Internacional
Perú vuelca su atención hacia los sicarios políticos
El asesinato de otro opositor al presidente regional de Ancash desata la reacción de la Fiscalía, el Congreso y la Contraloría
El asesinato de Ezequiel Nolasco, opositor al presidente regional de Ancash, César Álvarez, suma una nueva víctima de homicidios de fiscales, periodistas y autoridades políticas que denunciaron corrupción en la gestión de Álvarez. Nolasco fue asesinado hace tres semanas y suma la octava víctima de este tipo. La suma de indicios, la lenidad del Ministerio Público en las pesquisas y el hecho de que Nolasco prácticamente hubiera anticipado su muerte, presionaron a la Fiscalía, el Congreso y la Contraloría para finalmente investigar lo que ocurre.
El lunes, la Comisión de Fiscalización del Congreso sesionó durante más de cinco horas en Chimbote, la ciudad con más habitantes de Ancash. A la audiencia asistieron 400 personas y tomaron la palabra unos 60 ciudadanos. Cada uno tuvo tres minutos para plantear una denuncia ante una delegación procedente de Lima y que estaba integrada por el Fiscal de la Nación, José Peláez, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Vicente Zeballos, el contralor Fuad Khoury y la coordinadora de la Comisión Anticorrupción, Susana Silva, entre otros.
"Todas las autoridades tenemos que hacer un mea culpa por haber dado la espalda o el abandono con el distrito judicial del Santa", dijo Peláez al auditorio, después de haber sido recibido con abucheos.
El Ministerio Público es cuestionado desde el año pasado. En 2012 retiró de sus cargos a cuatro fiscales que realizaron una diligencia en La Centralita, un local donde, supuestamente, se realizaban pinchazos telefónicos a políticos o periodistas no afines por orden del presidente regional de Ancash. El departamento de Ancash, al norte de Lima, fue hasta 2012 una de las regiones con más presupuesto público gracias al canon minero. Según los críticos de Álvarez, las obras públicas de envergadura en dicha región han sido sobrevaloradas.
Durante la audiencia del lunes, el decano del colegio de economistas de Ancash, Luis Luna, dijo que ese departamento ya no tiene dinero. "Hasta 2012 era la región más rica, pero en 2013 disminuyó al octavo lugar. Cuando le han congelado las cuentas [el Ministerio de Economía y Finanzas tomó esa decisión la semana pasada] solo tenía 13 millones de soles (4.600.000 dólares, aproximadamente) y, para obras, tres millones de soles (poco más de 1.000.000 de dólares). Han licitado obras que no tenían presupuesto", reveló.
A Nolasco, excandidato a la presidencia regional, lo balearon por primera vez en 2010 y sobrevivió a los disparos, pero su hijo murió. En julio de 2012, pidió al Congreso investigar la corrupción y las muertes asociadas al presidente regional de Ancash pero, un año más tarde, una comisión del Congreso archivó el informe que elaboró el parlamentario Modesto Julca, representante de esa región. El congresista Heriberto Benítez, defensor de Álvarez, logró anular la investigación.
Desde 2013, Nolasco había visitado varias redacciones de medios y entidades públicas en Lima para explicar su caso y el de los fiscales a quienes se les impedía investigar en Ancash. Incluso pidió protección para su vida, pero no fue escuchado: el 14 de marzo por la noche, unos sicarios lo atacaron cuando hizo una parada en la carretera. Un par de semanas más tarde, el Parlamento aprobó la formación de una comisión investigadora de la gestión de Álvarez y sus supuestos vínculos con actos de corrupción y asesinatos políticos.
Fiorella Nolasco pide justicia
La hija del exconsejero regional Nolasco tiene 20 años de edad y ha dicho al diario La República que dejará sus estudios de ingeniería por el Derecho porque su familia no tiene dinero para pagar un abogado. La joven fue una de las protagonistas de la audiencia en Chimbote.
"Si la fiscal Nancy Moreno hubiera estado, habría habido justicia. Mataron a mi hermano y nadie hizo nada. Mi papá se encadenó, se desnudó, habló con fiscales. A Luis Arroyo (aliado político del presidente regional) que estaba como autor intelectual, lo sacaron del caso", declaró, mostrando documentos y aludiendo a una fiscal anticorrupción amenazada de muerte y que hoy despacha nuevamente en Ancash.
Fiorella Nolasco, protegida con un chaleco antibalas, le pidió públicamente al fiscal de la Nación una audiencia: "Tengo muchos documentos que mi papá se ha encargado de guardar, pero nadie le ha hecho caso porque la justicia ha estado comprada, esa es la verdad. Hay muchos datos que usted debe ver y botar a esos corruptos que están aquí en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la Policía, aunque no son todos", clamó.
La llamada lista negra de Álvarez incluye también a Juan Calderón, un contendiente del actual presidente regional que pretendía ser candidato por tercera vez. Ante la presión, Álvarez anunció el fin de semana que no se presentará a las elecciones de octubre. La madrugada del domingo, Calderón sufrió un intento de asesinato en la carretera. Algunos disparos fueron amortiguados por una mochila, y un joven policía que resguardaba al político repelió el ataque.
La mañana del lunes, Calderón -con chaleco antibalas- viajó en el mismo auto de vuelta a Chimbote, para participar en la audiencia pública. El hueco del vidrio posterior fue tapado con plástico transparente.
El fiscal de la nación anunció que un equipo de las fiscalías de crimen organizado viajará a recoger información sobre los homicidios. "La investigación se realizará en Lima sin ninguna presión", dijo. Más temprano, su despacho reportó que "separó de la institución" a un funcionario del Ministerio Público que a la vez trabajaba para el presidente regional de Ancash. El doble trabajo fue denunciado por la prensa.
En su columna quincenal, el politólogo estadounidense Steven Levitsky calificó la gestión de Álvarez como "autoritarismo subnacional", y precisó que este tipo de liderazgo "no puede sobrevivir sin la complicidad del Gobierno nacional: siempre tiene aliados en el poder judicial, el Congreso y el Poder Ejecutivo". Pero otro factor explica además la tardía reacción del Gobierno central a los sicarios políticos: "los acontecimientos en el interior solo entran en la agenda política si le importan a Lima, y (hasta la muerte de Nolasco), a Lima no le importaba mucho el autoritarismo en Ancash".
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