Junio 2012
El proyecto de ley de minería, otro golpe a la Madre Tierra
MÁS DE 100 INSTITUCIONES EXIGEN AL GOBIERNO DE EVO MORALES QUE NO ANULE SALVAGUARDAS AMBIENTALES DE LA CPE POR SU AFÁN EXTRACTIVISTA
Raúl Prada Alcoreza
Comuna
El proyecto de la nueva ley de minería suprime el rol de la Autoridad Ambiental Competente para la provisión de licencias al sector minero, "debilitando notablemente la gestión ambiental y privando al país de la posibilidad de lograr la sostenibilidad en sus procesos de desarrollo", todo con el objetivo de profundizar el modelo desarrollista extractivista, denunciaron más de 100 instituciones y organizaciones sociales bolivianas.
La minería es una de las principales causantes del acelerado deterioro ambiental en Bolivia. La explotación de minerales contamina ingentes cantidades de agua y suelos con el cianuro empleado en procesos de lixiviación, provocando un sinnúmero de problemas de salud como malformaciones y abortos.
Por la "inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y salinización de suelos", el Presidente Evo Morales declaró a la sub cuenca de Huanuni en "Situación de Emergencia de carácter Departamental, con aplicación en los Municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó del Departamento de Oruro", mediante decreto N. 0335 de octubre de 2009.
Las empresas que operan en Oruro se comprometieron a construir diques de colas, pero no lo han hecho y el lago Poopo se ha convertido en un basurero de desechos mineros. Análisis físico químicos realizados por el Instituto Nacional de Laboratorios (INLASA) confirmaron altos niveles de contaminación en tres sectores de la cuenca: Santa Elena, Realenza y el límite Tripartito entre las provincias Poopó, Cercado y Pantaleón Dalence, en la desembocadura del río Desaguadero.
El decreto 0335 instruyó a la Prefectura de Oruro y a los Municipios afectados promover planes, programas y proyectos destinados al estudio técnico e implementación de políticas de prevención, mitigación, rehabilitación y recuperación de los impactos negativos al medio ambiente y a la población en la Sub-Cuenca Huanuni o Río San Juan del Sora Sora, en coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia y la Corporación Minera de Bolivia.
Además, la norma dispuso la adopción de una "Estrategia para la Recuperación Integral de la Cuenca Huanuni" que nunca se concretó.La empresa minera Huanuni incumplió su compromiso de construir un dique de colas y hasta la fecha continúa drenando aguas ácidas al río. Otra promesa incumplida es el adecuado tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de Oruro, las cuales siguen contaminando el río Tagarete y el lago Uru-Uru.
Después de más de tres años de incumplimientos, las comunidades afectadas por la contaminación agrupadas en la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero Lagos Uru-Uru y Poopó (Coderip) amenazaron en mayo de 2012 con asumir acciones de hecho para que las autoridades asuman su responsabilidad. Coderip no descartó acudir a organismos internacionales como el alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para iniciar un proceso internacional contra el gobierno de Evo Morales por incumplimiento de deberes.
"Estamos cansados de esperar, mientras nuestros animales se mueren, nuestras tierras cada vez son menos fértiles y no hay resultados a nuestras demandas; esto quiero decirles con toda la sinceridad, ya no vamos a pedir más reuniones de esta naturaleza, vamos a demandar internacionalmente, tenemos las vías", advirtió el presidente de la Coderip Félix Laime al ministro de Medio Ambiente y Agua Felipe Quispe.
La explotación minera también contamina el río Pilcomayo desde hace siglos. A la contaminación urbana y minera, que disminuye la fertilidad de los suelos y los medios de vida de muchas comunidades indígenas y campesinas, se suma la falta de una política de manejo integral de la cuenca.
El río Pilcomayo nace con aguas cristalinas en las faldas de las montañas orientales del departamento de Oruro, y a su paso por Potosí recibe los desechos de los ingenios mineros. Luego pasa por Chuquisaca y Tarija llevando no solo la contaminación sino también sedimentos. Comunidades de Chuquisaca riegan sus cultivos con el agua del río contaminado, razón por la cual sus productos contienen niveles de metales pesados por encima de los que indica la norma, aseguró el coordinador departamental de Lidema René Arancibia.
Según un estudio de la Gobernación de Chuquisaca de diciembre de 2011, los niveles de zinc en zanahorias alcanzaban a 30,31 cuando el límite permisible por la FAO es 5; mientras que en las remolachas se detectaron hasta 50,31 de zinc, datos que también fueron obtenidos en un monitoreo desarrollado por la Comisión Minero Ambiental de ASE - Lidema.
El 21 de mayo, luego de una verificación de la planta de tratamiento de aguas en la planta de Sotomayor, en coordinación con la Asamblea Departamental, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación, Sedes, la Fiscalía y ASE Lidema, el Municipio de Yamparaez se comprometió a gestionar recursos para la readecuación del diseño de la planta.
La directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Gilka Guerrero informó que entregarán al Ministerio de Salud un informe sobre la incidencia de la contaminación en la salud de los pobladores de las riberas del río Pilcomayo. El fiscal Luis Fernando Ferrufino recordó que el Ministerio Público "ha iniciado las acciones de investigación hace bastante tiempo y éste (la inspección) es un paso más del reconocimiento del lugar y de toma de información para sustentar una posterior demanda penal".
El doble discurso del gobierno defensor de la Madre Tierra
Comunidades afectadas por la minería de todo el país están hartas de enviar cartas al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia exigiéndole que cumpla sus promesas, y sea consecuente con su discurso medio ambientalista y defienda de verdad a la Madre Tierra. Cada vez es más notoria la enorme contradicción de las autoridades del Ejecutivo, que por un lado dicen incentivar la producción agropecuaria y su industrialización, y por otro fomentan la explotación minera, sabiendo que la minería y la agropecuaria son actividades incompatibles.
Prueba de ello es el proyecto de la nueva ley de minería propuesto por el Ejecutivo, que "debilita notablemente la gestión ambiental" en el país con el objetivo de impulsar el extractivismo, que paradójicamente fue ampliamente criticado por el propio Presidente Morales en foros internacionales.
El artículo 132 del proyecto minero, relativo a la Licencia Ambiental, señala que "el Ministerio de Minería y Metalurgia, en su calidad de Organismo Sectorial Competente, otorgará la licencia ambiental… para actividades mineras, debiendo remitir una copia al Ministerio de Medio Ambiente y Agua con fines de registro". De esta manera, la Autoridad Ambiental Competente a Nivel Nacional se convierte en una simple instancia de registro y teneduría de archivos, denunciaron más de cien organizaciones de la sociedad civil en un manifiesto público. (1)
De acuerdo a la denuncia, el parágrafo III del artículo observado indica que el "monitoreo periódico", requisito para la actualización de la Licencia Ambiental, será realizado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, que se constituirá en juez y parte. Debido a la clara visión extractivista del sector, se perderá la objetividad en relación a la necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales, así como prevenir los impactos y amenazas ambientales producto de las actividades mineras. Esta situación, seguramente impedirá también que se aplique el principio precautorio "in dubio pro natura".
Según la denuncia, "el planteamiento resulta inaudito porque no sólo convierte al Ministerio de Minería y Metalurgia en juez y parte de un proceso destinado a velar por la protección ambiental, (sino que) debilita aún más el ya mermado rol de la Autoridad Ambiental Competente, quitándole una de las razones fundamentales de existir, y vulnerando la Ley de Medio Ambiente aún vigente".
Por otro lado, las organizaciones denunciantes afirman que la norma reduciría a la consulta pública a comunidades afectadas "a un simple trámite de adecuación de las medidas de mitigación planteadas por la empresa minera que elabora su EIA, ignorando el sentido de la Consulta Pública y sometiendo a mayor riesgo a regiones y comunidades Indígenas Originario Campesinas bajo la presión de operaciones mineras", toda vez que el parágrafo II del mismo artículo establece que "la licencia ambiental se otorgará antes de la suscripción del contrato o de la licencia de operación, previa consideración en consulta pública de las medidas de gestión ambiental establecidas en el proyecto".
Adicionalmente, el artículo 133 del proyecto de ley minera, referido a áreas protegidas, dice que los titulares de contratos mineros no podrán realizar actividades en áreas protegidas y lugares de valor natural y cultural, "a menos que un estudio de impacto ambiental establezca que dichas actividades no afectan el cumplimiento de los objetivos de protección del área, según informe de la instancia competente". Lo preocupante es que el Organismo Sectorial Competente relativizará, en razón de la visión extractivista que lo rige, cualquier información preocupante recogida en el EIA.
Por todas esas razones, el proyecto de ley minera vulnera el enfoque de defensa de la Madre Tierra y el Vivir Bien, denunciaron las casi cien entidades firmantes del manifiesto, y exhortaron al gobierno a revisar su posición y no permitir que el afán desarrollista anule las salvaguardas ambientales contenidas en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y el ordenamiento ambiental vigente.
Entre tanto, varias comunidades y organizaciones afectadas por la minería, como Coderip, amenazan con demandar al gobierno de Evo Morales ante tribunales internacionales por negligencia e incumplimiento de deberes.
Nota:
1. Acción Ambiental, ACT, AGROECODES, Aire Limpio La Pa zQHANA, Aire Limpio Santa Cruz - FIDES, ALAS, Allin Kausay Tukuypaj, APACH, APRAB-La Barca-Bolivia, Arcángeles Arte y Cultura, ASE, Ayllu Cantuyo, CARITAS - Oruro, Carrera de Economía, CDS Molle, CE Ingeniería Ambiental UCB-Cbba, CE Utasawa, CECASEM, CEDEFOA, CEDIB, CEDURE, CEEDI, CEPA, CERDET, CETHA Emborozú, CIDDEBENI, CIEC, CIES, CIMAR, CINEP, Colegio de Biólogos Cochabamba, Comité Cívico Potosinista, Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Gestión Ambiental Potosí, Comunidad Kochipiacala Oruro, Comunidad Santo Tomás Oruro, CORIDUP, Cruz Roja Santa Cruz, Ecochaco, Ecoclubes Santa Cruz, Ecomuseo, FECRUPDI, FIDES, FNKM, FOBOMADE Chuquisaca, Fundación Ambienta, Fundación Bosques Para la Vida, Fundación Gaia Pacha, Fundación Hábitat Verde, Fundación Igualdad, Fundación Lampi, Fundación PUEDAM, Herencia, HOYAM Mojos, ICBA, Instituto de Ecología UMSA, IYA, Jóvenes por la Amazonía, Junta Vecinal Nº 10 Potosí, Junta Vecinal Nº 9 Potosí, Juteko, LIDEMA, Limnología y Recursos Acuáticos UMSS, MAN-B, MHNNKM, Movimiento Agua y Juventud Bolivia, Movimiento Sin Fronteras, OCCA, OTB Oploca, PAAC, Patrulla H2O, PCMB, Pedaleros del Urubó, PRODENA, Programa radio/tv El Bosque es mi Tesoro, Programas Especiales - Defensoría del Pueblo SCZ, PROMETA, Promotores Ambientales de los Derechos Indígenas Originarios - PADIO, QHANA, Red Organizaciones Ambientalistas Chuquisaca - ROACH, RedNAVA Bolivia, Scouts Bolivia, SEAS UCEBOL, SEMTA, SEPAMOS, SOBE, Sociedad Geográfica de Potosí, Somos Sur, SOPE, UATF - Carrera Ingeniería Medio Ambiente, Universidad Domingo Savio, Universidad Tomás Frías, VIVE, Wayna Pacha - CEPROMIN.
-- Raúl Prada Alcoreza
Comuna
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Junio 2012Loncopué hizo historia con un referéndum que rechazó la megaminería
Darío Aranda
La Vaca
Se realizó en Loncopué, Neuquén, el primer referéndum de la Argentina, de cumplimiento obligatorio, por el cual se votó Sí a una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas del ejido municipal. Sobre 3.601 empadronados, debía votar el 50% para que el referéndum fuera válido, pero votó el 72% del padrón y una arrasadora mayoría de 82,08% aprobó la ordenanza que prohíbe la minería. En votos: 2.125 a 388.
Loncopué, pueblo neuquino de siete mil habitantes, entró en la historia grande de las luchas socioambientales y también marcó un hito en la historia democrática del país. Este domingo 3 de junio de 2012 fue el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería: 8 de cada diez habitantes rechazó la actividad extractiva. El Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia desde hace cincuenta años, intentó frenar la votación y, durante toda la jornada, puso trabas para el desarrollo del acto eleccionario. "Ganó el pueblo, que decidió elegir su futuro. Y ese futuro dice no a la megaminería, dice no a las patotas del Gobierno, dice sí a la vida", celebró una emocionada Viviana Vaca, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL).
Doce mesas para votar en una escuela. Urnas, sobre y sellos. Presidentes de mesa y fiscales (mayoría de mujeres). Nervios, pero también alegría, mates y galletitas de mano en mano. A las 8.06 fue el primer voto. Previsor, el hombre pidió no dar el nombre y explicó por qué: "Soy empleado municipal, bautizame don Jorge". Padre de cinco hijos, 56 años, nacido y criado en Loncopué, definió su sentimiento madrugador: "Me desperté a las 5, con ganas ya de votar. Esto es hermoso. Por fin se nos consulta sobre el presente y futuro que queremos en el pueblo. No tenemos que dejar que nos impongan cosas que arruinan la vida y el ambiente".
Loncopué era otro valle verde en la zona precordillerana, de economía agropecuaria y turística, amenazado por transnacionales mineras. Loncopué ya ingresó en la historia de las luchas populares de Argentina: La comunidad ganó el referendum contra la minería en su territorio
Tres minutos después, votó Oscar Muñoz, 32 años, nacido y criado en el pueblo. "Esto es algo que hacía falta, algo que es simple: que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. Creo que no digo ninguna locura ¿no?", sonrió y, antes de irse, anunció lo que luego sucedería: "Aquellos son punteros, acá nos conocemos todos, quieren meter miedo, sacar planes, pero ganará el pueblo".
A las 11 llegaron las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle de Río Negro, Inés de Ragni y Lolín Rigoni.
Asambleas + comunidad indígena
Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Desde 2008 rechazan la instalación de un proyecto minero para extraer cobre en manos de una empresa china (Emprendimientos Mineros SA) y la estatal Cormine (Corporación Minera de Neuquén).
De ese rechazo nacieron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam). Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (vive hace cien años en la zona de interés minero) que está directamente afectada por el proyecto.
Lucharon desde la calle (volanteadas, charlas debate, cortes de ruta informativos) y también presentaron en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. Implicó el freno la actividad minera. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.
La semana pasada, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine -del Estado provincial-) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. El viernes a la mañana el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum era legítimo y sujeto a derecho. El mismo viernes, Cormine apeló. Y el mismo día, a la tarde, el máximo tribunal volvió a rechazar la presentación de Cormine. En un solo día, dos veces el Superior Tribunal le dijo no al gobierno provincial.
La "democracia" del MPN
A las 8, hora de inicio del referéndum, aún era de noche. El viento frío golpeaba y, en plena veda, el pueblo amaneció con sus calles alfombradas con un panfleto: "No te dejes engañar. No vayas a votar". No llevaba firma, pero todos apuntaron al partido gobernante, que la última semana había realizado dos presentaciones judiciales para evitar la votación. Y las dos veces le contestó el Tribunal Superior de Justicia (máxima instancia provincial), que rechazó el pedido del Gobierno y dio luz verde al referéndum.
El sábado, un escribano se presentó ante la Junta Comicial Municipal (Jucom) para exigir padrones y anular la votación. El escribano afirmó representar al vecino Omar Cea, chapista, y que vive en la casa que Carlos "Nuno" Sapag (hermano del Gobernador) posee en Loncopué. La Jucom exhibió toda la documentación en regla, pero sobre todo le explicó que debía seguir el procedimiento electoral, que estaban vencidos los plazos para presentarse como parte fiscalizadora.
Desde las 8.15 del domingo, grupos de personas se apostaron en la esquina de la escuela 168 Manuel Belgrano, pleno centro del pueblo, y comenzaron a anotar qué vecinos llegaban. También les sacaban fotos. "Están intimidando. Le meten miedo a los vecinos, pero no van a poder", explicó Viviana Vaca.
A las 8.30 llegó el mismo escribano. Exigió padrones e intento fiscalizar la votación. Código electoral y Constitución Provincial en mano, el abogado Cristian Hendrickse y toda la Junta Electoral presente le explicó que no tenía autoridad para eso. La Junta redactó un acta dando cuenta de la situación.
El ministro viajero
A las 8.55 ingresó con dos policías el ministro de Seguridad de Neuquén, Gabriel Gastaminza. "Vengo preocupado porque un ciudadano (por Omar Cea) pidió a escribanos que fiscalicen y aquí no se lo permiten", acusó y pidió que la prensa se retire del lugar donde se daba la charla.
La Jucom pidió que la prensa se quede y le explicó cuál era todo el procedimiento vigente en la ley y también le expresó su sorpresa: "Qué curioso que por una persona que se queja por una elección, por una sola persona, un ministro de gobierno haga 350 kilómetros un domingo a la mañana y se muestre tan preocupado. Ya que está aquí, por favor ordene a la policía que retire a las patotas de su partido (MPN) de la esquina, donde están apretando a la gente", le reprochó la maestra jubilada y miembro de la Jucom, Vilma Guillén.
A las 11, llegó otra escribana anti-referéndum. Presentó una denuncia en la policía porque no le dejaban permanecer como veedora de la votación. Se le volvieron a explicar los plazos y procedimientos, y también el sentido común: "Si cada vecino manda un escribano, y todos quieren fiscalizar, esto sería imposible", le reprochó la Junta.
La familia Sapag gobierna la provincia desde hace medio siglo, casi sin intervalos. Están presentes en todos los negocios. Carlos "Nuno" Sapag, hermano del gobernador, en titular de dos proyectos mineros que están, justamente, en cercanías de Loncopué. El referéndum también afectó ese negocio.
Patota click
Toda la mañana estuvo la patota del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sacando fotos a los votantes y anotando en una lista quiénes votaban. A las 11.30, cuando ya era evidente que la población no había acatado la propuesta del MPN de no concurrir, el partido comenzó a llevar a sus militantes. Las camionetas doble tracción y los remises comenzaron a llevar votantes, pero ya era tarde.
A la siesta, cuando se retiraban las Madres de Plaza de Mayo, desde la patota del MPN hubo un grito hiriente: "¡Viva Galtieri! ¡Viva la dictadura!".
La última perla de la democracia del MPN fue ya al cierre de la votación. La policía local se negó a resguardar las urnas. Los efectivos son vecinos, y pidieron disculpas, pero reconocieron "órdenes de arriba". El máximo jefe es el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, el que horas antes se había "preocupado" por un ciudadano de Loncopué.
Un grito y muchos datos
Desde la media mañana hasta el mediodía los pasillos de la escuela estuvieron con un continuo ir y venir de votantes. Al mediodía menguó, y retomó a las 16.
A las 18.00 en punto, se cerró la votación. La escuela estalló en un aplauso cerrado, cinco minutos. Y el grito celebratorio: ¡Lon-co-pué! ¡Lon-co-pué! Entendían que, con el votar, ya se había ganado. A los pocos minutos, comenzaron a conocerse los resultados
Se necesitaba que vote al menos el 50 por ciento del padrón más uno. La votación pasó con creces. Al cierre de esta nota, aún sin números finales, había votado el 72 por del padrón (la ley pedía un mínimo de 50 por ciento más uno).
Y se necesitaba que la mitad más uno de los votantes diga "sí" a la ordenanza que rechaza la actividad minera. El conteo determinó que el 82 por ciento votó por el sí y el 14,9 por el no a la ordenanza. A modo de ejemplo, en la mesa 1: 195 dijeron sí a la ordenanza (que rechaza la megaminería) y 41 votaron por el no. En la mesa 2: 203 por el sí, 38 por el no. En la mesa 3, 199 votos contra 30. Datos similares, en cuanto a la diferencia, se repitieron en las nueve mesas restantes.
Como en Esquel
Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué, no paraba de sonreír. Atrás habían quedado las presentaciones judiciales del Gobierno (que intentó evitar la votación, pero que fueron desestimadas por el Superior Tribunal de Justicia), los aprietes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cuatro años de lucha en rechaza a un proyecto minero de cobre, que pretende explotar el gobierno provincial y una empresa china.
"Un Gobierno que responde a los intereses de las petroleras y mineras, un Gobierno que no escucha al pueblo, hoy tuvo una lección de democracia. Como hace nueve años en Esquel, el pueblo le dice sí a la vida, le dice no a la contaminación, sí a la defensa del ambiente y de las futuras generaciones", explicó aún en los pasillos de la escuela 168.
Pidió que "estos mecanismos democráticos" (de referéndum) sean implementados en Andalgalá, Calingasta, Famatina y Tinogasta, entre otros. "Muchos gobernantes tienen miedo de consultar al pueblo, curiosa forma de entender la democracia", ironizó Hendrickse, apoderado por la Mesa del Sí.
Afuera de la escuela comenzaban a sonar los bocinazos. La marcha se armó a las 19, cuando los datos provisorios ya marcaban que el resultado era arrasador e irrevsesible. La marcha salió de la escuela y dio vueltas por el pueblo. En la avenida San Martín, la más importante, la columna mostraba a ancianas, hombres, mujeres y niños. Familias enteras desafiando al frío, y celebrando. Dos banderas, en el frente de la marcha, resumieron los años de lucha y la histórica jornada del 3 de junio de 2012: "Tenemos derechos a votar" y "No a la megaminería".
Loncopué ya ingresó en la historia de las luchas populares de Argentina.
(por Darío Aranda desde Loncopué, Neuquén)
http://lavaca.org/notas/loncopue-hizo-historia-y-rechazo-la-megamineria/
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ReplyDeleteHola realmente estos articulos han sido de gran ayuda para el curso cursos mineria que estoy llevando, saludos, hasta pronto.
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