| ¿Oportunidad a la política pública?
Lucía Alvites Las próximas elecciones presidenciales y de congresales en el
próximo mes de abril en Perú, ofrecen buenas razones para incorporar el
debate sobre una Política Pública hacia los emigrados. Según informes
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los emigrados
representan un padrón electoral de cerca de 720.000 votantes, el 3.7% del
total de inscritos en el Perú. Número de votantes mayor que los de seis
regiones y que votan para Presidente y congresistas por Lima.
Entre los países con mayores porcentajes de votantes en el exterior
se encuentran: Estados Unidos con 234.000, Chile 55.000, Venezuela
28.000 y Bolivia 20.000. Pero la incidencia de esos votos en las
elecciones es mucho más amplia, puesto que representan los intereses
de un total de entre 2.5 y 3 millones de peruanos residentes en el exterior,
interesados en la construcción de políticas públicas que beneficien a
sus familiares emigrados. (Por cada votante, al menos dos familiares
directos ligan sus intereses y reciben influencia de estos emigrados)
En el Censo Nacional de 2007,704.746 hogares tienen al menos un
miembro del hogar viviendo de forma permanente en otro país. Un 10.4%
del total de hogares peruanos; no presentaron hogares con migración
internacional (OIM –INEI: 2009: 8 y 93). Apenas 3 distritos de un total de 1.834.
La centralidad de un proyecto de desarrollo nacional que genere empleo y bienestar para la población, incluyendo la posibilidad de retornar
a los emigrados, es correcta pero insuficiente. No resulta ética y menos
políticamente aceptable, tampoco es favorable electoralmente hablando,
ofrecer a los emigrados la alternativa de retornar al país o mantenerse sin
derechos ciudadanos o con menos derechos ciudadanos, como ocurre
hasta ahora. Esta propuesta es poco viable económicamente; porque según cifras oficiales, la población residente en el país tiene cerca de un millón de desocupados y la mitad de los ocupados –siete millones- están sub ocupados, en un estado de precariedad.
Los emigrados constituyen de hecho una extensión del Perú y sus intereses en el mundo, así lo entendió la Asamblea Constituyente de 1979, que estableció el voto para los peruanos residentes en el extranjero. Ahora
es cuando se debe avanzar sobre este paso, considerando que aportan
económicamente al país y al Estado, a través del envío de remesas en dinero, con montos crecientes a lo largo de la última década, sumando en 2010 un total de 2.500 millones de dólares
(BN). Sólo por concepto de Impuesto General a las Ventas – IGV, el Estado peruano recaudó directamente de los emigrados cerca de 500 millones de dólares. A cambio hasta ahora, sólo les ha entregado medidas discursivas y no reales, una crónica despreocupación por la defensa de sus derechos ante la comunidad internacional y una insufrible ineficiencia en los servicios consulares.
En Perú, este ítem supera el volumen de la inversión directa extranjera y
el de ayuda externa al desarrollo. Significativamente, el orden de magnitud de envíos de estas remesas al Perú, por países de residencia de los
emigrados, es exactamente el mismo del orden de magnitud de votantes en el exterior antes descrito (OIM – INEI: 2009: 83 y 86).
Se requiere entonces una Política Pública hacia los emigrados que les restituya sus plenos derechos ciudadanos, fortalezca sus vínculos y aportes al país, empezando por la creación de Distritos Electorales en
el Extranjero, que les permita contar con sus propios representantes en
el Congreso del país. Algunos países europeos lo tienen hace décadas. En América Latina, Colombia y Ecuador ya es un derecho y lo discuten en una veintena de países. Perú cuenta con 4 Proyectos de Ley para su creación, presentados al Congreso entre los años 2000 y 2006. Y ha sido promesa electoral demagógica nunca cumplida, después de Alejandro Toledo, el fujimorismo y el APRA, cuyos congresistas han votado
en contra de los proyectos.
No debe olvidarse de la importancia de incluir al Perú en el Acuerdo de Libre Residencia del MERCOSUR ampliado, que alcanza a seis de los
actuales países miembros, lo cual beneficiaría a un millón de emigrados
peruanos así como a la integración regional. Bajar al mínimo los costos de
trámites consulares, haciendo posible un buen trato y eficiente la atención,
ayuda legal, psicológica y social como parte de las obligaciones consulares. Bajar al mínimo los costos de envío de remesas y entregar programas públicos de apoyo social, psicológico y de emprendimientos económicos y profesionales a los familiares de los emigrados en Perú.
*Peruana, socióloga por la
Universidad de San Marcos Fuente: Conexión Migrante |
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