El otro ángulo

Los efectos del delito violento en la economía

Informaciones suministradas por la Policía Nacional dan cuenta del cierre de por lo menos 67 establecimientos comerciales en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, a causa de las extorsiones. De ese total 20 corresponden a las última semanas.

Según los comerciantes, los delincuentes exigen cupos que oscilan entre 3 mil soles semanales y US$ 40 mil mensuales. Estas presiones violentas están acompañadas de amenazas a las víctimas, a sus familias y a trabajadores de la empresa.

Estamos frente a un resultado económico del delito, que fue avisado hace años, que se traduce en la pérdida de capital, empleo y utilidades, en una dinámica de afectación del mercado, de modo directo en la oferta con obligadas repercusiones en la demanda.
Las estadísticas policiales indican que en los últimos cuatro años los casos de extorsión denunciados en Lima han crecido en un 60%. En el norte del país y en el sur chico, es más generalizada esta modalidad delictiva que alcanza a taxistas, mototaxistas y ambulantes. El cuadro de la extorsión se asume muy grave si los casos no denunciados multiplican varias veces a los denunciados y al hecho de que solo se judicializa una de cada 5 extorsiones.

Algunas actividades económicas han incorporado la extorsión a su presupuesto de operaciones. Hace poco, el presidente de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) de Piura reveló que en las regiones La Libertad y Piura el 100% de empresas pagan cupos. Asimismo, un estudio de la Cámara de Comercio de Lima publicado este año señala que más del 50% de las empresas peruanas aumentaron sus gastos en seguridad en los últimos cinco años, que una de cada 10 empresas destina más del 5% de su presupuesto a gastos de seguridad y que la contratación de vigilancia y la instalación de sistemas de seguridad electrónica son las acciones preventivas más usadas contra el delito.

Sin embargo, no todas las empresas pueden enfrentar al delito incrementando sus costos de seguridad que, en cualquier caso, incide en el precio final del producto o servicio y en la reducción de las utilidades. Los hombres y mujeres de la pequeña empresa que no pueden pagar ni vigilancia, ni sistemas de seguridad, y que tampoco pueden o desean pagar los cupos a los extorsionadores, deciden cerrar. En San Juan de Lurigancho la propietaria de una farmacia cerró el negocio porque se cansó de pagar 3 mil soles semanales a una banda.

No existe un cálculo actual y certero sobre el costo de la delincuencia en el Perú. Una cifra general revelada el año 2010 estimaba que ascendía a 71 mil millones de soles, equivalente al 20% del PBI. Ese porcentaje se puede elevar increíblemente si una determinada cantidad de negocios se cierran en todo el país a causa de la violencia o se mudan.

Esta no es solo una presunción. El recrudecimiento de la violencia en México empujó a miles de empresarios de los estados del norte y este al Distrito Federal y otros países, lo que indujo a la pérdida de valor de las economías regionales.

En nuestro país se decía hace años que frente al espejo mexicano estábamos a tiempo para evitar reflejarnos en su dramática y sangrienta dimensión antes de que sea tarde. Las evidencias a las que se acceden todos los días, tanto la empírica como la que traen los hechos, nos dicen que es la hora de actuar, que los plazos han terminado y que lo que se temía ya está aquí.

Fuente: http://www.larepublica.pe/politica/editorial-19-05-2014

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