Projusticia considera que la relación entre alcaldes que cometen delitos en lugares donde hay canon y las acciones ilegales por evitar que los inhabiliten en el jurado nacional de elecciones ocurre en varios casos mas con complicidad en los altos estamentos . Invitamos a los lectores a enviarnos información al respecto, Asimismo adjuntamos el link de la Entrevista en Canal N de Representantes de Zorritos y Chepén, quienes denuncian a los Exalcaldes de sus localidades que a pesar de ser inhabilitados pretenden mantenerse en los cargos bajo Medidas Cautelares y Acciones de Amparo expedidas por el Poder Judicial y El Articulo donde damos a conocer los detalles que llevaron a la denuncia, Intervención de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y la Renuncia del Consejero Luis Vasquez Silva
Atentamente
FERNANDO O´PHELAN PEREZ
PRO JUSTICIA.
¿Y QUIEN LIMPIA LA MUGRE JUDICIAL?
Informe ProJusticia
El pasado jueves 25, mientras Lima y todo el país miraba con espanto e indignación el enfrentamiento entre policías y vándalos contratados por los comerciantes de La Parada, la alcaldesa de una conocida ciudad de la selva presentaba en una radio limeña una denuncia que, de no haber existido el hecho anterior, seguramente hubiera llenado los titulares de todos los diarios y generado una similar indignación en la opinión pública y las redes sociales.
Y es que la denuncia hecha por la alcaldesa provincial de Tocache, CORINA DE LA CRUZ YUPANQUI, muestra hasta dónde pueden llegar los tentáculos de la corrupción dentro del sistema de justicia. Porque ¿cómo explicar que un miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial negocie favores en un ámbito que no es de su competencia? ¿Qué tipo de vínculos pudo (y aún puede) tener el hoy ex consejero LUIS VASQUEZ SILVA en el Jurado Nacional de Elecciones para atreverse a ofrecer sus "servicios" de lobbysta ilegal a dicha alcaldesa? ¿Cuántos otros alcaldes pueden haber utilizado este vínculo para evitar su vacancia o suspensión? Y más aún, ¿no habrá sido posible además que, a través de dicho vínculo, dentro del JNE se hayan negociado también "favores" a ser brindados por el Poder Judicial?
Lo cierto es que la renuncia de Vásquez Silva al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, antes que acallar las respuestas, solo deja una serie de preguntas en el aire que es necesario responder, las que seguramente irán creciendo conforme se ahonde más en el tema. Pero antes de continuar, parece necesario revisar algunos antecedentes de lo ocurrido, a fin de tener mayor claridad acerca de los alcances de esta denuncia, cuyos efectos no solo alcanzan a Tocache y a otras ciudades del interior del país, sino que ponen en duda la imparcialidad que puede tener el JNE en la revocatoria pendiente que pesa sobre la alcaldesa Susana Villarán, hoy en el ojo de la tormenta precisamente por los sucesos de La Parada.
DE LA VACANCIA A LA SUSPENSIÓN
El pasado 28 de marzo, la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Mariscal Cáceres-Juanjuí, dictó una sentencia confirmatoria de la condena contra la entonces alcaldesa provincial de Tocache como autora del delito de difamación agravada en contra de WILSON EDILBERTO LEIVA ESTELA, señalándole así una pena de dos años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente por un año, más una reparación civil de 10 mil nuevos soles, sentencia que –cabe señalar- fue cuestionada por la alcaldesa mediante recurso de nulidad, recurso que le fue concedido el 24 de abril último.
Dicho proceso (Exp. 2009-0122) se inició en realidad en el 2009, cuando Corina De la Cruz conducía el noticiero "Informativo Solar" que se propalaba en Radio Solar de la ciudad de Tocache, empresa de la cual ella es propietaria. En ese entonces, la señora De la Cruz –quien recién ingresó al frente del municipio para el período 2011-2014- era conocida por su fuerte lenguaje al abordar sus denuncias, siendo acusada por Leiva Estela de haberse referido públicamente a su orientación sexual y su conducta profesional de manera difamante. En todo caso, ello deja en claro que para la ex alcaldesa el manejo de grabaciones para sustentar denuncias no es algo desconocido, dad su experiencia en la materia.
En base a esta sentencia, el mismo 25 de abril el señor Wilson Leiva presentó una solicitud de vacancia contra la alcaldesa ante el JNE, alegando que se había incurrido en la causal prescrita en el art. 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades; esto es, por existir condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de libertad. A su vez, el JNE corrió traslado de dicha solicitud al Concejo Provincial de Tocache para que se siga el trámite correspondiente; esto es, convoque a sesión extraordinaria en un plazo no menor de 30 días hábiles a fin de ratificar o no el pedido de vacancia, requiriéndose para su aceptación una mayoría de dos tercios de sus miembros, además de notificarse previamente a la alcaldesa para que ejerza su derecho a la defensa.
El 18 de mayo, la propia alcaldesa remitió a sus concejales una convocatoria a sesión extraordinaria de Concejo para el día 20 de junio, a fin de tratar sobre el pedido de vacancia y suspensión del cargo del alcalde. Asimismo, el 4 de junio la alcaldesa De la Cruz presentó sus descargos, señalando principalmente presuntos errores en el proceso judicial y la existencia de un recurso de nulidad en marcha, alegando con ello que no podía hablarse de una sentencia "consentida y ejecutoriada" como exige la ley municipal. Sobre este argumento, la alcaldesa logró que la mayoría del Concejo vote a su favor, expidiéndose el Acuerdo de Concejo No. 124-2012-MPT por el cual se declara improcedente la solicitud de vacancia de la Alcaldía.
El 22 de junio, el señor Leiva presentó un recurso de apelación contra dicho acuerdo, solicitando con ello que el mismo sea elevado al Pleno del JNE. Esta apelación fue concedida el día 27 mediante Acuerdo de Concejo No. 029-2012-MPT. Ello permitió entonces que esta entidad revise de manera directa el pedido de vacancia, asumiendo una posición distinta a la de la municipalidad provincial.
Es así que, mediante Resolución No. 738-2012-JNE, dictada el 24 de agosto, el Pleno del JNE resolvió declarar fundada EN PARTE el recurso de apelación, no en el sentido de declarar válida la vacancia –dado que en sus fundamentos señala claramente que no existe aún sentencia condenatoria firme- sino en declarar la SUSPENSION de la alcaldesa por la existencia de la mencionada sentencia judicial, aplicando el art. 25º, inciso 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señalando que corresponde asumir el cargo de manera provisional al regidor REINERIO NUÑEZ FRIAS, "hasta que no haya recurso pendiente de resolver y el concejo municipal se pronuncie respecto de la vacancia del cargo de dicha autoridad edil".
LA CONVERSACIÓN Y LOS IMPLICADOS
Como vimos arriba, desde fines de agosto de este año la alcaldesa De La Cruz quedó suspendida en el cargo, solicitando el 5 de septiembre –como era de esperar- que la decisión del JNE sea nuevamente revisada por el Pleno; sin embargo, de acuerdo a los registros de esta entidad (Exp. J-2012-00880), este recurso fue denegado por el JNE luego de la audiencia pública realizada el pasado 20 de septiembre, a pesar del Memorial de Apoyo presentado por un grupo de vecinos de Tocache. De esta manera, los últimos registros corresponden a las notificaciones de la solicitud presentada por Leiva Estela para que se informe de dicha resolución a la Corte Suprema de Justicia, registros que corresponden al 26 de octubre.
Siendo así, la pregunta que cabe es ¿en qué momento la alcaldesa De la Cruz entra en contacto con Vásquez Silva? Parece claro al respecto que el mismo se debe haber hecho luego del 24 de agosto, ya que antes la autoridad edil parece haber estado segura de que el Pleno del JNE iba a respetar la decisión mayoritaria del Concejo de Tocache. En todo caso, la suspendida alcaldesa ha afirmado en su denuncia que sostuvo tres reuniones con el citado magistrado, llevándose a cabo la segunda cita en el interior de un vehículo que los trasladó desde el Centro de Lima hasta la avenida Aviación, momento en el cual realizó la grabación que presentó como prueba, y cuya parte central trascribimos a continuación:
Dr. Vásquez Silva: En el Jurado necesitamos asegurar el voto de Sivina y el del representante del fiscal. Ahora son cuatro en el Jurado y saca el voto dirimente Sivina, y con eso se define el tema (…) Él va a conversar con Sivina, ya se comprometió, pero me ha dado el dato de que hay una persona que yo también conozco, que ha sido miembro del CNM, que es el que ha ratificado a Sivina en el cargo, es su amigo y es mi amigo también; entonces voy a hablar con él, se le pagan sus honorarios para que vaya a hablar con él; vamos a hablar también con Peláez para que hable con su hermano que está en la Fiscalía, y este hable con su representante.
Alcaldesa: ¿El martes le estaría entonces dando?
Dr. Vásquez Silva: No sé, pero adelántame. Mañana he quedado en reunirme con él.
Alcaldesa: Ya.
Dr. Vásquez Silva: Lo grueso no, con el asesor me he comprometido mañana para reunirme con él para alcanzarme.
Alcaldesa: ¿Cuánto?
Dr. Vásquez Silva: No sé, tú dime, unos cinco mil dólares, para comprometerlo y ya.
Como puede apreciarse, en la charla Vásquez Silva no solo se compromete personalmente al solicitar de manera expresa dinero a la suspendida autoridad para "arreglarle" su situación, sino que además involucra a una serie de autoridades de alto rango: al Presidente del JNE, HUGO SIVINA HURTADO; a uno de sus asesores directos (cuyo nombre no se menciona, y sobre el cual se vienen haciendo algunas especulaciones); al representante del Ministerio Público ante el JNE, JOSE HUMBERTO PEREIRA RIVAROLA; al Fiscal de la Nación, JOSE ANTONIO PELAEZ BARDALES y al hermano de éste, LUIS EDMUNDO PELAEZ BARDALES; y a un integrante del CNM que tampoco es mencionado.
Sobre este punto, cabe señalar que la resolución de ratificación No. 021-2009-PCNM, dada el 12 de febrero del 2009, por la que se ratifica como juez supremo al actual Presidente del JNE, fue firmada por seis miembros anterior del CNM: FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR, ANIBAL TORRES VASQUEZ, EFRAIN ANAYA CARDENAS, MAXIMILIANO CARDENAS DIAZ, CARLOS MANSILLA GARDELLA Y (!oh, sorpresa!), LUIS EDMUNDO PELAEZ BARDALES. Esta resolución muestra, entonces, que lo dicho por Vásquez Silva a la alcaldesa De la Cruz no es algo falso, sino que involucra con mayor claridad al ex fiscal LUIS EDMUNDO PELAEZ BARDALES, quien además ya ha sido asesor de otros alcaldes sometidos a procesos ante el JNE, como el alcalde de Pachacamác.
LO QUE FALTA POR DESCUBRIR
En este marco, como señalamos arriba, la súbita renuncia de Vásquez Silva al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, su rápida aceptación por la Sala Plena de la Suprema y la inmediata intervención de la OCMA para investigar el caso –entidad que ha señalado estar frente a "una actuación irregular sumamente grave"- parece querer dejar este hecho dentro del marco de actuación del sistema de justicia, lo que en otras palabras puede significar encubrir a los funcionarios de alto rango arriba señalados, en vez de transparentar la red de corrupción que parece encontrarse detrás de la denuncia hecha.
Habría que preguntarse al respecto, por ejemplo, si existen otros casos similares en los que esta red pudo haber funcionado para proteger a otros alcaldes sometidos a suspensión o vacancia, si consideramos que son decenas los alcaldes, sean distritales o provinciales, que ven peligrar su fuente de ingresos por sentencias o denuncias en su contra y que son capaces de pagar miles de dólares con tal de no perder su poder económico. Hay otros casos que ya han sido presentados pero a los que no se les ha dado hasta el momento el respaldo necesario, tal vez por no contar con una prueba contundente como el audio grabado por la alcaldesa de Tocache, que como señalamos ha podido manejar lo ocurrido gracias a su experiencia como periodista.
Por lo pronto solo nos queda, como ciudadanos, exigir que la investigación que realice la OCMA sea abierta y transparente, si bien cabe señalar aquí que estamos frente a un claro delito que debe merecer también la participación de otras entidades, como el Ministerio Público y el Congreso de la República. Ello es necesario para que las actuales autoridades del sistema judicial y electoral puedan deslindar con lo denunciado y mantengan limpias sus figuras públicas, más aún estando a puertas de una posible revocatoria –donde estarán involucrados ambos sistemas- que puede llevar a un fuerte conflicto social, como es el que se daría contra otra alcaldesa, como es Susana Villarán. Por tanto, esperamos que las autoridades respectivas tomen cartas en el asunto, dando los pasos necesarios para acabar de una vez por una corrupción que parece invadirnos por todos lados
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