LIMA, 5 DE FEBRERO DE 1975: HUELGA POLICIAL, MANIFESTACIONES Y SAQUEOS. (Una interpretación revisitada)
ALDO PANFICHI
Hace 37 años, el 5 de febrero de 1975, el país entero presenció atónito como en Lima estalló una violenta crisis urbana que rompió el orden social y fue acallada en forma violenta por el ejército. Fascinado por el estudio de las masas e influido por la lectura del magnífico libro de George Rude, La Multitud en la Historia, decidí hacer mi tesis de Pregrado sobre estos sucesos alentado por mi profesor Alberto Flores Galindo. El texto que presento aquí es una reformulación de partes de mi primer artículo publicado en base a mi tesis por la revista Debates en Sociología # 9, departamento de ciencias sociales de la PUCP. La reformulación realizada nace de mi propia insatisfacción con el contenido de dicho artículo y obviamente con las horas de vuelo que ahora tengo creo poder sacar más provecho del material y las ideas expuestas. En cualquier caso es una historia fascinante y poco conocida que estoy seguro ustedes disfrutaran.
I. LOS ACONTECIMIENTOS
A mediodía del 31 de diciembre de 1974 el Presidente General EP Juan Velasco Alvarado, como era costumbre, salió por una puerta lateral de Palacio de Gobierno. Ese día se había dado la orden que no se permitiera que los periodistas se acercaran a la comitiva presidencial, ya que el presidente no quería declarar. La orden fue desatendida por un guardia civil que se encontraba de servicio en palacio y, por ende, el automóvil presidencial interceptado por los periodistas. Al observar esta situación, el Jefe de la Casa Militar, General EP Enrique Ibáñez Burga, montó en cólera, maltrató verbalmente y le aplico una bofetada al policía responsable, ordenando además su detención y el retiro inmediato de todo el personal policial a la 22 Comandancia.
Momentos después, en dicha comandancia, el personal subalterno que debería salir de servicio en el turno de la una de la tarde se negó a hacerlo aduciendo como inaceptables tanto las ofensas como la agresión física recibida. Estalló de esta manera un conato de huelga que fue resuelto con la intervención por el general de la Guardia Civil Ernesto Olivares Montano, quien ordeno la libertad inmediata del policía detenido y expreso la solidaridad institucional con el personal maltratado. Luego de este episodio y durante todo el mes de enero de 1975 circularon en las comisarías de Lima volantes anónimos convocando a paros de protesta que no se llevaron a cabo en las fechas anunciadas.
El lunes 3 de febrero de 1975 Lima amaneció sin custodia policial.
El personal subalterno de la Guardia Civil no salió a cubrir su cotidiano servicio, se declaró en huelga y se acantonó en el Cuartel de Radio Patrulla, que queda aun en el distrito de La Victoria. La plataforma reivindicativa de los policías huelguistas incluía entre otros a) el desagravio a la guardia civil por el ultraje sufrido por uno de sus miembros por parte de oficial del ejército; b) aumento mensual de 2,000 soles; c) que la mutual del personal subalterno sea administrado por ellos mismos previa auditoria; d) la modificación de los reglamentos (militares) y e) la reorganización de la guardia civil.
Al día siguiente, el 4 de febrero, el gobierno militar traslada la solución del conflicto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al fracasar las gestiones del Ministro del Interior General EP Pedro Richter Prada de que los huelguistas depongan su medida de fuerza. EL Comando Conjunto, entonces, calificó la huelga como sedición policial y ordenó a la II Región Militar deberla por la fuerza.
La madrugada del 5 de febrero el desalojo de los policías que se encontraban en el local de Radio Patrulla se produce. La Victoria, populoso distrito de Lima donde se ubica el Cuartel de Radio Patrulla es testigo de cómo tanques y tropas del ejército toman por la fuerza el cuartel deteniendo a decenas de sus ocupantes. Inmediatamente después piquetes de activistas, entre los que destacan universitarios apristas del ARE y universitarios del maoísta Bandera Roja, realizan manifestaciones relámpago en señal de protesta por la actitud represiva del gobierno militar y en solidaridad con los huelguistas. Horas más tarde la ciudad presenció asombrada cómo ante la falta de resguardo policial, multitudes descontroladas producían incendios, saqueaban establecimientos comerciales del centro de la ciudad, atacaban diarios y locales de instituciones públicas, en fin, como en medio de una situación generalizada de agitación social se efectuaban los mas vandálicos actos que la capital del Perú recuerde.
Esto fue posible porque cotidiana rutina de Lima y el funcionamiento de sus instituciones se paralizó y el orden social pareció haber desaparecido. A medio día el comando conjunto de la Fuerza Armada rompe el inmovilismo gubernamental, declara el estado de emergencia el territorio nacional y ordena reprimir la asonada. Los tanques y tropas salen nuevamente a las calles, está vez en un número considerablemente superior. En la noche el ejército controla la situación y el toque de queda es impuesto. Según fuentes oficiales 86 personas murieron, 155 resultaron heridas, y fueron 1012 detenidas. 162 establecimientos comerciales fueron saqueados y varios edificios públicos destruidos.
¿Qué sucedió ese 5 de febrero de 1975? En las siguientes líneas proponemos una interpretación sociológica de estos acontecimientos, contando con información empírica sobre el perfil de las multitudes en acción y el tipo de establecimientos atacados.
II. UNA INTERPRETACIÓN SOCIÓLOGICA
Existe la creencia que las grandes conmociones políticas se originan por presiones y conflictos ocurridos en el ámbito de la sociedad, que repercuten luego en contra del estado, para por último generalizarse en todo el sistema social y político. Los sucesos del 5 de febrero es un caso distinto que niega la universalidad de la premisa anterior. Por el contrario este sucedo, en realidad varios episodios como veremos de inmediato, tiene un origen y una direccionalidad que se explica bien a la luz de la teoría del "cortocircuito" que Fernando Henrique Cardoso sugiere en un artículo un poco olvidado en estos tiempos1. En efecto, los sucesos no se originan en un enfrentamiento que parte desde la sociedad civil hacia el Estado, sino por el contrario en una fisura ocurrida al interior de los aparatos coercitivos del Estado. La fisura, a su vez, creó las condiciones u oportunidades para que se expresen en cadena conflictos sociales y políticos de distinta índole, generalizándose, de esta manera, la crisis o el "cortocircuito" en todo el sistema social y político. En otras palabras, la crisis del 5 de febrero se originó en un conflicto al interior del Estado y su generalización es posible porque la fisura creo las oportunidades para la expresión de sucesivas y violentas acciones de masas.
Las acciones colectivas fueron: a) Una huelga del personal subalterno de la Guardia Civil; b) Marchas callejeras y acciones directas contra locales que personifican políticamente al gobierno militar y; c) Saqueos y acciones violentas con fines de lucro en contra de establecimientos comerciales, almacenes y fábricas.
Las dos primeras tienen en común ser formas de protesta social que adquieren significación en sociedades modernas y capitalistas. Ambas muestran un nivel importante de organización; tienen objetivos más o menos definidos con cierto grado de racionalidad; y cuentan con grupos de dirección consciente que juegan papel central en el rumbo de los acontecimientos. A pesar de esto la huelga policial y las acciones directas tienen también diferencias. La huelga es una forma de protesta social corporativa, reivindicativa y con objetivos fundamentalmente económicos. Las manifestaciones, por su lado, revelan la participación de organizaciones con objetivos políticos.
Las acciones de saqueo, destrucción y vandalismo históricamente son formas de protesta social propias de sociedades PRE-industriales o en procesos de transición debido al impacto de revoluciones industriales o políticas2. Estas acciones, a diferencia de las anteriores, se caracterizan por su alto grado de espontaneidad; por la búsqueda de una igualitaria justicia natural mediante acciones directas contra la propiedad; y por último, por la ausencia de objetivos políticos en sí mismos.
La huelga del personal subalterno de la Guardia Civil
La Guardia Civil del Perú es una institución que forma parte de los aparatos coercitivos del Estado. Su organización en el momento de los hechos, a pesar de contar con un personal estable y no conscripto, se encontraba sujeta a un código de comportamiento y a la férrea disciplina militar. Sin embargo no hay que olvidar que en un gobierno militar, la importancia de las fuerzas policiales radica no sólo en tener que asegurar el control del orden interno sino, de una u otra forma, del grado de participación que logre en las decisiones gubernamentales dirigidas por los militares.
Luego de varios intentos fallidos la huelga policial se inició el lunes 3 de febrero alcanzando sus momentos de mayor desarrollo, el martes 4 y la madrugada del día 5. El factor que desata la huelga es un hecho imprevisible y azaroso: la agresión física y verbal de un general del ejército a un subalterno de la guardia civil. Acontecimiento, en sí mismo banal y reprobable pero que ubicado en el contexto de un gobierno militar, que reivindica la dignidad como valor fundamental de la nacionalidad, tiene efectos detonadores pues cataliza todo un proceso de contradicciones y malestares existentes al interior de la guardia civil que, llevan a generar una fisura en los aparatos coercitivos del estado al enfrentar a la guardia civil con el ejército.
En la huelga convergen dos tipos de problemas: Los primeros, que se encuentran en el origen de la paralización y que están referidos a la situación del personal subalterno, son de carácter económico-reivindicativo. Es decir: mejoras salariales, la administración de ciertos bienes como la mutualista del personal subalterno, el cese de descuentos injustificados, etc. Los segundos, referidos al conjunto de la institución policial y en especial a la oficialidad, permiten no sólo el desarrollo y la contundencia de la huelga, sino que ésta, contando con las simpatías pasivas de la oficialidad, se transforma en un virtual enfrentamiento entre dos instituciones que forman parte de los aparatos coercitivos del estado: el ejército y la guardia civil.
Estos problemas de carácter institucional-reivindicativos se originan en la constante discriminación que la guardia civil, como institución, sufría desde sus orígenes de parte de las Fuerzas Armadas. El ejército temiendo que la guardia civil se convirtiera en una fuerza competitiva la consideraba una "fuerza auxiliar", en ese sentido, no permitía que alcance superiores niveles de profesionalización, capacidad de fuego, ni que sus oficiales participen de manera trascendente en el poder de la cúpula militar gobernante. Los oficiales de la guardia civil aspiraban a tener acceso al Gobierno de manera directa. Es decir, presencia en el Gabinete y no solo, como ocurría, en los Altos Mandos del Ministerio del Interior.
Las manifestaciones políticas
Las denominadas manifestaciones políticas la constituyen dos tipos de acciones que tienen lugar el mismo 5 de febrero, luego que el ejército toma por la fuerza el Cuartel de Radio Patrulla.
Las primeras, son un conjunto de expresiones y marchas de protesta por la respuesta represiva del gobierno. Se realizan en los alrededores del Cuartel de Radio Patrulla, ubicado en el populoso distrito de La Victoria, pocas horas después de la acción represiva. Las segundas son acciones directas contra blancos que personifican al gobierno y que se realizan horas mas tarde de toma de radio patrulla: miembros del ejército que custodiaban el cuartel de Radio Patrulla; Los diarios Correo, OJO, Expreso, expropiados hacía 6 meses por el gobierno militar; El Casino de Oficiales del Ejército; La Embajada de los Estados Unidos; El Centro Cívico y las oficinas de SINAMOS que allí quedaban.
Las manifestaciones políticas se inician en las primeras horas del día 5, luego que el ejército había tomado por la fuerza el Cuartel de Radio Patrulla, en el que se encontraban acantonados los huelguistas. En ese sentido, inicialmente, aparecen como expresiones callejeras de protesta por la represión, pero por la receptividad pasiva que lograron de la población revelan, asimismo, la existencia de un desgaste social y político del gobierno.
Horas más tarde, marchas que se originaron en la Universidad Nacional Federico Villareal y en la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, llegan al centro de la ciudad agitando consignas antigubernamentales y desarrollan acciones directas contra locales que personifican al gobierno. En estas acciones destaca un sector de la juventud universitaria del partido aprista, que se caracteriza por su activa militancia partidaria y por sentirse directos depositarios de lo mejor del martirologio y de la tradición revolucionaria del APRA. Este sector aglutinado bajo las siglas de la Alianza Revolucionaria Estudiantil (ARE), por esos días, cuestionaba acremente el acercamiento que la dirección de su partido realizaba con ciertos sectores del gobierno militar y no perdía oportunidad para salir a las calles y sumarse a cualquier expresión antigubernamental buscando que se abra un proceso de transición a la democracia.
El ARE fue en los sucesos del 5 de febrero el elemento de intencionalidad política y soporte de estas acciones. No fueron los únicos sin embargo, también participaron aunque con peso menor grupos de universitarios maoístas de la Universidad Mayor de San Marcos, aglutinados en lo que en esos años se conocía como el Partido Comunista del Perú, Bandera Roja. El tipo de dirección que se buscó implementar no se basó en una estrategia previamente definida. Las marchas y contramarchas para elegir la ruta de las manifestaciones callejeras y los blancos de las acciones; que no se observe formas de violencia más complejas y elaboradas; pero sobre todo cuando una vez desarrolladas las acciones "no se supiera que hacer" de ambulando por las calles de Lima, revelan que más que una estrategia definida, los activistas sobre todo del ARE habrán tratado de dar, sobre la marcha, una direccionalidad política a los acontecimientos.
En relación a esto es importante la existencia de un aparato partidario como el del partido aprista, que da la posibilidad de actuar con rapidez en las coyunturas para montarse en la lógica de los acontecimientos y buscar influir en sus resultados. Más allá de los jóvenes universitarios, la mayoría de partidos y el sistema político en su conjunto fueron sorprendidos por las acciones del 5 de febrero. Al respecto es necesario señalar que un libro relativamente reciente publicado por Manuel García Torres, uno de los líderes universitarios apristas de activa participación en estos hechos, discrepa con esta afirmación señalando que desde días antes ya había una activa coordinación entre los policías huelguistas y los universitarios apristas. García Torres plantea que los sucesos del 5 de febrero deben ser leídos como una insurgencia juvenil aprista en favor de la democracia4
El saqueo, la destrucción y el vandalismo
Las acciones de masas más generalizadas son los actos de saqueo, destrucción y vandalismo, perpetrados en contra de un importante número de establecimientos comerciales, almacenes y fábricas ubicadas en el área central de la ciudad. Se inician a media mañana del mismo 5 aprovechando la ausencia en las calles de un efectivo control policial, y en momentos que las manifestaciones políticas estaban en pleno desarrollo.
Estas acciones constituyen las manifestaciones de protesta social más inorgánicas y elementales de la jornada porque revelan una aspiración igualitarista en el consumo de los sectores populares, que es "satisfecha" mediante el acceso' violento a la propiedad de un conjunto de mercancías, obteniéndose así cierta "justicia" que -considera "legítima" y "natural". No se trataron de manifestaciones producidas por hambrunas o alzas desmesuradas de precios como en los saqueos PRE-capitalistas. Afirmamos esto porque durante el proceso de investigación hemos tenido acceso al Registro de Establecimientos Damnificados que creado por el gobierno mediante el Decreto Ley No. 21095, el 11 de febrero de 1975, con el objetivo de "otorgar facilidades a todas las personas naturales y jurídicas dedicadas al comercio, la industria, los servicios o propietarios de inmuebles que hubieran sufrido, como producto del saqueo y vandalismo, daños superiores al 5 por ciento del total de sus activos o del valor de sus inmuebles".
El Registro de Damnificados es una fuente valiosísima pues contiene los datos de las solicitudes aprobadas: nombre del propietario, actividad del establecimiento, tipo de mercancías pedidas, y el monto de las pérdidas reconocidas por el gobierno. La información recogida revela que fueron 162 los establecimientos afectados por las acciones violentas, de los cuáles el 84.5 por ciento (137) fueron tiendas y almacenes comerciales; seguido de automóviles 5.5 por ciento (9); y fábricas 4.9 por ciento (8). Es importante anotar además que el grueso de estas acciones se realizaron en las zonas comerciales de dos viejos distritos limeños: El Cercado de Lima y La Victoria, ambos concentran casi el 90 por ciento del total de tiendas saqueadas
Según el registro el monto total estimado de las pérdidas fue de US$ 8'970,619; de los cuales el 68.7 por ciento (US$ 5'719,330.9), corresponde a la categoría de tiendas y almacenes comerciales; mientras el 21.03 por ciento (US$1'886.539.9) a diversas fábricas. El registro indica además el tipo de mercancías que concitó la preferencia de los saqueadores. Así, de las 137 tiendas y almacenes comerciales atacados, 44 pertenecen al género de artículos de vestir (44 de ropa; 13 zapaterías; 11 telas) 39 de artefactos eléctricos para el hogar (33 artículos eléctricos; 6 para el hogar), y 19 fueron joyerías. La preferencia por la "ropa" se confirma también en el caso de las fábricas, pues de un total de ocho, solo una no corresponde a ese género. Es sintomática la casi total ausencia de alimentos ó afines entre las mercancías saqueadas.
A partir de esta información empírica se puede afirmar que los actos de saqueo, destrucción y vandalismo constituyen las manifestaciones de protesta social más inorgánicas y elementales de la jornada. Estas acciones tuvieron como objetivo lograr el acceso violento a la propiedad de un conjunto de mercancías que podemos agrupar en tres rubros: ropa, artefactos eléctricos y joyas. Mercancías que forman parte significativa de la estructura del gasto y consumo de los sectores medios y altos de la sociedad y que no están ligados directamente a problemas de supervivencia. En las acciones de saqueo y vandalismo también está presente la tensión de amplios sectores empobrecidos de la población, que todos los días son bombardeados y estimulados irracionalmente por grandes campañas propagandísticas de consumo y, a la vez, frustrados por la incapacidad del sistema para satisfacer sus necesidades.
Los actores
No se puede determinar el significado de los sucesos del 5 de febrero sin averiguar, de manera precisa, quienes fueron sus protagonistas. Esta es una necesidad imperiosa pues, las formas que adquiere el comportamiento colectivo, en situaciones como las analizadas, se encuentran necesariamente ligadas a situaciones de clase específicas, a sistemas de relaciones sociales y, a niveles de desarrollo social, político y cultural alcanzado por sectores sociales determinados.
En el caso del 5 de febrero parecen haber confluido 3 grandes protagonistas: La Guardia Civil; parte de la juventud universitaria del Partido Aprista, aglutinada en La Alianza Revolucionaria Estudiantil (ARE); y multitudes populares urbanas. Los dos primeros, cuya participación es evidente, son abordables mediante la revisión sistemática de recortes periodísticos y volantes y la técnica de las entrevistas. El tercero, obliga a discutir y aplicar aportes teóricos y metodológicos, que una serie de estudiosos han desarrollado al respecto.
Varios autores han conceptualizado las multitudes urbanas de acuerdo con el grado de desarrollo socio-económico alcanzado por las sociedades en las que se manifiestan. Así, para G. Rude, la multitud es la forma típica que adquiere el movimiento de masas de las sociedades Preindustriales, sociedades en las cuales las clases sociales no se encuentran totalmente constituidas como actores históricos con personalidad y organización propios. Para E. Hobsbawm la existencia de multitudes urbanas, en sociedades capitalistas modernas, configuran formas primitivas y pre-políticas de movimientos sociales, éstos porque en las sociedades modernas la industrialización capitalista ha sustituido a las masas indiferenciadas por las clases trabajadoras que, a su vez, generan en el proceso de lucha de clases, formas propias de organización y comportamiento. Estas conceptualizaciones son, tal vez, validas para aquellos países centrales que han logrado pasar de un estudio de desarrollo a otro, modificando radicalmente sus estructuras sociales y políticas.
En el caso del Perú la situación es distinta en la década de los setenta. De un lado, se trata de un país con un desarrollo capitalista dependiente, extremadamente desigual en el cual, coexisten no sólo diversos grados y modalidades de capital sino que, en amplias zonas del país, se articulan subordinadamente al capital; formas económicas tradicionales. Lima, además no es una urbe en la que la industria impone el ritmo a la vida cotidiana, por el contrario la inmensa mayoría de la población se encuentra ligada a actividades de servicios, artesanal, pequeña producción de talleres, comercio ambulatorio, servicio, sino se encuentran en situación de desempleo y subempleo que son formas comunes de subsistencia precarias.
De otro lado, el Perú en los años setenta ha sido testigo de un importante desarrollo de los movimientos sociales que, sin embargo, no se han logrado constituir plenamente como movimiento popular, es decir, como un actor social estable que canalice el conjunto de reivindicaciones populares con proyecto y perspectiva estratégica. La creciente dinámica de los sectores populares ha tenido un carácter sectorial y diferenciado. Cada clase o sector social subalterno ha mostrado un ritmo desigual, existiendo desfases de organización, conciencia y capacidad reivindicativa al interior de cada una de ellas y entre los sectores urbanos y rurales. De esta manera no es extraño que en Lima, junto a trabajadores con capacidad de organización sindical, métodos de lucha modernos y cierto nivel de politización, encontremos trabajadores precarios que no cuentan con niveles de organización que permita darle cauce institucional a sus reivindicaciones (debiendo por ello pasar por el filtro de la problemática urbana para expresarlos).
Ante estas peculiares características, la afirmación que señala que las multitudes populares urbanas son forma de acción colectiva que tienden a desaparecer con el desarrollo capitalista para dejar en su lugar a la clase trabajadora industrial, resulta muy discutible en el Perú de los años setenta. Por ello creemos que debido a los condicionantes económicos estructurales y a la debilidad de los movimientos sociales, es posible pensar en la vigencia, a corto y mediano plazo, de las multitudes como formas a través de las cuales se expresan cierto tipo de movilizaciones populares.
Sobre las multitudes urbanas, el presente trabajo hace propia la necesidad señalada por George Rude, de dejar de percibir a las masas como sujetos colectivos abstractos, sin una clara relación con los grupos y clases de las cuales emergen. En el caso del 5 de febrero, para identificar la estructura social de las multitudes se ha trabajado con datos socio-económicos de las personas fallecidas y de las personas encausadas judicialmente por los sucesos. Se tiene la certeza que estos datos producen una imagen aproximada y confiable de los manifestantes.
Sobre las Personas Fallecidas, el 10 de febrero de 1975, la Oficina de Relaciones Públicas de la Zona de Seguridad del Centro, instancia castrense que luego de sucedidos los hechos, tomó el control de la ciudad de Lima, hizo público el comunicado No. 10, que revela el saldo oficial de los sucesos: 86 civiles muertos, 162 heridos y 1,012 detenidos. El comunicado revela, además, la identidad de 61 de las personas fallecidas y señala que las 25 restantes esperan ser identificadas.
Con esta información inicial gestionamos y logramos acceder al Archivo del Cementerio Público de Lima, donde se archivan las boletas de los restos mortuorios sepultados tanto en el Cementerio Presbítero Maestro como El Ángel. En este Archivo se logró ubicar la identidad de 11 personas fallecidas más que no habían sido identificadas por el comunicado No. 10, con lo que logramos identificar a 72 de las 82 personas fallecidas. Pero lo más importante radica en que este archivo figura el número de libro y folio, en que están registrados, en la Municipalidad de Lima (registro de defunciones), las partidas de defunción de estas 72 personas. En estas partidas se registran datos sobre: Estado Civil, Sexo, Lugar de Nacimiento, Ocupación, Dirección y Edad.
La revisión del conjunto de fuentes referidas a las personas fallecidas permite una primera aproximación a la estructura social de las multitudes que actuaron el 5 de febrero. Los datos revelan el predominio de hombres solteros, jóvenes y provincianos. En sus ocupaciones destacan los estudiantes, desocupados, obreros, ambulantes y artesanos. Y por último que estos vivían mayoritariamente en zonas de tugurios, como el Cercado de Lima. La Victoria, Rímac, Surquillo y Breña. El bajo porcentaje de personas sin antecedentes policiales refuerza esta tendencia al tiempo, que parece desmentir el supuesto predominio de delincuentes en la composición de las multitudes.
El perfil de las personas fallecidas no difiere radicalmente con el de las personas detenidas y encausadas Judicialmente por estas acciones. En efecto, en 1976, el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), realizó un estudio sobre el tratamiento que el Poder Judicial ha dado a una serie de conflictos sociales, uno de ellos fue el 5 de febrero, donde se trabaja a partir del expediente judicial de las personas encausadas ante el 2do. Juzgado de Instrucción de Lima5. El estudio de DESCO es importante porque señala algunas características sociales de los encausados. Así, de un total de 141 personas enjuiciadas, 55 de ellas son obreros, 40 desempleados y subempleados; 15 son estudiantes, 14 ambulantes, 11 artesanos y 6 subempleados. Además sólo 19 poseen antecedentes policiales. Es a partir de los datos que acabamos de indicar (86 personas fallecidas y 141 encausados judicialmente) que se vislumbra la estructura social y el rostro de la multitud urbana que actuó el 5 de febrero.
La multitud estuvo formada por un conjunto heterogéneo y pauperizado de sectores sociales que forman parte de la base de la pirámide social limeña, destacando la presencia de obreros, estudiantes, desocupados, desempleada y artesana. La multitud significativamente es de jóvenes que en su mayoría, provienen de los tugurios de dos viejos distritos: el Cercado de Lima y La Victoria, que además es en cuyas zonas comerciales ocurren el grueso de las acciones.
Debemos llamar la atención sobre esto último pues, nos plantea el problema de los tugurios, sus habitantes y su relación con los sucesos. Los habitantes de los tugurios constituyen el sector social que históricamente resume un largo período de marginación y frustración urbana. En las sucesivas etapas por las que ha pasado la expansión de Lima Metropolitana, el clásico tugurio ha sido la primera y más antigua expresión de la crisis de la vivienda de los sectores populares. Sus habitantes no son similares a los de los pueblos jóvenes: recién migrados y en proceso de culturización. Como señala, Luis Millones6, la población de los tugurios antigua y
proviene de los sectores empobrecidos de la sociedad colonial: españoles y mestizos sin título ni trabajo, descendientes de esclavos negros y asiáticos y de los establecimientos indígenas muy tempranos; así como de los migrantes que llegaron en las primeras oleadas. Resultan de esta manera "limeños" con largas décadas de marginación y frustración en el consumo urbano y que además tienen una percepción de las cosas de raíces coloniales y "criollas" muy profundas.
De otro lado, a pesar que una conmoción de la magnitud del 5 de febrero presente excelentes oportunidades para la acción delictiva del lumpen, la multitud no parece haber estado formada predominantemente por ladronzuelos. El alto porcentaje de individuos que carecen de antecedentes policiales tanto en las personas fallecidas como en las encausadas judicialmente confirman esta afirmación y refutan, al mismo tiempo, las versiones prejuiciosas de muchos observadores.
Quisiéramos hacer una última anotación. Desde un punto de vista histórico los sucesos del 5 de febrero se inscriben dentro del proceso de formación de los movimientos sociales, constituyéndose en una expresión inorgánica de los sectores populares urbanos. A diferencia de otras conmociones urbanas, como por ejemplo el "Cordobazo" ocurrido en Argentina, en los sucesos la participación de los partidos no parece haber sido definitoria. El conjunto de partidos con excepción de grupos juveniles sin capacidad de arrastrar a sus direcciones nacionales, fueron primero sorprendidos y luego desbordados por los hechos. La participación de los jóvenes militantes apristas que buscó darle sobre la marcha una direccionalidad a los sucesos, no modifica sustancialmente este carácter.
III. Concluyendo
Los sucesos del 5 de febrero constituyen una crisis urbana con diversas y significativa acciones de masas. La crisis se origina en una fisura ocurrida al interior del bloque militar que detentaba el poder y que crea las condiciones para la expresión violenta y masiva de contradicciones sociales e institucionales de diversa índole. De esta manera se generaliza la crisis y se paraliza por algunas horas el sistema político y el orden social en las calles de Lima. La generalización solo es posible por la convergencia y encadenamiento de varios procesos: huelga policial, manifestaciones políticas de protesta, y actos de vandalismo y saqueo.
La represión a la huelga policial hace que una reivindicación económica sectorial del personal subalterno pase a transformarse en un enfrentamiento institucional entre la policía y las fuerzas armadas. Este enfrentamiento ocurre en el corazón de las instituciones coercitivas del estado de un gobierno militar, y es allí donde convergen las manifestaciones políticas de solidaridad con los huelguistas y de protesta contra la represión militar y sus símbolos e instituciones. Estas manifestaciones no respondieron a alguna estrategia insurreccional sino a "politizar" y buscar precipitar algún desenlace en las contradicciones internas del gobierno. Junto a esto estallaron acciones de saqueo de multitudes con aspiraciones igualitaristas de consumo y que aprovecharon la ausencia del orden público para acceder violentamente a estos productos de consumo.
Finalmente, es indudable que los sucesos del 5 de febrero tuvieron un impacto político significativo ya que abrieron la coyuntura de crisis del liderazgo del General Velasco dentro de las Fuerzas Armadas y que concluyo con su relevo seis meses después por acción del General Francisco Morales Bermúdez y con el inicio de la segunda fase del gobierno militar. Este impacto fue producido por la fisura producida al interior del bloque militar en el poder que atentaba contra la propia cohesión institucional de las Fuerzas Armadas. El reemplazo de Velasco busco precisamente recuperar esa cohesión y darle un lugar en el gobierno a las fuerzas policiales.
1 CARDOSO, Fernando. "Régimen Político y Cambio Social" en Estado y Política en América Latina Ed. Siglo XXI, México, 1981.
2 Al respecto se puede leer los trabajos de George Rude: La Multitud en la Historia, Ed. Siglo XXI, Argentina, 1971; y Protesta Popular y Revolución en el Siglo XVIII, Ed. Crítica, España, 1981; y Edward Thompson: Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase, Ed. Crítica España, 1979
3 Para identificar las contradicciones se ha recurrido a la técnica de las entrevistas y a la revisión del material periodístico existente. Respecto a lo primero se ha grabado una entrevista con el ex sargento GC, Julio Cortegana Ludeña, sindicado como el organizador de la huelga. En lo segundo, se ha trabajado en el Archivo de Recortes Periodísticos del diario "La Prensa".
4 GARCIA TORRES, Manuel. La Insurgencia Juvenil del 5 de Febrero y el Rescate de la Democracia en el Perú; Lima 2009.
5 DESCO, Tratamiento Jurídico a los Conflictos Sociales, Mimeo, Lima, 1976.
6 MILLONES, Luis, Tugurios: La Cultura de los Marginados, Ed. INC, Lima, 1978.
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