 Servindi, 15 de agosto, 2009.- Presentamos nuestro habitual micro informativo Mundo Indígena al Día con nuestro resumen semanal de noticias, que autorizamos a reproducir libremente por cualquier medio: Internet, radio, bocina, altavoz, etc.: Mundo Indígena al Día Resumen semanal de noticias, 15 de agosto, 2009 Naciones Unidas: En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D´Escoto Brockmann, exhortó a los gobiernos a concentrar esfuerzos en proteger la salud indígena y, sobretodo, enfocados al SIDA. Internacional: Preocupación en organizaciones indígenas y ambientales ocasionó el anuncio de planes y créditos para compensar las emisiones de carbono mediante los mecanismos denominados de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD). América Latina: La Premio Nóbel de la Paz en 1992 Rigoberta Menchú Tume invocó la unidad de los pueblos indígenas de América Latina a fin de lograr estados incluyentes, participativos y plurales para los pueblos indígenas. Amazonia: El canal de televisión Discovery Channel estrenará el lunes una miniserie de seis episodios denominada "En la Amazonia con Bruce Parry" donde dará a conocer la diversidad cultural y ambiental de la región. Perú: La administradora de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Augostina Mayán, negó que se hayan ejecutado siete proyectos de forma irregular, como lo sostuvo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tras una reciente investigación. La APCI concluyó en su evaluación que la organización indígena brindó información falsa en el proyecto "Mejora de la Autonomía y Seguridad Jurídica de los Territorios de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Río Marañón", financiado por Alternativa Solidaria-Plenty. Honduras: Un grupo de personas aún desconocidas, a bordo de un auto, dispararon sus armas de fuego contra la sede de la organización Vía Campesina en Honduras, sin dejar heridos que lamentar. México: El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, entregó la traducción de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su lengua madre, a las etnias rarámuris, guarijos, pimas y tepehuanes.. Por otro lado, el gobierno de Chiapas impidió que los 20 indígenas acusados por la matanza de Acteal regresaran a sus comunidades a pesar de ser liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Colombia: La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), anunció que presentará un informe, que detalla las graves violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ante la 75 Sesión del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD-ONU). Perú-Brasil: El 80 por ciento de la energía producida por plantas hidroeléctricas que se construirán en el Perú beneficiarán a Brasil, anunció el ministro de Minas y Energía brasilero, Edison Lobão. Perú: El presidente de la Corte Suprema del Perú, Javier Villa Stein, celebró en la ciudad amazónica de Pucallpa el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y calificó de "magnífica" la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y afirmó que la suscribía "plenamente". Perú-Bolivia: El prestigioso escritor boliviano Alfredo Tabo Amapo presentó en Lima su libro "El Eco de las Voces olvidadas", el próximo 12 de agosto. Perú: La comunidad de Huancabamba, Piura, viene realizando una movilización de protesta contra la ONG Integrando, al acusarla de mantener relaciones con la empresa minera Río Blanco y de hostigar a los pobladores que rechazan el proyecto de esta compañía. Perú: La Fiscalía peruana presentó cargos de homicidio contra dos generales y 15 efectivos de la Policía Nacional que participaron en el trágico enfrentamiento de Bagua, el pasado 5 de junio, que dejó 34 personas asesinadas. Sin, embargo horas después la fiscal titular de la denuncia, Luz Marleni Rojas Méndez, fue removida de su cargo. Los líderes indígenas de la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (ORPIAN) evalúan, en Amazonas, el posible reinicio de las movilizaciones y protestas debido al "descontento de las comunidades nativas de Cóndorcanqui e Imaza por el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno". Por otro lado la Dirección Regional de Salud en Cusco confirmó que siete miembros del pueblo indígena matsigenka del Urubamba, Cusco, contrajeron la gripe AH1N1. Chile: Tras la reciente ejecución extrajudicial del joven mapuche Jaime Facundo Mendoza (24), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) denunció que el gobierno chileno viene desarrollando una sistemática criminalización contra los pueblos indígenas. Perú: La organización Round River Conservation Studies captó fotografías que demuestran la presencia de cuatro campamentos de madereros ilegales dentro de la Reserva Murunahua en Perú, que se creó en 1997 para proteger a los indígenas murunahua en situación de aislamiento. --------------------------  Servindi, 14 de agosto, 2009.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) lamentó que el representante de la embajada peruana en Ginebra (Suiza) haya intentado "cortar" la exposición de su vicepresidenta, Daysi Zapata, ante las Naciones Unidas.. (Imagen: La republica)
La lideresa yine expuso argumentos sobre la falta de preocupación del Gobierno peruano por implementar las normas internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas y responsabilizó a las autoridades de los trágicos sucesos de Bagua (Amazonas). Así lo hizo ante un auditorio de especialistas en el marco de la 75 Sesión del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD-ONU). Sus declaraciones despertaron la reacción del representante de la Embajada peruana en Ginebra, quien solicitó que se corte la intervención de la representante de la AIDESEP, la cual no fue aceptada. Zapata Fasabi continuó su ponencia y manifestó que "a merced de este vacío legal se permitió que los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas se agudicen, como es el caso de los hechos ocurridos en Bagua", donde murieron 34 personas. Asimismo, la vicepresidenta de AIDESEP denunció que el gobierno "continúa con su pretensión de separar al movimiento indígena pues", al mencionar que las autoridades pretendieron llevar a otros representantes indígenas hasta Ginebra para defender la posición del Estado. ----------------------------  Servindi, 14 de agosto, 2009.- El gobierno de Chiapas impidió que los 20 indígenas acusados por la matanza de Acteal regresaran a sus comunidades a pesar de ser liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Imagen: el universal)Por encargo de las autoridades locales, los pobladores nativos fueron introducidos en un camión y llevados a un hotel aislado "por considerar que no hay condiciones para su retorno a Chenalhó", según manifestaron las autoridades. En la madrugada, los 20 liberados fueron sacados del penal Cereso por una puerta trasera sin permitirle tener contacto con sus abogados, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). El director del penal, Mario Eduardo de León Castillejos, agilizó los trámites para la salida de los indígenas en coordinación con Juana García Palomares de la Sociedad de Productores Agrícolas de los Altos de Chiapas, mientras demoraba el ingreso de los abogados del CIDE. Durante la espera de la prensa y los abogados, dos camionetas con vidrios polarizados salieron del centro penitenciario con la intensión de generar distracción, mientras los detenidos eran sacados por la parte trasera. En ese momento se inició una persecución por la carretera por casi 2 horas y concluyó frente al hotel El Encanto, ubicado en el municipio de Berriozábal al que fueron trasladados los indígenas liberados. --------------------  Servindi, 14 de agosto, 2009.- Tras la reciente ejecución extrajudicial del joven mapuche Jaime Facundo Mendoza (24), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) denunció que el gobierno chileno viene desarrollando una sistemática criminalizació n contra los pueblos indígenas. (Imagen: 1.bp.blogspot)"No se trata de un hecho aislado ni del producto de un enfrentamiento, como han declarado funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet. Jaime Mendoza estaba detenido y desarmado cuando fue asesinado", manifestó la organización andina en un comunicado. El joven indígena fue asesinado a manos de los carabineros (policías) chilenos, el pasado 12 de agosto, en el fundo San Sebastián, a 12 kilómetros de la ciudad de Collipulli (Malleco), cuando un centenar de comuneros mapuches protestaban por la reivindicación de sus tierras ancestrales. "Este crimen es uno más de los muchos perpetrados por las fuerzas del orden en sus continuas y violentas incursiones a las comunidades mapuches, que desarrollan un legítimo proceso de recuperación territorial", agregó el documento. La CAOI denunció, además, que en este incidente fue herido de bala Juan Carlos Curinao Roncal, autoridad ancestral de la comunidad Huañaco Millao, junto a un número indeterminado de heridos y decenas de detenidos. Por otro lado, el dirigente de la Identidad Territorial Lafkenche, Adolfo Millabur Ñancul, afirmó que el asesinato de Jaime Mendoza "confirma la incapacidad del gobierno chileno por dar una verdadera y justa salida a las demandas históricas del pueblo mapuche". -----------------------------------  Servindi, 14 de agosto, 2009.- Un grupo de personas aún desconocidas, a bordo de un auto, dispararon sus armas de fuego contra la oficina de la Vía Campesina en Honduras, sin dejar heridos que lamentar. (Imagen: movimientos.org)Según la organización centroamericana, el atentado se produjo a las 11 y 23 de la noche mientras se acataba el toque de queda en la ciudad, que inició a las 10 de la noche. "Las personas desconocidas iban a bordo de un auto marca Toyota Turismo, color crema y placa PCA1981", denunciaron los testigos de la organización. Los miembros afectados argumentaron que este hecho "fue un claro atentado contra nuestras organizaciones sociales y sus dirigentes sociales que están al frente de la resistencia contra el golpe de Estado". Asimismo, recordaron que "hace 15 días hubo una bomba capaz de matar a 15 personas que se estalló en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS). Hoy se suma este otro hecho criminal en la oficina de la Vía Campesina". Las dos organizaciones antes mencionadas conforman el organismo denominado Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe del Estado. Además, se mostraron preocupados ante la situación debido a que "durante el toque de queda, los únicos que pueden andar en las calles son los policías" y manifestaron que trabajarán para identificar a los responsables. "Condenamos esta acción ya que las actividades de la Vía Campesina y del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe del Estado son completamente pacíficas", finalizaron. ----------------------  Servindi, 14 de agosto, 2009.- El canal de televisión Discovery Channel estrenará el próximo lunes una miniserie de seis episodios denominada "En la Amazonia con Bruce Parry" donde dará a conocer la diversidad cultural y ambiental de la región. El programa fue filmado durante nueve meses en locaciones que siguen el curso del río Amazonas, desde su nacimiento en los andes peruanos hasta su estuario en el océano Atlántico. La serie constituye el proyecto más ambicioso del aventurero, ex marino y presentador del programa "La tribu" de la misma señal, Bruce Parry. En esta nueva experiencia, Bruce viajará alrededor de 10 mil kilómetros a pie, avión y barco, para conocer y convivir con tribus nativas y visitar a una amplia variedad de personas del Amazonas. Curioso por entender sus costumbres y sus variados estilos de vida, el estadounidense participa en las tradiciones locales, entre las que se incluyen ritos de purgación y contacto con hormigas venenosas, alucinógenos y consumo de cerveza hecha de patata dulce. El programa de estreno se podrá observar desde este lunes 17 de agosto, a las 9 de la noche por Discovery Channel. --------------------------------  Servindi, 13 de agosto, 2009.- La organización Round River Conservation Studies captó fotografías que demuestran la presencia de 4 campamentos de madereros ilegales dentro de la Reserva Murunahua en Perú, que se creó en 1997 para proteger a los indígenas en condición de aislamiento murunahua. "Los cuatro campamentos parecen activos. La tala ilegal en áreas protegidas supone una grave amenaza para los pueblos indígenas que viven en la región", señaló Chris Fagan, miembro de la organización conservacionista estadounidense y quien tomó las fotografías. Estos indígenas aislados no sólo son muy vulnerables a las enfermedades transmitidas por los foráneos, sino que además existe un historial de violento conflicto entre ellos y los madereros", agregó. En tanto, la organización Survival International publicó las fotografías en su sitio web y manifestó que algunos indígenas murunahua "ya han sido contactados por los madereros, lo que ha supuesto la muerte estimada del 50% de ellos".  Uno de los supervivientes manifestó a Survival que "cuando ha venido este contacto con los madereros, salimos del monte. De eso comenzó la enfermedad. Por eso se murieron la mitad". El director de Survival, Stephen Corry, indicó que "estas fotografías demuestran que los madereros están dentro de la Reserva Murunahua. El Gobierno peruano debe actuar inmediatamente, deteniendo la tala y dejando a los indígenas aislados vivir en paz". "El destino de los indígenas aislados de Perú era, después de todo, una de las preocupaciones en las protestas indígenas que paralizaron gran parte de la Amazonia este año", puntualizó -----------------------  Servindi, 13 de agosto, 2009.- La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), anunció que presentará un informe, que detalla las graves violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ante la 75 Sesión del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminació n Racial de Naciones Unidas (CERD-ONU).El documento argumenta que dos relatores especiales de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen y James Anaya, calificaron la situación colombiana como "grave, crítica y profundamente preocupante". Además, el documento de la ONIC sostiene que los pueblos originarios "son los que más sufren el impacto del conflicto armado en Colombia, pues pese a representar solo el 3.4% de la población, representan el 7% del total de la población desplazada del país son indígenas". También señala que "entre los años 2002 y 2009, más de mil 200 indígenas fueron asesinados y sólo en el 2008, los indígenas asesinados fueron 101. Y en el primer semestre de este año, llegan a 58". "El analfabetismo en la población indígena llega al 17.7%. En las mujeres indígenas, la tasa es de 22.5% y el 75% de los niños y las niñas indígenas sufren de desnutrición crónica", agrega el informe presentado al CERD-ONU. ---------------------------------------------------------  Por Rodrigo Arce Rojas* Hablar de distribución de beneficios sobre los mecanismos de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) podría dar la impresión que el tema ya está mayormente resuelto y lo único que resta es ponerse de acuerdo en la forma cómo se alcanza una distribución equitativa de beneficios. Lamentablemente esto no es así, ni desde el punto vista técnico ni desde el punto de vista sociocultural. Se encuentran muchas dudas e incluso evidencias de rechazo tanto de parte de los propios representantes indígenas como de activistas que trabajan a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque el espíritu de REDD, acorde con las teorías actuales que atribuyen el origen antrópico del cambio climático y el rol del carbono en exceso en el incremento de la temperatura atmosférica y por tanto la afectación del sistema atmosférico, es plausible, todavía se manifiestan dudas sobre la efectividad del mecanismo en el balance de carbono para mitigar el problema. Pero más allá de temas técnicos también hay dudas sobre la efectividad de la herramienta como incentivo económico sujeto a las leyes del mercado. Algunos de los cuestionamientos de fondo también tienen que ver con el tema de la "propiedad" del carbono y si es válido éticamente comercializarlo. En el campo las opiniones de los pueblos indígenas se encuentran divididas. Por un lado hay un sector que en los foros internacionales manifiestan abierta oposición al esquema por las secuelas socioambientales que piensan que podría provocar REDD y de otro lado hay sectores indígenas que en alianza con organizaciones no gubernamentales ya vienen trabajando REDD. Para entender la perspectiva del sector que manifiesta rechazo o extremo recelo habría que conocer cuáles son las causas de sus temores suponiendo que el mecanismo sea puesto en práctica. Temores Según el Global Forest Coalition & Comisión Medio Ambiental sobre Políticas Sociales y Económicas (CEESP) de la IUCN (2008) existen los siguientes temores: - Que los fondos sean canalizados a través de instituciones intermediarias donde se corre el riesgo que las élites se apropien de los recursos y se puedan generar casos de mal utilización de fondos y corrupción.
- Que motivados por la repentina valorización de bosques y opciones de inversión en proyectos REDD se promueva una rápida titulación de tierras por las élites que debiliten la propiedad comunitaria
- Que la participación comunitaria sea manipulada (divisionismo, creación y reconocimiento externo de directivas paralelas) con la finalidad de contar con directivas más manejables externamente y que estas injerencias terminen menoscabando las formas de gobierno tradicional
- Que el ingreso de conceptos y prácticas de mercado provoquen una distorsión de los valores solidarios de la comunidad hacia formas más individualistas y de acumulación
- Que se manifieste en marginalización de las mujeres
Pero no sólo son los impactos los que generan temor sino que también se cuestiona el propio proceso. El esquema, tal como se conoce hasta ahora, "premia" a los actores que tradicionalmente han deforestado y subestima a las comunidades que han conservado sus bosques. La Global Forest Coalition & la Comisión Medio Ambiental sobre Políticas Sociales y Económicas (CEESP) de la IUCN (2008) dan cuenta también que el mecanismo tiene altos costos de transacción (preparativos de las valoraciones de impacto ambientales, la prestación de servicios ambientales, el cumplimiento con los criterios de calificación y la provisión de financiamiento por adelantado, incluyendo seguros contra el fracaso del proyecto, entre otros). Está claro que si el esquema está en función a la inversión y riesgos asumidos estas consideraciones excluyen a las comunidades que no cuentan con el capital inicial. A esta situación se añade el caso que muchas comunidades aún no están reconocidas o tituladas y temen que estos esquemas refuercen la negativa de titulación de tierras comunitarias. Así mismo, el esquema se presenta en una situación que el consentimiento libre, previo e informado no es respetado a plenitud aún cuando están en curso propuestas para normar estos procesos de acuerdo a los lineamientos generales que presenta el Convenio 169 de la OIT. Es necesario además analizar los costos del mecanismo en términos de reducción de la seguridad y la soberanía alimentaria, pérdida de puestos de trabajos alternativos y de ganancias, pérdida de poder de la comunidad sobre las decisiones relativas a los bosques [Global Forest Coalition & Comisión Medio Ambiental sobre Políticas Sociales y Económicas (CEESP) de la IUCN, 2008]. Las posibilidades sugeridas, hasta ahora, incluyen beneficios no monetarios a las comunidades con economías de subsistencia o la transferencia de pequeños pagos a fondos comunitarios (Griffiths, 2007). Se ha manifestado la necesidad que existan ganancias directas por las comunidades sea a través de ingresos u otros medios adecuados de sustento para los pueblos indígenas locales incluyendo compensaciones si es que se toman decisiones que los afecten (United Nations University & Institute of Advanced Studies (UNU-IAS). 2009). Si es que se quiere avanzar en la propuesta con relación a los pueblos indígenas hay que favorecer procesos horizontales de negociación sobre la base de un diálogo generativo donde se puedan resolver las observaciones planteadas. Principios para una distribución de beneficios Algunos de los principios para una distribución de beneficios son: - Que se consideren beneficios reales, que favorezcan el desarrollo de los pueblos indígenas y que permitan mejorar sus condiciones de vida
- Que permita avanzar en los derechos de los pueblos indígenas
- Que se priorice a las comunidades que han resistido a la presión económica por deforestar (COICA, 2009)
Para ello se requiere que exista un marco legal acordado sobre la distribución de beneficios por la venta de créditos de carbono, antes de iniciar un proyecto (IUCN, 2008). Estos mecanismos de distribución de beneficios deben ser acordados anticipadamente y los procesos deben ser producto de una negociación directa con las comunidades. Se requiere tomar las previsiones del caso para evitar daños a las estructuras de valores de la comunidad, la desestructuración del esquema de gobernanza de las comunidades y la seguridad y soberanía alimentaria. Los temores y propuestas de las comunidades no pueden ser desestimados y más bien se puede considerar este proceso como una oportunidad para el ordenamiento territorial, el ejercicio de derechos, el fortalecimiento de la ciudadanía intercultural y emprendimientos comunitarios sustentables a partir de la conservación de bosques. Otras alternativas Otras alternativas sugeridas para hacer más efectivas las propuestas de distribución de beneficios a las comunidades son: - Cuotas geográficas
- Metodologías simplificadas para las actividades en pequeña escala
- Nichos de mercado para iniciativas comunitarias (Brown et al. 2004, citado por Zambrano-Barragán, 2008)
- Establecer fondos especiales dedicados a los pueblos indígenas (Rigth Resources & Rainforest Foundation Norway. 2008)
Resulta de especial importancia no quedarse únicamente en los incentivos económicos, es necesario proveer un amplio rango de incentivos sociales, culturales, legales y económicos para la conservación de los bosques y el uso sustentable, especialmente por Pueblos Indígenas y comunidades locales (Global Forest Coalition & Comisión Medio Ambiental sobre Políticas Sociales y Económicas (CEESP) de la IUCN, 2008). Así mismo, no reducir las posibilidades de apoyo al desarrollo comunitario a REDD sino que también es importante implementar otros incentivos de compensación por servicios ecosistémicos y otras alternativas productivas sostenibles articuladas a cadenas de valor bajo gestión indígena o en alianzas responsables. No hay que olvidar que REDD es una alternativa para enfrentar al cambio climático y una oportunidad para dar real atención a los pobladores originales de los bosques. Literatura citada: - COICA, 2009. SBSTA submission de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA. Quito, 9 p. - Global Forest Coalition/CEESP, 2008. "Derechos, Equidad, Desarrollo, Deforestación y Gobierno por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales","GenderCC Contribution on REDD", GenderCC Women for Climate Justice, Diciembre 2008. http://www.redd-monitor..org/- Right Resources & Rainforest Foundation Norway. 2008. Bases para la efectividad. Diciembre. Marco para garantizar la efectividad de la mitigación y la adaptación al cambio climático en las regiones forestales al mismo tiempo que se garantizan los derechos humanos y el desarrollo. 4 p. - United Nations University & Institute of Advanced Studies (UNU-IAS). 2009. Guía UNU-IAS Reducción de emisiones causadas por deforestación y degradación forestal en países en desarrollo (REDD): Guía para pueblos indígenas. Yokohama, 72 p. - Zambrano-Barragán, Carolina. 2008. REDD en América del Sur: capacidades requeridas y necesidades de investigación. 10 p. — * Rodrigo Arce Rojas es Ingeniero Forestal. Consultor forestal y de facilitación de procesos sociales. Su correo electrónico es rarcerojas@yahoo.es -----------------------------  *Por Bartolomé Clavero SERVINDI-Servicios en Comunicación Intercultural (http://www.servindi.org) transmite desde Perú la noticia de la denuncia recién presentada por la Fiscal Adjunta Titular de Chachapoyas, Luz Rojas, ante el Primer Juzgado Penal de Utcubamba contra dos generales, el jefe de la Cuarta División Territorial de la Policía, Javier Uribe Altamirano, y el Comando Operativo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, Luis Elías Muguruza, y quince efectivos de la Policía Nacional por imputación de delito de homicidio calificado en agravio dado el uso desproporcionado de armas de fuego de corto y largo alcance en los sucesos de Bagua de los pasados 5 y 6 de junio. Es un paso que despierta expectativa puesto que se enfrenta al negacionismo del Gobierno sobre acto ninguno indebido de la policía y a su manipulación de la justicia para evitar que se admitan a trámite este tipo de denuncias. El escenario oficial con el que esta denuncia contrasta es el del más cerrado negacionismo y la más resuelta manipulación desde el momento mismo en el que ocurrieron los hechos y hasta el día de hoy, dos meses bien largos más tarde. Si alguna voluntad ha mostrado hasta ahora el Gobierno, es la de una absoluta falta de disposición para admitir ninguna investigación imparcial y suficiente. Está a estas alturas claro que nunca se esclarecerá satisfactoriamente lo sucedido pues la indagación a fondo pueden impedirla quienes, según todos los visos, tienen algo que ocultar. ¿Qué otra explicación puede tener el comportamiento mendaz, errático y obstruccionista del Gobierno peruano? ¿No hubiera en otro caso animado la constitución y el funcionamiento de una comisión de investigación dotada de medios suficientes y formada con representación indígena y participación internacional conforme recomienda el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas? Quienes están en la clave de lo ocurrido no pueden ni dejar de mentir ni permitir la búsqueda de la verdad. Tienen sus razones y cuentan con los poderes para hacerlo. No son, como puede verse por la acción de la Fiscalía de Chachapoyas, todo el Estado, pero controlan los resortes principales. En vez de atender la recomendación del Relator Especial, invitado a una apresurada visita a Bagua por el propio Gobierno del Perú, éste tomó su informe como lo que no era ni podía ni quería ser y esto es como concluyente. Ya está dicho que proponía una comisión de investigación para la que no hay disposición alguna por parte gubernamental. Al tiempo, el Gobierno apoyó una intervención humanitaria de la Defensoría del Pueblo bajo las condiciones luego manifiestas de que no abriese indagaciones sobre atentados de los poderes públicos contra los derechos humanos, lo que significó la renuncia al ejercicio de su genuina función constitucional, y de que presentase sus averiguaciones sobre muertes, lesiones y detenciones como definitivas, lo que hizo pese a ser algo realmente aventurado en las circunstancias producidas por la propia masacre. El mismo Gobierno se encargó de fomentar la situación que hiciera improbable la franqueza o la comparencia ante la Defensoría de quienes tuvieran conocimiento de desapariciones o sospecha de muertes más allá de las reconocidas. A esto de la disuasión vino una política inmediata de persecución unilateral de indígenas partícipes en los sucesos de Bagua o dirigentes de organizaciones involucradas. La política gubernamental de persecución policial y judicial tan sólo de indígenas fue paladina desde el primer momento. Es algo que acusan los propios informes promovidos por el Gobierno. Nadie se toma realmente en serio las declaraciones gubernamentales de que se había dispuesto también la investigación sobre el comportamiento en Bagua de la policía y de otras fuerzas públicas armadas, pues resulta además que el asunto no sólo político, sino incluso penal, no consiste en la identificación y procesamiento tan sólo ni principalmente de quienes, policías o militares, dispararon u ordenaron disparar, sino también de las autoridades civiles que, conforme a sus competencias constitucionales, decidieron el operativo con tales órdenes, lo que apunta al Presidente de la República ante todo. He ahí donde se sitúa el obstruccionismo de quienes no aceptan la sugerencia de que se proceda a una investigación a fondo con dotación de medios y garantías de imparcialidad. Pretenden que se bastan la Fiscalía y la Justicia peruanas, pero, aparte de que no cuentan ni con bastante confianza ni con medios suficientes para penetrar en el mundo de las comunidades, el mismo ambiente de disuasión creado por la política de persecución compromete su trabajo. ¿Cómo van las comunidades o sus representantes a declarar ni, aún menos, a denunciar la existencia de desaparecidos o desaparacidas cuando, de no estar ya muertos en paradero desconocido, eso automáticamente provocaría su persecución policial como partícipes en los sucesos de Bagua? Este es el mensaje que oficialmente se transmite desde un primer momento y que se mantiene hasta hoy. Que el Gobierno del Perú reclame confianza en la Justicia peruana resulta escandaloso a la luz de su propio comportamiento. Basta observar cómo la policía intenta manejar relaciones con la Fiscalía y la Justicia. Si, como ya ha ocurrido antes de la denuncia de ahora, la primera pone en duda que los indígenas de Bagua estuvieran armados, como pretendía y pretende el Gobierno, y la segunda no encuentra otros indicios suficientes para proceder contra indígenas acusados por la policía, ésta se encarga de buscar un juzgado lejos de Bagua, en Lima, más comprensivo con la política gubernamental. No valen principios de juzgado natural ni de debido proceso entre otras razones porque para el Gobierno no se trata de juzgar sino de amedrentar, de provocar la huida, la clandestinidad y el silenciamiento de testigos presenciales. Presentarse como testigo de cargo es exponerse a la detención por la policía. En los foros internacionales el Gobierno peruano insiste en que Perú es una democracia con la debida división de poderes, por lo que constituiría una ofensa a su poder judicial recurrir a una investigación internacional. Hay por supuesto quienes, por desinformación o también por complicidad, dan crédito. Baste leer los informes alternativos que acompañan las comparecencias internacionales del Perú para no llamarse a engaño. Perú también repite en los foros internacionales la cantinela inverosímil de que los indígenas atacaron por incitación y con apoyo del exterior y de que la víctima de la agresión es así el propio Perú. Se ha llegado al despropósito de exigir para el Perú, no para las víctimas, reparaciones en su caso internacionales por el daño que se le habría causado con informaciones que sigue tachando de infundadas y tergiversadas. ¿A qué viene tanta sobreactuación? Es una manera de desviar la atención de todo lo que acreditan las informaciones independientes y los análisis solventes. Como hecho imputable al Gobierno, Bagua es grave por sí sólo, pero más grave resulta si se le sitúa en su contexto, en el contexto de las propias políticas del Gobierno peruano. Bagua ha sido un desenlace sangriento de la resistencia indígena a las políticas de invasión empresarial de la Amazonía con impulso y respaldo incondicionales de parte del Gobierno, políticas que se habían intensificado en este último par de años con efectos palpables de hacer literalmente imposible la vida a comunidades enteras.. El Presidente de la República teorizó esas políticas en términos paladinamente racistas de consideración de la presencia indígena como inutilidad y estorbo para el aprovechamiento de los recursos de la Amazonía. Se encendieron todas las alarmas que el Gobierno ya olímpicamente ignoró, ya hizo algún amago por amortiguar o, mejor dicho, por acallar. La responsabilidad gubernamental por los sucesos de Bagua se pone plenamente de relieve en este contexto de una política de signo, en el fondo, genocida. Se dan en dicho contexto los dos elementos esenciales del crimen de genocidio para el derecho internacional: la intención de eliminar y el resultado de poner en serio riesgo la subsistencia de grupos étnicos. Ante esta grave acusación, se explica aún mejor la sobreactuación. En medios oficiales peruanos se viene repitiendo que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales les ha eximido de dicha imputación, lo que el mismo ni puede hacer ni ha hecho. Lo peor del empecinamiento peruano no es ya el que rehuya con todo ello responsabilidades, sino que lo haga de modo que impide cualquier recapacitación. Si hay conclusiones, son la de que la amenaza de consumación del genocidio sigue cerniéndose sobre la Amazonía peruana y la de que los mecanismos de prevención internacional resultan buenos para poner en evidencia, pero deficientes para ponerse en práctica. Tampoco parece que en Perú estén la Fiscalía en condiciones y la Justicia en disposición de conducir una indagación a fondo. Difícilmente la denuncia de la Fiscalía de Chachapoyas va a producir rectificación de unas políticas genocidas ni reparación por sus efectos, pero viene al menos a reclamar justicia frente a quienes parecen los más inmediatos responsables de la masacre de Bagua. Es también una llamada de atención sobre lo que queda y aún puede investigarse: la vertiente más grave de las responsabilidades políticas y penales de parte gubernamental. Anexo: - * Bartolomé Clavero es jurista e historiador español, especialista en historia del Derecho. Es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea. — -------------------------------- |
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