Por medio de la presente les hacemos llegar el Artículo de Projusticia que trata sobre la gestión de Ivan Vasquez Valera como Presidente Regional de Iquitos, los cuestionamientos sobre los Créditos Agrarios y las obras prometidas e incumplidas y su camino para ser reelegido para el 2014.
Atentamente
ProJusticia
Presidente del Gobierno Regional Ivan Vasquez V.
IQUITOS: EL CUENTO CHINO DE IVAN VASQUEZ
(PRIMERA PARTE)
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Equipo ProJusticia
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En un reciente mitin realizado en Iquitos ante decenas de sus simpatizantes, el actual Presidente del Gobierno Regional de Loreto IVAN VASQUEZ VALERA habló largamente acerca de su gestión y de la multiplicidad de obras que había hecho a favor del pueblo loretano. Con un claro espíritu claramente mesiánico, Vásquez fue señalando cada una de sus obras terminadas y de sus sueños aún pendientes –como el ferrocarril Iquitos-Yurimaguas-, indicando que todas eran pasos firmes y seguros que estaban llevando a Loreto a un desarrollo que le había sido negado por todos los gobiernos y todas las gestiones anteriores a la suya.
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Sin embargo, cuando en esa enumeración Vásquez empieza a hacer referencia a las obras de alcantarillado que se vienen realizando en Iquitos desde el 2010, el tono de su discurso varió. Luego de señalar que Iquitos era una ciudad "enferma de peritonitis" producto de la contaminación de sus ríos por las aguas residuales de la ciudad, afirmó que las obras de alcantarillado eran "la cirugía radical" que le estaba haciendo para curarla de esa enfermedad. Y si bien reconoció que las quejas de los vecinos tenían fundamento, ya que "los chinos habían sido muy desordenados", indicó que "no había alternativa" sino continuar hasta el final, agregando que "la historia se encargaría de juzgarlo" por dicha obra.
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A pesar de los aplausos de sus seguidores, lo cierto es que la pobre defensa hecha por Vásquez sobre una de sus obras más emblemáticas solo muestra que el "cuento chino" que le ha venido contando a los loretanos en los últimos años ya no da para más. Incluso el portal Wikipedia señala que la obra de alcantarillado integral de Iquitos constituye "la peor obra de construcción de su historia", mientras otros señalan que hoy, gracias a esta obra, Iquitos parece "la Afganistán de Sudamérica". Y es que más allá de las molestias normales que generan la rotura de pistas y el caos vehicular a los vecinos, esta obra esconde una serie de graves irregularidades que van desde su formulación hasta su ejecución, irregularidades que no implican solo un "costo político" para Vásquez sino también un enorme costo económico, social y sanitario que tendrá que ser pagado por los loretanos en un corto plazo.
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Precisamente, el siguiente informe da cuenta de las indagaciones hechas por ProJusticia sobre la licitación que se hizo de esta obra, indagaciones que dan cuenta que la gestión de Vásquez no solo está empañada del presunto fraude alrededor de los créditos agrarios -sobre el cual el Congreso de la República ya ha solicitado una exhaustiva investigación- sino también de otros casos que dan indicios de una corrupción sistemática que debe ser debidamente investigada por las autoridades correspondientes, especialmente por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
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ARMANDO EL CUENTO
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La historia de este "cuento chino" se inicia en junio del 2007, cuando el Gobierno Regional de Loreto� (GRL) firmó un convenio con el entonces Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto (SEDALORETO), para promover de manera conjunta el financiamiento del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos". De acuerdo al convenio, el GRL se comprometía a elaborar los estudios de inversión del proyecto hasta su declaratoria de viabilidad en el marco del SNIP, mientras Vivienda se encargaría de gestionar ante el MEF la ampliación del endeudamiento externo, además de brindar asistencia técnica.
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En agosto de dicho año, el GRL remitió al Ministerio de Vivienda el Perfil Reforzado que cubría parte de este proyecto, limitado a los temas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. De acuerdo al perfil presentado, el monto de inversión previsto para la obra era de 336´629,736 nuevos soles. Posteriormente, el 22 de octubre, el GRL y SEDALORETO firman un convenio para la gestión de este proyecto, designando a SEDALORETO como la Unidad Formuladora del Proyecto final de Inversión Pública (PIP).
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Hasta entonces, todo parecía avanzar normalmente. Sin embargo, el 20 de noviembre del 2007, la Oficina General de Presupuesto y Planificación (OGPP) del Ministerio de Vivienda comunicó a SEDALORETO que el perfil presentado había sido observado. Extrañamente, solo un día después, SEDALORETO� va a comunicar al Ministerio que "todas las observaciones" hechas por la OGPP habían sido levantadas, lo cual obviamente no convenció al Ministerio. Por ello, el proyecto será nuevamente observado, siendo aprobado finalmente por la OGPP el 7 de diciembre.
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De allí, el Perfil reforzado pasó a manos de la Dirección General de Programación Multianual (DGPM) del MEF, quien a su vez va a aprobar el perfil en marzo del 2008, aunque agregando 30 recomendaciones "que deberán ser consideradas en el estudio a desarrollar". De acuerdo a la información revisada, estas recomendaciones solo fueron consideradas de manera parcial, llevando más bien a incrementar el monto de inversión en más de 45 millones de nuevos soles, fijándose así un costo de 382´002,859 nuevos soles.
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Con la aprobación de la DGPM, se pasó a la segunda etapa de elaboración del Estudio de Factibilidad. Extrañamente, no se tiene mayor información sobre quién y cómo se designó a la entidad encargada de este estudio, dado que de acuerdo al informe presentado por la Oficina Regional de Control Institucional del GRL en junio del 2011 -resultante de la actividad de control No. 2.5345-2011-003-012- ni SEDALORETO ni la GRL contaban con un archivo físico o digital de la documentación relacionada con dicho estudio.
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Inicialmente, el Estudio de Factibilidad fue remitido por SEDALORETO al Ministerio de Vivienda en abril del 2008; esto es, solo un mes después de aprobado el perfil reforzado y de las recomendaciones que debieron ser agregadas en éste. El 8 de junio, mediante Oficio No. 232-2008-VIVIENDA/OGPP, la Oficina General de Planeación y Presupuesto observó el estudio, lo que se repitió hasta en dos oportunidades. Finalmente, y luego de la aprobación previa de la OGPP, la DGPM va a dar su aprobación al Estudio de Factibilidad en octubre del 2008, declarando la viabilidad del proyecto.
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Nuevamente, la elaboración del Estudio de Factibilidad va a implicar un incremento en la inversión estimada del proyecto, llegando esta vez a los 421´092,389 nuevos soles; esto es, 39 millones 89 mil 530 nuevos soles más a lo previsto en el Perfil reforzado. De este monto, 335 millones 918 mil 389 nuevos soles estaban previstos para la construcción del sistema de alcantarillado, y 85 millones 173 mil 993 nuevos soles para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Asimismo, el estudio incluía un esquema de financiamiento de la obra, dividido de la siguiente manera:
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| ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO | ||
| FUENTE | TOTAL S/. | % |
| Financiamiento Externo (JICA) | 189´600,000 | 45.0 |
| Contrapartida Local | 231´492,389 | 55.0 |
| Gobierno Regional (Canon Petrolero) | 138´206,321 | 32.8 |
| Ministerio de Vivienda | 31´600,000 | 07.5 |
| IGV de Obras | 61´686,068 | 14.6 |
| TOTAL INVERSION | 421´092,389 | 100.0 |
Fuente: Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional de Loreto
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Según la documentación revisada, los motivos por los cuales se incrementó el costo del proyecto no son claros; sin embargo, al igual que en el caso del Perfil reforzado, la DGPM va a condicionar su aprobación final al cumplimiento de observaciones que son bastante reveladoras, ya que dan cuenta de vacíos e irregularidades que ponían en riesgo la viabilidad del proyecto. Entre estas observaciones cabe resaltar las siguientes:
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·�������� La necesidad de que SEDALORETO y el GRL revisen de manera integral los costos unitarios, "a fin de disminuir el margen de error en los costos del proyecto";
·�������� Profundizar los estudios de mecánica de suelos con nuevas calicatas, sobre todo en las zonas de recolección de aguas servidas, a fin de evitar riesgos y vulnerabilidades en la ejecución de las obras;
·�������� Contar con consultores que demuestren la suficiente experiencia en el diseño y supervisión de la Planta de Tratamiento, en especial de los reactores de flujo ascendente;
·�������� Desarrollar los ítems relacionados con el Análisis de Riesgo y la Organización y Gestión del Proyecto, así como agregar y aprobar los términos de referencia respectivos;
·�������� Implementar campañas de sensibilización antes, durante y después de la ejecución de las obras, "poniendo en conocimiento de la población los beneficios y costos" de la obra, así como sensibilizarla "para el pago de las tarifas", en tanto factor indispensable para asegurar la sostenibilidad del proyecto;
·�������� Implementar un Estudio de Impacto Ambiental y se obtenga la aprobación correspondiente de la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda de manera previa a la ejecución de las obras.
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Como es evidente hoy, las diversas observaciones hechas por la DGPM no fueron mayormente tomadas en cuenta por las entidades involucradas en el proyecto, salvo de manera formal. Ejemplo claro de ello es lo ocurrido con al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra, en cuya elaboración encontramos serias irregularidades.
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En primer lugar, el EIA fue contratado directamente sin llevarse a cabo ningún proceso de convocatoria, siendo encargado de manera directa a la empresa ECHE INGENIEROS S.R.L. Esta consultora, sin embargo, no se encontraba habilitada para elaborar estudios de este tipo al momento de su contratación, por lo que su participación debió ser descalificada; sin embargo, el propio Ministerio de Vivienda buscó arreglar el problema brindándole una habilitación posterior. En tercer lugar, el EIA es remitido el 6 de agosto del 2008 a la Dirección Nacional de Saneamiento para su evaluación, cuando se encontraba en pleno proceso de aprobación el Estudio de Factibilidad, por lo que éste no llegó a incluir los 16´830,236.25 nuevos soles el EIA fijó como inversión ambiental.
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En resumen, toda la etapa inicial del proyecto estuvo plagada de irregularidades. Como veremos, éstas se continuaron presentando en las siguientes etapas del proyecto, por lo que es claro que desde un inicio el proyecto de alcantarillado debió ser observado por las autoridades correspondientes, lo que nunca ocurrió.
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LA APROBACIÓN FINAL DEL PROYECTO
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En pleno proceso de formulación de los estudios de pre-inversión, el GRL va a tomar una decisión que marcará el desarrollo del proyecto: el 15 de abril del 2008, mediante Ordenanza Regional No. 009-2008-GRL-CR, va a crear el Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP), definiéndolo como "un organismo público ejecutor del Gobierno Regional de Loreto, con personería jurídica, autonomía administrativa y técnica en los asuntos de su competencia", encargándole en la misma ordenanza todo lo relacionado al manejo del proyecto de alcantarillado.
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En este marco, una de las primeras medidas que tomará la OPIPP será la elaboración del Expediente Técnico definitivo de la obra. Para ello, en octubre del 2008 remitió una invitación a la sucursal peruana de la consultora NIPPON JOGESUIDO SAKKI CO. LTDA. (En adelante NJS), representada por el señor KATSUYA KAMISATO, para que se encargue de formular de dicho expediente. Para entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas ya había dispuesto la aprobación, mediante Decreto Supremo No. 135-2008-EF del 19 de noviembre del 2008, de la operación de endeudamiento externo para el financiamiento del proyecto de alcantarillado de Iquitos por un monto de SEIS MIL SESENTA MILLONES DE YENES JAPONESES. Sobre esta base, el 4 de diciembre se suscribió el Contrato de Préstamo PE-P32 entre la República del Perú y el Japan Bank for International Cooperation (JICA), el mismo que se constituyó en el marco regulatorio del proyecto a partir de entonces.
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Pocos días después, la OPIPP suscribió el contrato de consultoría No. 001-GRL-OPIPP con NJS para el desarrollo de cinco tareas: elaboración del Expediente Técnico, Asesoría durante la etapa de Licitación, Supervisión de las Obras y Asistencia y Supervisión de la Puesta en marcha de las obras. La consultoría se desarrollaría en un plazo de 36 meses a un costo total de 34 millones 758 mil 960 nuevos soles. El 9 de enero del 2009, NJS inició la elaboración del expediente técnico, presentándose pronto los primeros problemas. Así, apenas iniciados los estudios de ingeniería, se suscribió una primera adenda mediante la cual se abordan temas relacionados con las cuentas bancarias del consultor, la detracción del monto del servicio prestado y otros, que no generaron mayores costos de lo previsto.
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Sin embargo, el 27 de febrero del 2009, la OPIPP y NJS van a suscribir una segunda adenda para ampliar los trabajos topográficos a las áreas limítrofes de las zonas a mejorar y ampliar, originando esta vez una ampliación del costo inicial en 951 mil 950 nuevos soles. La cosa no acabó allí: el 31 de diciembre de dicho año –si, en pleno feriado de fin de año- ambas partes van a firmar una tercera adenda para la elaboración de un expediente para obras complementarias y solucionar zonas vulnerables a inundaciones por efecto de lluvias, adenda que sumó otros 368 mil 65 nuevos soles al monto ya incrementado. Al final, considerando los incrementos, deductivos y pago de IGV, el costo final de la consultoría fue de 36 millones 867 mil 815 nuevos soles; esto es, cerca de 2 millones de soles más a lo inicialmente previsto.
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El 31 de agosto del 2009, mediante Cartas No. JNS-AL.IQ-231-09 y No. JNS-AL.IQ-238-09, la consultora NJS hizo entrega a la OPIPP del Expediente Técnico de la obra, el mismo que fue aprobado por dicha entidad el 18 de noviembre de dicho año, mediante Resolución Directoral No. 025-2009-GRL/OPIPP DE. De acuerdo a esta resolución, el expediente estaba conformado por dos lotes a licitar, con un presupuesto vigente a agosto del 2009 ascendente a un total de 418 millones 571 mil 508 nuevos soles, disgregado de la siguiente manera:
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| Lote | Descripción de la Obra | Costo previsto |
| Lote 1 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Cámaras de Bombeo, Líneas de Impulsión y Disposición Final | 196´199,786.81 |
| Lote 2 | Colectores principales, Interceptores, Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Rotura y Reposición de Pavimentos | 222´371,721.42 |
| TOTAL | 418´571,508.23 | |
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Como puede apreciarse, entre el monto de inversión aprobado en el estudio de factibilidad y el expediente definitivo existe una diferencia global de 2 millones 520 mil 881 nuevos soles, diferencia relativamente pequeña pero que indicaba –como confirmó el órgano de control- que no hubo mayor relación entre ambos estudios. Esta diferencia era más evidente en el caso de los lotes: así, mientras en el estudio de factibilidad se señala un costo de 325´918,389.32 nuevos soles para el sistema de alcantarillado, en el caso del expediente técnico estas obras se reducen a 222´371,721.42 nuevos soles (esto es, 103 millones 546 mil 667 nuevos soles menos), mientras que en el caso de la Planta de Tratamiento, el costo de la obra pasa de 85´173,993 a 196´199,786.81 nuevos soles, con un aumento de 111 millones 025 mil 793 nuevos soles de un solo plumazo.
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¿Cómo explicar estas "diferencias significativas" entre ambos documentos si ambos debían ajustarse a parámetros que ya estaban definidos desde el Perfil reforzado? De acuerdo a la OPIPP, estos incrementos fueron originados por la incorporación de una partida, el mayor metrado de otros componentes, la necesidad de equipos y el incremento de los costos generales y utilidad; sin embargo, de acuerdo a los ingenieros con quienes conversamos, estas diferencias implicaban en realidad un rediseño del proyecto, cuando no una estrategia de sobrecostos.
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�Además, el expediente técnico dejaba de lado una serie de análisis incluidos en el estudio de factibilidad que no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, con relación al análisis de sensibilidad, el estudio de factibilidad determinó que el sistema de alcantarillado solo podía soportar un incremento de hasta 15.9% en el monto de la inversión, mientras que la Planta de Tratamiento podía soportar un incremento de hasta 86.7% -esto es, ascender hasta los 159´019,845 nuevos soles- sin afectar su declaración de viabilidad. Sin embargo, la inversión prevista en el expediente técnico excedía largamente este monto, por lo que de acuerdo al art. 25º del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública debió pasarse a una verificación de viabilidad, cosa que nunca se hizo, vulnerándose de esta manera la normatividad vigente.
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LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO
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El 20 de julio del 2009, el Ministerio de Vivienda, SEDALORETO y el GRL van a firmar un nuevo convenio que modificaba las competencias y responsabilidades que estas entidades habían tenido alrededor del proyecto. Así, a partir de entonces el GRL se constituyó en UNIDAD EJECUTORA a través de OPPIP, mientras que el� Ministerio de Vivienda se ubicó como una agencia de monitoreo y seguimiento de las obras. Gracias a ello, el Gobierno Regional pasó a manejar los fondos del proyecto de manera directa y sin mayor control, manejando a su antojo la licitación y ejecución del alcantarillado.
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Dos meses después, mediante Resolución Directoral No. 029-2009-GRL/OPIPP DE, la OPIPP va a hacer la convocatoria pública a la licitación de las obras, designando al� Comité Especial de Selección, conformado por el Ing. JORGE LUCIO MANSILLA RODRIGUEZ como Presidente, el abogado CARLOS EDMUNDO GARCIA OTERO, el economista WALTER JAIME RIOS BABILONIA y el ingeniero ERICH GIOVANNA RUIZ VASQUEZ. Empresas importantes como ODEBRECHT, COSAPI y GRAÑA MONTERO estuvieron interesadas en participar, pero al final la primera convocatoria fue declarada desierta por falta de postores.
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Es así que, en febrero del 2010 se va a llamar a una segunda convocatoria, la que es publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero del 2010 y en el diario La Región de Iquitos el 14 y 15 de febrero. En dicha oportunidad se presentaron solo dos postores para ambos lotes: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERU y la empresa CHINA INTERNATIONAL WATER ELECTRIC CORP. Sucursal Perú. Con la primera apertura de sobres se solicitó a la consultora NJS que haga la evaluación de la calificación de los postores, lo que fue presentado a inicios de mayo de dicho año. Por su parte, el JICA dio su no objeción a dicha evaluación, pero condicionada al cumplimiento de los siguientes puntos:
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a)��� Para el caso del postor chino, debía presentar información complementaria respecto al Formulario No. 7; esto es, con respecto al monto de las obras que sustentaban su postulación, ya que dos de ellas no habían sido debidamente sustentadas;
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b)�� Una vez cumplido lo anterior, los postores calificados estaban obligados a complementar su declaración jurada con los siguientes contenidos:
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·�������� Los postores debían ajustar sus propuestas a las características técnicas requeridas en los documentos de licitación, sin alterar sus propuestas económicas, y
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·�������� Los postores debían confirmar que contaban con la capacidad técnica para implementar el contrato bajo las características técnicas requeridas en los documentos de licitación, sin necesidad de modificar otros requisitos, tales como el programa de ejecución previsto.
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Extrañamente, la OPIPP envió a WATER ELECTRIC, con fecha 10 de mayo (esto es, un día antes de recibir formalmente la carta de JICA) la Carta No. 017-2010-GRL-OPIPP-2oCES, solicitando a la empresa china complemente información de su experiencia como contratista principal con dos proyectos, y una declaración jurada de no variación de la oferta por las aclaraciones y modificaciones de bases en este proceso. Al día siguiente, el 11 de mayo, la empresa china remitió a la OPIPP la Carta No. IQ-ALC/003-2010 (esto es, apenas un día antes de la apertura de las propuestas económicas) acompañando documentación donde reajustaba los montos de las obras que sustentaban su postulación, sin explicar el porqué de dicho cambio y sobre la única base de que era información "incluida en su página web". A pesar de que ello debió haber llevado a su descalificación, la OPIPP va a declarar apta a esta empresa para la apertura de su propuesta económica.
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El 12 de mayo, el Comité de Selección apertura los sobres correspondientes a las oferta económicas de ambos postores, encontrando que la propuesta de WATER ELECTRIC era la más baja para los 2 lotes licitados: en el caso del Lote 1, con un monto ofertado de 255´059,722.84 nuevos soles, mientras que en el caso del Lote 2 su propuesta llegaba a los 266´623,693.99 nuevos soles. En ambos casos, la propuesta económica presentada por WATER ELECTRIC excedía largamente el presupuesto previsto en el expediente técnico, por lo que se solicitó nuevamente a la consultora NJS realizar una evaluación de las propuestas económicas.
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De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por la propia NJS, "en caso de que la oferta ganadora resulte seriamente desbalanceada por encima del precio esperado, el contratante estará incurso en la sección 5.10, "Rechazo de propuestas de las normas de adquisiciones", por lo que deberá efectuar un análisis profundo del origen de las diferencias, pudiendo introducir aclaraciones a la oferta ganadora" (Item 5, sub-item 6); por su parte, el sub item 7 agregaba expresamente que "si en caso el desbalance de la oferta ganadora con respecto al precio esperado no tiene explicación a favor de la entidad, el contratante procederá a rechazar la oferta y pasar a evaluar la segunda más baja, y así sucesivamente hasta agotar las propuesta presentadas, y de no resultar ninguna apta, se declarará desierto el evento".
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A pesar de los criterios fijados por la propia NJS, la propuesta económica de WATER ELECTRIC no fue considerada "seriamente desbalanceada". ¿Qué era lo que explicaba entonces dicho desbalance para esta consultora? A su entender, la explicación se encontraba en 2 puntos centrales: en los mayores costos de construcción producto de "la mayor ejecución de obras públicas" en todo el país (p. 10) y en el mayor costo que implicaba ejecutar estas obras en Iquitos, concluyendo así que "las diferencias son aceptables, teniendo en cuenta la tendencia de mercado de la construcción en el contexto económico actual del Perú y particularmente por la situación geográfica de la ciudad de Iquitos y, por tanto, es conveniente otorgar la buena pro a la propuesta económica más baja" (p. 16).
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Como puede apreciarse, los fundamentos presentados por la NJS no dan cuenta real y detallada del porqué una obra que costaba 418 millones 571 mil 508.23 nuevos soles en un inicio pasaba en pocos meses a tener un costo de 521 millones 683 mil 416 nuevos soles, a los que sumando los costos del expediente técnico, los de obras civiles y de administración del proyecto, llegaba a un costo total de 592 millones 389 mil 134 nuevos soles; es decir, un incremento del 34.06% con relación a la inversión señalada en el estudio de factibilidad.� Por el contrario, lo que debió hacerse fue DECLARAR DESIERTA LA LICITACION e informar a la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) del Ministerio de Vivienda para que se haga una verificación de viabilidad del proyecto.
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A pesar de estas graves irregularidades, el JICA da su no objeción a la evaluación económica realizada, mediante Carta JP-2010/0201 del 31 de mayo del 2010. En base a ello, el Gobierno Regional y la empresa CHINA INTERNATIONAL WATER ELECTRIC CORP. suscribieron el contrato para la ejecución de las obras correspondientes a ambos lotes el 3 de junio del 2010, lo que fue presentado públicamente como la solución esperada para la mejora sanitaria de la ciudad.
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CONCLUSIONES INICIALES
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Como podemos ver a lo largo de este primer informe, durante el proceso de formulación y aprobación del proyecto de alcantarillado de Iquitos se presentaron una serie de irregularidades que fueron soslayadas sin mayores problemas por las entidades a cargo del proyecto (Gobierno Regional, SEDALORETO� e incluso el Ministerio de Vivienda y Construcción), por lo que es claro que todas ellas incurrieron en responsabilidades funcionales que deben ser debidamente investigadas, más aún si consideramos que mucha información ha sido ocultada para evitar cualquier indagación sobre lo ocurrido.
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Asimismo, es evidente que estas irregularidades explican en parte los problemas que se fueron presentando durante la ejecución de las obras, lo que no ha dependido solamente del "desorden de los chinos", tal como lo trata de justificar hoy el Presidente Regional. Por ejemplo, ¿porqué no se consideró la necesidad de informar mejor a la población sobre las implicancias de la obra? ¿porqué no se le dio mayor importancia al componente de organización y gestión del proyecto? ¿Cuánto se está invirtiendo finalmente en materia ambiental, dado el fuerte impacto que ha tenido la obra en cuanto al aire y ruido en la ciudad?, y más aún, ¿acaso los vecinos de Iquitos saben cuánto deberán pagar finalmente por el sistema de alcantarillado, considerando todos los cambios habidos en el presupuesto del proyecto?
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Precisamente, hoy los habitantes de Iquitos no tienen idea alguna de cuál ha sido y será el costo total del proyecto, más aún si consideramos que los costos han venido aumentando durante todo el proceso de ejecución de las obras -como analizaremos posteriormente- y que ello aún no acaba, dado que el Presidente Iván Vásquez ha anunciado una nueva partida destinada a cubrir con asfalto todos los huecos que ha dejado la empresa china en las calles de la ciudad. ¿Acaso este asfalto será gratis? ¿No es acaso este un nuevo cuento chino con el que se está tratando de tapar los errores del anterior?
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Lo cierto es que ya desde el 2010, toda la región Loreto y no solo los ciudadanos de Iquitos vienen pagando sumas importantes por una obra tan cuestionable, gracias al esquema de financiamiento aprobado e impuesto -igualmente de manera irregular- por el propio Gobierno Regional. Y es que en julio del 2010, a pocos días de firmado el contrato con WATER ELECTRIC, la Presidencia Regional -dirigida entonces por el actual congresista NORMAN LEWIS DEL ALCAZAR- firmó la Resolución Ejecutiva Regional No. 1408-2010-GRL-P, aprobando un nuevo "Esquema Actualizado de Participación de Deuda y Contrapartida" sin autorización alguna del MEF, gracias al cual el GRL -o mejor dicho, el pueblo de Loreto- deberá pagar hasta el final de la obra un total de 277 MILLONES 23 MIL 102 NUEVOS SOLES; esto es, MAS DE 110 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS.
Cabe señalar que solo en el 2010, y bajo este esquema, los desembolsos efectuados por el GRL sumaron un total de 85 millones 849 mil 488 nuevos soles, monto que implicó el 38.47% de los ingresos obtenidos por canon petrolero en ese año, que bordearon los 223 millones 130 mil 550.53 nuevos soles. Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en la 42va. Disposición Final de la Ley No. 29289 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2009, las operaciones de endeudamiento no podían comprometer más del 30% del canon regional, por lo que este esquema de financiamiento se convirtió, desde un principio, en un esquema fuera de la ley.
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A pesar de ello, el MEF permitió no solo que se superara dicho monto sino también que se quitara a otros beneficiarios del canon un porcentaje de sus ingresos de manera inconsulta. Y es que el compromiso asumido por el Gobierno Regional no solo involucra el porcentaje asignado a la ciudad de Iquitos sino también a los ingresos por canon que reciben 51 municipalidades, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, hasta el año 2023. En otras palabras, todos ellos pagan por un beneficio que no reciben. ¿De quién es esta responsabilidad? ¿Por qué se permitieron tantas irregularidades que hoy están pagando los ciudadanos de Iquitos? Como bien dijo Vásquez es la historia la que se encargará de juzgarlo, pero no la historia que le ha estado contando a todos los loretanos, sino la historia electoral que se dará en el 2014.
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