Ideelemail Nº 623, 2 de diciembre del 2009
CASO ESPIONAJE Y JUSTICIA MILITAR: YA NO ESTAMOS EN LOS AÑOS DE FUJIMORI Y MONTESINOS
David Lovatón Palacios
Instituto de Defensa Legal
La Fiscal de la Nación habló claro: en opinión del Ministerio
Público el caso del espía Víctor Ariza y sus probables cómplices,
debe ser ventilado en la justicia común y no en la justicia
militar porque "En este caso el bien jurídico tutelado es la
seguridad nacional o sea la seguridad de todos y el agraviado es
el Estado o sea que no es privativo de las Fuerzas Armadas y
Policiales" (Ideeleradio)
como la del constitucionalista Samuel Abad, ex primer adjunto de
la Defensoría del Pueblo o de instituciones como el IDL. Sin
embargo, casi en simultáneo el actual Presidente del Tribunal
Supremo de justicia militar policial, contralmirante (r) Carlos
Mesa Angosto, insistió que la justicia militar era la competente,
con argumentos que no admiten dudas ni murmuraciones: "Es
clarísimo que esto corresponde al fuero militar, para qué vamos a
ir a una contienda si la vamos a ganar de todas maneras" (RPP
noticias). Similar argumento en el sentido que la contienda de
competencia sería una suerte de pérdida de tiempo, ha esgrimido
el Ministro de Justicia Aurelio Pastor: "Lo razonables sería que
esto quede en manos de la justicia militar para que no pierda
esos elementos iniciales de una investigación. El factor sorpresa
se pierde si estamos discutiendo la competencia." (RPP noticias)
No sólo las posiciones son distintas, también el tono. Del lado
de la Fiscal de la Nación y de quiénes creemos que debe ser la
justicia común la que investigue y sancione este condenable caso
de espionaje, la exigencia es que se respete el Estado de
Derecho: que se cumplan las sentencias del Tribunal
Constitucional (TC) sobre justicia militar -hasta ahora
desacatadas por el Parlamento y el Gobierno- y que si hay
controversia, que sea el TC quien dirima competencia conforme esa
jurisprudencia. En cambio, el tono de la orilla del gobierno y
del Tribunal Supremo de justicia militar es totalmente distinto,
casi mandatorio: no perdamos tiempo en los vericuetos del Estado
de Derecho y que este caso lo vea de una buena vez la justicia
militar, que es -según ellos- más rápida y discreta.
Respecto a la supuesta mayor celeridad de la justicia militar en
comparación con la justicia común, difícil de saberlo porque la
justicia militar no permite el acceso a información pública
referida a su carga procesal, cifras, estadísticas, etc. ¿Cuántos
expedientes pendientes de resolver tiene actualmente la justicia
militar? ¿Hay más policías o militares procesados? ¿Cuál es la
media de expedientes por cada juez o vocal militar? ¿Cuál es la
proporción entre recursos destinados a la justicia militar y
carga procesal en comparación con el Ministerio Público y el
Poder Judicial? Son todas preguntas sin respuesta por parte de la
justicia militar. En el caso del fuero común, en cambio,
reiteramos que los problemas de lentitud judicial pueden
resolverse designando fiscales y jueces ad hoc, a dedicación
exclusiva, pues la gravedad del caso lo amerita.
Respecto a la supuesta mayor discreción de la justicia militar,
las recientes declaraciones del actual Presidente del Tribunal
Supremo de justicia militar policial parecen demostrar lo
contrario, pues adelanta opiniones y absuelve antes de juicio:
"Hasta donde tengo entendido, (Ríos) está de testigo en el
proceso. Tampoco es cuestión de meter preso y embargarle los
bienes. Si él ha regresado cuando dijo que iba a regresar, no es
eso una presunción de inocencia" (RPP noticias). Con todo
respeto, el contralmirante Mesa debería callarse y no adelantar
opinión sobre la inocencia y culpabilidad de las personas, eso
debe corresponder a jueces y fiscales ¿o es que acaso la decisión
ya está tomada en la justicia militar en el sentido de que el
único culpable debe ser el suboficial Victor Ariza?
Ya no estamos pues -felizmente- en los años de Fujimori y
Montesinos ni de actas suscritas por oficiales de las Fuerzas
Armadas para apoyar el golpe del 5 de abril y defender la ley de
amnistía, como la suscrita por 254 oficiales -entre ellos el
contralmirante Mesa Angosto cuando se desempeñaba como fiscal
general de la justicia militar- el 13 de marzo de 1999. En esos
años todo se resolvía a favor de una justicia militar a la medida
de Montesinos y en perjuicio de una justicia común totalmente
intervenida por el ex asesor y sus alfiles.
Ahora las cosas se resuelven -o, al menos, tratan de resolverse-
dentro del Estado de derecho: si hay contienda de competencia
entre el fuero común y el fuero militar, que la dirima y resuelva
el órgano llamado por ley a hacerlo, esto es, el TC (hasta hace
poco era la Corte Suprema pero inexplicablemente el Parlamento le
arrebató esa prerrogativa para dársela al TC). Eso era pérdida de
tiempo en los años de Fujimori, Montesinos y actas de sujeción.
Ahora ya no.
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