Por medio de la presente les hacemos llegar el informe preparado por ProJusticia referente a la denuncia hecha contra el Fiscal Mario Alfredo Ore Prado y el Comandante PNP Raúl Casiano Jares, por la presunta comisión de los delitos contra la libertad en la modalidad de violación de domicilio, allanamiento ilegal de domicilio y por el delito de abuso de autoridad. Además de coludirse en casos de Narcotraficante y además la coacción y hostilización que existe sobre el denunciante, el Exjefe de inteligencia de Huanta sub oficial David Rodulfo Sanchez. A continuación les presentamos el reportaje televisivo sobre La Denuncia al Fiscal Provincia y a Comandante PNP de Huanta por Corrupción Asimismo, podrá apreciar la denuncia completa en el siguiente enlace: http://www.projusticia.org.pe/Denuncias/Denuncia_Penal.pdf Atentamente
VRAE: LUCHANDO POR LA SEGURIDAD Informe Projusticia 1. La situación en el VRAE El VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene) constituye, sin duda alguna, una de esas zonas que ponen en jaque diariamente todo lo que implica un Estado de derecho. La confluencia de terrorismo, narcotráfico, pobreza extrema, dificultades geográficas, carencia de mercados y ausencia de estado generan así un coctel explosivo que impide construir cualquier forma de institucionalidad sostenible, permitiendo la presencia casi impune de poderes de facto que actúan a sus anchas en esta región del país. Según datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), el VRAE constituye actualmente el principal productor de hoja de coca del país, aportando aproximadamente el 50% de las 128 mil TM de hoja de coca producidas a nivel nacional. Ello responde tanto a la creciente extensión de este cultivo –que sumó 17,486 Ha . en el 2009, con un incremento de 5% anual desde el 2006- como a su alta densidad y productividad, con cerca de 100 mil plantones por hectárea y un rendimiento de 4 TM/Ha., a lo que debe sumarse la posibilidad de lograr entre 5 a 6 cosechas por año[1]. Como es evidente, esta creciente oferta se encuentra dirigida a satisfacer principalmente la demanda del narcotráfico, lo que genera además un intensivo tráfico de diversos productos, desde insumos químicos hasta derivados de la coca (como el PBC y el clorhidrato de cocaína), pasando por armas y municiones para los grupos armados que actúan en la zona[2]. Como señalan Antezana y García Díaz, este tráfico ilegal se ve favorecido además por el casi inexistente control policial en las rutas de entrada y salida del VRAE[3], existiendo solo un puesto de control policial intermedio en la localidad de Machente que apenas puede brindar apoyo a los puestos ubicados en Huamanga, Huanta y San Francisco. En este escenario, los esfuerzos del Estado por imponer un mayor control sobre el narcotráfico y sus circuitos concatenados no parecen tener el respaldo necesario. Por ejemplo, a partir de febrero del 2009 el gobierno incorporó en su Plan de Impacto Rápido (PIR) medidas más efectivas para controlar el transporte de insumos químicos y productos fiscalizados, prohibiendo la venta de kerosene en la zona del VRAE mediante Decreto Supremo No. 045-2009. Ello llevó a que el precio de este producto se incrementara hasta en 8 veces, elevando los costos de producción de la cocaína; pero condujo también a que los proveedores buscaran nuevas alternativas, como la recuperación de kerosene usado o el uso de gasolina o diesel 2 refinado, productos más difíciles de controlar debido a que pueden ser transportados en vehículos de transporte público o privado como combustible. Por otro lado, las firmas locales vienen apostando al uso de los llamados "mochileros" o "cargachos" para el transporte de cocaína, generalmente jóvenes de la zona que transportan a pie cantidades regulares de droga (entre 10 a 15 kilos) a través de una amplia red de caminos de herradura de difícil control, incluso por aire. Esta droga es llevada hacia puntos de acopio ubicados en centros urbanos desde donde es transportada hacia las ciudades de la costa y de allí hacia los mercados de México, Estados Unidos y Europa. Los mochileros generalmente se trasladan de noche, contando para ello con la protección de los "remanentes" de Sendero Luminoso, los que cumplen el papel de garantizar que la droga llegue a su destino y no sea incautada o incluso "robada" por las fuerzas del orden. Para cerrar el panorama, cabe señalar que en el VRAE no se han efectuado –como reconoce la misma ONUDD- acciones de erradicación ni de auto-erradicación voluntaria, mientras que los programas de desarrollo alternativo dejaron de operar desde el 2008, principalmente por no contar con el apoyo financiero requerido[4]. Ello lleva a que el control del narcotráfico esté centrado en acciones represivas antes que preventivas o sociales, cargando todo el peso de esta lucha en las espaldas de las fuerzas del orden, lucha que –como vemos por las cifras mostradas- no parecen estar ganando, llevando a que la violencia alcance niveles preocupantes[5]. Frente a este entorno, parece clara la necesidad que tiene el Estado de fortalecer la labor de inteligencia que pueda llevarse a cabo en esta zona, permitiendo de esta manera que las acciones policiales a desarrollar –como decomisos, intervenciones, destrucción de pozas y laboratorios, entre otros operativos- puedan ser más focalizadas y eficientes, logrando objetivos concretos con un mínimo de violencia y de pérdidas, sean materiales o humanas. Sin embargo, como veremos en el caso siguiente, lo que se viene dando en la realidad es todo lo contrario: las oficinas de inteligencia no cuentan con personal suficiente, ni se les otorga todos los recursos asignados; más aún, debido a que algunos malos policías se involucran en el tráfico ilícito de drogas, los oficiales de inteligencia se ven perseguidos y calumniados por estos policías corruptos a fin de no ser descubiertos ni sancionados, llegando incluso a descubrir sus identidades para hacerlos blanco de sicarios y terroristas. 2. Las dificultades de ser policía en el VRAE David Rodulfo Sánchez es suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, a la que ingresó por vocación personal pero también por tradición familiar. Natural de Huamanga, vino a Lima a cursar sus estudios en la Escuela de Suboficiales de la PNP , de la que egresó en diciembre de 1992. Su historia puede ser similar a la de muchos policías que trabajan con el Perú, aunque existe una diferencia fundamental: su identidad nunca debió ser conocida. Apenas salido de la Escuela fue destacado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal DININCRI-Lima, en la que estuvo un par de años, siendo enviado posteriormente a su tierra natal en 1994. Allí estuvo trabajando en diferentes unidades, incluyendo la zona del VRAE en el 2002 y en el 2003, donde participó en algunos operativos antidrogas. A partir de junio 2007 será destacado de manera permanente al Frente Policial VRAE, siendo ubicado en el puesto de control policial de Machente, paso obligatorio para quienes quieren entrar a la selva desde Huanta o Huamanga. Machente constituyó para Rodulfo una experiencia importante en su carrera, en tanto le permitió participar activamente en los operativos antidrogas que se realizaban a diario en la zona. Entre sus muchos recuerdos se encuentra el enfrentamiento que tuvieron con un grupo de mochileros donde incautaron 27 kilos de droga, uno de los cuales fue herido de bala. Luego supo que este "cargacho" tenía apenas tres semanas fuera del penal, donde había sido encarcelado por el mismo delito. También se dio cuenta que los que más caían en los operativos eran los mochileros, los que transportaban la droga por solo 200 soles, mientras que los productores, los verdaderos capos, los que se llevaban buena parte de las ganancias, esos nunca caían. En agosto de 2007, Rodulfo fue rotado a la ciudad de Huanta, quedando a cargo de la jefatura de inteligencia policial de la zona. A pesar de la importancia de su cargo –tenía jurisdicción en toda la provincia de Huanta- sus condiciones de trabajo dejaban mucho que desear. En primer lugar, él era tanto jefe como subordinado, ya que no había otros efectivos asignados a dicha oficina, salvo en ciertos meses. Sus informes debía elaborarlos en una computadora antigua, que se malograba continuamente, y no contaba con impresora, ni cámara fotográfica ni filmadora. Para llevar a cabo sus visitas y operativas contaba apenas con una moto, a la que le asignaban un galón diario de gasolina de 84; y para gastos, apenas le daban entre 800 a 1,000 soles mensuales. Al igual que con Machente, por Huanta pasan casi todas las rutas de tráfico de drogas hacia y desde el VRAE, por lo que la carga de trabajo es abrumadora. A pesar de ello, la labor realizada por Sánchez permitió incautar grandes cantidades de droga e insumos químicos, e incluso atrapar algunas bandas de asaltantes y secuestradores. Pronto se dio cuenta, sin embargo, que algo venía fallando en la seguridad de la información, ya que solo algunas firmas eran tocadas mientras otros operativos se frustraban debido a "soplos" que venían de dentro. La labor de contrainteligencia llevada a cabo descubrió así que cierto número de policías que trabajaba en Huanta eran parientes cercanos de familias de narcotraficantes ubicadas que laboraban en el lugar. En realidad, la estrategia era sencilla pero efectiva: algunos jóvenes de estas familias postulaban a la Escuela de Suboficiales de Huanta para luego ser enviados directamente a trabajar a la DIRANDRO , gracias al convenio que existía entonces entre la Policía Nacional y la NAS de los Estados Unidos. Una vez allí, podían proteger a sus familiares en el transporte de la droga o brindarles información secreta para evitar los operativos. Ante esta constatación, el suboficial Rodulfo empezó a solicitar apoyo de otras unidades policiales para realizar sus intervenciones, logrando mejores resultados pero también la animadversión de los policías involucrados en la protección a las bandas de narcos. Como éste señala, en el 2008 se produjo el cambio de gran parte de este personal hacia otras unidades, donde empezaron a mostrar su verdadero rostro: ese mismo año cayó una banda de asaltantes en la zona de San Miguel, conformada por policías en actividad, tres de los cuales estaban entre los efectivos cambiados. Posteriormente, en el 2009, se intervino a 4 bandas de asaltantes conformados también por policías reubicados de la zona de Huanta. La mayor parte de estos criminales fueron encerrados en el penal de Yanamilla. En mayo del 2009 se produjo un hecho singular que mereció una amplia cobertura de los medios de comunicación: en un operativo de control llevado a cabo en el peaje de Socos (Huamanga), se encontró envuelto a manera de encomienda, en la bodega de un bus de la empresa "Palomino", un total de 120 fusiles AKM junto con abundante munición que habían sido enviados desde Lima con destino al Frente Policial VRAE. De manera increíble, este envío no tenía resguardo policial ni forma alguna de seguridad de acuerdo a los procedimientos establecidos, por lo que llegó a presumirse un tráfico de armas a favor de Sendero Luminoso. Hechas las investigaciones, se descubrió que el propio jefe del Frente Policial VRAE, General PNP Percy Rivera Paiva, había coordinado desde Lima el retiro del armamento y el despacho del mismo hacia Ayacucho, si bien éste señaló como principal responsable de lo ocurrido al Comandante PNP RAUL CASIANO JARES, entonces jefe de Administración del Frente Policial, por no haber establecido las medidas de seguridad del caso en el envío de los pertrechos militares, tal como consta también en el Informe No. 026-2009-IGPNP-DIRIAD. Debido a este hecho, el General Rivera fue destituido de su cargo, mientras que el Comandante Casiano Jares, de manera increíble, fue nombrado comisario de la ciudad de Huanta. Una de las primeras medidas que adoptó al asumir el cargo fue convocar a todos los jefes policiales para exigirles que le den cuenta a él, y solo a él, de todas sus actividades. El suboficial Rodulfo tuvo la valentía de frenarlo aclarándole que por cuestiones del cargo solo informaba a la Jefatura de Inteligencia del VRAE y al comando del Frente Policial, informándole solo de aquellos asuntos que incumbían a su jurisdicción. Casiano lo amenazó entonces con hacerle la guerra, y lo cumplió. 3. Jugando con la identidad (y la vida) de un policía. A partir de agosto del 2009, Rodulfo fue informando a sus superiores de una serie de irregularidades que eran cometidas por el comandante Casiano junto a otras autoridades de la zona de Huanta, como el fiscal provincial MARIO ALFREDO ORE PRADO. Por ejemplo, mediante Nota de Información No. 108-2009-FP-VRAE-OPIPOL-HUANTA, del 27 de agosto de dicho año, informó de la intervención de una camioneta rural (combi) proveniente de la localidad de Sivia, donde según un colaborador se habían acondicionado 80 kilos de PBC; sin embargo, ésta fue devuelta a sus propietarios por orden del fiscal y del comisario sin haber llevado a cabo el registro vehicular, encubriendo así el hecho delictivo. En la misma nota, el jefe de inteligencia señala que en una serie de operativos llevados a cabo entre enero y julio del 2009, el fiscal Oré Prado no participó o lo hizo solo mediante teléfono pidiendo que lo consignen, lo que llevó a que muchas detenciones fueran cuestionadas por no contar con la presencia del Ministerio Público. Sin embargo, el caso más grave ocurrió en dicho año, cuando en un aparente caso de violencia familiar se incautó también marihuana y la suma de 11,800 dólares americanos a la mujer intervenida, hecho que no fue comunicado por el fiscal a la policía antidrogas, cerrando además el caso sin dar cuenta del dinero incautado, Con respecto a Casiano Jares, en agosto del 2009, Rodulfo informó que este comandante había violado su reserva de identidad y la de otro oficial de inteligencia, al dar sus nombres, apellidos y grados al dueño de una camioneta rural que había sido intervenida sin resultados positivos, a fin de que los denuncie por presuntos daños y perjuicios. Asimismo, en setiembre del 2009 dio cuenta de la liberación irregular del narcotraficante conocido como "Cajacho", ocurrida en marzo, gracias al pago que habría hecho el hermano del mismo a las autoridades involucradas en su captura, como el comandante Casiano Jares, el Mayor PNP Jorge Arteaga Huerta y el fiscal provincial de La Mar , Alejandro Arrarian López. Frente a estas denuncias, Casiano Jares y el fiscal Oré buscaron la oportunidad para desprestigiar a Sánchez, la que encontraron con la intervención y captura de SANTIAGO RODRIGUEZ SANABRIA el 26 de noviembre del 2009. Rodríguez Sanabria tenía una serie de requisitorias por tráfico ilícito de drogas, pero lo que solo él sabía era que era uno de los informantes de Rodulfo, quién solo lo conocía bajo el seudónimo de "Chino" o "Lung". Bajo la presión del comandante y el fiscal, Rodríguez llamará a su contacto para pedir su apoyo, poniendo en evidencia su relación, lo que será aprovechado por el comandante Casiano para denunciar al suboficial por el delito de encubrimiento personal, afirmando que éste sabía de las requisitorias que pesaban sobre Rodríguez Sanabria pero encubría sus actividades. De manera inmediata, el fiscal Oré Prado inició la investigación preliminar contra Rodulfo Sánchez, la que culminó en un tiempo récord de 30 días. Paralelamente, éste presentó una solicitud al fiscal Oré Prado para que se excuse del conocimiento de la investigación, debido a que había presentado una denuncia en su contra ante la Fiscal de la Nación ; sin embargo, y sin mayor fundamento, Oré Prado declaró infundada dicha solicitud el 16 de diciembre del 2009. Ante ello, el suboficial procedió a presentar una queja de derecho, solicitando se eleve los actuados a la Junta de Fiscales Provinciales del distrito judicial de Ayacucho para su revisión, tal como dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, de manera irregular, la queja fue desviada hacia la Tercera Fiscalía Superior Mixta de Huamanga, a cargo del fiscal JAVIER GONZALES TORRES, quien declaró nuevamente infundada la queja y dio pase libre para que Oré Prado pueda formalizar su denuncia penal contra Rodulfo Sánchez, lo que hizo el 30 de diciembre del 2009. Cabe señalar que, en su denuncia posterior por prevaricato contra ambos fiscales, éste acompañará una resolución del mismo fiscal expedida el 20 de enero del 2010, en la cual se excusa de investigar por haberse presentado una denuncia en su contra ante la Fiscal de la Nación , lo que muestra su posición contradictoria e interesada. Ante estas irregularidades, con fecha 28 de diciembre del 2009, Rodulfo Sánchez interpuso una denuncia contra el fiscal MARIO ALFREDO ORE PRADO y el Comandante PNP RAUL CASIANO JARES, por la presunta comisión de los delitos contra la libertad en la modalidad de violación de domicilio, allanamiento ilegal de domicilio y por el delito de abuso de autoridad, la que fue elevada ante la misma fiscalía a cargo de Oré Prado. Como era de esperar, éste encarpetó la denuncia, iniciándose recién la investigación de estos hechos el 12 de febrero del 2010, a cargo del fiscal FREDY GUTIERREZ CRESPO. Sin embargo, a pesar de la evidencia de los hechos presentados, el Fiscal Superior VICTOR RENATO REYES LUQUE, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Ayacucho, declarará infundada la denuncia presentada contra Oré Prado mediante Resolución No. 98-2010-ODCI-AYACUCHO, dictada el 28 de diciembre del 2010. Las consecuencias de estas denuncias han sido, hasta ahora, más que perjudiciales para Rodulfo: el 23 de diciembre del 2009, el comando del VRAE dispuso el cambio de éste a la División de Investigación Criminal de la localidad de Quimbiri, lo que acrecentaba el riesgo a su integridad personal luego de revelarse su identidad. Asimismo, mediante resolución No. 054-2009-IGPNP-DIRINDES/I-FP-VRAE, se le impuso la medida preventiva de separación del cargo como agente de inteligencia, afectando su legajo personal. Frente a ello, el suboficial ha venido solicitando todos estos meses una serie de audiencias para poder revisar su caso de manera personal, incluso ante el Director General de la Policía Nacional , sin lograr hasta el momento ser escuchado. El 18 de enero, el juez Estanislao Quispe Morales aperturó instrucción contra Rodulfo Sánchez por el presunto delito de encubrimiento personal, ordenando su captura. Este se presentó ante el juez el 3 de febrero para rendir su instructiva, a pesar de lo cual fue encarcelado y llevado al penal de Yanamilla. En este lugar, el propio director le dijo que su vida corría riesgo por lo que tuvo que estar en aislamiento, quedando libre recién el 5 de febrero al variarse la orden de detención por la de comparecencia. En la actualidad, a pesar de seguir libre, su vida sigue corriendo riesgo en el puesto actual donde ha sido destinado – la Unidad de Servicios Especiales de Huanta- dado que cuando estuvo a cargo de Inteligencia intervino a policías involucrados en bandas que pertenecían a dicha unidad, por lo que es considerado un traidor. 4. El riesgo de ser testigo, o cómo mejorar la lucha contra la corrupción El caso del policía Rodulfo Sánchez constituye, a nuestro entender, una muestra clara de la falta de seguridad y protección que tienen aquellos que se atreven a denunciar algún hecho de corrupción. Lamentablemente, no son pocos los testigos o denunciantes que terminan muertos o gravemente lesionados, sin que el Estado haya movido un dedo por garantizar su seguridad. Asimismo, el hecho de que la denuncia se haga pública a través de un medio de comunicación ya no parece garantizar tampoco, como antaño, cierta protección a la persona: en una reunión mantenida con Rodulfo Sánchez, nos mostró una amenaza que le acababa de llegar a su celular, siendo seguido también de manera minuciosa durante los días que estuvo en Lima para tratar una lesión a la cabeza por un intento de agresión sufrido en Huanta. Precisamente, la pregunta que rondó la cabeza de nuestro equipo durante varios días fue, ¿cómo apoyar a este suboficial y garantizar una adecuada seguridad para él y su familia luego de hacer pública su denuncia? Apelar a entidades como la Defensoría del Policía o la Defensoría del Pueblo podían ayudar en algo, pero tampoco eran suficientes. Esta es, por tanto, una pregunta que debe merecer una mejor respuesta por parte de aquellos que deben proteger no solo a los ciudadanos, sino también a aquellos encargados de proteger a los ciudadanos, los que muchos veces parecen más desprotegidos que cualquiera. [1] Ver ONUDD y DEVIDA, Monitoreo de los cultivos de coca en el Perú 2009. Lima, junio del 2010. [2] Sobre las modalidades de este tráfico, ver: Jaime García Díaz y Jaime Antezana: Diagnóstico de la situación de desvío de IQ al Narcotráfico. Con la colaboración de Melina Domínguez y Haydeé Ruiz. Lima: DEVIDA y ConsultAndes, 2009. [3] Entre estas rutas se encuentran la de Huamanga-Quinua-Tambo-Ccano-Machente-San Francisco; la de Huanta-Carhuarán-Ccano-Machente-Sivia; la de Huamanga-Quinua-San Miguel-San Antonio (Anco)-Santa Rosa-San Francisco; y la de Huamanga-Acosvinchos-Acocro-Chilcas-Ninabamba-Chiquintirca-San Antonio. A ellas se ha añadido recientemente la ruta Kimbiri-Kepashiato, que sirve de salida hacia Bolivia. Ver García Díaz y Antezana, Op. Cit., Pp. 50-52; ONUDD, Op. Cit., Pp. 46-47. [4] ONUDD y DEVIDA, Op. Cit., p. 47. [5] Al respecto puede consultarse la ponencia presentada por Jaime Antezana en el seminario "Narcotráfico, Justicia y Política en América Latina", realizado por PROJUSTICIA el pasado 16 de marzo del 2011 en Lima. |
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