Por medio de la presente les hacemos llegar los artículos publicados por el Juez Superior Ángel Romero en el diario Expreso durante el 2012 sobre temas de interés nacional y judicial
Atentamente
FERNANDO O´PHELAN PEREZ
PRO JUSTICIA.
PRO JUSTICIA.
YA ERA TIEMPO DE RECIBIR JUSTICIA
Ángel H. Romero Díaz (*)
El Tribunal Constitucional (TC) acaba de emitir una sentencia importante, ordena la aplicación inmediata de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente desde años, pero que no se aplicaba por razones inicuas, provocando malestar entre los jueces, promoviendo injustos niveles de relación y de exclusión a derechos salariales reconocidos.
La decisión del TC no obedeció a una acción de amparo o hábeas corpus, sino se trata de un proceso de cumplimiento, para que se ejecute un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho artículo, el 186, inciso 5, establece que la remuneración del juez superior, del juez especializado y del juez de paz debe guardar una relación de 90, 80 y 70 %, respectivamente, respecto a la remuneración íntegra del juez supremo.
Los sueldos en el PJ requieren ser sincerados en razón a los estándares establecidos, a las necesidades reales de sus trabajadores y al crecimiento presupuestal, máxime si el país atraviesa por su mejor momento macroeconómico. Las privaciones cumplieron su cometido. Los trabajadores de este poder del Estado y, entre ellos, sus jueces, aportaron con su cuota de sacrifico, cuando las crisis del pasado obligaron a congelar las legítimas aspiraciones salariales. Ahora es diferente y la disponibilidad presupuestaria no debería ser tomada como un obstáculo para cumplir con la ley. En otras palabras, se tiene que actuar hoy y sin excusas.
Y como para que no haya dudas, la sentencia del TC precisa que la propia Ley Orgánica del PJ, que data desde 1993, estableció que "los derechos y beneficios a los magistrados no pueden ser recortados, modificados ni dejados sin efecto por ninguna disposición legal, salvo la modificación de la propia ley por el Congreso". El condicionante del presupuesto, que entonces se arguyó para su aplicación, solo rigió por los cinco años siguientes a la vigencia de dicha norma; es decir, hasta 1998. Ha pasado mucho tiempo sin que se cumpla la ley. Ahora que el TC ha fallado por su cumplimiento, no hay pretexto para seguir congelándola, ni pateando la norma hasta las calendas griegas. Y creemos que, esta vez, será diferente y las autoridades competentes demostrarán, en los hechos, ser justos en sus actos.
En un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, las sentencias emitidas por el TC son el fiel reflejo de la contundencia de la defensa de los Derechos Fundamentales, tan es así que el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional señala: "Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional" . Y si nuestro PJ está integrado, obviamente, por jueces, la sentencia de cumplimiento inexorablemente debe acatarse.
(*) Juez Superior de Lima
UN ENCUENTRO COMPARTIDO DE APRENDIZAJES
Ángel H. Romero Díaz (*)
Los jueces de la Corte Superior de Lima nos reunimos, para analizar problemas que en nuestra práctica diaria solemos enfrentar y dar respuesta, en fallos que consideramos están siempre ajustados a ley y al derecho, pero que, por su naturaleza y sus características, son motivo de controversia jurídica. Son, atención.
Los jueces, que administramos justicia de acuerdo a normas y leyes existentes, no estamos exentos de resolver de manera dispar pretensiones parecidas. Así, es inevitable transparentar hechos que puedan ser opinables o propender a ser controversiales y colocarlos en agenda de debate y análisis riguroso, a la luz de los avances de las teorías del derecho, de las ejecutorias existentes sobre casos que siendo similares motiva miradas diferentes no sólo en el Perú, sino en otros tribunales del mundo democrático.
El evento referido congregó a todos los jueces superiores de la Corte Superior de Lima y fue inaugurado por el presidente del PJ, doctor César San Martín, quien expresó, con mucho acierto, que la existencia de una jurisprudencia contradictoria lesiona el ordenamiento judicial de nuestro país. Consideró muy positivo que los jueces nos hayamos reunido para identificar temas jurisdiccionales de especial relevancia y complejidad que originan interpretaciones disímiles, a fin de analizarlos y encontrarles solución pertinente, de modo que sirva de referente en el ejercicio jurisdiccional.
Si bien esta labor reside, principalmente, en la Corte Suprema de Justicia, no colisiona, sin embargo, con iniciativas como la nuestra, en la Corte Superior de Justicia de Lima, puesto que no impide que los jueces de las demás instancias puedan observar en su actividad diaria aquellos temas que presentan dificultades y, por consiguiente, generan mayor conflictividad.
Fue una experiencia muy rica y gratificante. En los dos días que duró nuestro encuentro, los jueces debatimos y concordamos la jurisprudencia en cuatro temas de la especialidad civil: la relación de parentesco y el título justificativo de la posesión precaria, el derecho de usucapiente frente a tercero adquiriente. Igualmente, la discusión del título posesorio del demandado en el proceso de desalojo por ocupación precaria y la prueba ofrecida en el recurso de apelación. El encuentro nos permitió a los magistrados, dilucidar y homogenizar criterios tal como nos habíamos propuesto como objetivos. Este intercambio académico y profesional que, al mismo tiempo, significó un aprendizaje compartido, servirá para atender en mejores condiciones a la sociedad, a la que nos debemos, desde que nos propusimos seguir esta, a veces, incomprendida carrera de hacer justicia en el país.
El evento fue clausurado por el doctor Vladimir Paz de la Barra, distinguido jurista y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que esbozó ideas interesantes como la delegación de facultades legislativas al Poder Judicial a fin que puedan darse normas procesales, teniendo como base los plenos jurisdiccionales.
(*) Juez Superior de Lima
PARA NO OLVIDAR
Ángel H. Romero Díaz (*)
Nunca se sabrá, a ciencia cierta, cuántos muertos dejó el terrorismo en el país. Ni cuánto costó al Estado peruano las pérdidas materiales ocasionadas por el peor flagelo que nos tocó enfrentar desde el 17 de mayo de 1980 en que se inició, en Chuschi, lo que Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso o, simplemente, "Presidente Gonzalo", habría de llamar la "guerra popular". Desde entonces, hasta la captura del clandestino profesor de filosofía, en setiembre de 1992, nos tocó vivir el terror de todos los días y la peor de las calamidades sociales con muerte, destrucción y crueldad.
Será difícil olvidar todo cuanto significó el accionar violento de Sendero Luminoso y de ese otro grupo igual de cruel como el MRTA. El daño material y moral que ocasionaron ambos grupos fue, ciertamente, invalorable. La semana que viene se cumplirá veinte años de la captura de Guzmán, gracias a un operativo ejecutado por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote), que todos recordamos y guardamos en la retina de nuestra memoria, como el acto que marcó el desmoronamiento de SL.
El terrorismo, como modalidad de violencia política, tiene como objetivo la conquista y mantenimiento del poder. Se organiza, se justifica, forma sus cuadros y lo hace a través de la intimidación a indefensos ciudadanos o provocando un estado de pánico entre ellos, alterando la seguridad y el orden público. Los terroristas son conscientes que lo más importante para ellos es sembrar terror como patrón de acción en la sociedad, aunque, con el tiempo, han terminado en la delincuencia, en alianza con cárteles del narcotráfico.
Siempre es necesario recordar lo que significaron los grupos terroristas en el país, el gravísimo daño que ocasionaron, donde la muerte, la destrucción y la ferocidad nunca antes vista, se tornaron en realidades cotidianas. Y es bueno recordar, ahora que SL reaparece infiltrado en organizaciones del magisterio y en otras instituciones de la sociedad civil, predicando amnistías y ganando adeptos en jóvenes que no padecieron sus atrocidades.
Las acciones senderistas tuvieron básicamente dos finalidades: hacer "propaganda" de la lucha armada y, al mismo tiempo, llevar a cabo acciones de sabotaje para destruir lo que ellos denominaron el "viejo estado". Así se sucedieron los coches-bomba, la destrucción de las torres de alta tensión, los degollamientos de humildes campesinos que se oponían a sus acciones, las emboscadas a nuestras patrullas policiales y militares. Fanatizados, en extremo, y pontificando lo que llamaron el pensamiento Gonzalo, los de SL crecieron en el campo, hasta que la captura de su líder los puso al descubierto en sus reales intenciones delincuenciales y terminar en lo que hoy son: remanentes al servicio de lo más oscuro y podrido de la sociedad, como es el narcotráfico. Esta es la realidad.
(*) Juez Superior de Lima
¿QUÉ OCURRE EN LA TELEVISIÓN?
Ángel H. Romero Díaz (*)
¿Qué está ocurriendo en la sociedad que los medios de información --entre los cuales la televisión es su principal y más destacado referente—sólo se encargan de bombardear nuestra sensibilidad con hechos que nos llevan a la retina mucha sangre, crueldad, violencia, muerte y más sangre? La situación se ha tornado asfixiante para quienes nos vemos obligados a empezar el día con este tipo de noticias que sólo exacerban la violencia en todas sus formas, a tal punto que la muerte no tiene mayor sentido por su recurrencia en los hechos cotidianos.
Nuevamente nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? Repasemos algunos de los temas más frecuentes en los espacios noticiosos de la televisión: hallan cadáver de mujer degollada, sujeto golpea a fierrazos a su mujer, microbús loco atropella a pareja de ancianos y se da a la fuga, niño pierde un ojo a consecuencia del bulling escolar, mujer celosa arrebata oreja de marido, sujeto enfurecido arroja agua hervida al rostro de su mujer y un larguísimo etc. ¿Esto puede ser casual o qué está ocurriendo con los responsables de propalar este tipo de noticias? ¿Cuánto ha podido cambiar la práctica del periodismo de lo que era escuela hace unas dos décadas en el país?
Si bien la libertad de prensa constituye uno de los pilares de toda democracia como la nuestra, ella debe de ser correctamente administrada, dentro de los marcos de una irrenunciable objetividad y con respeto a la dignidad humana; es decir, con clara conciencia de una ética periodística que parece huir y estar, cada vez más ausente entre nosotros. ¿Qué vemos a cambio? Se aprecia una creciente orientación hacia titulares escabrosos, alejados de lo que debería ser de interés general, local o nacional. El sensacionalismo ha terminado por desplazar, hoy más que nunca, toda cordura y sensatez informativa. Nunca como hoy, el "amarillamiento de la información" ha terminado por ser el plato fuerte de los medios, especialmente de la televisión. Y esto es lo preocupante y lo reprobable en una democracia. Quizá el periodista o el medio deberían ser menos protagonistas y volver a ser transmisores de la verdadera información, para preservar la salud social entre nosotros y procurar una paz social, que es a la que aspiramos.
Es necesario entender que por este camino, el de la violencia informativa, nos vamos a la deriva y estamos minando lo más preciado que debemos cuidar: la protección de nuestras novísimas generaciones. No podemos ignorar que la función de la prensa es básica para nuestra sociedad, pero tampoco debemos dejar de insistir, que ese poder que tiene la prensa debería ser ejercido con responsabilidad. Ello sólo será posible, si la sociedad en su conjunto empiece a exigir estándares de calidad informativa, sancionando a quienes abusan del amarillismo, con la devaluación de su credibilidad. Somos conscientes, que sólo desde la responsabilidad que asumamos se podrá contribuir a la recuperación de los medios de información, en su función no sólo informativa, sino como formadores de opinión y generadores de valores. Un deber que debemos exigirnos.
(*) Juez Superior de Lima
EL RECONOCIMIENTO A SU IDENTIDAD
Ángel H. Romero Díaz (*)
La prensa lo calificó como inédito, la comunidad interesada lo recibió con beneplácito, pero nosotros los magistrados de la Primera Sala Civil del Poder Judicial lo tomamos como un acto de justicia al derecho de identidad y a la no exclusión, consagrados en el texto y el espíritu de nuestra Constitución. Hablo del fallo que dimos hace unas semanas confirmando en instancia superior, una sentencia que declaró fundada la demanda del ciudadano Sergio Vinicio Cava Goicochea, que en adelante se llamará Fiorella Vincenza Cava Goicochea, por decisión voluntaria de ella y por mandato judicial. En consecuencia, la municipalidad de Miraflores deberá proceder a rectificar su partida de nacimiento para todos los fines que corresponda.
Es verdad que no es común en el país esta situación, como sí lo es en otros países como Argentina, para citar uno cercano a nosotros. ¿De qué se trata? Un ciudadano voluntariamente decide ponerse un nombre que corresponde a lo que considera su verdadera identidad, dejando de lado otro que lo reconocía como varón y que no era él. Entonces, recurre al PJ, como corresponde. Los magistrados estudiamos el caso, y convinimos que se trataba de una decisión basada en su transexualidad manifiesta, que la ciencia médica la conceptualiza como un sentimiento profundo e insoslayable de pertenecer, pensar y sentir en forma permanente y diferente al cuerpo físico al cual nació. De manera muy simple, el demandante no se sentía varón, sino mujer.
Los jueces tenemos la función de procurar la tranquilidad y la paz de quienes recurren a nosotros, en busca de justicia. En este particular caso, se trata de una intelectual, escritora y artista reconocida, que no se sentía tratada acorde a su verdadera identidad. Participaba en cuanto foro nacional e internacional había, para dejar su mensaje y abrir espacios en la aún cerrada concepción que sobre éste y otros casos similares tiene la sociedad peruana y la de otras latitudes. Ella es, hay que recordarlo, fundadora y cabeza visible de la primera asociación de personas transexuales en el Perú, denominada CISNE y, en el pasado, fue vocalista de la banda JAS.
Consideramos que el nombre, como es obvio, identifica a la persona en todos los actos públicos y privados. En este caso, ella era reconocida en su entorno social como Fiorella Vincenza y no como Sergio Vinicio, desde hace diez años, sin que ello cauce perjuicio a terceros. No había razón para no atender su pretensión: nuestra decisión no sólo le otorgará existencia legal, sino que, además, le permitirá el ejercicio de otros derechos conexos y ejercer su verdadera identidad, evitando ser discriminado.
Se trata, en suma, de la aplicación del artículo primero de la Constitución, "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado".
(*) Juez Superior de Lima
QUÉ SOMOS, QUÉ SEREMOS
Ángel H. Romero Díaz (*)
Decía Ramiro De Maeztu que la patria es espíritu. Eso quiere decir que el ser de la patria se funda en un valor o en una acumulación de valores, con los que se enlaza a los hijos de un territorio en el suelo que habitan. La nuestra no sólo es territorio. Es, sobre todo, cultura, tradición, historia. Y también los colores rojo y blanco que simbolizan nuestra bandera. Estamos en el mes de la patria y a muy pocos años de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia. Bien vale la pena, entonces, reflexionar ya no sobre nuestro pasado, sino sobre lo que nos espera como país, como territorio que alberga múltiples culturas y lenguas, como Estado que trata de ser más justo, para hacer de sus ciudadanos más libres y más realizados.
Celebrar el mes de la patria no debe de ser solamente una retahíla de frases bonitas, altisonantes, cargadas de buenas intenciones. Debe ser expresión de lo posible, de lo realizable, de la palabra certera y no de aquella vacía y hasta autodestructiva. Tiene que ver, en muchos casos, con la búsqueda permanente de lo que hace al arraigo o a la pertenencia de un pueblo, a través de sus usos, sus costumbres y de su tradición. Todo ello es lo que hace la conciencia nacional; es decir, aquello que le da sentido y contenido a nuestra razón de ser y de existir.
Por ello, formar conciencia nacional implica, entre nosotros, promover la autocrítica; en consecuencia, exige aptitud, inspira conducta patriótica y solidaridad en la construcción de un Perú mejor. Conciencia nacional que inspiró a los patriotas que lucharon por entregarnos una patria digna de ser honrada. La conciencia nacional no puede ser pues, una expresión más. Tiene que ser el mejor instrumento para reconocernos todos iguales, que miramos el futuro con optimismo.
Decía Raúl Porras Barnechea que nuestra bandera es, sin duda, una de las más jóvenes banderas del continente americano, porque el Perú, tradicionalista por destino y por la herencia imperial de los Incas, mantuvo su adhesión a España, cuando en toda América ya se había prendido la idea separatista. Sin embargo, nuestra bandera, aunque nueva, viene a ser el símbolo de una patria y de una historia y, paradojalmente, el Perú es una de las más viejas patrias de la cultura americana, inspiradora de las plumas más diversas como las de Garcilaso o la de Palma, en otras épocas.
(*) Juez Superior de Lima
OJO CON LOS INFILTRADOS
Ángel H. Romero Díaz (*)
El Movadef está echando raíces en el magisterio peruano, frente a la inacción de las autoridades. Hay, además, incredulidad, rabia contenida, zozobra por el grave daño que podrían ocasionar los maestros de dicho movimiento en la memoria de niños y jóvenes. Nuestra obligación de ciudadanos y padres de familia, es alertar el peligro y pedir medidas administrativas y pedagógicas necesarias para evitar que esa situación se manifieste y, lo peor, se multiplique. Se trata de un movimiento pro senderista surgido para luchar por la amnistía de Abimael Guzmán y otros líderes de ese grupo terrorista, que tanto daño moral y material ocasionó en el país.
Tiene su organización en el magisterio. Bajo el membrete de Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sutep, su principal dirigente, Efraín Condori, admitió que en su organización hay profesores que pertenecen al Movadef y él mismo aparece firmando el padrón de adherentes del Movadef. Además, el propio subsecretario de este movimiento, Alfredo Crespo, reconoció que docentes que pertenecen a su agrupación participan del paro de profesores en el sur del país.
La educación de nuestros niños y jóvenes, en muchas regiones del país, está en manos de estos maestros que han viajado a Lima para movilizarse por calles y plazas, haciendo uso de las libertades democráticas de un sistema que los terroristas de Sendero Luminoso trataron de dinamitar en el pasado reciente y que pregonan como inútiles para el bienestar de las personas. Esos maestros, si bien reducidos en número, tienen la capacidad de hacerse oír, de utilizar los medios de comunicación que ellos recusan, de deslegitimar la importancia de la democracia y, lo que es más grave aún, de sembrar en la mente de sus alumnos el odio, la venganza y la violencia como anti valores que deforman sus procesos de crecimiento y de formación. Eso es lo peligroso.
La buena educación es aquella que centra su interés en la trasmisión y promoción de valores como el respeto, la solidaridad y la justicia, que facilitan la convivencia pacífica entre las personas y que se sustentan en el respeto a los derechos humanos, todo lo contrario a la prédica violentista de los terroristas. ¿Qué creen, entonces, que estos maestros les dicen a sus alumnos, sobre todo en las zonas muy pobres del país? Esos maestros que se agrupan bajo las siglas de una anunciada reconstrucción sindical, son portadores del odio, muy lejos de la tolerancia y del respeto a las diferencias, que es como se debe entender una educación democrática en valores. ¿Qué podemos esperar, entonces? ¿Qué deben hacer las autoridades competentes? Tienen que actuar con las normas y la ley en la mano. Tienen que recuperar el principio de autoridad, que es, igualmente, una forma objetiva de enseñar.
(*) Juez Superior de Lima
EN EL DÍA DEL PADRE
Ángel H. Romero Díaz (*)
Mañana, domingo, celebraremos en el país, así como en otros países del mundo, el Día del Padre. Fechas de esta naturaleza sirven, además de su inevitable sentido comercial, para destacar el lado bueno, humano y positivo del ser al que se le rinde merecido homenaje. En este caso es el padre, en mayo fue el Día de la Madre. ¿A quién se le ocurrió rendir homenaje al padre? La fecha, como otras similares, tiene su propia historia que, en este caso, se remonta a principios del siglo XX, en los Estados Unidos. Ocurrió en 1909 cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd, de Washington, propuso la idea de celebrar el Día del Padre.
Se sabe que esta mujer quería homenajear a su padre, quien era un veterano de la guerra civil llamado Henry Jackson Smart. Él había enviudado, luego que su esposa muriera durante el parto de su sexto hijo, por lo cual se hizo cargo de criar a sus niños cumpliendo el rol de padre y tratando de cumplir el de madre y como el señor Smart había nacido el 19 de junio, ella propuso el día de su cumpleaños como día del padre. Ella quería destacar el importante papel del padre en la sociedad, en la educación y formación de valores de sus hijos. Años después, en 1924, el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un día nacional del padre.
Tuvo que transcurrir, sin embargo, muchos años más, hasta que en 1966 el presidente Lyndon Johnson firmara la proclama que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre en Estados Unidos y en 1972 el presidente Richard Nixon firmara la ley que establecía en forma permanente la celebración del Día del Padre, el tercer domingo de junio. A partir de 1966 la celebración se difundió rápidamente por Europa, América Latina, África y Asia.
En la mayoría de países de Hispanoamérica el homenaje al padre se realiza en esta misma fecha, salvo otros que han fijado, libremente, otras fechas en razón a otras motivaciones adicionales, como es el caso de España que lo celebra el 19 de marzo, fecha que se relaciona con la Festividad de San José, padre de Jesús de Nazaret. Al principio, el Día del Padre tenía carácter puramente familiar y en su origen un fin estrictamente noble y de reconocimiento personal. Al paso del tiempo, sin embargo, las reglas del mercado terminaron por imponerse para dar paso al inevitables aspecto comercial.
No obstante ello, nosotros queremos rendir homenaje al padre peruano en la persona de Dionisio Vilca, padre del suboficial César Vilca Vega, a quien rescató, sin mayor apoyo, del Vrae, en condiciones muy difíciles. Se dijo que el suboficial Vilca fue abandonado en la espesura de la selva y luego asesinado por los terroristas, durante la operación Libertad. Aún quedan en nuestras retinas, la imagen del valeroso padre desafiando la espesura de la selva y la muerte, con el único propósito de encontrar el cadáver del hijo, a quien dieron por perdido.
Ese valor, ese arrojo, ese coraje fue el mejor mensaje que recibimos de un padre, cuando el amor de él se impone a cualquier obstáculo, si de por medio está el cariño al hijo a quien se protege y se cuida. En nombre de este padre, sencillo y modesto, es que nosotros saludamos a todos los padres del Perú, por su día en el convencimiento de que esa lección de vida es el mejor tributo al amor.
(*) Juez Superior de Lima
LA CONFIANZA PERDIDA
Ángel H. Romero Díaz (*)
La situación de conflicto social que vive el país, no es como para tener que ponernos de costado o cerrar la cortina y no querer ver la realidad, tal como ella se nos presenta. Es preocupante, porque afecta no sólo la tranquilidad ciudadana, sino que nos afecta como país, como Estado con economía emergente, como sistema que busca decirnos que una democracia es el mejor camino que podemos escoger para vivir en paz, buscar el desarrollo y respetarnos entre nosotros. Pero para que ello ocurra es necesario que se recupere la confianza, como valor supremo que marque la conducta de las personas, pero, principalmente, en las autoridades, de cuyo gesto dependerá que la credibilidad también vuelva a ser recuperada en el discurso público.
La confianza es el fundamento de toda relación humana. Ella es necesaria para vivir, pues sin confianza nada funciona. En la interrelación personal de nuestra vida diaria, nadie puede caminar junto al otro sin tener la certeza de que puede confiar en él, lo que explica el innegable valor ético que tiene la palabra confianza. Y si ello, que es personal, se traslada a universos sociales mayores, como sociedad o como país, por ejemplo, el problema será mucho más serio y la urgencia de recuperar esa confianza, mayor. Eso es lo que estamos reclamando ahora, debido a la coyuntura que vive el país.
Los problemas derivados de la falta de confianza y credibilidad en la política y en los gobiernos son complejos y muy delicados que, incluso, han quedado documentados en numerosos libros. En particular, destaca, por ejemplo, el esfuerzo intelectual del investigador Francis Fukuyama, autor de ''El Fin de la Historia'', uno de los libros más comentados de los últimos decenios. Fukuyama examina el papel de la confianza como factor cultural y político, relacionándolo con el impacto que ella tiene, por ejemplo, en la economía y el bienestar de las sociedades que la practican. El investigador concluye, entre otros, que los países que cuentan con un alto nivel de confianza en sus gobiernos, son los más prósperos, estables, innovadores y desarrollados. Contrariamente, aquellos países en los que existe un bajo nivel de confianza en sus gobernantes, el desarrollo ha sido menor.
Sin confianza es imposible avanzar y crecer. Es necesario que se explique a nuestro pueblo y se transparenten los hechos, para recuperar esa confianza perdida. Sólo así se podrá llegar, con eficacia, al pueblo que reclama o que sale a las calles de buena fe.
En caso contrario, los problemas de violencia podrían crecer y poner en riesgo nuestra estabilidad. Esto es muy grave porque quien ha sido defraudado tiende a desconfiar y a volcar su frustración con violencia. O volver la mirada hacia quienes los habrán de manipular, haciéndolos vulnerables y violentos, con lo cual entra en riesgo la estabilidad, el respeto y la convivencia pacífica. ¿Acaso es esto lo que estamos buscando?
(*) Juez Superior de Lima
LOS RIESGOS DE LA VIOLENCIA
Ángel H. Romero Díaz (*)
La situación es preocupante. El país busca, por todos los medios, salir adelante, vencer el subdesarrollo, encontrar mejores niveles de vida y terminar, de ser posible, con la exclusión histórica; sin embargo, el camino se presenta difícil. Los discursos reemplazan a las políticas de Estado. En este terreno, es cuando surgen voces estridentes, en distintos puntos de nuestro territorio, para hacer oír sus prédicas antimineras esencialmente. Denuncian supuestas prácticas de depredación ambientalista y, con ese discurso, exacerban riesgosamente los ánimos de poblaciones que se sienten defraudadas o que creen, de buena fe, que lo que les dicen sus dirigentes son verdades por las que deben salir y exponer sus propias vidas. Como ha ocurrido esta semana en Espinar.
La violencia, en un sentido lato, se puede definir como el uso intencional de la fuerza o del poder con un fin predeterminado por el cual una o más personas producen daños físicos, o también sicológicos y hasta sexuales, llegando a ocasionar daños o la muerte a otra persona o grupo de personas. En el caso de la violencia que tratamos que es la violencia social es un problema fácilmente visible, que trata de llamar la atención y escandaloso por las formas adoptadas, no sólo en el Perú, sino en toda América Latina y aun en los países considerados del primer mundo.
En este tipo de violencia, el ambiente se enrarece, se encrespan los ánimos y lo que es más grave y peligroso: se ahuyentan las inversiones que apuestan por el trabajo o las que se puedan estar proyectando, que, por otro lado, generan desarrollo. Situaciones de violencia social no favorecen, pues, a nadie. Ni a los pobladores que protestan, ni al Estado, ni a la sociedad en su conjunto, que sólo se siente impotente frente a las acciones de violencia desatada en diferentes espacios geográficos del territorio nacional. La violencia no es, pues, buena consejera para buscar el desarrollo, ni menos encontrar calidad de vida para los ciudadanos. A los paros sociales anunciados o en ejecución como en Cajamarca o en Espinar, se suma, como voz de alerta, el que se podría producir en 32 centros poblados de Huari, radio de influencia de la empresa minera Antamina.
Los conflictos se multiplican, extrañamente, como si fuesen actos debidamente concertados para crear inestabilidad y, consecuentemente, debilitar la imagen de las autoridades que gobiernan el país o administran el Estado. ¿A quién puede favorecer que las carreteras sean tomadas, o las calles y plazas de los pueblos sean ocupadas por acción de violentistas, expertos en manipulaciones y desórdenes sociales? ¿A quién puede interesar que la paz sea quebrada en nuestros pueblos? Los primeros en celebrar que la violencia reine en el país, son, sin duda, quienes no creen en la democracia y buscan dinamitar el sistema.
Debemos precisar, sin embargo, que la violencia no es, precisamente, consecuencia de un conflicto, porque éste existe, sin que necesariamente deba haber violencia. Ésta se presenta, porque hay quienes buscan generar el caos, aprovechándose de inequidades existentes, o de ofertas incumplidas o de malas prácticas ambientalistas por las empresas cuestionadas, lo cual sería fácilmente superable, si existiera, en verdad, voluntad de diálogo entre los líderes regionales y los gobernantes de turno. Pero, por lo que podemos ver, al parecer, nada de eso ocurre. Lo cual viene a ser altamente peligroso.
(*) Juez Superior de Lima
DESLICES QUE DAÑAN
Ángel H. Romero Díaz (*)
Frecuentemente los jueces somos juzgados con ferocidad, ensañamiento, e injustamente. Se nos acusa de todo en el ejercicio de nuestras funciones. Muchas de esas falsedades surgen, sin embargo, de la distorsión o manipulación para dañar la imagen del magistrado. Así, por ejemplo, luego del dictamen judicial contra la conductora de un programa de televisión, sentenciada a tres años de prisión suspendida, por un juez del Callao, por la comisión del delito de difamación, sentencia, entiendo, que se encuentra apelada. Según ella, con esa medida se violaba la libertad de prensa, porque algunas de las normas de conducta que se le habían impuesto la obligaban a que su material informativo sea revisado, previamente, por el juez. Con ello, añadió, se trasgredía sus derechos como periodista y ciudadana.
"Me hace acordar a los casos de censura previa que ocurrieron en el Perú en la segunda mitad de los años '70 contra varios medios de prensa que debían presentar sus artículos a una autoridad militar para que les dieran el visto bueno antes de ser publicados", dijo un representante del Consejo Directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Mientras, un conductor televisivo se atrevió a deslizar la especie del consumo de alucinógenos en la Corte del Callao, lamentable expresión que deja mucho que desear y que no ha tenido la respuesta que se merece una insolencia de tal naturaleza. Ojalá que la Asociación Nacional de Magistrados actúe inmediatamente, para que el autor de tal infamia reciba la sanción que se merece.
¿Qué ocurrió? Que ningún periodista ni líder de opinión leyó el texto original de la sentencia. En segundos, el juez fue, prácticamente, pulverizado: se le desacreditó, se puso en duda su formación intelectual y quedó en entredicho la función de la judicatura. Tuvo que salir el juez Ramón Vallejo Podría y la propia Corte Superior del Callao para aclarar que lo que dijo en la resolución es que sea ella misma quien tenga que ver y verificar lo que va a informar. "No propalar noticias ni reportajes que puedan difamar a las personas y ejercer un control previo idóneo del material informativo que posea antes de ser propalado" dice, en efecto, la sanción.
No había pues ningún interés por controlar la información de la sentenciada, ni menos podía existir atisbo alguno de cercenar la libertad de prensa. El suelo estaba parejo; sin embargo, algunos periodistas ya habían propalado inexistentes peligros, conducidos de la mano por una equivocada interpretación de la interesada. Esta experiencia debe servirnos, en todo caso, para exigir una mayor responsabilidad en el manejo de la información. Los periodistas y conductores de programas son líderes de opinión y, como tales, asumen una responsabilidad que debe ser honrada para beneficio de sus audiencias o de sus lectores.
(*) Juez Superior de Lima
INSÓLITA REALIDAD
Ángel H. Romero Díaz (*)
Cada día que pasa, vemos que lo insólito sustituye a toda imaginación en la lucha oficial contra el narcotráfico y el terrorismo en el Valle del Río Apurímac y Ene, Vrae. Vamos tomando conocimiento de las reales condiciones en las que nuestros valerosos policías y militares, jóvenes todos ellos, son enviados para enfrentar a bandas de criminales, armados hasta los dientes, con el poder que da el narcotráfico, y conocedores, sobre todo, del terreno hostil, alucinante y salvaje de una selva impenetrable, a la que el Estado nunca hizo nada por llegar, ni menos transformar para dar calidad de vida a sus moradores.
Escuchar los testimonios, en público y en privado, de nuestros jóvenes que visten uniforme, que salvaron la vida de milagro y han retornado de las más recientes emboscadas de los narcoterroristas en el Vrae subleva a cualquiera. Si bien reconocemos en ellos su coraje, su amor y su entrega por alcanzar los objetivos trazados, no podemos callar ni ser indiferentes frente a la desidia o al desamor con que nuestros valientes soldados son tratados por sus jefes que, conscientes, los envían al sacrificio anunciado, sin dotarlos del armamento adecuado, ni siquiera de las raciones oportunamente suministradas, hechos que deben ser prontamente investigados y sancionados sus responsables.
Por lo que se conoce, no es un despropósito señalar que nuestros policías y soldados libran una lucha desigual en la espesura del Vrae. Y esto es algo sobre el cual debemos reflexionar y nuestras autoridades tomar decisiones correctivas. No es posible que tengamos que enterarnos de hechos como que nuestros policías y soldados carezcan del apoyo logístico necesario o que cuenten con vehículos que se queden varados, porque son inapropiados para la zona. O que sus equipos de comunicación sean limitados o que ellos mismos tengan que proveerse de guantes de albañil para descender, en vuelo, de los helicópteros, que han sido presa fácil de esos grupos de narcoterroristas.
Por la prensa nos enteramos, por ejemplo, que los policías destacados a Kiteni, en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, contaban con seis camionetas Nissan Frontier 4×4 del año 2010, que no son los más adecuadas para la zona. No tienen la potencia necesaria para sortear los obstáculos de trochas intransitables. Aseguran que es usual ver a esas unidades atrapadas en el fango, por deslizamientos de piedras y barro, como lo ocurrido en el camino que conduce a Yuviri. "Los oficiales tuvieron que remover el barro con las manos, pues no contaban con sogas ni herramientas necesarias", informó la prensa, en esa oportunidad.
Eso no es todo, sin embargo. Viene lo insólito. Se dijo que los policías cuentan con fusiles AKM y HK G3, adquiridos en la década del 80, los cuales se traban por su antigüedad y no permiten realizar los disparos. Por otro lado, se repite hasta el cansancio que la lucha contra el narcoterrorismo tiene que ser integral y debe impulsarse obras sociales que beneficien a los pobladores. ¿Y qué se tiene? El alcalde del distrito cusqueño de Echarate, José Ríos, se queja que los cuantiosos recursos de su municipio no pueden ser utilizados, debido a kafkianas trabas burocráticas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Está atado de manos. "Yo quisiera asfaltar la carretera Echarate-Kepashiato, de 180 kilómetros, pero el SNIP me pide una circulación de 300 vehículos por día para justificar la obra, por lo tanto este proyecto va a ser inviable", se lamenta. ¿Qué hacer?
JUECES Y VALORES
Ángel H. Romero Díaz (*)
El abogado Fernando de Trazegnies se ha referido con pulcritud y elegancia a los jueces del Perú para señalar ciertas verdades y algunas otras que no lo son, pero que vale la pena volver a ellas, para evitar que la ambigüedad o las medias verdades terminen por distorsionar y, finalmente, deslegitimar la acción de los jueces, quienes deben merecer toda nuestra atención y apoyo, empezando por el ciudadano de a pie, hasta las esferas más elevadas del poder político y de Gobierno, si se quiere construir una sociedad de paz y de respeto, y proteger, por sobre todas las cosas, el futuro moral de una Nación.
Son los jueces, es cierto, quienes se encargan de interpretar adecuadamente las normas que existen y ejecutarlas para buscar que los ciudadanos que confrontan, ocasionalmente, una controversia, terminen aceptando la decisión manifiesta a conciencia y en apego al Derecho. Delicada como altísima responsabilidad. Ello exige, no sólo una documentada preparación jurídica de los jueces, sino una sólida formación en valores, que viene de hogar y que se ha cultivado a lo largo de la vida. Y es precisamente en este aspecto en el que discrepamos, radicalmente, con la concepción del doctor Trazegnies, respecto de la conducta y el accionar de los jueces en el Perú.
Dice él que la administración de justicia en el Poder Judicial deja mucho que desear, debido a la pobre formación intelectual de los jueces y a su poca valentía para defender su independencia. Y que ello ocurre debido a que los bajos sueldos que se pagan en el PJ sólo pueden atraer a los abogados que no han sido, precisamente, los mejores alumnos en las universidades. Esta visión tan reduccionista lleva al Dr. Trazegnies a ignorar, que los jueces sin lugar a dudas estamos altamente preparados, tenemos Maestros y Doctores debidamente graduados, con permanente actividad académica, no solo como alumnos sino también como profesores universitarios.
Esta realidad, obviamente lleva de encuentro lo afirmado, la riqueza intelectual de los jueces es elevada y sobre todo imbuida de vocación, fuerza motivadora para abrazar la profesión. La vocación por el derecho sustituye, en mucho, la legítima aspiración a buscar mayores ingresos, en otros espacios que no sean en la judicatura. Es un equívoco, por ello, establecer una relación directa de causa a efecto, entre percibir una buena remuneración con la alta formación académica que se posea.
No debemos olvidar, por otro lado, que también existen los valores y que éstos evitan que los jueces, sólo nos interesemos en el fin económico personal. Los valores --cuantos más sólidos-- harán que una persona, que diga que su vocación es el Derecho, no tenga actitudes que degraden la profesión o impedirán que los jueces sean vulnerables a todo acto de corrupción. No todo se reduce pues a buscar jugosos honorarios, cuando de por medio existe vocación por la profesión y valores que administren nuestro comportamiento. Aprovecho para desear a todas las madres y, en especial, a las que forman parte del Poder Judicial, un feliz día.
(*) Juez Superior de Lima
UN "AFFAIRE" LLAMADO ERNESTO DE LA JARA
Ángel H. Romero Díaz (*)
Por lo visto, Ernesto de la Jara sigue ejerciendo su lucrativo y definido oficio de difamador público. Parece convencido que él existe siempre y cuando prosiga acometiendo la tormentosa tarea de destruir honras. Entiende que los estipendios extranjeros le instan, día y noche, a amasar lodo para embarrar a los demás. Sus anteriores diatribas no me preocupaban. Las toleré por humanidad. Veía a un hombre incapaz de dominarse. Parecía agobiado en su tétrica tarea de buscar pendencias sobreponiendo la pasión a la razón. Sin embargo, al enterarme circunstancialmente de su cuartilla difundida el lunes 16, volví a verlo envuelto en sus propios arrebatos, pretendiendo convertirse en árbitro de la dignidad y el honor, pero escudándose medrosamente en una dama para compartir responsabilidades. Considero, entonces, llegado el momento de reflexionar también en público.
De la Jara actúa bajo el impulso de injuriar y difamar para poder vivir. Ese día se las emprendió contra el doctor Vladimir Paz de la Barra trasladando al periódico, que hoy lo cobija, el inicio de un proceso indemnizatorio del cual no tengo arte ni parte. Y, creyendo acumular mayores diatribas y denuestos contra el destacado jurista, afirma muy suelto de huesos que "no le importó su honor al defender legalmente al juez Ángel Romero, quien firmó la ilegal sentencia en el caso de los ex trabajadores del BCR, lo que motivó su destitución, decisión que luego el CNM cambio de manera ilegal según nuestro criterio y el de muchos". En este libelo De la Jara se pasó. En efecto, transitando a galope tendido desde el tenebroso ámbito de su incontrolada y baja pasión al de porfiado y exitoso sembrador de odio y discordia, se presenta, sin empacho alguno, como juez hechizo y atosigado por su desbordante furor e ilimitada avidez por las benevolencias foráneas; así como en audaz censor poseído, que duda cabe, por las fuerzas del mal.
Luce el disfraz de criollísimo Catón y pretende trazar línea divisoria entre el honor y el deshonor de las personas. Quiere dirimir decoros amalgamando su reconocida petulancia con indisimulada ira cotidiana.
Ernesto de la Jara, titán entre los cultores del rabulismo, sostiene que el letrado al asumir mi defensa liquidó su honor. Vale decir, que este humilde servidor carece de dignidad para ser defendido y el abogado que lo hace se envilece al ejercer su profesión. Obtuso criterio del tinterillo condenado, hoy y siempre, a la penitencia de hostilizarse a sí mismo, tal vez sin opción al propósito de enmienda. La próxima vez ya no habrá artículo, la respuesta será acudir a la justicia para poner en su sitio a quien según los cables filtrados por Wikileaks formaría parte de Ongs, que no obstante ser financiadas por la embajada americana eran consideradas, al mismo tiempo, como "propagandistas" de Sendero Luminoso.
(*) Juez Superior de Lima
LA MUERTE DE UN FISCAL
Ángel H. Romero Díaz (*)
Asesinado el titular de la Fiscalía Provincial Penal de Casma, Luis Sánchez Colona, la prensa dice que el joven magistrado fue acribillado cuando esperaba movilidad en el distrito de Nuevo Chimbote para dirigirse a su centro de labores. Todo un futuro exitoso que quedó trunco, por entregarse en cuerpo y alma, al ejercicio del derecho y a la aplicación de la justicia, en un medio cada vez más incierto, inseguro, violento. Tenía apenas 31 años. Honesto y honrado. Un profesional que, como muchos, vivía en el umbral del peligro, amenazado o acosado por las fuerzas oscuras del crimen y de la delincuencia, en su entereza de perseguir la justicia, caiga quien caiga, como es norma en la aplicación de la ley.
¿Existe seguridad para nuestras vidas? Y si existen políticas públicas de seguridad ciudadana, ya que no es posible que una persona se halle expuesta fácilmente a la acción criminal de sicarios o asesinos a sueldo, a juzgar por los hechos. A nuestras autoridades competentes: estos crímenes no queden impunes y el peso de la ley caiga con todo rigor sobre el autor o los autores de tan execrable hecho. La criminalidad y la violencia constituyen, en la actualidad, un problema político social de primer orden, no sólo en el Perú, sino en el mundo. Esta realidad, cada vez más absorbente, exige la necesidad de implementar medidas muy puntuales que tiendan a disminuir la violencia urbana, a lo largo y ancho del territorio nacional, cuyos efectos los padece transversalmente toda la población. Ello debe obligar a las autoridades y a nosotros mismos, a poner énfasis en la protección de los ciudadanos, quienes, en definitiva, son la razón de ser de todo buen gobierno.
No podemos, por consiguiente, abstraernos de tocar este tema, porque sigue estando en agenda mediática, todos los días de la semana. Muerte y violencia parecieran ser el monotemático interés de la prensa cotidiana. Las ciudades enfrentan, qué duda cabe, altas tasas de delincuencia que amenazan los sentimientos de seguridad de la población. En contraparte, sólo buscamos vernos libres de la acción de la delincuencia, gozar de un ambiente de tranquilidad, o sabernos protegidos contra la violencia, cualquiera sean sus manifestaciones. Somos una sociedad que anhelamos vivir en paz, aún cuando, históricamente, hayamos sufrido, en mayor o menor dimensión, los avatares de la violencia. O la sigamos padeciendo.
Para enfrentar estos problemas, se requiere de liderazgo y ganas de ejercer la autoridad. Por donde uno camine, se encuentra con comisarías abandonadas, patrulleros malogrados, policías desmotivados y jueces o fiscales desprotegidos, como ha sido el caso de la autoridad asesinada en Chimbote. Y esto que parece de nunca acabar, debe merecer la atención prioritaria de todos nosotros, si queremos subsistir como sociedad que busca vivir en paz y en democracia.
(*) Juez Superior de Lima
REFLEXIONAR, UN ACTO NECESARIO
Ángel H. Romero Díaz (*)
Kant decía que no había nada que aprender, que no sea el acto de filosofar, como sinónimo de reflexión permanente, uno se examina a sí mismo para comprender mejor la vida. Con la modernidad y tecnología, el hombre está sometido a la vorágine del desarrollo, sin la oportunidad de reflexionar sobre lo andado o avizorar lo pendiente. No hay tiempo para nada, menos para la reflexión, más aún, para la meditación. Sabia recomendación sobre el valor que tiene el espíritu en la salud de las personas y para la armonía social de cualquier comunidad.
La Semana Santa es, para los cristianos, el tiempo ideal de reflexión, de autocrítica personal, familiar, o social. Dicen las Sagradas Escrituras que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, cuyo simbolismo sustenta el espacio de la reflexión. ¿Tiene algún sentido esta conducción? Desierto es el lugar del silencio, de la soledad. Nada más propicio para entregarse uno al discreto momento de la reflexión y la meditación. El ruido de la calle, el bullicio permanente en nuestras vidas no nos permite ese espacio ni otorgarnos ese tiempo, sometidos como estamos al estrés de lo cotidiano. La reflexión nos lleva al alejamiento de las ocupaciones cotidianas, de lo fatuo y, por cierto, de la superficialidad. Y en el simbolismo cristiano, ese desierto al que fue conducido Cristo es el lugar de lo absoluto, de la libertad, del despojo total de las preocupaciones.
Reflexionar nos revela a nosotros mismos, nos desnuda, nos presenta al mundo tal como somos, sin tapujos. Y eso es bueno. Sobre todo cuando vemos que los valores se convierten en inauténticas piezas de museo, debido al pragmatismo a que nos obliga la sociedad moderna, tan llena de tecnologías que nos conducen al individualismo más acervado, a la despersonalización extrema. Sobre todo ahora en el que los valores son vocablos en extinción y el egoísmo del hombre que sólo piensa en sí mismo, va ganando terreno. En este marco social es cuando hace mucha falta ejercitar el acto de la reflexión. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde marchamos? En suma, ¿qué somos como personas y como país? Son tantas las interrogantes que exigen de nosotros respuestas meditadas, frutos de una necesaria reflexión.
No olvidemos que las grandes cosas han nacido siempre, en el desierto; es decir, en soledad y hasta en la pobreza, lo que nos hace más cristianos todavía. De ahí que la Semana Santa tenga mucho de enseñanza. No sólo se trata de recordarnos la pasión y muerte de Cristo. Venga la reflexión sincera y profunda, para desentrañar cada uno de nuestros actos de vida y de fe. Nunca estará demás enfrentarnos al vértigo de lo cotidiano, para saber el sentido de nuestra existencia, qué corregir o qué aspecto potenciar, tratando de ser auténticos con nosotros mismos. Es un ejercicio que no es inútil en nuestras vidas.
(*) Juez Superior de Lima
REMUNERACIONES JUSTAS
Ángel H. Romero Díaz (*)
Crucial el problema de las remuneraciones en el Poder Judicial, sin visos de solución. No hay política de Estado que, siendo justa y equitativa, valore en su exacta dimensión el rol que cumplen los magistrados y trabajadores de este Poder para el fortalecimiento y la vigencia del sistema democrático. Sin la garantía de una adecuada administración de justicia, es inimaginable una sociedad en transformación, ni un país moderno y en crecimiento. La situación que enfrentan jueces y trabajadores del PJ, a consecuencia de las desfasadas remuneraciones que el Ministerio de Economía se niega a sincerar, con ese espíritu de aparente indiferencia, no le hace bien a la anhelada paz social.
Principales instituciones representativas de los jueces, como la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, se han pronunciado, también las Salas Plenas de las Cortes Superiores del país. Todos reclaman que la ley se cumpla. Reclamamos que los organismos competentes cumplan con lo que nuestra Constitución Política señala: que el Estado garantiza a los jueces una remuneración decorosa, que les asegure vivir con dignidad. Grande la importancia del juez en un sistema democrático y constitucional de derecho como el nuestro. ¿De qué se trata?
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reconoce el derecho de los magistrados a percibir remuneración acorde a su función, dignidad y jerarquía. Existe, hace 19 años, una escala remunerativa incumplida, por una disposición final y transitoria de la norma correspondiente: que se haría efectiva progresivamente, según las disponibilidades del Presupuesto General de la República, dentro de los cinco años siguientes a la publicación de dicha norma. Transcurrido largamente los plazos previstos, no existe voluntad política, en los sucesivos gobiernos de turno, de cumplir con la ley. La escala precisa que el haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciban los Vocales de la Corte Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%, y 55% el de los Secretarios y Relatores de Sala, todos ellos referidos al haber total de los Vocales de la Corte Suprema.
Más aún, existe una sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada que ordena el pago de las remuneraciones de los jueces conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial ¿Y? No se oye padre. Cómo el Estado reclama a sus magistrados entrega y dedicación en la administración de justicia y los trata con displicencia cuando de remuneraciones justas se habla. El presidente del PJ, Dr. César San Martín, debe actuar con energía a fin que se cumpla con la Constitución y la (LOPJ), que prevalezca la autoridad de este Poder del Estado, que los funcionarios del MEF escuchen los reclamos, de modo que se pueda aplicar la norma vigente, pero incumplida, lamentablemente.
(*) Juez Superior de Lima
CUIDADO EN LOS COLEGIOS
Ángel H. Romero Díaz (*)
Si queremos entender nuestro presente, debemos echarle, inevitablemente, una mirada a nuestra historia como sucesión de hechos que dieron forma a esa existencia, como país. El pasado sirve para recrear la vida transitada, entender el presente y otear el futuro, para construir patria. Por tanto, es de capital importancia para nuestra peruanidad, valorar la enseñanza, no sólo por su contenido, sino por quiénes fueron los encargados de transmitir esos conocimientos.
Por eso, con estupor vimos que fue la prensa la que puso en agenda el insólito hecho de que algunos textos escolares de editoriales privadas contenían verdaderas apologías al terrorismo que padecimos por cerca de dos décadas. Textos escritos para la enseñanza de nuestros niños, que no llegaron a padecer las atrocidades de ese terrorismo en contra del Estado y de indefensos ciudadanos del campo y de la ciudad que murieron a manos de esa insania terrorista llamada Sendero Luminoso. Pero no sólo ello. Lo más grave es que un número impresionante de terroristas que purgaron condena en las cárceles del país, y que retornaron al sector Educación, vienen desempeñándose, según da cuenta la prensa nacional, como profesores, pese a la existencia del DS 019-2010-ED, que expresamente prohibía que esos individuos retornen a las aulas y sean reubicados, en todo caso, en labores administrativas, sin mucho contacto intelectual con los estudiantes. ¿Qué pasó?
Un ex viceministro de dicho sector confesó que no se actuó adecuadamente, sobre todo en las direcciones regionales y la UGEL en provincias. "Si hubiera un profesor que fuera condenado o inclusive rehabilitado, debía salir de las aulas donde trabaja con niños y jóvenes. Deberían haber sido destinados a oficinas administrativas mientras se realizaban las investigaciones que correspondían para los que no habían tenido algún proceso", explicó. No se actuó pues, con diligencia y escrupuloso cuidado. Y se puso la educación de nuestros niños nuevamente en manos de esos profesores que fueron condenados por terrorismo por el PJ. Y es precisamente en la enseñanza de la historia, como en ninguna otra materia, en la que los factores ideológicos tienen un papel privilegiado al momento de determinar qué se enseña y cómo se enseña.
No es posible que 14 directores de colegios estatales, por ejemplo, hayan figurado entre los firmantes de los planillones para que el grupo de fachada de SL, Movadef, haya pretendido ser reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones, sin abjurar de la barbarie terrorista que amenazó la paz y la vida de los peruanos, desde la década del ochenta. La infiltración de ideologías violentistas en las aulas escolares debe ser denunciada por todos y tiene que ser ahora, porque mañana puede ser tarde.
(*) Juez Superior de Lima
NO SATANICEN AL PJ
Ángel H. Romero Díaz (*)
Las declaraciones del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Gastón Soto Vallenas, que daban cuenta de que aproximadamente el 20 por ciento de los postulantes a jueces y fiscales que se presentan a evaluación, aprueban el examen de conocimientos, fueron maliciosamente desvirtuadas en su intención por el decano de la prensa escrita, para presentarlas ante la opinión pública como "quien verdaderamente sale jalado anualmente en el examen del CNM es el Poder Judicial existente". Inferir como un problema institucional algo que es estrictamente individual y cuyas fortalezas o flaquezas sólo les pertenecen a los aspirantes a magistrados, es tendencioso y, ciertamente, peligroso para la buena imagen del sistema y del orden constitucional.
Existe, a todas luces, un aprovechamiento intencional para zaherir, desprestigiar, poner zancadillas y deslegitimar a un poder del Estado que, quieran o no, es una institución importante y de primer orden para la vigencia y el fortalecimiento del orden constitucional en el país, precisado en blanco y negro en la Constitución Política del Perú que en su artículo 138º, señala: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las Leyes." ¿Qué se busca, entonces, cuando se golpea al PJ como institución? ¿Qué se pretende, cuando los adjetivos más altisonantes apuntan a debilitar la capacidad y honorabilidad de sus miembros? ¿A dónde se quiere llegar?
Los concursos públicos tienen la finalidad de evaluar a quienes postulan a los cargos para los cuales son convocados. Es la oportunidad en la que los postulantes son escudriñados, no sólo en su hoja de vida, sino en sus habilidades y potencialidades intelectuales. Los concursantes son sometidos a toda suerte de pruebas elaboradas por especialistas, para medir el nivel de conocimientos que poseen, sus aptitudes personales, su estabilidad emocional, su capacidad de liderazgo, sus cualidades para trabajar en equipo o a presión, en fin. Eso es normal y común. Dichas pruebas arrojarán, luego, resultados que darán cuenta de la capacidad individual de los concursantes, no así de las instituciones a las que aspiran incorporarse. En consecuencia, no se puede inferir que si existe un alto porcentaje de desaprobados, es el Poder Judicial el que tenga que salir desaprobado.
Por el contrario, con estos resultados se pone en evidencia, que el examen fue riguroso y que sólo pudieron ingresar al PJ y MP aquellos postulantes que, realmente, supieron demostrar que fueron los mejores. No ingresan quienes se encuentran por debajo de los estándares requeridos. La selección permite garantizar, de esta manera, un adecuado nivel de rendimiento y una eficacia en el trabajo de administrar justicia, tal como disponen las normas y la propia Constitución Política del Perú. A despecho de quienes satanizan la institucionalidad del PJ, el propio Presidente Dr. San Martin en recientes declaraciones ha hecho saber, por ejemplo, los alcances de la alta producción nacional en resolver los procesos. De eso nada se dice y solo se aprovecha de cualquier oportunidad para que surja la crítica malsana. Qué pena.
(*) Juez Superior de Lima
ASUMAMOS RESPONSABILIDADES
Ángel H. Romero Díaz (*)
Nuevamente, las clases en los centros educativos. Marzo es un mes especial para todos: padres de familia, estudiantes y autoridades pertinentes. Es cuando la prensa fija la mirada en la carencia de aulas adecuadas, locales abandonados o a medio construir. Funcionarios que no convencen, indolencia en muchos casos y la enseñanza en entredicho con las buenas razones. Si hay algo que nos desvela a los padres es, precisamente, la educación de nuestros hijos. Aquí hay una línea en común, independientemente del estrato social en que nos ubiquemos: todos tenemos la firme convicción que una buena educación es el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos. Y este convencimiento simplifica cualquier sacrificio que podamos acometer.
La educación es, qué duda cabe, la única herramienta que permite que las sociedades busquen su propio desarrollo, sobre todo en el mundo actual, en el que los avances tecnológicos, la globalización y la competitividad nos obligan a ser cada vez más exigentes. Esto no es todo. En una sociedad de desarrollo desigual como la actual, cobra cada vez mayor importancia el tema de la formación. Y es aquí cuando tenemos que preguntarnos ¿qué rol cumplimos los padres? Si bien la escuela imparte conocimientos, es tan o más importante la formación en valores que tiene que empezar por casa.
Si bien en los procesos académicos el maestro es una figura muy importante para encontrar las potencialidades de los niños y jóvenes, apoyarlos e incentivarlos, no lo es todo. La otra responsabilidad tiene que ser asumida por los padres, hecho que la descuidamos, lamentablemente. Nosotros esperamos que nuestros hijos aprendan sin mayores complicaciones y que, incluso, sus resultados sean mayores a nuestras expectativas. ¿Y qué hacemos? Mandarlos al colegio, incluso buscarles los más caros, en la equivocada creencia que ello es suficiente. Pero, ¿cuál es nuestra participación desde el hogar?
Esperamos buenos resultados en nuestros hijos, pero no somos conscientes que existen diversos factores que influyen para que nuestros hijos tengan bajo rendimiento en el colegio, siendo uno de ellos, la falta de interés que mostramos los padres a lo largo de ese proceso educativo, así como el poco compromiso de los colegios que, mayormente, sólo buscan lucrar con la educación. Y si a esto sumamos la discutible calidad en los profesores, o los problemas propios de atención en los niños, o los malos hábitos de estudio, tendremos la radiografía perfecta del camino a la frustración. ¿Qué podemos hacer?
Para empezar, tenemos que asumir que la responsabilidad escolar es de todos. De unos y de otros. No se trata de que culpemos sólo a los niños, o a los maestros, o nos culpemos exclusivamente. Se trata de que todos nos sintamos parte de la responsabilidad, puesto que la educación comienza por casa. Ahora que empieza el año escolar, bien vale la pena reflexionar sobre estas responsabilidades, para que no tengamos que lamentarnos después.
(*) Juez Superior de Lima
TOLERANCIA
Ángel H. Romero Díaz (*)
La intolerancia se halla tan legitimada en nuestro medio, que hasta pareciera que forma parte de nuestro comportamiento normal en nuestra vida cotidiana. Y ello resulta preocupante, puesto que la intolerancia resulta incompatible con una sociedad democrática que, por el contrario, respeta y reconoce la diversidad como forma de integración y entendimiento humanos. La falta de tolerancia se pone en evidencia todos los días y está presente en cada uno de nuestros actos, lo cual debe llamarnos a reflexión. ¿Qué futuro nos espera si construimos una sociedad violenta, carente de tolerancia y de otros valores afines?
Nos basta leer las declaraciones de los líderes políticos y los de opinión. Nos basta echar una mirada a los miles de textos que circulan en las distintas redes sociales, como para llegar a la conclusión de que estamos atravesando por un momento de mucha violencia verbal, fruto de la intolerancia ya legitimada socialmente. Y no es que estemos en una etapa de convulsión política. Vivimos, por el contrario, una etapa de paz y de quietud social y aún así, las muestras de intolerancia se expresan como cuando alguien disiente sobre la naturaleza de la comida peruana, por ejemplo.
¿Qué entendemos por tolerancia? Es la aceptación de la diversidad de opinión. Así de simple y de sencillo, pero difícil de practicarla, sin embargo. Esa diversidad puede ser social, étnica, cultural, política o religiosa. Si deseamos construir una sociedad democrática y de inclusión plena, tenemos que empezar por saber escuchar y aceptar a los demás. Valorar y respetar las distintas formas de entender la vida o de verla, siempre que no vulneren los derechos esenciales de todo ser humano, es lo deseable en toda sociedad que se reclame democrática. Ello equivale a saber considerar la diferencia, como una manera de aprender a vivir en comunidad y una aceptación de la necesaria pluralidad que existe entre seres humanos, que son pensantes por antonomasia. Este reconocimiento constituye de suyo una virtud social.
Si promovemos el cultivo de esta virtud social, estaremos formando a las generaciones que nos siguen bajo los cánones de la tolerancia, admitiendo en los demás una manera de ser diferente. Y a ser benevolentes, porque el hombre, como decía Séneca, es "cosa sagrada para el hombre". Ser benevolente es no ser prepotente, áspero ni altanero con el otro, ni ser injusto ni menos abusivo con los más débiles. La benevolencia, que es una manera de ejercer la tolerancia, hace más fuertes a quienes la practican. Es por esta razón que debemos propender a una educación en valores y, entre ellos, el de la tolerancia. Nuestros niños y jóvenes deben ser formados en esta perspectiva, si queremos tener una sociedad democrática, libre y fuerte.
La tolerancia es un concepto clave en el mundo contemporáneo y, más específicamente, en sociedades como la nuestra, tan vulnerables a los avances de la globalización, e importante para la convivencia pacífica entre nosotros.
(*) Juez Superior de Lima
PRUDENCIA Y NO ADJETIVOS
Ángel H. Romero Díaz (*)
En un estado de derecho, los ciudadanos convivimos en paz a través de la observancia de las normas y las leyes, establecidas con ese propósito. De no ser así, la sociedad se tornaría en una jungla. Y se impondría sólo el más fuerte, pero no el que tenga la razón. Y las leyes están, precisamente, para regular esa razón, lo justo. El Estado peruano, en su forma superior, está constituido por poderes encargados de ejecutar las decisiones de gobierno, de legislar o dar las normas que rijan la sociedad, de administrar la voluntad del pueblo o aplicar justicia en estricta sujeción a las leyes. En esto último está el Poder Judicial.
Los jueces y magistrados son profesionales altamente capacitados, profundamente humanizados y exentos de todo tinte político o de motivaciones simplemente mediáticas. Siendo así, es necesario que los ciudadanos distingamos el quehacer profesional de cada quien. Saber respetar los alcances que puedan emanar de las grandes decisiones, sobre todo. Esto, a propósito del debate debido al despropósito de algunos ciudadanos agrupados en el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, de pretender legalizar como partido político al mismo grupo terrorista de Sendero Luminoso que tanto daño hizo al país, a través del terror y de la muerte que no debemos olvidar.
El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la inscripción de dicho movimiento, debido a que incumplió con los requisitos formales que exige la Ley de Partidos Políticos. La decisión ha sido correcta. No se trata de pedir resultados a partir de nuestras subjetivas motivaciones. Se trata de reconocer que, en este caso, lo pedido no se ajusta estrictamente a las normas establecidas para este tipo de casos. Además, las autoridades no encontraron coherencia, ni menos compromiso de lo pedido con el orden democrático. Antes que nada, el mandato de las normas. Aquí radica el detalle y que es bueno advertirlo. Pero, no sólo ello: el ROP observó también la doble afiliación de sus miembros, el incumplimiento del número de comités partidarios requeridos (solo 25 están hábiles de los 65 requeridos), además está el hecho que en 13 casos no existen las direcciones señaladas de los comités señalados por sus impulsores, además de otras observaciones. En sencillo, nos quisieron pasar gato por liebre.
Es bueno, sin embargo, remarcar que dejemos que las autoridades pertinentes del JNE actúen de acuerdo a derecho, sin presiones de ningún tipo. Esto será lo más recomendable para todos, puesto que así no habrá lugar a reclamos o que éstos sean sumamente deleznables frente a cualquier instancia. El analista político, Fernando Tuesta estimó, con acierto, que el Movadef podría acudir al Tribunal Constitucional o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para insistir en inscribirse como partido político. Y si les damos argumentos de otro tipo, que no sean los estrictamente jurídicos y constitucionales, los impulsores de esta nueva fachada del terrorismo, tendrán las mejores argucias para hacer propaganda en otros tribunales.
Por ello, el analista recomendó sensatamente, que las autoridades respeten el debido proceso al analizar este caso para que no tengan los recursos argumentales para cuestionar los procedimientos regulares seguidos. Si bien el articulo 139 inciso 20 de la Constitución Política del Perú dice que todos tenemos derecho a realizar análisis y críticas de las resoluciones judiciales, norma que se extiende a cualquier resolución emanada de autoridad, incluidas las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, no debemos abusar de ello para lanzar despropósitos, que sólo afectarían la gobernabilidad y la vigencia del sistema democrático.
(*) Juez Superior de Lima
INSÓLITA PRETENSIÓN
Ángel H. Romero Díaz (*)
La pretensión de Movadef de buscar legalizarse en el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto en agenda el tema del terrorismo, activando los focos de interés de la ciudadanía, cuyo rechazo ha sido unánime. La sola propuesta provocó resquemor en el ánimo de una población que ha vivido la penosa etapa del terrorismo y ha experimentado, en carne propia, las nefastas consecuencias del accionar de Sendero Luminoso y el MRTA, grupos terroristas que sembraron de muerte el país.
Si algo tenemos que destacar de este hecho es la respuesta crítica de la opinión pública, que ha negado su apoyo ante cualquier eventualidad de que pueda prosperar la intención de dicho movimiento, que pretende hacer pasar gato por liebre, alegando que son gente de paz y que sólo buscan la amnistía para todos los que estuvieron involucrados en la violencia pasada. Las voces más ilustradas del pensamiento peruano, así como la de dirigentes laborales, profesionales, periodísticas y organizaciones de la sociedad civil, han dicho que ello es imposible, puesto que el terrorismo significó desastre, muerte, horror, desintegración social y familiar.
Y la mejor manera de preservar la paz reconquistada es no olvidar lo que significó el terrorismo para el país. Y quienes no tuvieron la oportunidad de padecerlo, porque eran muy niños o no habían nacido, cuando esa lacra crecía y amenazaba la gobernabilidad en el Perú, es necesario que revisen la historia para entender a cabalidad el peligro que significa el terrorismo para la convivencia pacífica entre peruanos. Y como los mayores consideramos, que es necesario refrescar la memoria y explicar a las generaciones recientes de lo que fue el terrorismo en el país, me detendré a recordar algunos episodios de esa infausta realidad.
Los integrantes de Sendero Luminoso, así como del MRTA, sabían perfectamente que mediante la práctica del terrorismo buscaban sembrar el miedo en la población y así coaccionarla con su prédica violentista. Para ello utilizó, sin piedad, atentados con bombas, cometió asesinatos a indefensos pobladores, sin importarles si eran hombres, mujeres o niños, dejó coches-bomba en las ciudades, como fue el caso Tarata, que se convirtió en emblemático en esta historia de terror. También utilizaron el secuestro, la tortura y la crueldad contra inocentes o el ataque artero y a mansalva contra policías, militares y jueces que fueron encargados por el Estado para luchar contra ellos y protegernos de sus garras criminales. Estos hechos son los que debemos recordar y hacer que las generaciones jóvenes los conozcan. Sólo así, entenderemos cabalmente lo insólito que resulta pedir legitimar, democráticamente, al terrorismo, como lo ha pedido Movadef.
El terrorismo es reconocido como un peligro no sólo en el Perú, sino en el mundo. Sendero Luminoso ha sido condenado por su brutalidad y está en la lista de organizaciones terroristas, como lo fueron también las Brigadas Rojas que crearon cárceles secretas, allá por los setenta, hasta que fueron exterminados aquí en Italia, país donde me encuentro participando en un curso del que me ocuparé próximamente.
(*) Juez Superior de Lima
EL COMPROMISO ES DE TODOS
Ángel H. Romero Díaz (*)
La inseguridad ciudadana, principal flagelo social que nos atemoriza. A pesar de esfuerzos oficiales por bajar su incidencia, ella continúa marcando la agenda diaria, ante el pavor y desconcierto de todos. Aún cuando las estadísticas digan lo contrario, pareciera que la delincuencia va en aumento, las calles son el termómetro de su existencia. Un problema transversal que cruza estamentos sociales y compromete a todos: instituciones públicas y privadas, poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil, policías, jueces, medios de comunicación, periodistas, maestros, padres de familia, en fin, absolutamente todos.
Lo ocurrido en la delegación de un distrito de Jaén parece inverosímil: que delincuentes ingresen, asesinen a tres policías y dos civiles –en plena comisaría– y se lleven las armas puede ocurrir sólo en Macondo, la imaginaria realidad de García Márquez. Más, sucedió en el distrito de Santa Rosa, como igual hace casi dos meses en la comisaría de Puerto Ciruelo en San Ignacio, donde los malhechores se llevaron el armamento policial y dejaron maniatados a los efectivos. Ojo, la criminalidad y violencia constituyen hoy, un problema social de primer orden. ¿Qué hacer? Que nuestras autoridades competentes, afinen políticas públicas para acabar con este tsunami del crimen. Hay que generar cuanto antes medidas concretas para disminuir la violencia urbana de Lima y otras ciudades del país.
Al respecto, queremos llamar la atención sobre un hecho en el que muy poco se ha puesto énfasis en esta lucha: el trabajo de inteligencia informativa, que permitiría detectar los focos en peligro, procesarlos y anticiparse a los acontecimientos. Ello evitaría que las acciones sólo se presenten como reactivas frente a los sucesos, lejos de ser preventivas, como debieran ser. Una de las principales funciones del Estado es generar ambientes adecuados para la convivencia pacífica de sus ciudadanos, propiciando acciones de lucha frontal contra la delincuencia, lo que debería implicar políticas creativas en la labor de prevención y de control de aquellos factores que generan, precisamente, la violencia y su consecuente inseguridad en la ciudadanía. En el país, hay mandato constitucional que nos ampara el derecho de vivir en paz y en tranquilidad, protegidos frente a las amenazas contra la seguridad.
Pero para que ello se cumpla es indispensable que todos nos comprometamos a hacerla realidad, puesto que la convivencia y la seguridad, son la condición de libertad en la cual los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos. No olvidemos que la creciente inseguridad ciudadana amenaza no sólo la calidad de la democracia, sino la propia gobernabilidad, que la debemos cuidar y fortalecer por la salud de todos.
(*) Juez Superior de Lima
ANUNCIOS EN EL PODER JUDICIAL
Ángel H. Romero Díaz (*)
Este año el Poder Judicial se ha propuesto llevar la acción de la justicia con mayor énfasis a las personas más desprotegidas que requieren de ella, al mismo tiempo que crecer en su cobertura. Esto implica, activar una serie de mecanismos administrativos que permitan una pronta y eficaz acción en la administración de justicia. Ha sido el presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín Castro, quien anunció al país, en su Mensaje a la Nación, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2012, la decisión que anima al PJ de que este poder del Estado no sólo cautele, como ha sido éste su rol, la vigencia del orden jurídico y de la Constitución del Estado, sino, sobre todo, sea el espacio adecuado y amical con el que cuente la ciudadanía para lograr la justicia que demanda a diario y con la oportunidad deseada. Esto es de suma importancia, habida cuenta que la imagen que tiene de este poder del Estado, no es la más justa ni equitativa, precisamente.
¿Qué ha planteado el doctor San Martín? Una serie de aspectos de gravitante actualidad. Que el gobierno judicial, por ejemplo, privilegiará la política de descentralización administrativa, lo cual permitirá llegar con mayor eficacia hacia los sectores mayoritarios que permanecen en las bases sociales que requieren de justicia. Ha señalado también, que se pondrá más énfasis en el apoyo a las reformas de los procesos en los campos penal y laboral, anunciando que se implementarán, para el primer caso, seis nuevos distritos judiciales y que se ampliará, en el segundo caso, en las cortes de Lima, Callao, Lima Norte y Lima Sur.
Son decisiones que deben merecer todo nuestro reconocimiento, porque permitirá que la acción de la justicia llegue con rapidez a mayores beneficiados. En presencia de otras autoridades representativas del Estado y de otros poderes públicos, el presidente del PJ anunció, asimismo, que se pondrá mayor energía en la consolidación de la casación en la Corte Suprema de Justicia. Ello, a partir del Proyecto de Ley General de Casación que presentará en su momento al Congreso de la República, o que se reforzará el Equipo Técnico Institucional Laboral con la incorporación de un Proyecto Gerencial que permita un manejo más ejecutivo del proceso de implementación y consolidación de dicha reforma.
Los anuncios formulados por la principal autoridad del PJ, vienen a llenar, sin duda, una necesidad acariciada por la ciudadanía, en el camino de una pronta administración de justicia. Y en este propósito se encuentra la adecuada asignación presupuestal que, por primera vez, verá fortalecida la justicia de paz, o que se ampliarán las unidades ejecutoras que manejan el presupuesto del sector, hecho que agilizará, en mucho, la descentralización administrativa, lo cual, sumado a las políticas de capacitación, permitirá, además, hacer efectivo el principio de especialización judicial de los jueces y juezas.
Sin perjuicio de esta gama de buenos anuncios, no puede dejarse de lado el tema de los sueldos al interior del PJ, empezando por el personal administrativo y jurisdiccional, es el momento que se les reconozca una adecuada remuneración por la alta especialización requerida para ejercer sus labores; sin dejar de lado lo referente al sueldo de los propios jueces que se mantienen inalterables desde hace buen tiempo, lo cual atenta con la propia Constitución que nos garantiza una adecuada remuneración por nuestra misión y jerarquía.
(*) Juez Superior de Lima
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