EL GENOCIDA ESTADO VENEZOLANO
Venezuela: Asesinato de Sabino Romero
Ante el vil asesinato del Cacique Yukpa de la Comunidad indígena de Chaktapa en la Sierra de Perijá, Sabino Romero y de la gravedad de su esposa Lucia herida en el mismo episodio, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), grupo de investigación académica y de acción social adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL), de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, desea expresar lo que sigue (…//…).
COMUNICADO
Ante el vil asesinato del Cacique Yukpa de la Comunidad indígena de Chaktapa en la Sierra de Perijá, Sabino Romero y de la gravedad de su esposa Lucia herida en el mismo episodio, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), grupo de investigación académica y de acción social adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL), de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, desea expresar lo que sigue:
1. Que desde hace tiempo, el GTAI junto a los pueblos indígenas, movimientos populares, sociales, ecologistas y de derechos humanos, venían alertando de la existencia de una alarmante espiral de violencia en la Sierra de Perijá, la cual cada vez más resultaba incontrolable por parte de las autoridades nacionales y regionales, dando cuenta de un enorme vacío institucional en la zona.
2. Que desde antes de la detención arbitraria en el año 2010 del Cacique Sabino Romero, autoridad tradicional y legítima de la comunidad indígena Yukpa de Chaktapa de la Sierra de Perijá, se habían producido hechos de violencia en territorio indígena teniendo como primer resultado la muerte en el año 2008 del Cacique Manuel Romero Izarra, padre de Sabino Romero.
3. Que luego de la puesta en libertad del Cacique Sabino Romero, de Alexander Fernández y Olegario Romero en el año 2011, como consecuencia de sus detenciones ilegales y arbitrarias durante 18 meses, la violencia habría arreciado en la zona en contra del pueblo Yukpa.
4. Que como resultado de la violencia sistemática en marcha en la Sierra de Perijá, el indígena Alexander Fernández habría sido asesinado en las mismas condiciones en las que ha muerto el Cacique Yukpa Sabino Romero.
5. Que el Estado venezolano, pluricultural según la Constitución y asimilacionista en los hechos, suma a su ya larga lista de muertos, la del Cacique indígena Yukpa Sabino Romero.
6. Que si bien en el ámbito del derecho internacional el genocidio es un delito ocasionado por la muerte sistemática de un número de personas que pertenezcan a un grupo nacional, étnico, religioso, entre otros, existen en el país manifestaciones perversas de genocidios silenciosos donde las culturas indígenas tienden a desaparecer. Al día de hoy son 6 los indígenas muertos en la Sierra de Perija, sin incluir los de otros pueblos indígenas de Venezuela.
7. Que la reivindicación indígena por el derecho al territorio ha ido acompañada en el país de una peligrosa tendencia a la criminalización de la protesta, donde en la actualidad se le pretende imputar de responsabilidades a organizaciones y activistas de derechos humanos como Homo et Natura y Provea, por su solidaridad y apoyo a los pueblos indígenas.
8. Que lamentablemente el Estado venezolano nunca entendió el carácter de la demarcación, el contenido del artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el derecho al territorio de los pueblos y comunidades indígenas del país, el cual se fundamenta en las condiciones necesarias que deben ser creadas para garantizar sus formas de vida.
9. Que al igual que muchas comunidades indígenas del país, la comunidad indígena de Chaktapa de la Sierra de Perijá de la cual Sabino Romero era su Cacique, ya contaba con un Plan de Vida de acuerdo a sus usos y costumbres, resultado de la autodemarcación de sus territorios y a la espera de su validación por parte del Estado venezolano.
10. Que la muerte del Cacique Sabino Romero pone en evidencia la ausencia de un Estado que reconoció derechos y que los usurpa al criminalizar la reivindicación indígena por sus territorios.
11. Que el asesinato del Cacique Romero deja clara la inexistencia de un Estado que reconoció derechos indígenas que poco a poco se difuminan frente a tanta impunidad.
12. Que resulta una paradoja que acabando Venezuela de hacerse parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, haya una violación sistemática y reiterada de los derechos indígenas en el país. Debería de constituir este crimen el primer caso de investigación del país en el seno de este organismo.
En virtud de lo antes expuesto y por el compromiso del GTAI con los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, exige:
1.El cese al hostigamiento de los pueblos indígenas del país, en especial a los de la Sierra de Perijá, y en particular a la Comunidad de Chaktapa y a la familia de Sabino Romero.
2. Medidas cautelares en favor de la Comunidad de Chaktapa y de la familia de Sabino Romero.
3. La averiguación rápida y transparente de los hechos para determinar la autoría intelectual y material del asesinato del Cacique Sabino Romero.
4. La validación inmediata de todos los procesos de autodemarcación realizados por los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela.
En Mérida, Venezuela, el 4 de Marzo de 2013
Sabino Romero: mártir de la autodemarcación indígena
Vladimir Aguilar
"Lo único que quiero que sepan
es que estoy luchando por tierra…"
(La dignidad de Sabino, en Audiencia del 8 de febrero de 2011)
Fue en el año 2011, Sabino estaba en la sala de audiencias, incólume, detenido arbitrariamente junto a Alexander Fernández y Olegario Romero, cuando un juez del derecho positivo intentaba descifrar lo que su defensa trasmitía, al señalar la necesidad de que los tres líderes indígenas fueran juzgados por el derecho indígena.
En el 2008 había muerto su padre, asesinado a palazos en manos de espectros hoy dados a la fuga. La justicia bolivariana habría prometido en aquel entonces dar con los responsables. Pero los retorceos del panfleto revolucionario no dan para tanto.
En cuarta o en quinta república, el peso del derecho penal blanco hace de las suyas. Ya no sería la cruz, el evangelio, la espada, el cargo político, sino la aplicación de la ley.
El principio de la dura lex sed lex haría entonces de las suyas. Pero de pronto los imputados serían liberados por la presión popular.
Una vez en libertad, la Sierra de Perijá se convertiría en un territorio de violencia. La justicia indígena trataría de restituir los lazos culturales rotos declarando inocente a Sabino en un juicio que duró dieciocho horas.
Pero la muerte enseguida se vistió de sicario, ganadero o guardia nacional. Sería el turno de Alexander Fernández y de los otros hijos de Anita Fernández.
Sabino tenía una sentencia de muerte por haber entronizado para sí y para siempre el significado que el constituyente le quiso otorgar al artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
El Estado debe demarcar para garantizar las formas de vida de los pueblos indígenas del país. Este derecho tan sencillo de interpretar era asumido por Sabino de manera profunda, y en cada espacio donde articulaba su palabra aguerrida, así lo transmitía.
Pero los diputados de los aplausos siguen sin entender. Los diputados indígenas, silenciados y entrampados por la diatriba de turno, la del imperio y la CIA, nada podían hacer.
Si el Estado reconoció derechos los usurpa al criminalizar la demanda indígena. Si el Estado reconoce derechos estos se difuminan frente a tanta impunidad.
El Estado concedió derechos indígenas pero ya tiene sus muertos. ¿Cuántos más para demarcar? ¿Cuántos más para declarar los autos de apertura de los expedientes de demarcación? ¿Cuántos más para reconocer y validar la autodemarcación?
Las muertes de Sabino y Alexander evidencian el cambio de un argumento: del delito resultado de la demarcación a la demarcación como delito.
La demarcación, a pesar de ser un derecho fundamental de los pueblos indígenas del país, se encuentra bajo sospecha. La razón legal de su aplicación está amenazada por la sinrazón de la violencia implícita. Por ello, la demarcación se convirtió en delito. Por eso también ha sido criminalizada.
Denunciados y acosados, Sabino y Alexander ya no serán sentenciados por una justicia que no es la de ellos, pues están muertos.
La demarcación inhabilitada ha muerto como derecho y tampoco hará falta que sea imputada.
Enmudecidos como lo estamos, por la desaparición del Cacique y por la distancia de la tierra, la muerte siempre fue un fantasma que recorrió a Sabino.
Con Sabino se va un guardián de la Tierra. Pero nos quedamos con el recuerdo y el ejemplo de al menos contar con un mártir de la autodemarcación indígena en Venezuela…
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