Human Rights Watch
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Un nuevo Castro, la misma Cuba
November 18, 2009
. Resumen ejecutivo
En julio de 2006, Fidel Castro transfirió el control del gobierno cubano a su hermano, Raúl Castro. Como nuevo jefe de estado, Raúl Castro heredó un sistema de leyes e instituciones abusivas, además de la responsabilidad por los cientos de presos políticos detenidos durante el gobierno de su hermano. Raúl Castro no sólo no desarticuló esta maquinaria represiva, sino que la ha mantenido vigente y plenamente activa. Numerosos presos políticos detenidos durante el gobierno de Fidel Castro continúan presos padeciendo las condiciones inhumanas de las prisiones cubanas. Y el gobierno de Raúl Castro ha recurrido a leyes draconianas y a procesos judiciales que son una farsa para encarcelar a muchas otras personas que se atrevieron a ejercer sus libertades básicas.
El gobierno de Raúl Castro se ha amparado especialmente en una disposición del Código Penal de Cuba que permite al estado encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un delito, cuando existan sospechas de que pueden cometerlo en el futuro. Esta disposición sobre “peligrosidad” es netamente política y define como “peligrosa” a cualquier conducta contraria a las normas socialistas. Esta norma, la más orwelliana de todas las leyes cubanas, capta la esencia de la mentalidad represiva del gobierno cubano, que percibe a cualquier persona cuyas acciones no concuerden con el gobierno como una potencial amenaza y, por ende, plausible de castigo.
Pese a los graves obstáculos para realizar la investigación, Human Rights Watch documentó más de 40 casos en los cuales el gobierno de Raúl Castro ha encarcelado a personas que intentaron ejercer sus derechos fundamentales, bajo el argumento de que eran “peligrosas”. Y creemos que existen muchos más casos. En estos ejemplos, las actividades “peligrosas” incluyen entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizar manifestaciones pacíficas, escribir artículos que critican al gobierno, e intentar organizar sindicatos independientes.
El gobierno de Raúl Castro ha aplicado la ley de “peligrosidad” no sólo a disidentes y críticos del gobierno, sino a un amplio espectro de personas que optan por no cooperar con el estado. Comprobamos que, en la Cuba de Raúl Castro, la decisión de no participar en actos a favor del gobierno, de no pertenecer a organizaciones del partido de gobierno y de no tener empleo se consideran signos de conducta “antisocial” y pueden llevar a la imposición de una “advertencia oficial” o incluso a la encarcelación. En enero de 2009, como parte de una campaña denominada “Operación Victoria”, varias decenas de personas —en su mayoría jóvenes— de Cuba Oriental fueron acusadas de “peligrosidad” por no tener empleo. Un ejemplo es el caso de un hombre de Sancti Spíritus, quien pese a no poder trabajar por tener problemas de salud, fue condenado a dos años de prisión en agosto de 2008 por su condición de desempleado.
Además de la ley de peligrosidad, Cuba cuenta con numerosas leyes que penalizan el ejercicio de los derechos fundamentales, como aquellas que castigan el desacato, la insubordinación y los actos contra la independencia del estado. De hecho, el artículo 62 de la Constitución cubana prohíbe el ejercicio de cualquier derecho básico contrario a los “fines del Estado socialista”. El gobierno de Raúl Castro, que cuenta con un sistema judicial que carece de independencia y vulnera sistemáticamente los derechos de debido proceso, ha empleado estas leyes para encarcelar a una gran cantidad de disidentes pacíficos.
La encarcelación es sólo una de las diversas tácticas empleadas por el gobierno cubano para suprimir libertades fundamentales. Los disidentes que intentan expresar sus opiniones suelen ser objeto de golpizas, detenciones arbitrarias y actos públicos de repudio. El gobierno controla, intimida y amenaza a quienes percibe como sus enemigos. Los aísla de sus amistades y vecinos, y discrimina a sus familias.
Cuba intenta justificar esta represión como una respuesta legítima a una política estadounidense destinada a derrocar el gobierno de Castro. Es cierto que la intervención de Estados Unidos en la isla es de larga data, y su actual política apunta de manera explícita a respaldar un cambio en el gobierno cubano. Sin embargo, en los numerosos casos examinados por Human Rights Watch para la elaboración de este informe, es evidente que este argumento carece de sustento.
Cuando el defensor de derechos humanos Ramón Velásquez Toranzo emprendió una marcha pacífica por Cuba y el periodista Raymundo Perdigon Brito escribió artículos en los cuales criticaba el gobierno de Castro, no fue porque actuaran como agentes del gobierno estadounidense, sino porque percibían irregularidades en su propio gobierno. Y debido a que estos disidentes expresaron sus opiniones abiertamente, fueron encarcelados por el gobierno de Raúl Castro, al igual que muchas otras personas. En lugar de constituir una defensa legítima frente a amenazas contra la seguridad nacional, estos y otros casos ponen en evidencia a un estado que recurre a la represión para imponer conformismo con su agenda política.
Es importante destacar que, en el contexto cubano, el término “disidentes” no hace referencia a un grupo homogéneo de personas que comparten una única ideología, afiliación u objetivo común: se refiere, más bien, a cualquier persona que —como Velásquez y Perdigón— participa en actividades que el gobierno considera contrarias a su agenda política. Algunos disidentes son partidarios del cambio hacia un gobierno democrático o promueven la reforma del sistema socialista desde adentro del propio sistema. Otros no tienen afiliación política y se concentran en un tema en particular, como el derecho a practicar su religión o a conformar un sindicato.
Los disidentes representan un sector minoritario y especialmente aislado de la población. Sin embargo, su marginalización no constituye una prueba de la inexistencia de disenso en Cuba, sino más bien de la cruenta eficacia con la cual se reprime la disidencia. El temor afecta todos los aspectos de la vida de los disidentes. Algunos se abstienen de expresar su opinión y abandonan todas sus actividades; otros continúan ejerciendo sus derechos, pero viven con el miedo constante a ser castigados. Y son muchos más los que nunca manifiestan su disenso para evitar represalias. Como el defensor de derechos humanos Rodolfo Bartelemí Coba señaló a Human Rights Watch en marzo de 2009, “Vivimos las 24 horas del día pensando que podemos ser detenidos”. Diez días después, Bartelemí fue arrestado y trasladado sin juicio previo a una prisión en la cual permanece detenido.
Si bien este informe documenta un patrón sistemático de represión, su propósito no es sugerir que no existan en Cuba ningún tipo de medios para canalizar el disenso. Durante los tres últimos años, por ejemplo, han surgido blogs cubanos independientes, canciones críticas escritas por músicos cubanos y, más recientemente, una serie de encuentros públicos organizados por el gobierno con el fin de reflexionar sobre el socialismo cubano.
Sin embargo, un examen más minucioso permite advertir que estos ejemplos de espacios de disidencia son sumamente acotados y, por lo tanto, tienen un impacto muy limitado en la sociedad en general. Si bien algunas de las personas que escriben en los blogs se refieren a los problemas de Cuba, deben publicar su trabajo por medios clandestinos —guardan los documentos en dispositivos de memoria extraíbles y actualizan la información a través de conexiones ilegales—. Dado que el costo de una hora de internet equivale a un tercio del salario mensual en Cuba y se encuentra disponible exclusivamente en unos pocos centros administrados por el gobierno, sólo una pequeña fracción de cubanos tiene la posibilidad de leer estos blogs, incluidos, paradójicamente, sus propios autores. Si bien algunas bandas musicales expresan mediante la letra de sus canciones su oposición al gobierno, se ha prohibido la difusión de sus temas en las señales de aire, se cancelan sus actuaciones y sus integrantes son objeto de detenciones arbitrarias y hostigamiento. Y si bien es cierto que el gobierno de Raúl Castro organizó recientemente un encuentro de reflexión sobre el socialismo cubano, el programa de estos debates prohibió expresamente cualquier discusión sobre la reforma del sistema de partido único.
Cuba ha logrado avances significativos en el ejercicio progresivo de algunos derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la educación y la salud. Por ejemplo, la UNESCO ha concluido que existe un nivel de alfabetización casi universal en la isla y, según proyecciones de UNICEF, el país alcanzará la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, la cruda realidad es que estos avances no han ido de la mano del respeto de los derechos civiles y políticos.
El gobierno de Raúl Castro ha demostrado en ocasiones su voluntad de rever la postura de las últimas décadas del gobierno cubano de indiferencia hacia las normas sobre derechos humanos. En febrero de 2008, Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y conmutó la pena de muerte a todos los presos, excepto a tres personas acusadas de terrorismo. Sin embargo, el gobierno de Castro aún no ha ratificado el PIDPC ni el PIDESC, y continúa ignorando muchos de los principios centrales de estos tratados. Asimismo, la ley cubana continúa permitiendo que se aplique la pena de muerte a quienes atentan contra la independencia del estado.
Durante años, el gobierno cubano se ha rehusado a reconocer la legitimidad de la observación independiente sobre temas de derechos humanos, y se ha negado firmemente a permitir que observadores internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, visiten la isla e investiguen la situación de los derechos humanos. Como parte de la investigación para este informe, Human Rights Watch solicitó por escrito al gobierno de Raúl Castro en reiteradas oportunidades reunirse con las autoridades y pidió autorización formal para llevar a cabo una misión de investigación en la isla. Al igual que en el pasado, el gobierno cubano no respondió a ninguno de nuestros pedidos.
En consecuencia, Human Rights Watch decidió llevar a cabo una misión de investigación en Cuba sin autorización oficial en junio y julio de 2009. Durante este viaje, los investigadores de Human Rights Watch realizaron extensas entrevistas en siete de las 14 provincias de la isla. También se efectuaron numerosas entrevistas telefónicas desde Nueva York. En total, se practicaron más de 60 entrevistas exhaustivas con defensores de derechos humanos, periodistas, ex presos políticos, familiares de actuales presos políticos, miembros del clero, sindicalistas y otros ciudadanos cubanos.
Estas entrevistas, junto con una investigación exhaustiva realizada entre enero y noviembre de 2009, sustentan las siguientes conclusiones:
Fundamentos jurídicos de la represión en Cuba
Las leyes cubanas autorizan al estado a penalizar casi todas las formas de disenso. El artículo 62 de la Constitución de Cuba prohíbe expresamente a los cubanos ejercer sus derechos básicos contra los “fines del Estado socialista”. Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno están sujetos a acusaciones penales o imputaciones “predelictivas” draconianas, como la “peligrosidad”. No cuentan con garantías de debido proceso, se les niega el acceso a una protección judicial efectiva y no cuentan con ningún recurso ante mecanismos internacionales de derechos humanos.
Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que ... vive, como un parásito social, del trabajo ajeno.
—Artículo 73 del Código Penal de Cuba, sobre el tipo de “conducta antisocial” que constituye “peligrosidad”.
Presos políticos
El gobierno de Raúl Castro ha encarcelado a una gran cantidad de presos políticos mediante leyes que penalizan el disenso. En particular, Cuba ha aplicado una disposición sobre “peligrosidad” que permite a las autoridades encarcelar a las personas por ejercer sus derechos fundamentales cuando sus actividades sean contrarias a la “moral socialista”. Esta disposición se ha aplicado de manera más generalizada a cubanos no disidentes que optan por no trabajar para el gobierno y, por consiguiente, son percibidos como una amenaza. Mientras tanto, Raúl Castro continúa encarcelando a un gran número de disidentes que fueron condenados injustamente por ejercer sus libertades fundamentales durante el gobierno de Fidel Castro, entre ellos 53 defensores de derechos humanos, periodistas, líderes de la sociedad civil y otros disidentes detenidos en el marco de un operativo masivo llevado a cabo en 2003.
“Antes ellos amenazaban con que si yo no me alejaba de ‘la oposición’—si yo no cambiaba mi conducta—que yo iba a ser detenido, preso. Yo les decía: ‘Para que ustedes me puedan meter preso tienen que probarme que yo hago algo, que cometo algún delito, pero yo no estoy en nada’”.
—William Reyes Mir, quien pertenecía a un grupo político no oficial de Banes. Reyes fue arrestado en septiembre de 2007 y condenado a dos años de trabajo forzado por “peligrosidad”.
Violaciones del debido proceso
Cuba viola sistemáticamente los derechos de debido proceso de los disidentes, desde el momento en que son detenidos y durante las parodias de juicios a los cuales son sometidos. Las personas detenidas por razones políticas, a quienes se niega sistemáticamente asistencia de un abogado y visitas familiares, son recluidas en condiciones inhumanas y riesgosas y sometidas por la fuerza a interrogatorios. Ni los detenidos ni sus familiares cuentan con información suficiente sobre las acusaciones en su contra, y en algunos casos quienes son detenidos por motivos políticos permanecen meses o años en prisión sin siquiera haber sido juzgados formalmente por un delito. Casi todos los juicios de las personas detenidas por razones políticas consisten en audiencias a puertas cerradas que duran menos de una hora, en las cuales los opositores son condenados sobre la base de motivaciones políticas e incluso de pruebas falsificadas por las fuerzas de seguridad y los fiscales. Human Rights Watch no pudo documentar ningún caso durante el gobierno de Raúl Castro en el cual un tribunal haya absuelto a una persona detenida por razones políticas.
[La policía] me sacó a las 5:50am mientras dormía, y a las 8:30am ya me estaban dictando la sentencia...
—Relato de Alexander Santos Hernández, un activista político de Gibara, acerca de su detención y juicio sumarísimo en julio de 2006. Santos fue condenado a cuatro años de prisión por “peligrosidad”.
Condiciones carcelarias inhumanas
Los funcionarios penitenciarios, al igual que el gobierno cubano en general, castigan el disenso. Las condiciones tanto para los presos políticos como para los presos comunes son de hacinamiento, falta de higiene e insalubridad, lo cual lleva a desnutrición y enfermedades generalizadas. Los presos políticos que critican al gobierno se rehúsan a participar en la “reeducación” ideológica, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta que resultan sistemáticamente en la imposición de un régimen de aislamiento, golpizas, restricción de visitas y denegación de atención médica. Los presos carecen de un mecanismo de denuncia efectivo para obtener reparación, lo cual permite que las autoridades penitenciarias gocen de absoluta impunidad. En conjunto, estas formas de trato cruel, inhumano y degradante pueden alcanzar el nivel para ser consideradas torturas.
Las celdas tienen metro o metro y medio de ancho, por dos metros de largo. Uno duerme por el día encima de un banco de cemento, y por la noche te dan un colchón, el cual retiran al siguiente día entrando la mañana. Ahí uno no puede tener ningún tipo de pertenencias, [y] el alimento de la celda es pésimo.... Algunas celdas tienen una pequeña ventana alta, otras no. Algunas celdas tienen luz, otras no.
—Víctor Yunier Fernández Martínez describe las condiciones del régimen de aislamiento, al cual fue confinado varias veces durante su encarcelamiento por “peligrosidad” entre 2006 y 2009. Fernández, un activista político, fue encarcelado en las prisiones de Canaleta y 1580.
Formas habituales de represión
Los disidentes son castigados a diario en casi todos los ámbitos de su vida. El gobierno cubano recurre habitualmente a detenciones breves para intimidar a los disidentes o impedir su participación en grupos o actividades consideradas “contrarrevolucionar
Estas personas [de la brigada de respuesta rápida] nos estaban esperando en un punto determinado portando incluso bates de madera, como listos para dar una golpiza.... Nos gritaban horrores porque ellos decían que las mujeres [(que eramos mi mamá y yo)] eran unas putas, rameras, [nos decían] 'ustedes no sirven, son gusanos, son crápulas de la sociedad, no tienen derecho a hacer esto dentro de este país'.
—Descripción de Rufina Velásquez González de uno de los grupos que la hostigó a ella y a sus padres mientras participaban en una caminata pacífica a través de Cuba en diciembre de 2006 para exigir la liberación de todos los presos políticos.
Clima de temor
La represión sistemática en Cuba ha generado un clima dominante de temor entre los disidentes y, en cuanto a la posibilidad de expresar opiniones políticas, en la sociedad cubana en general. Este clima perjudica el ejercicio de derechos básicos, presiona a los cubanos para que manifiesten su lealtad al estado, y disuade cualquier tipo de crítica. Los disidentes se sienten como si estuvieran siendo observados constantemente, y esta percepción propicia la desconfianza entre pares y la autocensura. Temen ser arrestados en cualquier momento, y no confían en la voluntad del gobierno de proteger sus derechos o garantizarles un juicio justo. Este clima de temor ha llevado a los disidentes a aislarse casi completamente de sus comunidades, amigos y, en algunos casos, de sus propias familias, lo cual, sumado a otras formas de represión, tiene profundas consecuencias emocionales, como depresión y síntomas traumáticos.
No se le permite a nadie dialogar conmigo. Las personas que van a mi casa enseguida son llamadas por la seguridad de estado y son reprimidas por ir a mi casa. Entonces la gente—con temor a perder su trabajo, por temor a que [las autoridades se] la tomen con alguien de su familia—simple y llanamente dejan de hablarme....
—Descripción de Eduardo Pacheco Ortiz, ex preso político encarcelado por “peligrosidad” en enero de 2008, acerca del trato que recibe de sus vecinos en Matanzas desde su liberación.
Recomendaciones
Dada la efectividad de la maquinaria represiva de Cuba y el férreo control del poder que mantiene el gobierno de Castro, la presión necesaria para generar avances en materia de derechos humanos no puede provenir únicamente desde adentro de Cuba. Para que tenga éxito, debe ser respaldada por presión efectiva de la comunidad internacional. Actualmente, esta presión efectiva no existe ni desde América Latina, Estados Unidos, Canadá o Europa.
Las medidas del gobierno estadounidense destinadas a impulsar cambios a través de un embargo económico indiscriminado han demostrado ser una decisión costosa y equivocada. El embargo impone privaciones indiscriminadas a todo el pueblo cubano y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En lugar de aislar a Cuba, esta política ha aislado a Estados Unidos, y ha permitido que el gobierno de Castro despertara compasión en el exterior y, a la vez, que Washington perdiera el apoyo de posibles aliados.
Sin duda, el gobierno cubano es el único y absoluto responsable de los abusos que comete. Sin embargo, mientras continúe vigente el embargo, el gobierno de Castro continuará manipulando la política de Estados Unidos para mostrarse como un David latinoamericano que se enfrenta ante el Goliath estadounidense, un rol que sabe aprovechar hábilmente.
Así como la política del embargo de Estados Unidos ha demostrado ser contraproducente, las políticas de la Unión Europea y Canadá tampoco han logrado ejercer una presión efectiva sobre Cuba. La Política Común de la UE establece estándares claros en materia de derechos humanos para la cooperación económica con Cuba, pero el costo que supone el incumplimiento de estos estándares no ha sido suficiente para impulsar que el gobierno de Castro genere cambios. Canadá carece de este tipo de estándares, y promueve inversiones significativas en la isla mientras que condena los abusos del gobierno cubano.
Más grave aún, los gobiernos latinoamericanos de todas las vertientes políticas no se han mostrado dispuestos a criticar a Cuba, y en algunos casos han apoyado abiertamente al gobierno de Castro, pese a sus nefastos antecedentes de derechos humanos. Países como Venezuela, Bolivia y Ecuador se refieren a Cuba como un modelo, mientras que otros admiten discretamente sus abusos y al mismo tiempo impulsan la reincorporación de Cuba a organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA). El silencio de los gobiernos latinoamericanos parece justificar la conducta abusiva de Cuba y perpetúa un clima de impunidad que permite que la represión continúe. Esto resulta particularmente inquietante en una región en la cual muchos países han conocido por experiencia propia el alto costo de la indiferencia internacional frente a la represión estatal.
Todas estas políticas —estadounidense, canadiense, europeas y latinoamericanas— no sólo no han tenido éxito individualmente ya que no lograron mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba, sino que además su naturaleza fragmentada y contradictoria ha permitido que el gobierno cubano continúe evadiendo las presiones y desviando las críticas.
Para subsanar este persistente fracaso, Estados Unidos debe poner fin a su frustrada política del embargo. Debe redireccionar su estrategia hacia Cuba, alejándose de buscar un cambio de régimen y acercándose a la promoción de los derechos humanos. En particular, debe reemplazar las restricciones indiscriminada a los viajes y al comercio con Cuba por formas de presión más efectivas.
Esta decisión alteraría profundamente la relación del gobierno cubano con su propio pueblo y con la comunidad internacional. Cuba ya no podría manipular el embargo como un pretexto para reprimir a su propia población. Otros países tampoco podrían culpar a la política estadounidense por el fracaso de sus propias medidas destinadas a lograr que Cuba rinda cuentas por sus abusos.
No obstante, poner fin a la política de embargo no es suficiente para terminar con la represión en Cuba. Sólo una estrategia multilateral tendrá el poder político y la autoridad moral para poner fin a las prácticas represivas del gobierno cubano. Por lo tanto, antes de cambiar su política, Estados Unidos debería trabajar para conseguir que aliados en la UE, Canadá y América Latina se comprometan a ejercer presión conjunta sobre Cuba para que cumpla una única demanda concreta: la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de esta demanda, la coalición multilateral debe establecer una definición clara de qué es un preso político que incluya a todos los cubanos encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales, incluso aquellos detenidos por su “peligrosidad” predelictiva y los 53 disidentes que fueron detenidos en la ola represiva de 2003 y siguen en prisión. La coalición también debe fijar un plazo firme de seis meses para cumplir con este requisito.
Más importante aún, los miembros de la coalición deberían comprometerse a exigir que el gobierno cubano rinda cuentas si no libera a sus presos políticos. Las sanciones deberían ser lo suficientemente graves como para que tengan un impacto real en el gobierno cubano. Y deberían estar dirigidas a los líderes cubanos, en lugar de la población cubana en su totalidad. Algunas opciones incluyen adoptar sanciones específicas dirigidas contra funcionarios del gobierno, como la prohibición de viajar, la inmovilización de activos y la postergación de nuevas formas de inversión extranjera hasta que Cuba cumpla con exigencia de liberar a los presos políticos.
Durante el período de seis meses, los países latinoamericanos, Canadá, la UE y Estados Unidos deberían conservar la facultad de determinar individualmente si aplicarán sus propias restricciones a Cuba. Es probable que algunos países aprueben sanciones específicas contra los líderes cubanos, mientras que otros opten por no aplicar restricción alguna durante ese período.
Independientemente de qué ocurra durante el período de seis meses, si el gobierno de Castro aún mantiene presos políticos cuando vence el plazo, Cuba deberá responder ante la comunidad internacional. Todos los países deben cumplir su compromiso y aplicar sanciones conjuntas contra Cuba que ejerzan presión colectiva sobre el gobierno de Castro para liberar a los presos políticos.
Por otra parte, si el gobierno cubano libera a todos los presos políticos —ya sea antes o después de concluido el período de seis meses— estas medidas punitivas deberían ser suspendidas. Posteriormente, la coalición multilateral debería elaborar una estrategia sostenible y progresiva para impulsar al gobierno de Raúl Castro a mejorar la situación de derechos humanos en la isla. Esta estrategia debería centrarse en ejercer presión sobre Cuba para que reforme las leyes que penalizan el disenso, desarticule las instituciones represivas que aplican tales leyes, y ponga fin a las violaciones de derechos básicos. Asimismo, el impacto de la estrategia debería ser revisado periódicamente para garantizar que no genere más represión que aquella que intenta combatir.
El gobierno de Raúl Castro es, en última instancia, el responsable de estos abusos y tiene el poder para terminar con ellos. Sin embargo, como demuestran los últimos tres años del gobierno de Raúl Castro, Cuba no mejorará su situación de derechos humanos a menos que se ejerza presión internacional para que ello ocurra.
fuente: http://www.hrw.
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