¿DONDE ESTA LA CORRUPCION JUDICIAL?
Una de las leyes más conocidas de la física es que a toda acción corresponde una reacción, dando así inicio al movimiento de las cosas. Esta ley, sin embargo, no solo se aplica a lo inanimado sino que también puede ser aplicable a las relaciones e instituciones humanas, de manera tal que cuando uno inicia alguna acción para generar un cambio en una determinada relación o institución debe esperar que, en algún momento, aquello que se ve afectado reaccione de una u otra manera frente a la transformación que se busca impulsar.
Para quienes hemos estado metidos en la reforma de la justicia, sabemos que esta ley se aplica de manera inflexible en el mundo judicial. Así, cada vez que se propone o impulsa un cambio es seguro encontrar algún tipo de reacción (generalmente en contra) hacia la medida propuesta por parte de jueces, abogados o partes, e incluso de otros actores involucrados en el cambio judicial, como ONGs, agencias de cooperación, partidos políticos o el gobierno. De este modo, muchas veces la propuesta de cambio termina eliminada, modificada o transformada sustancialmente, de modo tal que los resultados terminan siendo muy distintos a los que se esperaba lograr inicialmente.
De esta ley de acción-reacción no escapa nadie, ni siquiera el todopoderoso Presidente del Poder Judicial. Hasta hace poco, el juez San Martín ha sufrido en carne propia la dureza de esta ley: frente a su propuesta de que se le otorguen facultades extraordinarias para combatir la corrupción judicial (propuesta con la que viene soñando desde el inicio de su gestión), las reacciones fueron muchas y no se dejaron esperar. Primero fue el ex Presidente Villa Stein, quien señaló expresamente que la propuesta buscaba crear un clima autoritario en el Poder Judicial; luego, la propia Corte Superior de Justicia de Lima se opuso a la medida, a la que se sumaron posteriormente el Jefe de la OCMA, Enrique Mendoza, y la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, todos los cuales solicitaron además que el Presidente San Martín identifique –de una vez por todas- cuáles eran y quiénes participaban de las redes de corrupción que quería combatir.
Esta pregunta quedó, entonces, flotando en el aire: ¿Dónde está la corrupción judicial? es algo que muchos se empezaron a preguntar a partir de estas reacciones. ¿Se encuentra acaso en los secretarios judiciales, que cada cierto tiempo son capturados con algunos cuantos soles? ¿O estos son solo pececitos que facilitan el ocultamiento de los peces gordos? Lo cierto es que hablar de "redes de corrupción" implica que no estamos frente a casos aislados, sino frente a toda una maraña de relaciones de intercambio ilegal que puede involucrar a funcionarios de distinto nivel y posición, con diferente capacidad de decisión, que se vinculan a otros muchos actores externos que requieren "asegurar" que los resultados de la justicia esté siempre a su favor.
Siendo así, no era difícil llegar a la conclusión de que la propia Corte Suprema podía estar enredada en estas presuntas "redes de corrupción", sobre todo si consideramos que es en esta instancia –precisamente- donde se "aseguran" de manera definitiva las decisiones de la justicia. Esta ha sido, en todo caso, la conclusión a la que han llegado los congresistas de la República que han presentado, el pasado 24 de mayo, una Moción del Día para que se constituya una Comisión Investigadora sobre los presuntos actos de corrupción que pueden darse en la Corte Suprema de la República.
En otras palabras: frente a la acción de pedir facultades extraordinarias, San Martín obtuvo la reacción contraria; esto es, que se le investigue a él y a su Corte antes que se convierta en el investigador de los demás jueces. Como es obvio, hoy muchos jueces supremos deben estar dándose de cabeza, preguntándose cómo se les ocurrió apoyar la propuesta de San Martín para terminar siendo ellos los investigados.
Por ello, hoy la pregunta sobre la corrupción judicial ha tomado un nuevo giro: a la primera interrogante sobre dónde se encuentra la corrupción judicial, hemos pasado a la cuestión de: ¿cuánta corrupción vamos a encontrar en la Corte Suprema? ¿Cuánto están dispuestos los supremos jueces del país a dejarse investigar, especialmente luego de sortear situaciones de crisis como las del BTR? ¿Encontraremos allí la punta de la madeja de la corrupción judicial? Lo único que esperamos es que ello no se convierta en un nuevo instrumento de control político, porque entonces allí la reacción provendrá de la sociedad civil; es decir, de nosotros.
Russia is also standing in the way of stronger international action. As a permanent member of the United Nations Security Council, it can veto stronger action against the Assad regime that could end the violence. It’s already twice vetoed Security Council resolutions aimed at stopping Assad’s impunity.
