[RED DEMOCRATICA] NOTICIAS : Venezuela santuario y ninos reclutados por las FARC

Menores en la Guerra jueves 19 de junio de 2008 Plan de las Farc para reclutar menores obligó a 113.000 personas a dejar sus hogares EN ENERO, EN UNA VEREDA de Leticia, un comando de las Farc citó a padres de familia y líderes de la comunidad para notificarles que debían presentarse al día siguiente con sus hijos mayores de 15 años para prestar servicio obligatorio en el "Ejército del pueblo". Indignado, el cura de la zona reunió a los padres en la iglesia y les ordenó no entregar a sus hijos y esconderlos. Entonces les llovieron amenazas y el sacerdote y algunas familias no tuvieron más opción que dejar el pueblo. Casos similares se han repetido en Guainía, Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo y hasta en Bogotá, porque la guerrilla está empeñada en el reclutamiento de menores. Muchos padres, antes que entregar a sus hijos, prefieren huir y abandonarlo todo. Otros no han tenido más opción que dejarlos en poder de las Farc. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el reclutamiento forzado es una de las principales causas que explican el aumento del desplazamiento interno este año. Codhes y la Iglesia estiman que en el primer trimestre del año fueron desplazadas 113.473 personas, 18 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Sin embargo, el reclutamiento forzado no es atribuido solo a las Farc. También a las 'Águilas negras' y a otras bandas que operan en Córdoba y Sucre, donde se han registrado desplazamientos y asesinatos de líderes comunitarios. "El reclutamiento forzado tanto de las Farc como de los paramilitares está cambiando la dinámica del conflicto -asegura Jorge Rojas, director de Codhes-. Los desplazados ahora temen represalias por no entregar a sus hijos a la guerra". Pero además del reclutamiento forzado, las fumigaciones de cultivos ilícitos y las amenazas y asesinatos atribuidos a grupos paramilitares en 17 departamentos, lo mismo que el aumento de los combates entre Farc y Eln, y entre el Ejército y las Farc, han agravado la situación. "A esto se suma el encierro o confinamiento al que están sometidos los campesinos en Nariño, Arauca y Antioquia, como consecuencia del uso indiscriminado de minas antipersona", afirma Álvaro Jiménez Millán, de la Campaña Colombiana contra las Minas. El fenómeno ha llevado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, a alertar sobre lo que está pasando en Arauca, donde han sido desplazadas cerca de 2.000 personas por los combates entre grupos armados, lo mismo que en Chocó, donde 400 familias tuvieron que huir de los enfrentamientos. "Se están produciendo desplazamientos masivos al estilo de los que se dieron en 1997 en buena parte por el aumento en los combates", asegura el director de Codhes. El reporte de esta organización coincidió con el Día Mundial del Refugiado, cuando Acnur dio a conocer su informe anual sobre los refugiados y en el cual Colombia figura como el segundo país del mundo, después de Sudán, con más desplazados. El informe tomó como base la cifra que maneja la Corte Constitucional: tres millones de personas. Sin embargo, Codhes la estima en más de 4,3 millones y el Gobierno en 2,5 millones. Las cifras no coinciden pero todas son alarmantes y lo peor es que pocos tienen la esperanza de regresar. "Hay pocas garantías para el regreso -sostiene Antonio Madariaga, director de Viva la Ciudadanía-. Los desplazados temen, incluso, reclamar sus tierras porque quienes lo han hecho han sido amenazados de muerte o asesinados. Ya han muerto 17 líderes desplazados". Frente a los millones de desplazados, los que han regresado a sus tierras son muy pocos: 169.654 personas entre el 7 agosto de 2002 y el 3 de junio de 2008, según la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que las ha acompañado en el retorno a sus lugares de origen. La tragedia es de tales dimensiones, que la oficina de Acnur la considera una verdadera crisis humanitaria, la única del continente y la segunda más grave del mundo. http://www.cambio.com.co/paiscambio/781/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4315963.html Menores en la Guerra viernes 19 de septiembre de 2008 Los estudiantes revoltosos. Es preocupante la información dada a conocer a la opinión pública por el DAS. Las pesquisas realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad han comprobado la infiltración que viene llevando a cabo el grupo terrorista de las FARC desde el año 2000 en las universidades públicas. Inclusive, los mismos informes precisan también, que hasta en los colegios públicos los estudiantes de los últimos grados están siendo adoctrinados por las milicias urbanas de la organización terrorista. Para los que pertenecen a la misma ideología que pregonan estas estructuras criminales dirán que eso no es nuevo y no amerita tanto "alboroto". Aún más, podrán decir que todo corresponde a una cortina de humo para tapar esto o aquello que hace el gobierno; en fin los mismos disparates con los que se defienden cuando se dan a conocer a la opinión pública sus actuaciones delictuosas. Las acciones que viene acometiendo el grupo terrorista, para reclutar estudiantes en su mayoría menores de edad, es un acto desesperado de las FARC por tratar de darle tinte político a su organización. Ahora, es de conocimiento público que las actuaciones de esa organización no tienen nada de político, por el contrario, sus actuaciones no son más que las de un grupo narcotraficante. Por eso, es repudiable que pretendan "lavarle el cerebro" a estos estudiantes con falsas promesas. Por cuenta de la política de seguridad democrática, implementada por el gobierno nacional, el grupo terrorista ha tenido un retroceso en todo el país. Hoy, los frentes que aún le quedan a esta organización no son ni sombra a lo que fueron en la época de la zona de despeje en El Caguán. Además, la retirada que ha tenido que hacer de los cascos urbanos, debido al acoso de la tropa gubernamental, los ha obligado a internarse en lo más profundo de la selva. Lo anterior, explica porque ya no tienen el poder de coaccionar a las familias campesinas para reclutar a sus miembros, especialmente los menores de edad. En el pasado, antes de los golpes propinados por las fuerzas armadas colombianas, ellos tenían el control territorial de vastas zonas del país, principalmente las rurales, lo que les permitía reclutar a la fuerza a miles de campesinos. Hoy, la seguridad democrática les ha brindado seguridad a estas antes zonas de influencia guerrillera, por lo que las poblaciones se sienten resguardadas del influjo de estas estructuras criminales del pasado y, por lo tanto, no entran a engrosar sus filas. De acuerdo con el párrafo anterior, las FARC han tenido que volver a su estrategia de embaucar a estudiantes mediante falsas ideologías que, entre otras cosas, han sido revaluadas por la historia por desastrosas y malignas. Debido, a que la seguridad democrática fue diseñada para atender las zonas rurales del país, las cuales fueron apabulladas en el pasado por estos grupos, los centros urbanos de las capitales se están convirtiendo en las guaridas de los miembros de estas organizaciones. Aunque las conformaciones de las milicias urbanas datan del pasado, ahora más que nunca, el grupo terrorista le apuesta sus últimos restos a buscar un respiro ocultándose tras falsas posturas ideológicas y políticas. También, preocupa la pasividad de los órganos jurisdiccionales colombianos para abrir investigación a todos aquellos colombianos que no esconden su odio en contra del pueblo colombiano. El rencor que esconden, motivado por sus propias debilidades, lo quieren descargar atacando a la sociedad. Es funesto para las nuevas generaciones que se inicie el ciclo del pasado, cuando muchos estudiantes se dejaron embaucar por falsas ideologías y se adentraron en el oscuro mundo del terrorismo. Generaciones perdidas de colombianos que dilapidaron los anhelos de sus familias y las oportunidades que les brindó el sistema educativo para engrosar las filas de movimientos que sólo han demostrado buscar el enriquecimiento de sus líderes. Mientras que esta camada de jóvenes se envejece en la manigua luchando por falsos ideales sus jefes se llenan las alforjas con dineros provenientes de las drogas y de la destrucción del pueblo colombiano. Estos estudiantes son engañados para convertirlos en carne de cañón. Sin lugar a dudas, los lanzarán a la muerte sin ningún tipo de consideración, sólo con el propósito de hacerle creer al mundo que su lucha es política y justiciera. El pueblo colombiano y las autoridades pertinentes, no pueden bajo ningún pretexto permitir que de nuevo se conviertan los claustros universitarios en incubadoras de terroristas. La presencia de estas milicias debe ser combatida por el Estado de todas las formas posibles. No se puede aceptar que, después de tanto dolor que ha sufrido este país, se pretenda volver a instigar a la sociedad colombiana de bien. Así que, se hace necesario que las autoridades judiciales del país inicien las investigaciones de rigor y procedan a la administración de justicia conforme a las leyes. No puede, la justicia colombiana seguir actuando de un sólo lado. El colombiano del común les exige a las autoridades judiciales del país que se libren las medidas de aseguramiento a todos aquellos que han profanado de nuevo la alma máter. Por último, tenemos que recordar que los estudiantes universitarios de las universidades públicas son privilegiados. Basta con comparar los costos educativos entre estas facultades y las privadas. De ahí, que no se puede destruir lo que todos los colombianos de alguna manera contribuyen a mantener. No se pueden desviar los objetivos de la universidad pública y, mucho menos, que se convierta en fortín de algunos personajes con frustraciones personales o en el peor de los casos con complejos de personalidad. Por: Raúl Lombana Hernández martes 29 de julio de 2008 Las FARC adiestran a 11 mil menores para reactivar plagios y ataques con explosivos Separados de sus familias con engaños, secuestrados siendo unos niños u obligados a sumarse a las filas de la guerrilla bajo amenazas de asesinar a sus padres y hermanos, en este marco se encuentran los al menos 11 mil menores de edad que conforman la "sangre nueva" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que, según reportes de inteligencia de Estados Unidos y del Ejército Colombiano, son adiestrados para revivir la empresa del secuestro y atentados que han caracterizado a este grupo armado. De acuerdo con reportes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, la liberación de Íngrid Betancourt y de otros 14 rehenes el pasado 2 de julio se logró no por una operación sacada al vapor, pues se planeó con tiempo, paciencia y tácticas de guerra desde febrero de 2003, una semana después del secuestro de los estadunidenses Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, cuando la avioneta en la que viajaban cayó en una zona selvática colombiana. Los informes refieren que aunque entrar al corazón de la cúpula de las FARC es arriesgar la vida misma para cualquier persona, en marzo pasado se logró infiltrar a varios militares colombianos entre la guerrilla, al simular ser parte de un contingente humanitario de asistencia. SIN CABEZA. La confusiones que existen actualmente entre los rebeldes tras la muerte del número dos de las FARC, Raúl Reyes, el pasado 1 de marzo en territorio ecuatoriano, y el fallecimiento de Manuel Marulanda, alias también de Tirofijo, el 26 de marzo pasado a causa de un infarto, han desequilibrado el accionar del propio secretariado del grupo extremista que, en una apurada acción, eligió a Alfonso Cano como su nuevo líder, pese a que existe inconformidad por su designación entre varios grupos de la propia guerrilla, lo que ha derivado en que varios rebeldes han preferido entregarse que seguir dentro del grupo. La inteligencia estadunidense refiere que incluso la propia cúpula de las FARC ha dado más prioridad al adiestramiento de los cerca de 11 mil menores que tiene en sus filas y a los que prepara para reactivar la empresa de secuestro de personas adineradas, de políticos y también les enseña a preparar y colocar artefactos explosivos sin abrir sospechas entre las fuerzas de seguridad del país. De acuerdo con la organización humanitaria Human Rights Watch, en la actualidad son más los menores de 18 años que integran las filas de este grupo extremista que gente veterana. Cifras del gobierno de Colombia indican que la guerrilla de las FARC cuenta con un contingente de no más de 57 mil elementos, de los que la mitad es gente joven y 11 mil son menores. JAQUE. Reportes de la prensa colombiana indican que menores de 15 años, en su mayoría niñas, integran un numeroso contingente guerrillero que se detectó en el lugar donde se encontraron los 15 rehenes liberados por tropas del ejército en la denominada Operación Jaque. El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, dijo que los miembros de la misión de rescate que desembarcaron en el área reportaron que en el grupo había "muchos menores de edad". Padilla de León resaltó que para fortuna de ellos no se procedió a un ataque armado, "porque las consecuencias hubieran sido lamentables". INCOMUNICADOS. Para evitar nuevas sorpresas por parte del gobierno colombiano, según informes del ejército, la guerrilla se ha dispersado en la selva y se mantiene incomunicada, dado que tras enterarse que los teléfonos satelitales que poseen están intervenidos no quieren dejar rastros para ser ubicados. De la suerte de los al menos 700 rehenes que siguen en poder de la guerrilla, el gobierno de Álvaro Uribe ha pedido a las FARC que los liberen a cambio de perdonarles la vida y ofrecerles un juicio justo y la no extradición de sus líderes a Estados Unidos. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=372521 miércoles 23 de julio de 2008 Tres menores heridos al pisar campo minado en el sur de Bolívar Dos niñas de 15 y 10 años y un niño de 8, resultaron heridos al pisar un campo minado en el corregimiento El Diamante, municipio de Simiti, en el sur del departamento de Bolívar. El padre de los menores, Diocenel Quintero, dijo a Caracol Radio, que sus hijos pisaron el campo minado, cuando caminaban hacia la casa. Aseguro que cuando los vio en el piso, gritando del dolor, no pudo contener el llanto y como pudo los saco del lugar con la ayuda de otros habitantes de la zona. Los tres menores fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander, donde son atendidos por médicos especialistas. Las dos niñas serán intervenidas quirúrgicamente y el niño se le realizará un análisis interno de su cuerpo, porque no presenta heridas abiertas. En el sur de Bolívar, los grupos guerrilleros del ELN y FARC, son lo que han sembrado en las ultimas dos décadas, minas antipersona. Le amputan pie a una de las niñas La niña de 10 años que pisó una mina antipersona, en zona rural de Cimití, sur de Bolívar, le fue amputado el pie derecho. Así lo informó el médico Gonzalo Cáceres, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, de la Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano de Bucaramanga, donde fue atendida la niña. Explicó el médico, que las heridas comprometieron venas, arterias y nervios, lo que impedía que llegara sangre hasta el pie. Ante esta situación, un grupo interdisciplinario de cirujanos, tomó la decisión de amputar, para evitar una posible infección, que comprometiera el resto de la pierna. martes 22 de julio de 2008 Los niñ@s: nuestro mínimo común denominador Los indefensos y, por lo tanto, vulnerables son la prioridad en cualquier sociedad civilizada y democrática. Un mínimo sentido de humanidad y convicción deberían bastar para que ese principio se cumpla. Pero, en un país como el nuestro, toca dar una lucha titánica para volver lo obvio ley y luego una lucha mayor para que la ley se cumpla. Nada distinto a la degradación humana explica las aterradoras cifras de violación de los derechos de los niños/as en Colombia. La triste realidad es que en Colombia se violan sistemática y brutalmente los derechos de millones de niños/as porque es más fácil y menos castigado. Ellos/as triplican el número de víctimas dentro y fuera del conflicto. En el conflicto, porque son más baratos de reclutar, y por fuera de él, simplemente porque es más fácil abusar de Ellos/as. En ambos casos porque el castigo es prácticamente nulo. Según datos oficiales, 250.000 colombianos fueron víctimas de causas asociadas al conflicto armado en el 2006. Ese mismo año, 850.000 niños/as fueron severamente maltratados, 200.000 más fueron violados y otros 25.000, explotados sexualmente. Eso quiere decir que, al año, un millón de los 14 millones de colombianitos menores de 14 años son víctimas de delitos de lesa humanidad. Lo peor es que el 99 por ciento del millón de violadores de ese millón de niños/as siguen libres. Muchos no serán siquiera judicializados. Hoy, no es delito ser cliente sexual de un menor o promover la pornografía infantil. Por cuenta de eso, Colombia se "vende" internacionalmente como paraíso del "turismo sexual infantil". Hoy, violadores y asesinos, como el 'monstruo Garavito', quedan libres al cabo de una pena irrisoria, si es que los capturan. La mayoría de los violadores y abusadores reincide y victimiza a otros niños/as. Nuestra legislación permite tal nivel de impunidad. Por definición, los niños/as están en condición de indefensión e inferioridad frente a sus victimarios. De esa condición innata se aprovechan sus violadores, sean armados, sexuales, afectivos, psicológicos o físicos. Superar la degradación humana de los violadores de los derechos de la infancia tomará décadas, pero superar la inacción legal frente a esa degradación requiere apenas la acción firme de las mayorías ciudadanas. Los niños/as no pueden esperar y tampoco los ciudadanos que tenemos la convicción de que sus derechos son nuestra prioridad. En buena hora, la bancada de mujeres del Senado ha propuesto una iniciativa para que la pornografía infantil y el turismo sexual con menores se tipifiquen como delitos. Pero, además de tipificar las conductas, tenemos que asegurar que los castigos sean proporcionales y efectivos. Todo daño causado a un niños/as por abuso físico, sexual o psicológico es irreversible. Igualmente irreversible debe ser el castigo. Por eso creo que lo mejor es sumarnos todos al referendo que este miércoles 25 de junio, a las 10 a.m., se lanza en la Fiscalía General de la Nación, para que los jueces puedan imponer penas hasta de prisión perpetua para los delitos de asesinato, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro, cometidos contra los niños menores de 14 años, que son las víctimas más frecuentes de estos crímenes. El artículo 34 de la actual Constitución impide la prisión perpetua. Por eso se requiere un referendo constitucional que modifique ese artículo y permita el castigo más severo, la prisión perpetua, para los delitos más graves, los cometidos contra los niños/as Es lo menos que podemos hacer desde el punto de vista legal ante la falta de humanidad y el mar de impunidad. Este tipo de causas, aunque no exentas de debate, deben concitar consenso y, sobre todo, acción. Basta nuestra firma y luego nuestro voto para que ese referendo se vuelva norma y después nuestro apoyo vigilante para que se vuelva acción. A ver si al fin logramos que, por sentido común y mandato legal, los niños y niñas sean realmente nuestro mínimo común denominador. Claudia Lopez «Se precisan niños para amanecer» -Daniel Viglietti- Saludos,Melina. --- El lun 5-abr-10, FORTALEZA <fortaleza.informacion@gmail.com> escribió: De: FORTALEZA <fortaleza.informacion@gmail.com> Asunto: INFORMACIÓN Para: info_fortaleza@yahoo.com Fecha: lunes, 5 de abril de 2010, 19:17 PARA QUE NO PERDAMOS LA MEMORIA HISTÓRICA     Los paramilitares reclutaron más de 2.800 menores para la guerra   VERDADABIERTA.COM La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha documentado hasta la fecha 2.824 casos de reclutamientos ilegales por parte de los diferentes grupos de las Auc. Viernes 26 Marzo 2010   El Bloque Norte fue el grupo paramilitar que más menores reclutó. El último informe de la Fiscalía señala que los reclutamientos se realizaron entre el 1990 y 2005, tiempo en el que los menores de edad fueron obligados a delinquir y sufrieron malos tratos por parte de los paramilitares.   Luego de la desmovilización de los últimos grupos de las Auc, alrededor de 1.735 paramilitares dejaron las armas, tras ser reclutados como menores de edad.   Asimismo, durante el proceso de desmovilización, 234 niños fueron enviados a sus casas sin que quedara constancia de ello en ningún registro oficial, lo que dificulta la localización de los responsables de su reclutamiento.   El informe señala que los paramilitares reclutaron en mayor número a menores de 12 años, procedentes en su mayoría de Antioquía. Hasta la fecha, 43 de los más de tres mil postulados a la Ley de Justicia y Paz, han reconocido su participación en estos delitos.   El grupo paramilitar que más menores reclutó, según el informe, fue el Bloque Norte con 443 niños, seguido por el Élmer Cárdenas con 428, el Bloque Centauros con 137 y el Bloque Catatumbo con 107. Este es listado completo:   BLOQUE ELMER CÁRDENAS = 428 BLOQUE HÉROES DE LOS MONTES DE MARÍA = 42 BLOQUE LA MOJANA = 1 BLOQUE CÓRDOBA = 20 BLOQUE HÉROES DE TOLOVÁ = 31 BLOQUE RESISTENCIA TAYRONA = 145 BLOQUE NORTE = 433 BLOQUE CACIQUE NUTIBARA = 57 BLOQUE HÉROES DE GRANADA = 61 BLOQUE MINEROS = 70 BLOQUE NOROCCIDENTE ANTIOQUEÑO = 16 BLOQUE BANANERO = 7 BLOQUE SUROESTE ANTIOQUEÑO = 6 BLOQUE CALIMA = 28 BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA = 58 BLOQUE CHOCÓ Y PACÍFICO = 11 BLOQUE TOLIMA = 39 BLOQUE CATATUMBO = 107 BLOQUE CENTAUROS Y HEROES DEL LLANO Y G UAVIARE = 137 BLOQUE SUR DE PUTUMAYO = 22 BLOQUE NORDESTE ANTIOQUEÑO = 91 BLOQUE SUR DE BOLÍVAR  = 239 BLOQUE HÉROES Y MÁRTIRES DE GUÁTICA = 6 FRENTE CACIQUE PIPINTÁ = 0 BLOQUE LIBERTADORES DEL SUR = 63 BLOQUE SUR DE LOS ANDAQUÍES = 32 CASA CASTAÑO = 3 FRENTE VICHADA = 11 BLOQUE MAGDALENA MEDIO = 151 BLOQUE PUERTO BOYACÁ = 162 BLOQUE CUNDINAMARCA = 14 BLOQUE METRO = 1 BLOQUE SUR DEL MAGDALENA E ISLA DE SAN FERNANDO = 0 AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE ORTEGA = 0 BLOQUE META Y VICHADA = 76 BLOQUE JULIO PEINADO 0BECERRA = 0 GRUPO DE AUTODEFENSAS SIN IDENTIFICAR = 256   TOTAL                                             = 2824   Córdoba después de los 'paras' VERDADABIERTA.COM Martes 30 Marzo 2010 En los últimos cuatros años, luego de la desmovilización de los paramilitares, los homicidios, extorsiones, amenazas y hurtos contra la población, el comercio y las residencias se dispararon. Bandas criminales, guerrilla y narcotráfico buscan heredar el territorio y los negocios que dejaron las Auc.         El 18 de enero de 2005, 925 paramilitares del Bloque Sinú-San Jorge que delinquieron en Córdoba, dejaron las armas en Santa Fe de Ralito, Tierralta. Contrario a lo que se esperaba con la desmovilización de las Autodefensas, la violencia en Córdoba- cuna de los paramilitares- ha vuelto a resurgir.   Las dos últimas masacres en Montelíbano y Puerto Libertador, que en un solo fin de semana dejaron 16 muertos, no son hechos aislados, sino la evidencia de que en Córdoba los paramilitares, guerrillas, bandas criminales y narcotráfico siguen vigentes en la región. La disputa por el control de negocios lícitos e ilícitos amenazan con superar la época de terror de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia. Es así como en Córdoba el desplazamiento, el reclutamiento, el robo de tierras a campesinos y las extorsiones continúan. Aunque acciones como los secuestros, el abigeato (robo de ganado) y los actos de terrorismo han disminuido, la violencia y la pobreza son los principales retos que enfrenta el departamento para su desarrollo. Estas son algunas de las conclusiones de un informe de la Universidad del Sinú y su Centro de Estudios Sociales y Políticos, actualizado a finales de febrero de este año, en el que identifican las amenazas a la seguridad y orden público de Córdoba tras la desmovilización de los 'paras'. El 18 de enero de 2005, 925 paramilitares del Bloque Sinú-San Jorge que delinquieron en este departamento, dejaron las armas en Santa Fe de Ralito, Tierralta. Este bloque tuvo presencia territorial en gran parte del departamento de Córdoba. Se extendía en los municipios que cubren el sur de este departamento y particularmente en Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia, hasta los límites con el Urabá antioqueño, pero disponía  adicionalmente de un grupo urbano que actuaba en Montería y Cereté. El Bloque Sinú-San Jorge surge de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Este grupo paramilitar dependía en última instancia de los principales mandos políticos y militares de las Auc: Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Carlos Castaño. Su comandante directo en el momento de la desmovilización fue Jairo Andrés Angarita, alias 'Andrés', el segundo después de Salvatore Mancuso. Los reductos no desmovilizados se reagruparon rápidamente y mediante acuerdos, amenazas, negociaciones y reclutamientos  conformaron dos grandes grupos antagónicos (Los Paisas-Los Rastrojos y Aguilas Negras-Autodefensas Gaitanistas) ya con áreas controladas y en disputa.   Según la Policía, en Colombia existen seis bandas criminales producto del crecimiento, reestructuración, fusión y reclutamiento de las 16 que emergieron después de la desmovilización. Son conocidas con los nombres de Los Urabeños, Los Paisas, Los Machos, Renacer, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac) y Los Rastrojos con 3.700 hombres que manejan 1.170 redes pequeñas dedicadas a cometer delitos diversos con presencia en 159 municipios de 18 departamentos.   De acuerdo con investigaciones de la organización no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris los nuevos grupos armados ilegales o neoparamilitares se encuentran en 300 municipios con 11.000 efectivos aproximadamente. Por su parte la Fundación Ideas para la Paz, que también hizo una investigación sobre estas organizaciones, advierte que por acción de estos grupos el país "no está exento de la emergencia y consolidación de una tercera generación de paramilitares".   El informe considera que subvalorarlos sería peligroso porque "tienen potencial para dar el salto hacia la búsqueda del reconocimiento político". Human Rights Watch en su reciente estudio "Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia",2010, asegura que el surgimiento de estas estructuras, con más de 4.000 miembros en 24 de los 32 departamentos, citando fuentes oficiales,  "coincidió con el incremento del desplazamiento, los despojos de tierras, las amenazas contra sindicalistas y otros hechos violentos en el país" y el Gobierno "no ha tomado medidas efectivas para identificar, investigar y sancionar a los funcionarios del Estado que tolerarían a los grupos sucesores". Esta situación ha provocado que desde 2006, según el informe, el número de homicidios se haya disparado incluso por encima del promedio nacional, 512 homicidios en 2008 y 532 en 2009, es decir, una tasa de homicidios de 34 por ciento por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional es de 32 e internacional es de 10.  Según el reporte Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia, municipios del sur de Córdoba, continúan teniendo el mayor número de asesinatos y presencia armada de grupos ilegales, pero el problema se ha extendido ahora a casi todo el departamento en poblaciones como San Antero, Lorica, San Pelayo, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Buena vista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo.  Aunque las causas de estos homicidios son diversas, muchos de ellos están asociados al enfrentamiento entre grupos armados ilegales.   Un dato preocupante es que desde 2005, 160 desmovilizados han sido asesinados, también han sido víctimas periodistas, concejales, ex alcaldes, defensores de víctimas e indígenas Embera Katios y Zenúes. Aunque las acciones de estos grupos armados no tienen una característica, se han conocido casos en los que estos grupos amenazan constantemente a la población para que los apoyen con recursos, información, en el traslado y el cuidado de armas y drogas, utilizando a campesinos para cruzar zonas minadas, y adquiriendo tierras "a través de amenazas y extorsiones". Por ejemplo, habitantes de La Doctrina en el municipio de Lorica hablan de un toque de queda "no declarado" impuesto por estas bandas criminales. Además se ha conocido que en el Alto Sinú hombres armados restringieron el acceso de concejales a varias zonas durante la pasadas elecciones parlamentarias.     El Gobierno ha hecho varios consejos de seguridad en la región en los que se implementaron medidas como más hombres del Ejército y la Policía y del personal de inteligencia para combatir los grupos armados así como la creación de un centro de coordinación integral y fiscalías especializadas para investigar hechos relacionados con bandas criminales. Además se han establecido restricciones al tránsito. Sin embargo, estas medidas  han sido ineficaces pues la violencia continúa en ascenso y el estudio plantea que, más que un aumento de la fuerza pública y las medidas policiales, lo que necesita Córdoba es una política social que acabe con las raices de la violencia.    "Existe una enorme preocupación por el conflicto armado, el narcotráfico, la pobreza y la inseguridad ciudadana. Es un hecho sabido que la fuerza pública es necesaria pero insuficiente. En Córdoba tenemos estos cuatro factores operando pero no contamos con una estrategia social integral. Todos los análisis que se hacen indican que la situación persistirá o agravará si no tomamos medidas rápidas y efectivas. En consecuencia, propongo conformar un grupo interdisciplinario que elabore y presente un plan de actividades que nos permita buscar salidas a esta compleja y grave situación", concluye el informe.   Córdoba en cifras De acuerdo con informes de Policía Nacional, los delitos más frecuentes en Córdoba entre 2002 y 2009 son homicidios comunes (2483 casos) principalmente en Montería, Tierralta, Montelibano y Puerto Libertador; secuestros (37 casos), extorsión (77 casos) y hurtos a personas, comercio, motocicletas y residencias, perpetrados tanto por grupos armados como por delincuencia común y organizada. Según cifras de Acción Social, hasta septiembre de 2009, el departamento había recibido a 125 mil desplazados por la violencia mientras que había expulsado a 122 mil personas (desde municipios como Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia y Montería). Frente a las desmovilizaciones, los Centros de Servicios en Montería y Tierralta registraron hasta 2009 3.783 desmovilizados pertenecientes a diversos grupos armados. El número de casos de víctimas de la violencia que solicitaron reparación individual por vía administrativa en Córdoba entre 2008 y 2009 fue de 4.342 personas. Las autoridades erradicaron por aspersión más de 14 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito y más de 5 mil por erradicación manual en municipios como Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano y Valencia. Fuentes del Ejército reportaron que al finalizar el 2009 quedaban algo más de 11 mil hectáreas con cultivos de coca, específicamente, en el Parque Nacional Paramillo. Otras amenazas y panfletos de grupos armados se han dirigido a  indigentes, drogadictos, homosexuales, prostitutas y delincuentes en municipios como Chinú, Planeta Rica, Sahagún, y algunas partes de Montería. De 2008 a 2009, el aumento de casos relacionados con panfletos amenazantes subió de 16 a 82 casos. Según el Informe Nacional de Competitividad 2009-2010, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad con datos de 2006 y 2008, Montería ocupa el último puesto entre 15 capitales de Colombia estudiadas. Dentro de las debilidades del departamento se encuentra su baja tasa de alfabetismo (84.1%), baja cobertura en el sistema de seguridad social en salud (60%), alta tasa de mortalidad en menores de un año, pobreza en un 44.5%, mínima inversión en innovación y desarrollo tecnológico, baja cobertura de servicios públicos domiciliarios, aunque con alta productividad laboral. "Hay una larga lista de debilidades presentes en todas las ciudades: pobreza, inequidad, desempleo, informalidad, cobertura y calidad de la educación superior, transporte, inseguridad, impuestos e ingresos que no alcanzan", reveló el informe.   VERDADABIERTA.COM - Semana Asesinan campesinos que buscan sus tierras     Conflicto hoy Lunes, 16 de Marzo de 2009 Las víctimas que reclaman sus tierras están siendo asesinadas, torturadas y amenazadas. La reparación está fracasando y se consolida una contrarreforma agraria sangrienta. Más de 20 años para lograr un título de tierras en urabá Estos parceleros de Turbo, víctimas de paramilitares, son de los pocos que han recibido títulos. Uno de sus líderes fue asesinado y varios sufren amenazas. Foto: Semana Con las tierras, los paramilitares tenían un plan de largo plazo. Con pistola en mano, durante casi dos décadas expulsaron a los campesinos de sus fincas, usurparon parcelas y presionaron para que les vendieran a precios bajos. Usaron las instituciones del gobierno y muchos artilugios jurídicos para que todo pareciera legal. Querían consumar a sangre y fuego una contrarreforma agraria para lavar los activos del territorio, para controlar políticamente a las regiones, y para fungir como élites económicas rentistas en el futuro mediato. Todavía luchan a muerte por lograrlo, y si no se hace algo urgente, se saldrán con la suya. Se trata de 5,5 millones de hectáreas que fueron abandonadas, invadidas o transferidas en negocios espurios, de las cuales fueron expulsadas 385.000 familias que hoy erran en busca de recuperar lo perdido. Pero en lugar de tierra, muchos de ellos han encontrado la muerte. Diez asesinatos, 563 amenazas, violaciones a mujeres y niños, golpizas, panfletos de las Águilas Negras en los que anuncian nuevas masacres, sedes de organizaciones de víctimas que han sido incendiadas y saqueadas, y el hostigamiento constante a quienes han retornado a sus fincas, son apenas una muestra de lo que está ocurriendo en todo el país. Sólo en Urabá ya han muerto cuatro líderes que buscan restitución de sus bienes robados por comandantes de las autodefensas y que hoy están en manos de testaferros; en Córdoba muchos han desistido de reclamar sus parcelas donde las bandas criminales se han instalado con sus cultivos ilícitos; y en el Valle los narcotraficantes están sacando a bala a los campesinos que recibieron de manos del gobierno fincas incautadas. Benigno Gil, asesinado en Chigorodó el 24 de noviembre de 2004 cuando lideraba la restitución de más de mil hectáreas usurpadas Foto: Semana Un panorama en el que la avaricia y la violencia con la que actúan las mafias contrasta con la casi nula respuesta del gobierno. Los nuevos conflictos, alrededor de las tierras, tienen en riesgo a las regiones frágilmente pacificadas. Pero más de fondo, está el problema que esta contrarreforma representa para la democracia. "Si no somos capaces de resolver este problema nos acabamos como Estado de Derecho", dice Eugenia Méndez, asesora del Ministerio de Agricultura para la restitución de tierras. "Nos toca deshacer lo que se hizo con violencia y no tenemos una herramienta distinta al derecho". Méndez ha recorrido medio país, vereda a vereda, tratando de entender qué pasó en estas dos décadas en las que la tierra cambió de manos brutalmente. Se encontró que "los que no pagaban por la tierra sí pagaban abogados", y que los paramilitares usaron sofisticadas herramientas para hacer parecer legal lo que no es más que destierro. ¿Cómo pasó todo? Yolanda Izquierdo fue la primera víctima asesinada, el 31 de enero de2007, cuando se enfrentó a testaferros de los Castaño Gil. Foto: Semana Se han encontrado cinco tipos de despojo usados por narcotraficantes, paramilitares, y terratenientes que pescaron en el río revuelto del desplazamiento forzado. Los casos más graves son aquellos en los cuales con una pistola en la cabeza la gente tuvo que vender a bajos precios. Es lo que ocurrió en zonas como Urabá y en los territorios donde 'Jorge 40' tenía su imperio. Hace pocos días la revista de Internet Verdad Abierta publicó varias cartas que campesinos le escribieron a 'Jorge 40', antes de su desmovilización, en las que suplican por que les devuelva sus tierras. Un campesino que había sido beneficiado en 1999 por el Incora con 40 hectáreas en San Ángel, Magdalena, le escribe al jefe paramilitar y le dice que: "El señor alias 'Tuto Castro' llegó a mi casa y habló con mi señora. Como no estaba me dejó razón que necesitaba comprar mi finca... Luego mandó a otros hombres para que le vendiera la tierra a través de un señor de apellido Nieto... ". En esta región se han encontrado títulos leoninos registrados en notarías, falsificaciones de firmas y otras formas de estafa. Julio césar Molina asesinado el 13 de mayo de 2008. Buscaba que testaferros de narcos le devolvieran las tierras que tenía adjudicadas. Foto: Semana En Urabá ocurrió de manera similar. Vicente Castaño, Raúl Hasbún y otros jefes paramilitares de la zona usaron una nutrida red de testaferros para obligar a hacer traspasos de tierras. Allí las víctimas reclaman restitución de 30.000 hectáreas. Esto es un lío mayúsculo porque los predios aparecen con varios dueños. La disputa por estas tierras ya les ha costado la vida a cuatro líderes: Juan Jiménez Vertel, asesinado presuntamente por testaferros de Vicente Castaño que se esconden bajo la denominación de "Águilas Negras" en Chigorodó. Benigno Gil, quien se había cansado de esperar la restitución de tierras y retornó con varios campesinos a las fincas que les habían arrebatado los paramilitares en Mutatá. Jaime Antonio García, fue asesinado en diciembre del año  Walberto Hoyos asesinado el 14 de octubre de 2008 en Curvaradó, Chocó, donde lideraba la recuperación de tierras usurpadas. Foto: Semana pasado, y en febrero pasado también cayó Alejandro Pino Medrano, asesinado cuando intentaba retornar a su finca en Riosucio, Chocó, de donde salió expulsado por los hombres de las AUC. Los actuales líderes campesinos, como Carmen Palencia, tienen que andar con escoltas de la Policía. En la parte chocoana de esta región el problema que no se resuelve todavía tiene que ver con la usurpación de títulos colectivos adjudicados a comunidades afrocolombianas, que han sufrido un verdadero calvario, enfrentadas a grupos de empresarios de palma, testaferros y nuevos paramilitares. (Ver 'Los usurpados del Chocó'). Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación, dice que en muchas regiones se crearon nuevas élites agrarias, constituidas por quienes pescaron en el río revuelto de la violencia. "Lo que hicieron los paramilitares era ilegal. Lo que hicieron estas elites no", dice Pizarro. Desde un enfoque de capitalismo salvaje, estos empresarios y nuevos ricos sólo aprovecharon una oportunidad para comprar a bajos precios. Pero dentro de un enfoque de derechos, que es como se debe abordar la reparación a las víctimas, el gobierno no puede desconocer que miles de negocios de tierras ocurrieron en un ambiente enrarecido por la guerra. Doña Carmen Emilia Cárdenas perdió dos hijos en el Chocó y ahora vive amenazada por cuenta de las tierras del narcotraficante Alveiro Monsalve finalizar la visita el presidente le dijo al ministro que había un rumor sobre una grabación que iba a ser publicada. Foto: Semana Otra forma de despojo es la que sufrieron personas que aunque tienen título de su tierra no pueden volver a ella porque está ocupada por grupos armados, por testaferros o por invasores. Es el caso típico que usó Salvatore Mancuso en Córdoba. Ejemplo de ello ocurrió en Costa de Oro, donde una finca de 885 hectáreas le fue adjudicada por el gobierno a 59 parceleros a principios de los años 90. Nunca pudieron hacer uso de ella porque allí se había instalado Fidel Castaño con sus hombres, quien dejó que se quedaran algunos de ellos como peones o arrendatarios. Después Carlos Castaño le 'vendió' la finca a Mancuso, quien le mandó el mensaje a los campesinos que poseían títulos de que "me vende o le compro a la viuda", que era su frase de batalla. Algunos vendieron. Pero los que se negaron a hacerlo nunca pudieron volver. Hasta ahora que Mancuso reconoció su crimen y lograron la restitución. Pero casos como este, resueltos en el proceso de Justicia y Paz, son apenas cuatro en todo el país y no suman ni 2.000 hectáreas. Don Pedro pablo giraldo después de ser desplazado dos veces, tuvo que convertirse en reciclador. Foto: Semana Otro conflicto agudo se está dando entre los mismos campesinos pobres y desplazados. Muchos de quienes abandonaron las tierras eran adjudicatarios de predios que les había dado el gobierno. Según la ley anterior a 2007, si una persona pasaba más de cinco años fuera de esa tierra se le podía adjudicar a otro. Y eso pasó en muchos lugares de Antioquia y de Sucre, por ejemplo. Hoy el desplazado llega a la tierra exhibiendo el título que hace más de una década le otorgó el Incora, pero resulta que encuentra en su finca a una familia, también pobre o desplazada, que también tiene título. Dado que el Estado no tiene hoy manera jurídica de resolver el entuerto, empieza el problema entre ellos. Por último hay muchas tierras de víctimas que simplemente quedaron abandonadas y que siguen así. En esta situación se encuentran algo más de un millón de hectáreas ubicadas en zonas más remotas donde no hay condiciones de seguridad -por cultivos ilícitos, guerrilla o bandas emergentes- ni de desarrollo mínimo para un retorno que garantice una vida digna. Es el caso de Montes de María, donde hoy empresarios tradicionales, especialmente antioqueños, están comprando tierras masivamente a precios bajos, aprovechando el desencanto de la población desplazada que se cansó de esperar soluciones. Todo este despojo se facilitó además por una situación histórica. En el campo ha habido mucha informalidad. La gente hace negocios verbales o se firman acuerdos hasta en una servilleta. Esto tiene que ver con la idiosincrasia del campesino, donde la palabra tiene peso y hace parte de los valores de la convivencia. Pero también con la debilidad del Estado en sus niveles más básicos y locales donde se realizan transacciones a merced de terratenientes y mafiosos. El inminente fracaso de la restitución y reparación de tierras se refleja en las cifras. Los paramilitares apenas han entregado 6.600 hectáreas al fondo de reparación de víctimas. Aunque ellos quieren entregar más no pueden, pues Acción Social recibe activos saneados. Es decir, sin deudas y con los títulos al día. Por eso muchas de sus tierras terminarán en extinción de dominio. Mientras tanto a los desplazados les han entregado apenas 60.000 hectáreas, muchas de las cuales han tenido que abandonar de nuevo por amenazas y reclamos de las mafias. Pero la contrarreforma no sólo se expresa en las tierras hoy en litigio, fruto de la violencia. El narcotráfico se apoderó de muchas de las mejores tierras del país y siguen con ellas. Las usan como rentas en detrimento de la productividad del país. Elevaron sus precios con la especulación. Alejandro Reyes, asesor del programa Midas de la embajada de Estados Unidos, dice que las tierras productivas decayeron hace dos décadas por la extorsión y boleteo de la guerrilla. El narcotráfico compró tierras a bajos precios y con sus ejércitos privados les subió el valor. "Ahora muchas de esas tierras no están en manos de la mafia sino de empresarios". En Codazzi, Cesar, por ejemplo, antes de esta vorágine una hectárea valía dos millones de pesos. Ahora vale 60 millones. No se sabe a ciencia cierta cuánta tierra está hoy en manos de los narcos, pero en una década sólo se les han incautado 457.000 hectáreas de las cuales sólo 40.000 tienen extinción de dominio, y apenas 3.480 serán entregadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes para la reparación de las víctimas. El tamaño del fracaso es que de las tierras usurpadas apenas se ha devuelto el 1 por ciento. Una cifra que debería declararse vergüenza nacional. Kafka en el campo En cualquier país del mundo un problema tan crucial para la vida económica y política, que involucra a tantas personas, y que indica de manera tan clara la calidad de la democracia que tiene la Nación, sería tema central de debate. En Colombia no. Los integrantes de la Comisión Nacional de Reparación son una especie de quijotes luchando contra molinos de viento, intentando que en una ley acá y otra allá, se incluya un parágrafo que frene la inminente legalización de esta contrarreforma. En un país que tiene un Congreso, y mucha parte del gobierno, con alta influencia gamonal, esto ha sido más que titánico. Los campesinos apenas empiezan a dar la pelea después de varios años de permanecer doblegados por la violencia paramilitar, la manipulación guerrillera, y la ruptura del tejido social que dejó el desplazamiento masivo. El gobierno ha tardado mucho en entender que cuando hay una guerra en el campo, no puede tener una legislación rural como si se tratara de un país en paz. La sentencia de la Corte Constitucional, que obliga a cumplirles a los desplazados, dejó al desnudo la inoperancia de entidades como Incoder, que en una década les entregó menos de 20.000 hectáreas. Gracias a esta sentencia, en el último año se incrementaron las adjudicaciones. Aunque tardías, se han tomado medidas eficaces como la protección temporal de tres millones de hectáreas que no se pueden comprar ni vender hasta que no se aclaren sus títulos de propiedad. El gobierno es de la tesis de que más que grandes políticas, se deben resolver los casos, uno a uno, y de acuerdo con las demandas que instaure la gente. Un camino extenuante para las víctimas que duran hasta siete años luchando en tribunales por el reconocimiento de sus títulos. Por eso muchos ven con buenos ojos tres aspectos claves que contiene la ley de víctimas que hace curso en el Congreso. Primero, invierte la carga de la prueba a favor de la víctima. Segundo, ordena crear una comisión de la verdad que desentrañe qué fue lo que ha ocurrido con las tierras en casi medio siglo de violencia. Y tercero, propone un mecanismo extraordinario de justicia transicional, temporal y de carácter civil para resolver los problemas con las tierras, y que esté adscrito a Justicia y Paz. Esto sería un gran avance pero no suficiente. Aunque muchos piensan que basta con instrumentos jurídicos, en realidad el tema de la tierra, que ha estado históricamente ligado a la violencia y la guerra, necesita también de una voluntad política más clara. Más aún cuando se habla de consolidación de la seguridad democrática y del posconflicto. En Guatemala, Sudán o Ruanda, el retorno de los desplazados ha sido sangriento, por motivos similares a los que vive Colombia. Patricia Buriticá, miembro de la Comisión de Reparación, dice que se necesita destrabar el tema de la extinción de dominio. "Que una vez incautadas las tierras se les adjudiquen a las víctimas. De entrada son medio millón de hectáreas", dice. En caso de que el gobierno se vea obligado a devolver esta tierra al presunto narcotraficante al que se le incautó, pues que se le indemnice. Si la justicia funciona bien, estos deberían ser casos excepcionales, y no la regla, como ha ocurrido históricamente. Otra cosa importante es crear rápidamente las comisiones regionales de restitución de bienes. Dado que los casos de litigio son miles, hay problemas de violencia y fragilidad de la institucionalidad local, Buriticá piensa que se debe hacer una concertación en el nivel municipal. "La restitución debe hacerse como un proceso de reconstrucción del tejido social y político", lo cual implicaría sentar en una mesa a autoridades locales, terratenientes y víctimas a pensar en el futuro de las regiones alrededor de proyectos que generen riqueza y reconciliación. En últimas, cómo construir Estado en las zonas rurales donde a veces las mafias son más poderosas que las instituciones. Un problema esencialmente político. Quizá sea mucho pedir pero no imposible. Lo cierto es que hoy no basta con titular tierras. Mientras los nuevos grupos armados ganan terreno, los nuevos dueños de la tierra hacen su agosto con los desplazados, y el Estado sigue viendo apenas de reojo el problema, se está poniendo la primera piedra de la próxima guerra. O lo que es peor, la consolidación de una contrarreforma agraria, que no es más que un orden social injusto y tenebroso, construido con la sangre y las lágrimas de muchos colombianos. Semana Relevo criminal en Córdoba (Semana.com)   Nuevos grupos armados, sangrientas 'vendettas' y traiciones internas son las consecuencias de haber dejado intactas las estructuras mafiosas de los paramilitares. El proceso de paz con los paramilitares está quedando como el emperador con su traje nuevo: desnudo. El asesinato de Gustavo Upegui en Envigado, las amenazas que Salvatore Mancuso dice estar recibiendo y la evidencia de que hay grupos que nunca se desarmaron, confirman que nuevas bandas están copando el espacio dejado por las autodefensas. Varios sectores del Congreso y los medios de comunicación habían advertido que si este proceso se limitaba exclusivamente a la entrega de armas, el país quedaría atrapado en un nuevo ciclo de violencia, como el que se empieza a configurar. Un fenómeno que tiene nombre: mafia. Mafia parece ser lo que hay detrás de los 30 homicidios ocurridos en Tierralta, Córdoba, en el último mes. La mafia es lo que motiva la disputa feroz del territorio en Policarpa, Nariño, donde un grupo que se hace llamar Organización Nueva Generación ha matado por lo menos a 40 personas. Mafia sería la causa de la muerte de Upegui, quien estuvo vinculado durante años a La oficina de Envigado y a 'Don Berna'. La mafia actúa en Pereira a través de la oficina de cobro conocida como La Cordillera. Pero estas vendettas no son causadas por el azar, sino más bien consecuencia de la manera como se hizo el proceso. Hay por lo menos tres situaciones críticas que lo tienen en la encrucijada. El problema más grande que enfrentan los paramilitares es un puñado de sus otrora leales servidores que se desempeñaban como mandos medios. Aquellos que conocieron rutas, contactos, la dinámica del negocio, y que hoy creen que por fuera del proceso de paz ganan más que dentro él. Creen que sus ex jefes tienen las manos amarradas: en la mira de Estados Unidos, que busca extraditarlos, bajo la presión que les pone la Ley de Justicia y Paz, y ven una oportunidad para ocupar sus lugares. Ambicionan tanto dinero como tienen quienes estuvieron en la mesa de Ralito. Todo en una lógica cuya filosofía es "a rey muerto, rey puesto", donde la lealtad es quebrada por la codicia. Muchos de estos mandos medios nunca se desmovilizaron. Tal como lo reportó la OEA en su sexto informe, columnas enteras, con sus armas, nunca llegaron a los sitios de concentración. Es el caso de una parte del Bloque Héroes de Tolová, que actuaba en Valencia, Córdoba, bajo las órdenes de 'Don Berna.' Nunca entregaron las armas y hoy hacen parte de 'Los Traquetos', banda a la que se atribuye buena parte de las muertes en Córdoba, y las amenazas contra Mancuso. Otro sector de mandos medios, ya desmovilizado, se ha reciclado en grupos netamente mafiosos. Hace un año, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que esto daría pie a "paramilitares de tercera generación", que es lo que se ha visto en el Pacífico. El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, constató que existen otros grupos en Norte de Santander. "Los de Cúcuta se llaman Águilas negras, los de Tibú, Águilas azules, y los de Ocaña, Águilas doradas", dice. Desde las conversaciones en Ralito, ya era previsible que algunos mandos medios eludirían el proceso, con sus condiciones. Es el caso de los temidos 'Cadena' y 'René', quienes se escaparon de la zona de ubicación sin que hasta ahora las autoridades hayan sido capaces de capturarlos. Cadena está acusado de las más escabrosas muertes en Sucre, y René ya fue condenado, por la de Mapiripán. Hasta ahora no es claro si estos mandos están actuando por su cuenta y riesgo o si hacen parte de estructuras mafiosas que los jefes paramilitares han conservado para seguir "traqueteando". En muchas zonas donde han ocurrido desmovilizaciones han bajado los homicidios y la violencia, pero el narcotráfico sigue rampante. Así lo demuestra el decomiso de tres toneladas de cocaína en Necoclí, Urabá. Una región donde el control de los paramilitares más que notorio. Lo mismo se puede decir del Bajo Cauca, donde las incautaciones y los cultivos han crecido. El desafío de los mandos medios le pone una dificultad adicional y paradójica al proceso. Desarmados como están los jefes paramilitares, si pierden el control de la droga, y el control de las regiones, se quedan sin cartas para negociar y evitar su extradición. "Sin su poder territorial, ellos no valen nada", dice el investigador Gustavo Duncan. En términos de realpolitik, el gobierno se sentó a la mesa con las AUC porque ejercían un gran poder sobre las regiones. Por eso, si ven amenazado ese poder, que es a la vez su tabla de salvación, es previsible que lo defiendan a toda costa. ¿Con más violencia? Ese sería el peor escenario, pero no imposible. Un segundo problema que enfrentan los jefes paramilitares es su división interna. Pasado el desarme, las autodefensas han vuelto a ser lo que siempre fueron: una federación de grupos dispersos cuya mayor aspiración es el control regional. Las tensiones internas, sumadas a la violencia que viene creciendo a su alrededor, son un coctel que puede hacer explosión en cualquier momento. Extrañamente, el anuncio que hizo la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, los unió a todos, incluido 'El Alemán', quien no estuvo en Ralito. Defienden ante el gobierno lo que ellos consideran era un acuerdo: las penas alternativas, la no confesión y el estatus del paramilitarismo como delito político, para blindarse contra la extradición. Sin embargo, esta unidad temporal y oportunista está lejos de ser sostenible. Mientras más avance el proceso, cada uno jalará para su lado con más fuerza. La violencia intestina tampoco es descartable. Por último, la reinserción es el tema más sensible. Las capacidades institucionales del gobierno fueron desbordadas. El viernes pasado, la Policía entregó su primer informe de seguimiento a los desmovilizados. Reportó que 536 desmovilizados han sido capturados, 70 de ellos por homicidio. Han muerto 236 de ellos y 141 no tienen ningún contacto con el programa. Peor aun, apenas un 16 por ciento está trabajando. Ante la lentitud con la que se desenvuelven los proyectos productivos, la escasa oferta laboral y el bajo impacto de los programas de reinserción, son los jefes paramilitares quienes están asumiendo el protagonismo en el tema. Así lo han mostrado los programas de erradicación manual de cultivos, que sólo funcionan bajo la tutela de Mancuso o de Vicente Castaño. 'Jorge 40' logró un proyecto de reinserción conjunto de tres departamentos donde se ha concentrado su influencia política: Cesar, Magdalena y La Guajira. En Guaviare, 'Pirata' y 'Cuchillo' están liderando directamente los proyectos con los desmovilizados, en un programa donde el gobierno es apenas un colaborador. Lo mismo se puede decir de 'Cuco' Vanoy, Hernán Hernández y 'Julián Bolívar' en Antioquia, y de 'Macaco' en el sur de Bolívar. Todos están dedicados a prósperos negocios de palma de aceite, caucho y madera. Que los jefes paramilitares participen activamente en la reinserción en entendible y positivo. Pero lo que no es claro es si el gobierno está copando con institucionalidad a las regiones o si al final se terminará consolidando el poder económico y político que los paras obtuvieron con los fusiles. Este complejo panorama demuestra que el proceso con los paramilitares está en un momento crítico. Sus limitaciones han quedado expuestas de manera descarnada. La actual situación es una prueba de fuego para el gobierno. Así como el año pasado tuvo el pulso firme para encarcelar a 'Don Berna', hoy tiene que demostrar que es capaz de combatir a los grupos criminales emergentes. Adicionalmente, deberá usar todos los recursos a su alcance para probar si los jefes paramilitares están jugando limpio, o tienen los dados cargados para seguir en las andanzas del pasado. Por último, resolver los problemas de la reinserción. La creación de una alta consejería, en cabeza del empresario Frank Pearl, es un paso positivo, pero no la solución a todos los males. El desafío es grande y los problemas ya cogieron ventaja. Se necesita dinero y mucha institucionalidad para hacerle frente al desafío de consolidar lo que se logró con el desarme.   El Tiempo, abril 4 del 2010 'Arma que mató a Pizarro la puso uno del DAS' Foto: Archivo / EL TIEMPO Patiño trabaja hoy con el Distrito. Él lideró la investigación que hizo el M-19 por el crimen de Pizarro, que fue acordada con el Gobierno Barco. Otty Patiño, testigo de excepción de esos hechos, reveló datos de la investigación paralela por crimen de jefe del M-19. Veinte años después de los magnicidios, la justicia alista capturas por los asesinatos de los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo, de la UP; y Carlos Pizarro, del M-19. Otty Patiño, testigo de excepción de esos hechos como compañero de armas y de paz de Pizarro, fue citado de nuevo por fiscales y procuradores para hablar de la investigación paralela que fue acordada con el Gobierno Barco para salvar el proceso de paz. En entrevista con EL TIEMPO, Patiño dice que a los dos líderes de izquierda los mató 'la Terraza': no la banda de Medellín, sino un grupo de extrema derecha que supuestamente hacía sus reuniones en la terraza de un reconocido hotel de la ciudad. Usted estaba con Pizarro en el avión en el que lo mataron y lideró la investigación paralela. ¿Qué encontró? A Carlos no lo mataron sus enemigos. Los asesinos fueron los mismos que planearon la muerte de Bernardo Jaramillo un mes antes. Ambos fueron asesinatos fríamente calculados. Ahí no tuvo que ver el pasado de ellos, sino el futuro de cada uno. ¿Por qué 20 años después se dice que el DAS tuvo que ver con el crimen? Es evidente que agentes del DAS tuvieron una responsabilidad. Después del asesinato, en un consejo de seguridad, se convino que hubiese dos investigaciones: una institucional y otra nuestra, como partido AD M-19. El primer testigo que entrevistamos, un policía que hacía parte de la escolta, nos contó que los últimos que entran al avión fueron los del DAS. Uno de ellos puso el arma en el baño del avión. A ese policía lo mataron a los pocos días que nos contó eso. Alguien lo acribilló. ¿Cómo fue la muerte del sicario que asesinó a Pizarro? El sicario le dispara a Carlos con una puntería sorprendente, le clava las balas en el occipital, bota el arma y se rinde. Entonces, uno de los agentes del DAS, Jaime Ernesto Gómez Muñoz, el que estaba más lejos, avanza hasta el muchacho y le pega un tiro estando ya reducido en el suelo. ¿Que arrojó la investigación del M-19 sobre la actuación de Alberto Romero, el ex jefe de inteligencia del DAS a quien la Procuraduría pidió vincular al caso? Es evidente que el contacto de los asesinos en el DAS era Romero, pero él no alcanzó a ser de ese estado mayor de la gente que ordenó el asesinato. De Maza, tampoco lo creo. La de él es más una alianza con un sector de la mafia que no quiere el predominio de Pablo Escobar y quiere congraciarse con el Estado matándolo. ¿Hubo complot? Fue la misma máquina de matar la que produce los asesinatos de Pizarro y Bernardo. A esa conclusión llegamos por dos vías: una fue por la gente del Magdalena Medio, Henry Pérez y Ariel Otero. Ellos nos confirmaron que los nexos entre el DAS y los hermanos Castaño siempre fueron profundos desde que se aliaron para combatir a Escobar. Después del crimen ellos nos llevaron con gente que manejaba asuntos de los Castaño. Allí supimos que ellos fueron los que hicieron lo de Bernardo. Pero quienes decidieron la muerte de Carlos no fueron los Castaño. Detrás de ellos hubo un grupo, supe mucho tiempo después, que se reunía en la terraza de un conocido hotel de Medellín. ¿Esta afirmación hace parte del proceso? Yo le dije eso a la Fiscalía y a la Procuraduría y lo repetí ahora que me volvieron a llamar. Me dijeron que si la persona que me contó eso no declaraba en el proceso probatoriamente no tenía valor. Fui y le pregunté si estaba dispuesta a ir a la Fiscalía y me dijo: Quiero seguir viviendo. ¿Qué le contó esa persona? Qué esa gente era la que decidía quien vivía y quien se moría en este país. De ahí fue que salió el cuento de la banda de la Terraza. Eso lo disfrazaron diciendo que era una banda de sicarios. He oído rumores de quiénes eran, pero no tengo la certeza de ninguno. Me han dicho que ahí había militares, ganaderos, políticos y narcos. Todos eran de mucho poder, no eran marginales de la sociedad, tenían mucha relación y estaban en cuanto negocio grande había. ¿Hacia dónde debe apuntar la Fiscalía? Si la investigación llega hasta esa gente de la terraza del hotel, sería un avance importante. Lo grave del asesinato de Carlos es que no fue un crimen contra un candidato a la Presidencia. También quisieron matar un proceso de paz. 'Eme' habló con 'paras' de Boyacá ¿Cómo surge el contacto entre las autodefensas del Magdalena Medio y el M-19? Ellos habían estado mirando nuestro proceso y querían desmovilizarse. Nos contactan y le piden a Pizarro una cita, él les manda dos emisarios. Uno de ellos es Álvaro Jiménez; él hoy es el director de la Campaña Colombiana contra minas antipersonales. Empezamos a hablar y un día antes de que a Pizarro lo maten ellos le cuentan a Álvaro que en Córdoba ya habían tomado la decisión de asesinarlo. ¿Si estaban advertidos por qué no tomaron medidas? Sabíamos que era algo serio y Carlos decide que ya tiene el compromiso en Barranquilla y que después va a parar las giras, por prevención. Nosotros, de todas maneras mandamos una avanzada a Barranquilla y se revisó el hotel donde iba a estar, pero lo del avión era impensable. REDACCIÓN JUSTICIA Parlamentarios suízos constatan sobre terreno violaciones de derechos humanos Carlo Sommaruga, consejero nacional suizo: "La situación en Colombia es chocante" Salvador Tio Contrario al discurso oficial de la supuesta desmovilizació n de paramilitares, de negar los innegables lazos entre el régimen de Uribe Vélez y los narcoparamilitares, contrario al libreto de la diplomacia oficial, lo que la gente constata sobre el terreno, es contrario a la verborrea oficial. Estamos ante la construcción de una Colombia virtual, construida con un aparato de información bien aceitado por el régimen mafioso, que tiene su línea de continuidad con algunos candidatos actuales a la presidencia. Esa es la impresión general que le quedó al pueblo suizo al escuchar el testimonio del parlamentario. La visita de los suizos a Colombia, estuvo a cargo de una comisión compuesta de parlamentarios, ONG e internacionalistas suizos para verificar en el terreno la situación de derechos humanos y la evolución de algunos proyectos financiados por la ONG suiza Swissaid. La visita se dividió en tres fases, se visitó Barrancabermeja, luego otras zonas de campesinos, explotadores artesanales de oro, y campesinos afectados por la maldita palma aceitera, y posteriormente se produjo un encuentro con abogados y defensores de DDHH, la comisión tuvo la oportunidad de asistir al juicio que se le sigue, "al buen muchacho" de Uribe Vélez, Jorge Noguera flamante director del DAS. Para empezar, la embajada suiza en Bogotá le "impuso" a la comisión, dadas las condiciones de seguridad de viajar en un auto blindado. Primer choque para la comisión que había escuchado el discurso de los representantes del gobierno colombiano durante las secciones del consejo de derechos humanos en Ginebra. En Barrancabermeja la comisión constató la presencia activa de los paramilitares, y su violencia sistemática, pero sobre todo, la vigencia del temor al que tienen sometidos a las comunidades. Para los suizos es claro que el conflicto colombiano gira en torno a la tenencia de la tierra, a la conquista de nuevos territorios por parte de paramilitares y multinacionales de la palma aceitera. En este monocultivo, se siguen acaparando las mejores tierras las más fértiles, mientras los campesinos se desplazan, como se han desplazado los buscadores de oro artesanales, quienes han sido expulsados por las multinacionales de la extracción minera. Sobre el terreno, para la comisión suiza no es un secreto, que los narcotraficantes siguen acaparando las mejores tierras. Para la comisión fue claro que en algunas regiones la gente tiene miedo de testimoniar, la gente no habla en público, y si habla, debe hablar bien del gobierno, los testimonios recogidos por la comisión se hicieron en sitios cerrados, porque en Colombia se vive bajo un estado de terror. Las comunidades sobre el terreno, pidieron a la comunidad internacional la solidaridad con el pueblo colombiano, para que esta realidad traspase las fronteras y se denuncia internacionalmente al régimen colombiano. En conversaciones con Abogados y sindicalistas, comunidades indígenas y afro descendientes, la comisión constató que la gravedad de la situación de los sindicalistas es evidente, cuando se miran sus oficinas blindadas, y sus desplazamientos en autos blindados y con escoltas. La comisión constató la necesidad de la solidaridad internacional para denunciar los crímenes del terrorismo del Estado colombiano. El consejero Sommaruga hizo público el pedido de los abogados defensores de DDHH en Colombia, quienes demandan la solidaridad internacional de abogados internacionalistas para llevar a Álvaro Uribe Vélez a la Corte Penal Internacional. Para la comisión fue claro que Uribe Vélez debe ser juzgado internacionalmente por la máquina de matar que se implementó desde el régimen que él dirige. Para la comisión fue importante constatar los testimonios de algunos paramilitares que han comenzado a hablar, confirmando los fuertes lazos con los políticos y con las altas esferas del estado, como lo demuestra el hecho de más de cien parlamentarios con lazos comprobados con los paramilitares. Participando en el juicio que se le sigue al "muchacho bueno" Noguera, la comisión constató que efectivamente el DAS, el aparato de investigación que depende directamente del presidente uribe, elaboró listas de sindicalistas que fueron posteriormente asesinados. El discurso oficial quedó en añicos, para nada ha servido del lobby que desde la embajada colombiana en Berna se hace, con los parlamentarios que votaron la aprobación del libre comercio entre Colombia-Suiza. Desde estas líneas denunciamos que la embajada colombiana, comete un delito en Suiza procediendo a hacer lobby con los parlamentarios suizos, porque el lobby esta estrictamente prohibido por las leyes suizas. Parlamentarios suizos nos han contado cómo la embajada los acosa, con sus envíos de dossieres sobre las bondades de la seguridad democrática y cómo altera la realidad nacional para presentar a Colombia como la "Suiza latinoamericana" . Todas estas actividades de solidaridad con Colombia desde Suiza han permitido establecer cómo, desde la embajada colombiana se espía a refugiados y a opositores políticos colombianos, en aras de amedrentar e impedir la labor de sensibilizació n y de denuncia que desde Europa en general y desde Suiza en particular se hace a favor del pueblo colombiano. A este trabajo de la embajada se han sumado ciertos cadáveres políticos, supuestos refugiados políticos y algunos uribistas que serán seguramente parte del programa "Un millón de amigos de la seguridad democrática". Constatamos que a pesar de los esfuerzos que desde la embajada y sus colaboradores se hace para evitar la denuncia, ésta sigue, ésta se consolida cada día más, porque la magnitud del terrorismo de estado es tal, que el lobby de la embajada no puede eclipsar. Esperamos que esta comisión de suizos, compuesta por más de 20 personas se pueda sumar a los esfuerzos de la salida política al conflicto y de la campaña, ÁLVARO URIBE VÉLEZ A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. Como ellos mismos los constataron en el terreno, el pueblo colombiano pide a gritos la solidaridad internacional. Esperamos que los tres parlamentarios suizos que hicieron parte de la comisión que visitó Colombia, puedan llevar un mensaje concreto al parlamento y al gobierno suizo sobre la inmoralidad de firmar un acuerdo comercial con un país, cuyo régimen supera con creces la brutalidad y salvajismo de todas las dictaduras del cono sur. ¡Solidaridad YA con el pueblo colombiano!   Una Victima más de la seguridad  democrática? Asesinado Dirigente Comunal del Sur de Bolivar   Escrito por fedeagromisbol    lunes, 29 de marzo de 2010 Con profunda consternación las organizaciones abajo firmantes denunciamos el asesinato de dos pobladores del sur de Bolívar, uno de ellos dirigente comunitario y miembro de Fedeagromisbol.   HECHOS El día 10 de febrero los señores Omar Alonso Restrepo Ospina de 26 años de edad y José de Jesús Restrepo Restrepo de 40 años, salieron del municipio de Montecristo (Bolívar) con rumbo al municipio de Nechí (Antioquia) con el fin de comprar repuestos para vehículos de su propiedad.  Ese mismo día y cuando iban  en el trayecto Nechí – Caucasia fueron abordados por un grupo de sujetos armados quienes se los llevaron con rumbo desconocido. El día 12 de febrero fueron encontrados los cuerpos de estas dos personas en el cauce del río Cauca. Uno de los cuerpos en jurisdicción del municipio de Achí – Bolívar y el otro en jurisdicción del corregimiento Guaranda. Omar Alonso Restrepo actualmente era el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Dorado del municipio de Montecristo. Así mismo era miembro de Fedeagromisbol. Las dos personas asesinadas se dedicaban a la pequeña minería. Los asesinatos fueron cometidos por paramilitares que actúan en la región, sin que las autoridades hagan nada para combatirlos. Estos asesinatos hacen parte de una larga cadena de hechos de agresión contra los pobladores del sur de Bolívar que se vienen presentando en el marco de lo que consideramos una estrategia integral para el despojo del territorio por parte de una alianza macabra entre el gobierno nacional y las multinacionales del oro y palmicultoras que pretenden apoderarse de los recursos naturales que contiene el sur de Bolívar.   Divulga FORTALEZA Identidad, Pensamiento y Acción

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