Perú: Casos de esterilizaciones forzadas siguen sin castigo
Adital, 13 de febrero.- "Nos llevaron en camiones. Entramos inocentes y contentas. Pero oíamos gritos y corrí. Las puertas estaban cerradas con candado. Me llevaron en una camilla, amarraron mis pies y me cortaron (...).
Éramos cerca de 30 mujeres que fuimos al centro de salud bajo una engañosa campaña para un examen general". La historia anterior podría fácilmente figurar en el argumento de una película de terror; sin embargo, desgraciadamente, formó y tal vez todavía forme parte de la vida real de miles de mujeres en Perú.
Quien cuenta el caso es Micaela Flores Bañares, de la provincia de Anta, en la región de Cusco, una de las miles de víctimas de los casos de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). En la época, Micaela tenía siete hijos.
Un informe de Amnistía Internacional denuncia que, después de más de 10 años de espera, cerca de 2 mil mujeres campesinas y de origen indígena, todas forzadas a realizar la esterilización, se encuentran ahora con una terrible realidad: sus derechos a la justicia fueron negados.
Las esterilizaciones forzadas en Perú formaron parte de una política de control de natalidad orientada a los sectores más pobres de la población. Muchas mujeres fueron amenazadas con multas, prisión y con el retiro del apoyo alimentario del Estado si no adherían al programa.
Otras tantas, como Micaela, ni siquiera sabían qué estaba ocurriendo. Además, muchas no recibieron el cuidado postoperatorio necesario y, como consecuencia, sufrieron problemas de salud y 18 de ellas perdieron la vida.
Con esa decisión, la fiscalía pretende procesar sólo a los médicos responsables por el procedimiento que culminó con la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez, como consecuencia de una esterilización forzada en 1998.
De acuerdo con informaciones obtenidas en documentos de órganos gubernamentales que investigaron los casos, los médicos responsables de los procedimientos tenían que cumplir metas y recibían, además de incentivos para eso, amenazas de sanciones si no cumplían tales metas.
Según Amnistía, "es lamentable ver que después de tan larga espera, la fiscalía haya tomado la decisión de acusar, formalmente, al personal médico que había estado implicado en sólo uno de los casos, sin esclarecer todas las responsabilidades y en todos los niveles, no sólo en éste sino en los más de 2 mil casos que estaban siendo investigados".
El fiscal responsable del caso, Marco Guzmán Baca, argumentó que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada, por eso no representa un soporte legal. Por lo tanto, según él, los hechos denunciados no constituirían delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, la abogada de las víctimas, Rosy Salazar, rebate la declaración de Guzmán afirmando que, desde el comienzo de la década de 1990, la comunidad internacional ya consideraba la esterilización forzada como delito.
Amnistía, en el mismo informe, declara que es "urgente que las autoridades de Perú revisen esa decisión absurda y cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como que garanticen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para todas esas mujeres y sus familiares".
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=79428•
Adital, 13 de febrero.- "Nos llevaron en camiones. Entramos inocentes y contentas. Pero oíamos gritos y corrí. Las puertas estaban cerradas con candado. Me llevaron en una camilla, amarraron mis pies y me cortaron (...).
Éramos cerca de 30 mujeres que fuimos al centro de salud bajo una engañosa campaña para un examen general". La historia anterior podría fácilmente figurar en el argumento de una película de terror; sin embargo, desgraciadamente, formó y tal vez todavía forme parte de la vida real de miles de mujeres en Perú.
Quien cuenta el caso es Micaela Flores Bañares, de la provincia de Anta, en la región de Cusco, una de las miles de víctimas de los casos de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). En la época, Micaela tenía siete hijos.
Un informe de Amnistía Internacional denuncia que, después de más de 10 años de espera, cerca de 2 mil mujeres campesinas y de origen indígena, todas forzadas a realizar la esterilización, se encuentran ahora con una terrible realidad: sus derechos a la justicia fueron negados.
Las esterilizaciones forzadas en Perú formaron parte de una política de control de natalidad orientada a los sectores más pobres de la población. Muchas mujeres fueron amenazadas con multas, prisión y con el retiro del apoyo alimentario del Estado si no adherían al programa.
Otras tantas, como Micaela, ni siquiera sabían qué estaba ocurriendo. Además, muchas no recibieron el cuidado postoperatorio necesario y, como consecuencia, sufrieron problemas de salud y 18 de ellas perdieron la vida.
Con esa decisión, la fiscalía pretende procesar sólo a los médicos responsables por el procedimiento que culminó con la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez, como consecuencia de una esterilización forzada en 1998.
De acuerdo con informaciones obtenidas en documentos de órganos gubernamentales que investigaron los casos, los médicos responsables de los procedimientos tenían que cumplir metas y recibían, además de incentivos para eso, amenazas de sanciones si no cumplían tales metas.
Según Amnistía, "es lamentable ver que después de tan larga espera, la fiscalía haya tomado la decisión de acusar, formalmente, al personal médico que había estado implicado en sólo uno de los casos, sin esclarecer todas las responsabilidades y en todos los niveles, no sólo en éste sino en los más de 2 mil casos que estaban siendo investigados".
El fiscal responsable del caso, Marco Guzmán Baca, argumentó que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada, por eso no representa un soporte legal. Por lo tanto, según él, los hechos denunciados no constituirían delitos de lesa humanidad.
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