Power in the Hands of Dominant Nations (ISLET, 2009). �Actualmente es Economista en jefe del consejo de asesores de la Reform Task Force en Letonia. � Traducci�n para www.sinpermiso.info: Casiopea Altisench sinpermiso electr�nico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ning�n tipo de subvenci�n p�blica ni privada, y su existencia s�lo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este art�culo, considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto pol�tico-cultural realizando una DONACI�N o haciendo una SUSCRIPCI�N a la REVISTA SEMESTRALimpresa.
Financial Times / New Economic Perspectives, 8 abril 2010
� � | El mito del fundamentalismo del mercado libre | | Dean Baker � � � � � | | � | | 11/04/10 | | � | �Deber�amos enterrar de una vez por todas el concepto de �fundamentalismo del mercado libre�. En este debate no hay fundamentalistas del mercado libre. Lo que hay son conservadores que quisieran que nos crey�ramos que sus normas equivalen al natural funcionamiento del mercado. Los progresistas no deber�amos pon�rselo tan f�cil�.� Durante el �ltimo cuarto de siglo, los progresistas no han dejado de lanzar diatribas contra el �fundamentalismo del mercado libre�. Su principal queja se refiere a que los conservadores quieren eliminar el sector p�blico y dejarlo todos en manos del mercado. Pero este planteamiento es un completo disparate.� La derecha tiene tanto inter�s como los progresistas en que el sector p�blico se implique en la econom�a. La diferencia radica en que los conservadores quieren que el sector p�blico intervenga de un modo que redistribuya el ingreso en provecho de los m�s pudientes. La otra diferencia est� en que la derecha es lo suficientemente lista como para ocultar estas intervenciones, tratando de que parezca que las estructuras que redistribuyen el ingreso hacia los de arriba no son m�s que el resultado del funcionamiento natural del mercado. Los progresistas estamos favoreciendo la causa de los miembros de la derecha cuando les acusamos de ser unos �fundamentalistas del mercado�, dando por buena la idea de que los conservadores efectivamente desean una estructuraci�n de la econom�a de acuerdo con su estado natural.� Este no es un problema que tenga que ver simplemente con el punto de vista o el enfoque que se d� al problema; aunque no cabe duda de que el enfoque tambi�n importa. En el caso concreto de la cultura pol�tica estadounidense, unos resultados econ�micos que parezcan ser el producto del funcionamiento natural del mercado pueden resultar m�s atractivos que las supuestas maquinaciones de unos bur�cratas gubernamentales. Si calificamos las posiciones de la derecha como simplemente consistentes en dejar que el mercado siga su curso natural, entonces lo que hacemos es colocar a las pol�ticas p�blicas progresistas en una posici�n de gran desventaja pol�tica.� La confusi�n provocada por esta guerra err�neamente encauzada contra el fundamentalismo del mercado sobre el dise�o de las pol�ticas p�blicas es a�n m�s grave que el da�o pol�tico que provoca. Los progresistas no tenemos que ver al sector p�blico como el instrumento para modificar los resultados del mercado. Lo que tenemos que entender es que, al igual que nuestros oponentes conservadores, debemos buscar formas de estructurar las normas que regulan el mercado para que los mercados produzcan resultados deseables desde una perspectiva progresista.� El rescate del sector financiero ha constituido la m�s obvia intervenci�n reciente del sector p�blico para redistribuir el ingreso hacia los m�s ricos. Cuando a finales del a�o 2008 Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley y el resto de grupos financieros se ve�an abocados a una quiebra irremisible, en ning�n momento se enrocaron exigiendo que el sector p�blico les dejara solos. No, esos gigantes financieros pordiosearon para que la administraci�n p�blica les prestara dinero a tipos de inter�s inferiores a los del mercado y para que garantizara sus activos. Entidades como Goldman Sachs incluso insistieron en que el sector p�blico deb�a participar en el aval de las deudas de sus socios en la quiebra bancaria, como en el caso de AIG.� La desregulaci�n tambi�n aumenta la rentabilidad, y nada tiene que ver con el libre mercado. En otras palabras, lo que el sector financiero quiere es que la administraci�n p�blica les proporcione �garant�as� a trav�s de la Reserva Federal, del Fondo Federal de Garant�a de Dep�sitos y de los m�ltiples canales establecidos ad hoc, pero lo que en modo alguno quiere es tener que pagar por ello. Y tampoco quiere que este sistema de garant�as tenga restricci�n alguna. En efecto, lo que el sector financiero quiere es poder gestionar una empresa de fabricaci�n de explosivos que est� ubicada fuera de su domicilio y tener que pagar por ella la misma prima de seguro residencial que pagar�a cualquier vivienda normal. A esto no se le puede llamar libre mercado.� Las demandas del sector financiero sobre el sector p�blico no son cualitativamente distintas de las que realizan otros sectores en el proceder de las intervenciones p�blicas en punto a estructurar el mercado. Para poner otro ejemplo, la administraci�n p�blica otorga monopolios de patentes a las empresas farmac�uticas que permiten a �stas fijar el precio de los medicamentos a unos niveles que superan en porcentajes de varios cientos �o incluso miles� los precios que estos medicamentos tendr�an en un mercado competitivo. Como resultado de la protecci�n de las patentes, muchos medicamentos se venden a precios de cientos o miles de d�lares por receta cuando, de venderse en un mercado competitivo, la mayor�a podr�an adquirirse a precios de 4 o 5 d�lares por la misma receta.� Los monopolios de patentes tienen una importante funci�n econ�mica (ofrecen un incentivo para la investigaci�n para la obtenci�n de nuevos medicamentos), pero es evidente que no son el �nico medio disponible para financiar la investigaci�n y desarrollo. Cada a�o, el sector p�blico destina m�s de 30.000 millones de d�lares en la financiaci�n de la investigaci�n biom�dica a trav�s de los Institutos Nacionales de Salud, un monto comparable a lo que el conjunto del sector destina a investigaci�n. En principio, podr�amos reemplazar la investigaci�n financiada por el sector farmac�utico a trav�s de la inversi�n p�blica directa en investigaci�n. O, como ha sugerido el premio N�bel de Econom�a Joseph Stiglitz, la investigaci�n podr�a seguir realiz�ndose como hasta ahora, pero podr�an comprarse las nuevas patentes mediante un sistema de evaluaci�n. De acuerdo con este sistema, un comit� fijar�a los precios de las nuevas patentes y pagar�a estas cantidades a los titulares de las patentes. Esto permitir�a que los medicamentos basados en nuevas patentes pudieran venderse como gen�ricos en un mercado competitivo.� Podemos discutir mucho acerca de si estos mecanismos constituyen alternativas mejores al sistema actual en punto a fomentar la investigaci�n de nuevos medicamentos que son necesarios, pero lo que est� fuera de toda duda es que el sistema de patentes no es de libre mercado y de que no es esencial para financiar la investigaci�n en nuevos medicamentos. Quienes defienden las patentes sobre medicamentos no pueden decir que est�n promoviendo un mercado libre.� La realidad es que en todo esto hay mucho dinero en juego. En el �ltimo a�o, el pa�s gast� m�s de 250.000 millones de d�lares en medicamentos con receta m�dica. En un mercado competitivo el precio aproximado de estas mismas recetas habr�a sido de unos 25.000 millones de d�lares. La diferencia de 200.000 millones de d�lares dar�a para cubrir los gastos de programas como el de los cupones para alimentos, el programa estatal de seguros m�dicos infantiles (SCHIP, en ingl�s) o el programa Head Start para servicios de educaci�n, salud y nutrici�n de ni�os y familias pobres.� Adem�s, el aut�ntico pozo sin fondo en el que se ha convertido este sistema monopolista de patentes tiene claros visos de seguir profundizando esa din�mica de gasto a gran velocidad. Los gastos por recetas m�dicas constituyen el factor de crecimiento m�s acelerado de todos los costes relativos al sistema de salud. Est� previsto que en 2019 el pa�s gaste casi 500.000 millones de d�lares en medicamentos con receta m�dica. Durante la pr�xima d�cada, se prev� que los gastos sobrepasen los 3�5 billones de d�lares, con un exceso de reembolsos a la industria farmac�utica cifrable en unos 3 billones de d�lares, una cantidad que supondr� m�s del triple de lo que se gastar� en la reforma sanitaria propuesta por el Congreso de Estados Unidos.� Algo similar puede contarse acerca de los derechos de autor. Bill Gates es un hombre incre�blemente rico porque el gobierno de Estados Unidos le ha cedido el monopolio sobre Windows, amenazando con sancionar o arrestar a cualquier persona que lo venda o done sin el permiso de Gates. Sin el monopolio creado por la protecci�n de los derechos de autor cualquiera en cualquier lugar del mundo podr�a bajarse instant�neamente los programas de Microsoft sin coste alguno. Al igual que las patentes sobre medicamentos, los derechos de autor tienen una importante funci�n econ�mica. Constituyen un incentivo para el trabajo creativo y de innovaci�n, como el de desarrollar nuevos y mejores programas inform�ticos o producir buenas pel�culas y m�sica, aun cuando tambi�n disponemos de mecanismo alternativos para promover este tipo de trabajos y desarrollar otros nuevos.� Los monopolios sobre derechos de autor conducen a una enorme transferencia de ingresos hacia las empresas de entretenimiento y de elaboraci�n de programas inform�ticos. Microsoft por s� sola se embolsa m�s de 60.000 millones de d�lares anuales, la mayor parte de los cuales no habr�an sido posibles de no existir la protecci�n de los derechos de autor. La asociaci�n que agrupa a las sociedades del sector sostiene que, en conjunto, las empresas de derechos de autor suponen un 6�6% del Producto Interior Bruto. Esta cantidad equivale a m�s de un tercio de los ingresos impositivos recaudados por el gobierno federal.� Podr�a hacer una lista mucho m�s extensa de mecanismos y beneficiarios, pero el n�cleo del asunto est� bien claro. La idea de que un �mercado libre� permite que algunas personas se conviertan en inmensamente ricas y es la causa de que otras sean pobres o est�n en una situaci�n financieramente expuesta es un disparate. La distribuci�n del ingreso est� determinada por pol�ticas p�blicas que favorecen a ciertos grupos y perjudican seriamente a otros. Si los progresistas aceptamos las estructuras que los conservadores han institucionalizado como algo llamado �mercado libre� y luego tratamos de utilizar los impuestos y las pol�ticas de transferencia de recursos para reconducir las desigualdades, entonces nosotros mismos nos habremos metido en un callej�n sin salida.� En lugar de esto, debemos centrarnos en modificar las reglas que redistribuyen el ingreso a favor de los m�s pudientes. Hay distintas formas de reestructurar los mercados. Debemos ser al menos tan oportunistas y creativos como la derecha en la elaboraci�n de normas que a la vez produzcan resultados eficientes y conduzcan a mejores distribuciones en el ingreso.� La ley de reforma de la sanidad ilustra la necesidad de cambiar el enfoque del asunto. Se trata de un buen intento para tratar de conseguir el objetivo de extender la cobertura a la mayor�a de los que a�n no tienen seguro m�dico. Sin embargo, contribuye muy poco a atajar el problema del desmedido aumento de los costes. Como resultado, lo que habremos creado ser� un sistema que sabemos que ser� insostenible a largo plazo. La idea de que en futuras d�cadas de alg�n modo podremos apuntalar el sistema mediante impuestos progresivos no tiene ning�n sentido. Se puede afirmar con casi total certeza que ser� pol�ticamente imposible aumentar lo suficiente los impuestos hasta lograr cubrir los costes del sector p�blico sanitario. De modo que cabe la posibilidad de que tengamos que restringir y/o disminuir la calidad de las prestaciones sanitarias, o bien cargar con fuertes impuestos a las clases medias.� La ruta alternativa consistir�a en atacar directamente la estructura del sistema p�blico de salud que conduce a unos costes tan excesivos. En este contexto, es importante recordar que los estadounidenses pagamos por la atenci�n sanitaria m�s del doble por persona de lo que pagan los ciudadanos de otros pa�ses ricos. Como se�alan innumerables estudios, las causas de estos mayores costes no son atribuibles a una mayor calidad o a un mayor volumen de los servicios sanitarios, sino a los costes m�s elevados de los servicios que recibimos. Este asunto puede abordarse mediante la reforma de los mercados de estos servicios.� Regresemos al asunto de los medicamentos. Se mire por donde se mire, el actual sistema conlleva enormes ineficiencias y nos aboca a optar entre alternativas que a menudo son un sinsentido; sin embargo, podr�an erradicarse estas disfunciones si se racionalizara el sistema de financiaci�n de la investigaci�n sobre medicamentos.� Tomemos el caso de una mujer de 80 a�os con buena salud que de repente desarrolla un c�ncer. Supongamos que el �nico tratamiento que tiene alguna posibilidad de �xito requiera administrarle un nuevo f�rmaco producto de la bioingenier�a que cuesta unos 250.000 d�lares al a�o. �Deber�a el sector p�blico estar dispuesto a correr con los gastos?� Siguiendo el trabajo que han realizado algunos fil�sofos morales, supongamos que, de no existir la protecci�n de las patentes, el medicamento costara alrededor de 200 d�lares anuales. Aunque la empresa farmac�utica hubiera destinado una gran cantidad de recursos a desarrollar el medicamento, �ste es un dinero que no han tenido que sacar de su bolsillo. En realidad nosotros ya hemos pagado los costes de la investigaci�n (generalmente a trav�s de alguno de los mecanismos expuestos anteriormente). La cuesti�n importante radica en cu�nto cuesta producir la siguiente dosis. En el supuesto de que el coste de las dosis de medicamento sea de 200 d�lares al a�o, no ser� necesario discutir si hay que aplicar ese tratamiento.� Pero �ste no es el �nico problema relativo al sistema de patentes. Cuando el sector p�blico interviene para hinchar los precios artificialmente, est� creando incentivos perversos inesperados. Como resultado de los enormes beneficios procedentes de estos f�rmacos, la industria farmac�utica gasta una cantidad ingente de recursos en publicidad. Esto promueve que se trate de buscar la buena disposici�n o incluso que se soborne a los doctores para que prescriban ciertos medicamentos. Lo cual conduce a realizar costosas campa�as publicitarias dirigidas a los consumidores. Tambi�n favorece que el sector farmac�utico compre a pol�ticos para asegurarse de que el Medicare, el Medicaid y otros programas gubernamentales aceptar�n pagar por esos medicamentos. Y, finalmente, todo esto ofrece a la industria un enorme incentivo para ocultar los resultados de las investigaciones que ponen en duda la efectividad y seguridad de estos medicamentos.� Los progresistas debemos poner sobre la mesa estos argumentos de �mercado libre� a la hora de discutir sobre el problema de la prescripci�n de medicamentos. Las enormes cantidades de dinero que est�n en juego ayudan a entender cu�n escu�lidos son en realidad planes recaudatorios asociados a la reforma sanitaria estadounidense, como el �Cadillac� [de impuestos sobre primas de seguros m�dicos de cantidades elevadas, n. del t.] o el del aumento de los grav�menes sobre los multimillonarios.� Del mismo modo, podr�amos recurrir a alguna versi�n moderada de libre comercio en la asistencia sanitaria. Normalmente, la pol�tica comercial se ha utilizado expl�citamente para que nuestros trabajadores manufactureros compitieran directamente con trabajadores que reciben bajos salarios de pa�ses en desarrollo. Los progresistas a menudo nos fijamos en la p�rdida de puestos de trabajo industriales y la disminuci�n de los salarios para los trabajadores poco calificados que esto conlleva en Estados Unidos como una evidencia de que el mercado libre no funciona. Esto es un tremendo error. Estos resultados no son m�s que lo que ya predijeron los modelos comerciales en caso de que se aplicaran este tipo de pol�ticas en Estados Unidos. Lo sorprendente es que hubiesen dado lugar a alg�n otro tipo de resultado.� Sin embargo, es posible dise�ar pol�ticas de �libre mercado� que den lugar a resultados diferentes. En el caso de la asistencia sanitaria, podr�amos empezar por permitir que los beneficiarios del sistema Medicare realizaran compras en sistemas sanitarios de otros pa�ses ricos. Puesto que los costes sanitarios son m�s bajos en Alemania, Canad� y muchos otros lugares, en el caso de que los beneficiarios optaran por trasladarse a otro pa�s para recibir tratamiento se producir�an cuantiosos ahorros que podr�an compartir el sector p�blico estadounidense y los beneficiarios. Recientemente hemos realizado c�lculos que muestran que en unas pocas d�cadas los ahorros obtenidos ser�an de decenas de miles de d�lares anuales por persona. Esto ser�a as� a�n despu�s de calcular la substancial prima que habr�a que abonar a terceros pa�ses por tratar a los pacientes de m�s edad, garantizando as� que tambi�n esos pa�ses saldr�an beneficiados del proceso.� De hecho, puesto que estos pa�ses recibir�an bonificaciones por los costes de los tratamientos, tales actividades incluso podr�an llegar a ser una fuente de crecimiento para los mismos. Sea como fuere, de lo que no hay duda es de la gran diferencia existente entre los costes sanitarios relativos de estos pa�ses y los de Estados Unidos. Nuestro sector sanitario s�lo sobrevive por las medidas proteccionistas extraordinarias que restringen la competencia extranjera. Es f�cil imaginar mecanismos que permitir�an que otros pa�ses pudieran proporcionar asistencia sanitaria a ciudadanos estadounidenses y utilizar estos beneficios para mejorar la asistencia a sus propias poblaciones. Una sistema con una especie de bono internacional Medicare podr�a permitir a los jubilados disfrutar de una mejor calidad de vida de la que jam�s gozar�n aqu�, mientras a largo plazo tambi�n ahorrar�an al sector p�blico estadounidense decenas de billones de d�lares del programa Medicare. Mediante una reducci�n de la demanda de asistencia sanitaria en Estados Unidos habr�a una presi�n a la baja sobre los costes m�dicos generales en el interior del pa�s.� Hay otros caminos por los que el sector p�blico puede promover el comercio en los servicios m�dicos. Por ejemplo, podr�a autorizar instalaciones en otros pa�ses que reunieran los est�ndares de calidad requeridos y tambi�n fijar normas generales sobre responsabilidad para asegurar que las personas que sean tratadas fuera del pa�s tengan la cobertura legal adecuada en caso de malas pr�cticas m�dicas.� Puesto que existe un diferencial enorme entre la calidad de los servicios sanitarios europeos y los estadounidenses (por no mencionar el de centros sanitarios de alto nivel en pa�ses como India o Tailandia), es muy probable que hubiera una gran cantidad de pacientes dispuestos a ser tratados fuera del pa�s, siempre y cuando se crearan las condiciones institucionales adecuadas.� Ni que decir tiene que la mejor opci�n ser�a la de reformar el sistema sanitario de Estados Unidos para que la gente no tuviera que abandonar el pa�s para recibir una atenci�n sanitaria decente. Pero si nosotros carecemos de la fuerza pol�tica suficiente para reformar el sistema interior (como obviamente es el caso), parece absurdo mantener aqu� a los pacientes como rehenes de un sistema en quiebra. Cuando las fuerzas de la competencia mercantil hayan aplicado su magia estaremos en mejores condiciones para debatir sobre la reforma del sector sanitario en nuestro pa�s.� Es harto m�s productivo hablar sobre las distintas opciones disponibles para sacar provecho de los mecanismos de mercado para reestructurar a fondo el sistema sanitario que tratar de ver c�mo sacamos recursos de aqu� y de all� mediante impuestos para mantener en pie unos a�os m�s un sistema sanitario quebrado. Puede aplicarse el mismo enfoque a casi todos los problemas sociales. Podemos y debemos reclamar una fiscalidad progresiva, pero a�n es mejor cambiar las estructuras institucionales que conducen a una desigualdad flagrante.� Los presidentes de empresas de Estados Unidos han recibido pagos de decenas de millones de d�lares anuales porque nosotros hemos creado una estructura de gobierno corporativo que permite que los altos directivos saqueen las empresas que gestionan. Esta estructura de gobierno corporativo la cre� la administraci�n p�blica, en modo alguno se desarroll� en condiciones de libre mercado. Ning�n otro pa�s permite un pillaje semejante. Un cambio en las normas para que el control retorne a los accionistas no implica una interferencia del sector p�blico en el mercado; simplemente se trata de la reforma de un sistema disfuncional. Tanto Europa como Jap�n tienen econom�as capitalistas din�micas, pero no por ello sus altos ejecutivos empresariales tienen las descomunales compensaciones econ�micas de las que disfrutan los estadounidenses. Esto no ocurre porque all� tengan restricciones legales sobre los pagos, sino porque tienen estructuras de gobierno corporativo que no permiten que los altos ejecutivos se dediquen sin recato a la rapi�a en sus propias empresas.� En la misma l�nea, aunque es deseable que los trabajadores menos calificados dispongan de contextos legales en los que haya salarios m�nimos y otros ingresos directos de apoyo, es mucho mejor reestructurar los mercados en el sentido de que aumenten la demanda relativa de sus servicios. Por ejemplo, debemos insistir en que la Reserva Federal priorice que la tasa de desempleo disminuya en vez de fijarse s�lo en aumentar los tipos de inter�s para evitar que suba la inflaci�n. El antiguo presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan tom� esta opci�n en la d�cada de 1990, facilitando as� que hubiera el primer periodo de crecimiento sostenido del salario real de los trabajadores con salarios medios y bajos desde la d�cada de 1960. Leyes que tuvieran m�s presentes las demandas sindicales, como serias penalizaciones civiles �o incluso criminales� contra empresarios que atentaran contra el derecho de sindicaci�n de los trabajadores, tambi�n ser�an medidas que contribuir�an a igualar la distribuci�n de la renta.� Tambi�n podemos aplicar algunos buenos principios de libre mercado a profesionales que reciben salarios altos, como doctores, abogados y economistas. Si se eliminaran restricciones profesionales e inmigratorias que protegen a los profesionales estadounidenses altamente calificados de la competencia extranjera, a buen seguro se reducir�an los emolumentos que cobran los que se encuentran entre el 1% y el 2% de los que m�s cobran, disminuyendo as� el coste de todos los servicios, desde la sanidad hasta la educaci�n.� Hay una lista inacabable de pol�ticas p�blicas que pueden alterar las normas para acercarse a un resultado m�s igualitario. Las normas por las que nos regimos hoy no nos han venido dadas ni por una deidad ni por la naturaleza, sino que han sido redactadas por los ricos y por poderosos grupos de inter�s que se benefician de las mismas.� Esta gente no son en absoluto fundamentalistas del libre mercado, ni se oponen tampoco a un sector p�blico que funcione. Nadie que no sean ellos puede producir versiones mercantiles de los �ltimos f�rmacos de Pfizer o de los nuevos programas de Microsoft.� Incluso cuando ha habido gobiernos republicanos, el sector p�blico ha puesto todo su empe�o en llevar ante la justicia a quienes no respetaban las leyes relativas a patentes o derechos de autor. Los ricos quieren y esperan que haya un gobierno que haga cumplir las normas que protegen su riqueza y su poder. Les importan un comino los programas sociales p�blicos, pero eso es simplemente porque ellos no dependen de estos programas. Durante el paso del hurac�n Katrina no muri� un solo rico.� La agenda progresista a largo plazo debe cambiar sus prioridades y dejar de fijarse tanto en las pol�ticas impositivas y de transferencia de recursos para concentrarse en cambiar las normas que conducen a resultados indeseados en los mercados. Tenemos que ser tan agresivos y creativos como la derecha en punto a dise�ar nuevas reglas que distribuyan los ingresos hacia los que menos tienen en vez de a los m�s pudientes. Y deber�amos enterrar de una vez por todas el concepto de �fundamentalismo del mercado libre�. En este debate no hay fundamentalistas del mercado libre. Lo que hay son conservadores que quisieran que nos crey�ramos que sus normas equivalen al natural funcionamiento del mercado. Los progresistas no deber�amos pon�rselo tan f�cil.�� Dean Baker es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR). Es autor de Plunder and Blunder: The Rise and Fall of the Bubble Economy y False Profits: Recoverying From the Bubble Economy.� Traducci�n para www.sinpermiso.info: Jordi Mund� sinpermiso electr�nico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ning�n tipo de subvenci�n p�blica ni privada, y su existencia s�lo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este art�culo, considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto pol�tico-cultural realizando una DONACI�N o haciendo una SUSCRIPCI�N a la REVISTA SEMESTRALimpresa.
Dissent, abril 2010 |
� | Italia: el Reino del Norte | | Marco Revelli � � � � � | | � | | 11/04/10 | | � | As��pues, el Piamonte ha sido anexionado al lombardo�v�neto. En v�speras del 150 aniversario de la Unidad de Italia ha fracasado el car�cter simb�lico de su propio papel hist�rico,�como si la Segunda Guerra de independencia hubiese sido perdida. Como si en Solferino y San Martino hubiesen vencido los otros. De hecho, apenas terminado el recuento de votos, Zaia y Cota, al un�sono, se apresuran a proclamar la alianza con el Papa Rey de acento habsb�rguico, pasando por encima del cuerpo de las mujeres y sobre el texto de una ley de la Rep�blica Sin duda, este es el dato central de las elecciones. El hecho que, guste o no guste a Pier Luigi Versani,� da la medida cabal de la derrota del centro izquierda: la �ca�da� del Piamonte. Porque, con ella, la Liga, ocupando con sus propios hombres tanto el Nordeste como en Noroeste, ha aumentado el ya fuerte peso que posee en Lombard�a, unifica bajo las propias banderas casi todo el Norte. �Gobierna�, de hecho, la Padania. Puede decir �y as� es, en efecto- que no solo ha ganado dos administraciones regionales de la Rep�blica, sino que ha conquistado �un reino�: el m�s �pesado� de la pen�nsula. De ahora en m�s, la geograf�a pol�tica italiana ya no ser� la misma El segundo hecho crucial para leer lo que ha sucedido es que Berlusconi no ha perdido. As� pues, y dadas las circunstancias, ha vencido de forma flagrante. Absolutamente nada, pero nada, de lo que �l es y de lo que hace, era desconocido. Todos sus vicios, tanto los privados como los p�blicos, eran conocidos. Escritos en los papeles de los jueces y en las p�ginas de los diarios. Y sin embargo, no solo no se ha hundido, tal como hubiese sido natural esperarse, sino que ha terminado por� dominar. Su �relato� �siempre una narraci�n de s� mismo�� contin�a siendo la narraci�n prevaleciente. La aut�ntica �biograf�a nacional�. Cada uno de esos vicios y de esos hechos hubiera bastado por s� solo, en cualquier otro pa�s normal, para sentenciar el final de cualquier pol�tico. Con seguridad, el de cualquier jefe de Estado. Aqu�, no. Y ahora, tras el ba�o electoral, aquellos vicios y aquellos hechos se convierten en �norma�, porque como se sabe �como nos ense�aron los a�os veinte y treinta del siglo pasado� la ilegalidad� impune y la perversi�n aceptada por presi�n popular se transforman en legitimaci�n. No es s�lo que lo inaceptable pase a ser aceptado; es que troca en una forma del sentido com�n prevalente. Es un atributo de la soberan�a Cierto �se conceder��,� Berlusconi se ha llevado a casa la piel, pero ha perdido el partido. Y as� es. En su lucha por la supervivencia, ha puesto sobre el tapete s�lo y exclusivamente su propia persona. Mejor dicho, su propia cara. Su propio Ego anormal. Lo que ha buscado �y por desgracia, obtenido� es un plebiscito sobre s� mismo. Pero ha revelado�tambi�n el vac�o pol�tico que� tiene en torno a s� mismo, intramuros. Muchos �tant�simos, verdaderamente�, siervos; pocos, casi ninguno, pol�ticos. El Pdl� [el Partido de la Libertad, de Berlusconi; T.] ha revelado ser una corte, por un lado; y un amasijo de intereses y de retazos de identidad, por otro. Sometido a la prueba del voto, lo que en las intenciones habr�a debido convertirse en el partido hegem�nico de la derecha, ha implotado miserablemente. El Pdl ha revelado su propia inconsistencia organizativa (hasta el extremo de la incapacidad de realizar las operaciones m�s banales para un partido pol�tico, tales como la presentaci�n de la lista). Y la propia inactividad identitaria y pol�tica, tan viscosa, capaz de haber neutralizado sin embargo la identidad fuerte de lo que hab�a sido hasta ahora un verdadero partido, es decir, An [la Alianza Nacional, el partido del exneofascista Fini; T.]. Exactamente como el Pd [el Partido Democr�tico, de centro y centroizquierda; T.], inerte, inerte ante el juego entrecruzado de notabilidades internas y de pasadas historias personales y colectivas, incapaz de movilizar pasiones y de ennoblecer intereses. Sobre todo exang�e, carente de una propia corporeidad social, de un pueblo propio, de una propia gente en nombre de la cual hablar y por la cual ser reconocido. Prisionero de la era del vac�o que con su propio nacimiento ha inaugurado Y es este el tercer dato relevante: el fracaso de la operaci�n emprendida en el verano-oto�o del 2007, con la proclama desde el estribo, por una parte, y con la kerm�s mediatico-plebiscitaria veltroniana en la preparaci�n de las primarias del a�n no nacido Pd, por la otra. Aquella ten�a, expl�citamente, el objetivo de redise�ar la arquitectura del sistema pol�tico e institucional italiano en torno a la centralidad de un bipartidismo con alta vocaci�n hegem�nica. De superar el obst�culo en el que se hab�a encallado la denominada segunda Rep�blica mediante una radical simplificaci�n del sistema de partidos en torno al doble polo Pdl�Pd. Dos identidades �es bueno recordarlo� que se autodeclaraban nuevas, en curso de impresi�n, podr�amos decir. Y que �en su �nfasis de la ret�rica �nuevista�� se presentaban como algo in�dito. A aquellas dos inc�gnitas le era encomendada �de modo por completo irresponsable� la tarea �mproba de volver a trazar en forma constituyente el perfil de nuestro orden institucional, seg�n la l�gica de una partida de p�quer en la que se apostara �a ciegas� Hoy sabemos que aquellas dos identidades que hubieran debido convertirse en partidos, en realidad no llegaron nunca a existir. Que la producci�n liofilizada del Pdl y la fusi�n fr�a del Pd se quedaron de alguna manera a medias, poniendo en escena dos ectoplasmas inciertos respecto de su propia forma. Afectados por su contenido heterog�neo, que no se lleg� a transformar en amalgama: meros aglomerados de grupos en expl�cita competici�n interna. Es significativo que sean muchas, tanto en un campo como en el otro, las v�ctimas del �fuego amigo�, desde el ministro Brunetta (que ha desertado de la Liga)� a la gobernadora Bresso ( hundida m�s por las desidias internas que por las veleidades que tuvo)�pero es a�n m�s relevante el hecho de que tanto por parte del Pdl como del Pd, de forma bipartidista y sim�trica, se han perdido casi tres millones de votos que faltan a la llamada: cosa a�n comprensible en alguna medida en el caso del Pdl, respecto del cual al menos una parte del electorado moderado puede haberse disgustado debido a los excesos de su l�der. Pero es bastante menos� explicable en el caso del Pd, que hubiera debido capitalizar la impresentabilidad de su adversario, haci�ndose con el santo y la limosna, con independencia de sus propios m�ritos Si incluso� en estas circunstancias su propio electorado le ha abandonado,� al menos en parte, debe haber sido verdaderamente muy elevado su potencial �repelente�. El �efecto-decepci�n� que �l mismo ha alimentado: el sentido de indiferencia,� de autorreferencialidad, de alg�n modo, de arrogancia y a la vez de distanciamiento de su clase pol�tica. Su lejan�a respecto de los territorios y de la gente que los habita. Su incapacidad de hablar un lenguaje compartido y de dise�ar un horizonte de valores cre�bles y comunes. El Bersani que, en directo televisivo, reivindica el m�rito de haber �invertido la tendencia�� aludiendo a una cierta victoria, mientras todo su pueblo, el que lo ha votado, est� tronzado a consecuencia del sufrimiento y de la consciencia de derrota hist�rica, resulta emblem�tico del abismo excavado entre la clase pol�tica y su pueblo. De la incapacidad de hablar la misma lengua y de compartir el mismo universo de sentido. Esto nos dice mucho sobre una dirigencia de partido capaz tan solo de mirar hacia dentro (y de guardarse las espaldas), preocupada m�s de parar el golpe de los adversarios del propio partido, que de ver lo que sucede en el mundo exterior, s�mbolo viviente de un �xodo, dram�tico, de la pol�tica de la izquierda lejos de los lugares de la vida cotidiana Sobre este terreno institucionalmente licuificado� permanecen solo dos cuerpos: el cuerpo solitario de El Jefe, que se ha sobrevivido milagrosamente a s� mismo y al �juicio de dios�, por �l mismo invocado; y el corpach�n colectivo de la Liga,�amasado de sangre y tierra. Carisma de s�trapa, y milicias territoriales de ruda raza padana. Dictar�n los modos y los tiempos de la transici�n. Y no ser� un camino de rosas. El trienio que nos espera no estar� marcado por la agon�a del berlusconismo, enmarcado en una pac�fica vuelta a la normalidad. Y� a�n menos que menos �es casi una obviedad---, en el debate civil sobre las reformas. Igual da que se lo digamos. Marco Revelli, antiguo militante del autonomismo obrero italiano y celebrado estudioso del fordismo y el postfordismo, es profesor de ciencia pol�tica en la Universidad de Tur�n. Sus dos �ltimos libros m�s debatidos son La sinistra sociale (una investigaci�n muy importante sobre el tr�nsito del capitalismo fordista al postfordista y la evoluci�n de las bases sociales de la izquierda) y M�s all� del siglo XX (traducido al castellano y publicado por la editorial El Viejo Topo, Barcelona, 2003). Traducci�n para www.sinpermiso.info: Joaqu�n Miras sinpermiso electr�nico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ning�n tipo de subvenci�n p�blica ni privada, y su existencia s�lo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este art�culo, considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto pol�tico-cultural realizando una DONACI�N o haciendo una SUSCRIPCI�N a la REVISTA SEMESTRALimpresa.
Il Manifesto, 4 de abril 2010 |
� | Los kurdos inexistentes | | Allande Sokarros � � � � � | | � | | 11/04/10 | | � | A los dos millones de kurdos que viven bajo dominio sirio no se les reconoce ni una brizna de identidad como pueblo. Adem�s de prohib�rseles la lengua y la cultura, a cerca de 350.000 de ellos ni siquiera se les considera ciudadanos sirios.� Al tener noticia de la situaci�n de represi�n y acoso continuados que sufren los kurdos, son los que viven bajo dominio de Turqu�a los mayormente citados. Y es que la mayor�a de paisanos de este pueblo olvidado y marginado por la historia moldeada por las grandes potencias est� atrapada precisamente en las fronteras de ese estado ─entre doce y veinte millones─. En cambio, al hablar de los kurdos que viven mejor, suele citarse a los que viven en las fronteras del estado iraqu�, entre cinco y siete millones. La autonom�a de que gozan los kurdos de Iraq, empero, es una compensaci�n peque�a por los terribles sufrimientos infligidos durante el brutal mandato de Saddam Hussein.� Sin embargo, muy pocas veces se cita la grave situaci�n que padecen los kurdos bajo dominio iran� ─entre seis y nueve millones─ o la total represi�n sobre los que est�n en el territorio kurdo de que se apropi� Siria. Total, s�, porque a los m�s de dos millones de kurdos que viven entre el norte y el noroeste de Siria, Damasco ni siquiera les reconoce la existencia. En Siria impera la ideolog�a de Hussein, el panarabismo, esto es, el reconocimiento de identidades nacionales s�lo en las naciones de mayor�a �rabe y la negaci�n del resto.� El pasado mes de marzo se ha tenido noticia de la grave situaci�n de los kurdos de Siria. En efecto, cuando unas 5000 personas quer�an celebrar el newroz ─el a�o nuevo de los kurdos─ en la ciudad de Rakka, las fuerzas de seguridad sirias actuaron con gran brutalidad. Milicianos del partido Baaz y polic�as dispararon a los concentrados, creyendo que hab�a banderas kurdas y que los reunidos cantaban en kurdo. Seg�n medios de comunicaci�n kurdos, murieron tres personas ─las agencias internacionales han hablado de un solo muerto─ y unos cuarenta sufrieron heridas. Por si estas atrocidades no fueran suficientes, no dejaron a los familiares de los muertos celebrar funerales dignos. Los heridos a los que llevaron al hospital, por su parte, estuvieron bajo vigilancia policial mientras estaban hospitalizados y, despu�s, los detuvieron.� Las violencias de Rakka han tenido un eco limitado en los medios de comunicaci�n internacionales, pero a menudo la represi�n que sufren los kurdos de Siria permanece bajo el mayor de los silencios. La polic�a pol�tica siria detuvo a dos responsables de cada partido u organizaci�n kurdo. Asimismo, durante los �ltimos d�as de diciembre del pasado a�o, fueron detenidos cuatro responsables del grupo pol�tico kurdo Jakiti y a�n siguen incomunicados. Los partidos pol�ticos kurdos, lo mismo que las asociaciones culturales o de defensa de los derechos humanos, obviamente, est�n prohibidos en Siria.� El cintur�n� �rabe� Los m�s de dos millones de kurdos atrapados en las fronteras del estado sirio forman el 10% de la poblaci�n. En lo tocante a la continuidad territorial del Kurdist�n hist�rico, la regi�n lim�trofe con Turqu�a e Iraq sumaba la mayor�a de la poblaci�n. Sumaba, porque desde que el dictadura del Baaz pusiera en marcha en 1963 la pol�tica de arabizaci�n de esa zona fronteriza, los habitantes de 300 pueblos de mayor�a kurda fueron trasladados por la fuerza a cientos de kil�metros de la frontera. En lugar de los 120.000 kurdos deportados, la autoridad Baaz hizo llegar a �rabes de otras regiones. Damasco llam� a ese proceso cintur�n �rabe, evidenciando con ello que quer�a impedir la posibilidad de relaciones entre kurdos separados en muchos estados.� Adem�s e dispersar a los kurdos, las autoridades pol�ticas sirias arabizaron los top�nimos kurdos. Por si la expulsi�n de sus hogares no hubiera bastado, a los kurdos les han prohibido utilizar su lengua en el �mbito p�blico, as� como perpetuar y expresar su cultura. As�, en Siria no se puede poner ni utilizar nombres kurdos en ning�n momento ni lugar en los �mbitos social y econ�mico. El acoso se extiende tambi�n al �mbito privado, ya que est� prohibido poner nombres kurdos a los ni�os. En el �mbito educativo, no se puede formar escuelas kurdas.� No ciudadan�a siria� Damasco ha llevado la negaci�n de los kurdos hasta el �ltimo rinc�n entre los deportados de la zona fronteriza, a quienes despoj��de la propia ciudadan�a siria en 1962, con motivo de la elaboraci�n del censo. Los descendientes de 120.000 personas que no quer�an ni como ciudadanos sirios sufren desde entonces una situaci�n insoportable. Seg�n la ley, como no existen, a cerca de unas 350.000 personas les niegan los derechos fundamentales ─educaci�n, trabajo, sanidad─. Viven fuera de la ley en todos esos �mbitos. Tampoco se pueden ir de Siria, o volver a ella, ya que est�n sin papeles.� Allande Sokarros escribe habitualmente en la revista Berria Traducci�n para www. sinpermiso.info: Daniel Escribano�
���
�sinpermisoelectr�nico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ning�n tipo de subvenci�n p�blica ni privada, y su existencia s�lo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este art�culo, considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto pol�tico-cultural realizando una DONACI�N o haciendo una SUSCRIPCI�N a la REVISTA SEMESTRALimpresa.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
Berria, 2 abril 2010 |
| � | � |  | | � |
� � |
No comments:
Post a Comment