[RED DEMOCRATICA] Informe de ProJusticia: LA MALDICION DE SER JUEZ EN EL PERU

 

Por medio de la presente les hago llegar el informe del equipo de ProJusticia denominado "La Maldición de ser Juez en el Perú" sobre el Magistrado sancionado Oscar Tenorio Torres y su trabajo a cargo de un Juzgado de Chiclayo donde se ventila el caso Pucalá, entre otros juicios emblemáticos para la región

Atentamente

FERNANDO O´PHELAN PEREZ
PRO JUSTICIA.

LA MALDICION DE SER JUEZ EN EL PERU

 

Equipo ProJusticia

 

La independencia constituye, para todo juez, su bien más preciado, pero puede convertirse también en su peor maldición. Y es que la vida de un juez es hoy sumamente difícil: a las largas horas de trabajo revisando decenas de expedientes que suele tener esta labor, debe sumarse las continuas presiones que los jueces enfrentan desde dentro y fuera de su institución, los hostigamientos y amenazas de las partes, los constantes ataques de los medios de comunicación,  y hasta en algunos casos, intentos de asesinato que pueden terminar con sus vidas.

 

Uno de los casos emblemáticos que hoy existen en el Perú sobre esta terrible realidad de ser juez es la que vive el magistrado OSCAR TENORIO TORRES. En su corta carrera como juez civil en Chiclayo, Tenorio ha sido quejado, denunciado, vilipendiado, linchado mediáticamente, suspendido y hasta baleado. Algunos lo consideran uno de los peores jueces de Chiclayo, tal como se lo han hecho saber al Consejo Nacional de la Magistratura, pero pocos se han dignado en escuchar su punto de vista. Hoy, PROJUSTICIA quiere presentar su historia, historia que muestra más bien –a diferencia de lo que muchos creen- a un juez que ha luchado por su independencia y la del Poder Judicial, enfrentándose para ello a poderes ocultos que han hecho todo lo posible por sacarlo fuera de su institución, recurriendo a denuncias falsas que aquí van a ser aclaradas.  

 

 

LA HISTORIA DE UN JUEZ

 

Oscar Tenorio no es chiclayano, como muchos piensan, sino limeño de nacimiento. Estudió además la carrera de Derecho en la Universidad de Lima, donde no suele incentivarse la carrera de juez. Sin embargo, desde que obtuvo su título de abogado con el calificativo de sobresaliente, Tenorio ya soñaba con ingresar en la carrera judicial. Trabajó inicialmente en la Procuraduría Publica de la Presidencia del Consejo de Ministros por 5 años, lo que le permitió la experiencia procesal suficiente para postular, en el 2005, a uno de los mayores concursos de selección judicial a nivel nacional convocados por el CNM. Tenorio quedó tercero en la lista de méritos ante cerca de 1,500 postulantes, siendo designado como juez de paz letrado titular en Lima.

 

Desde entonces hasta su nombramiento como juez especializado en lo civil de Lambayeque, Tenorio tuvo una carrera judicial exitosa y sin mayores problemas. Fue juez laboral provisional y juez mixto en Villa El Salvador, teniendo a su cargo uno de los juzgados con mayor carga procesal en todo el país. En el 2008, con la nueva Ley de Carrera Judicial, se decidió a postular al cargo de juez especializado, aunque se le presentó un problema: Lima no estaba considerada dentro de los distritos judiciales con plazas vacantes. Ante ello, la mejor opción le pareció Lambayeque, sobre todo por su clima. Quedó segundo en el cuadro de méritos, pero el CNM designó finalmente al tercero de la lista. Gracias a su puntaje, Tenorio fue incluido dentro de la lista de candidatos aptos en reserva, aunque sus esperanzas no eran muchas.

 

Sorpresivamente, a una semana de que su plazo en reserva expirara, el CNM lo nombró como Juez Especializado en lo Civil de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque, mediante Resolución 222-2011-CNM del 10 de junio del 2011, ante la destitución del juez Llanos. Hoy Tenorio no considera que su nombramiento fue cuestión de mera suerte, debido a los muchos rumores que escuchó en Chiclayo: que Llanos fue sacado para poner a alguien que no fuera de la zona, que los azucareros querían a alguien que no estuviera contaminado por la mafia local, en fin….Lo cierto es que una vez logrado su nombramiento, Tenorio alistó maletas y se mudó a su nuevo juzgado, el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, esperando continuar con la exitosa carrera que había seguido en Lima.

 

 

LA MALDICIÓN NORTEÑA

 

Llegado a la cálida ciudad del norte, Tenorio tuvo un período de calma inicial que, en realidad, solo precedió a la tormenta que le esperaba. Esta tormenta se inició en enero del 2012, cuando llegó a sus manos el primero de los casos que marcarían su carrera en esa ciudad: el de la empresa azucarera Consorcio Agrícola Ucupe S.A.

 

Para entonces, Ucupe era una ex cooperativa azucarera en proceso de liquidación, sujeta a un proceso concursal ante INDECOPI, lo que obligaba a que sea la Junta de Acreedores la que debía decidir el futuro de la empresa. Sin embargo, una facción que administraba la empresa –encabezada por SEGUNDO MONTENEGRO- llevaba a cabo una estrategia judicial para mantenerse en el poder, abriendo decenas de procesos en distintos distritos judiciales del país. Gracias a ello, lograron que un juez mixto de Zarumilla (Tumbes) suspendiera una Junta de Acreedores convocada para marzo del 2012, donde se iba a elegir una nueva administración. Sin embargo, los otros accionistas interpusieron una acción de amparo ante el juzgado de Tenorio contra el amparo del juez de Tumbes. Como es claro, el juez de Tumbes no tenía competencia para tratar el tema, violando el principio del juez natural, por lo que Tenorio suspendió los efectos de la primera medida y ordenó que se lleve a cabo la Junta de Acreedores por INDECOPI - Lambayeque, lo que se produjo en mayo del 2012 en medio de un intenso tiroteo entre la facción de Montenegro y la Policía Nacional.

 

Esta decisión –a todas luces legal- le llevó a ganarse sus primeros enemigos y la primera investigación en su contra por parte de la ODECMA, acusándolo de una "inusual celeridad" en este caso para favorecer al acreedor principal de dicha empresa: el cuestionado empresario OLIVIO HUANCARUNA. Sin embargo, Tenorio alegó que solo cumplió con la ley y que su celeridad respondió a que era un caso emblemático para la región, además de enfrentar a diario movilizaciones de trabajadores al frente de su juzgado. Finalmente, la suspensión propuesta en su contra fue desestimada y Tenorio se ganó una protección policial cerrada, dadas las amenazas que ya había empezado a recibir.

 

En mayo de ese año, Tenorio asumió otro caso que, en su propia opinión, es el que lo perjudicó en su imagen como juez: el caso del Alcalde Provincial de Chiclayo, ROBERTO TORRES GONZALES. Una semana antes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque había condenado a Torres a dos años de prisión suspendida por el delito de peculado de uso, inhabilitándolo para seguir ejerciendo como alcalde. Torres presentó una medida cautelar contra esta sentencia alegando que no se había respetado el debido proceso, medida que fue aceptada por Tenorio luego de una revisión exhaustiva del proceso. Esto no solo permitió a Torres mantenerse como alcalde sino que llevó a que Tenorio se convierta en blanco de continuos ataques por parte de la prensa y diversos sectores de la sociedad civil, quienes no le perdonaban –y aún no le perdonan- que dejara en el sillón municipal a alguien que le estaba haciendo tanto daño a su ciudad.

 

Nuevamente, Tenorio fue sometido a una investigación interna por supuesto favoritismo hacia Torres, lo que este juez niega en todo momento, desestimándose una vez más la propuesta de suspensión en su contra por este caso. Más bien, él señala enfáticamente que el propio Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo con su posición, dado que en abril del 2013 emitió una sentencia (Exp. 4298-2012) en la que se anulaba la sentencia de la Sala de Apelaciones de Lambayeque que condenaba a Torres por vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, disponiendo que dicho colegiado emita un nuevo pronunciamiento, habiéndose absuelto recientemente al referido burgomaestre por la Sala de Apelaciones de Lambayeque conforme a lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, muchos siguen considerando a Tenorio como responsable de este hecho.

 

 

EL CASO PUCALÁ

 

En julio del 2012, a solo pocos meses del caso Torres, Tenorio se pronunció de modo relevante del caso que hoy lo tiene fuera del Poder Judicial sin motivo real alguno: el caso Pucalá. Para entonces, este caso era una papa caliente, no solo porque el proceso sumaba ya 35 tomos sino por los problemas y amenazas que traía consigo, por lo que muchos jueces habían desistido o se hacían de la vista gorda frente a este problema.

 

Curtido como estaba entonces, Tenorio decide asumir el caso y leer todo el expediente. Supo así que todo se había iniciado en el año 2004 con la demanda presentada por la empresa CRONWELL ASSETS S.A. contra Agroindustrial Pucalá S.A.A., para que se convoque a una Junta General de Accionistas y nombrar así a un nuevo Directorio. Aparentemente simple, el caso era muchísimo más complejo. Por un lado, Cronwell Assets –aún accionista mayoritaria de la empresa- es una empresa off shore del banco SCOTIABANK con sede en Panamá, desconociéndose quienes son sus reales propietarios. Extrañamente, a pesar de ser la demandante principal, esta empresa no parece tener mayor interés en que se ejecute dicha demanda, siendo los ¿? litisconsortes –esto es, trabajadores y jubilados que fueron incluidos al inicio del proceso- los que presentan continuas acciones dentro del proceso a fin de que se cambie una y otra vez a los administradores con todo tipo de argumentos.

 

Inicialmente, Tenorio dictó un auto fijando fecha para la Asamblea General de Accionistas, como ordena la sentencia firme dictada y  la ley, pero dicha resolución fue anulada por la Sala Civil de Chiclayo recientemente. También, tomó la decisión de subrogar a los administradores enquistados hasta entonces en dicha empresa, nombrando a 3 nuevos administradores: el contador público CESAR ANTONIO MELENDEZ CANCINO, el abogado EDGAR ARMANDO CAYOTOPA MARTINEZ, y el ingeniero agrónomo OSCAR GILBERTO CUBAS MUÑOZ, decisión que –como era de esperar- fue cuestionada desde un inicio.

 

Posteriormente, en agosto del 2012, Tenorio subrogó al ingeniero Cubas por demostrarse que era cuñado de uno de los acreedores de Pucalá, reemplazándolo por el ingeniero agrónomo JAIME FELIX ESCUDERO MENDOZA.  Esta administración tomó las riendas de Pucalá como suele ocurrir en estos casos: mediante una gran movilización policial, siendo finalmente aceptada la nueva gestión por la mayor parte de trabajadores de la empresa. Sin embargo, esta decisión tuvo un desenlace fatal: en setiembre del 2012, la secretaria judicial del despacho de Tenorio, DORIS RUIZ SALAZAR, fue asesinada a unos pasos de su casa, sin que se haya descubierto hasta el momento quienes fueron sus victimarios, pese a contar con resguardo policial, no obstante y extrañamente el día en que acaeció el atentado no se encontraban custodiándola.

 

Asimismo, otro de sus secretarios, FALEN LEON, fue objeto de un atentado con bomba molotov en su hogar, mientras que diariamente todo su personal recibía amenazas de todo tipo. El mismo Tenorio andaba con resguardo policial día y noche, mientras que su familia tuvo que regresar a Lima para evitar cualquier atentado. Durante meses el Tercer Juzgado Civil estuvo prácticamente paralizado, debido a la renuncia de parte de su personal por miedo y al temor persistente en los que se quedaron. A pesar de sus constantes pedidos de nuevo personal, nadie quería trabajar en el despacho de Tenorio, todo lo cual solo hacía más difícil su labor judicial.

 

 

EL PRIMO Y LA GRAN FAMILIA

 

El 14 de diciembre del 2012, Tenorio va a tomar una nueva decisión en torno a Pucalá: aduciendo que era familiar directo del recién nombrado Presidente del Poder Judicial, ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMIREZ, subrogó a JAIME ESCUDERO MENDOZA como administrador de la azucarera para nombrar a un nuevo administrador. Con ello, esperaba prevenir "potenciales conflictos en la ejecución del proceso e inconvenientes no solo para las partes sino también para la gobernabilidad del Poder Judicial", tal como lo señala en su resolución, sin considerar entonces que el único afectado con dicho cambio sería él.

 

Extrañamente, un día después, la bomba en su contra explotó: el diario La República publicó una investigación sobre la estructura organizativa de la banda criminal "La Gran Familia", liderada por ANGEL LEON AREVALO, alias "Viejo Paco", en la que se le sindicaba como parte de los operadores judiciales de esta banda en el Poder Judicial, junto con el juez penal RICARDO PONTE DURANGO.

 

De acuerdo al informe, mientras Ponte se encargaba de reducir las penas y sacar de la cárcel a los integrantes de "La Gran Familia", Tenorio se encargaba de la parte civil, concediendo medidas cautelares a administradores judiciales vinculados a la banda criminal y a otros implicados con la misma, como el Coronel PNP CESAR GONZALES ROMERO, entonces Jefe de la II Dirección Territorial de Chiclayo. Asimismo, el informe señalaba que el encargado de coordinar la labor de los jueces y pagarles su "apoyo" era el abogado CHARLES PALOMINO BRAVO.

 

De inmediato, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inició una investigación a cargo del magistrado JUAN SANTILLAN TUESTA que estuvo plagada, desde un inicio, de varias irregularidades. Por ejemplo, Tenorio fue notificado para que EN EL DIA presente sus descargos, a pesar de que la norma del órgano de control interno dispone que debe darse a cualquier investigado entre 3 a 5 días para asegurar su derecho de defensa.

 

En el marco de este proceso, Tenorio se enteró que la denuncia en su contra había provenido de un presunto colaborador eficaz, identificado con número clave TE 1336-2012, que  se encontraba entonces en el Penal de Piedras Gordas, en Lima. Sin embargo, el acta en la que se había levantado su testimonio no contaba con su número clave, lo que era sospechoso, además de tener una fecha posterior a la denuncia presentada. La irregularidad más grave, sin embargo, era que el acta había sido levantada por el juez Santillán cuando solo los fiscales son competentes para recibir el testimonio de un colaborador, lo que daba ya cuenta de la debilidad del caso.

 

A pesar de ello, la OCMA optó por suspender de manera provisional en abril del 2013 a Tenorio y Ponte Durango por sus presuntos nexos con "La Gran Familia", achacándole además a Tenorio otras irregularidades en su gestión ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, especialmente con relación al caso Ucupe. Para Tenorio, lo único claro es que esta suspensión es consecuencia de todos los enemigos que se fue ganando al frente de su juzgado, y todo por mantener su independencia frente a las múltiples presiones que recibía.

 

Hoy, el juez Tenorio no tiene miedo en afirmar que todo lo que le viene ocurriendo ha sido orquestado por manos oscuras para que no siga al frente de su juzgado, dado que todas las pruebas que se presentaron en su contra no tienen mayor sustento. En noviembre del 2013, por ejemplo, el mismo Diario La República dio a conocer que el famoso "colaborador eficaz" que "echo" a Tenorio y Ponte Durango NUNCA EXISTIO, dado que el propio Director del Establecimiento Penal de Ancón le informó a la OCMA, mediante Oficio No. 254-2013-INPE/18-238-DRP, que no existía registrado ningún colaborador con el número clave señalado en su base de datos.

 

En realidad, Tenorio no ha sido formalmente involucrado en ninguna investigación policial, fiscal o judicial sobre "La Gran Familia", por lo que el presunto fundamento de su suspensión no tiene sustento alguno. Así, en una notificación remitida el 12 de septiembre del 2012, el Segundo Juzgado Penal Nacional da cuenta que Tenorio no es parte procesada en el proceso que se le sigue a dicha banda criminal, mientras que la ODCI – Lambayeque del Ministerio Público señaló, en su resolución 308-2012, que no cabía abrir investigación contra Tenorio por supuestos ilícitos penales denunciados sobre hechos vinculados de la azucarera Pucalá con la mencionada organización delictiva.

 

Más aún, Tenorio ha presentado a la OCMA una entrevista realizada al Coronel PNP JORGE LINARES RIPALDA, actual Jefe de la Dirección Territorial de Lambayeque y gestor de la captura del "Viejo Paco" y otros miembros de "La Gran Familia", en la que señala expresamente que el organigrama presentado en diciembre por el diario La República NO FUE ELABORADO POR LA POLICIA, refiriendo que muchas personas allí incluidas –como el juez Tenorio- no son parte de investigación alguna al respecto. Por tanto, para Tenorio la decisión de suspenderlo implica una clara violación del principio de PRESUNCION DE INOCENCIA, por lo que está dispuesto a defender su postura ante el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ser el caso.

  

 

UN EPILOGO INCONCLUSO Y PELIGROSO

 

A pesar de haber sido alejado del Poder Judicial, Tenorio no ha dejado de sufrir las consecuencias de su independencia: en octubre de este año, el magistrado fue víctima de un atentado contra su vida en la ciudad de Chiclayo, cuando unos desconocidos dispararon contra su vehículo cerca del Ovalo Santa Victoria. Por suerte, Tenorio no sufrió herida alguna, pero sí mantiene el temor de que esa no será la única vez que sea objeto de un ataque.

 

Cabe señalar que, desde que fue suspendido, Tenorio dejó de contar con la protección policial de que gozaba, a pesar de que las amenazas en su contra nunca cesaron. Tenorio culpa de ello al Presidente de la Corte Superior de Lambayeque, MIGUEL GUERRERO HURTADO, quien a solo un día de su suspensión comunicó al Jefe de la División de Seguridad del Estado de la Región Norte de este hecho, lo que trajo como consecuencia que se le quite el personal de seguridad. Pero esto no es lo único que juega en contra de Guerrero.

 

En realidad, el Presidente de la corte lambayecana tiene mucho más que explicar respecto al caso Tenorio y el caso Pucalá. Desde que Tenorio fuera suspendido del Tercer Juzgado Civil en abril de este año, son ya 4 los jueces que han sido nombrados provisionalmente por Guerrero para que se hagan cargo del mismo: HELLEN ELIZABETH GUEVARA JIMENEZ (quien solo estuvo 3 días a cargo del juzgado), MALENA LISSET JIMENEZ CALDERON (quien era entonces Asistente de Presidencia, o sea de Guerrero), EVE REDRUELLO VILLAREAL (secretaria judicial quién estuvo a cargo entre agosto y septiembre) y GUSTAVO SANCHEZ CHACON, quien se encuentra  a cargo de este juzgado desde el 10 de septiembre hasta hoy.

 

Como muchos señalan, sorprende que al frente de un juzgado que tiene tantos casos emblemáticos Guerrero haya colocado a personas que no cuentan con la experiencia suficiente para su manejo, dado que ninguno de ellos ha tenido mayor experiencia como magistrados. Extrañamente, en junio del 2013, cuando el juzgado estaba a cargo de la ex asistente de Guerrero, se dictó una resolución (No. 367) por la cual se nombra a tres nuevos administradores judiciales: el contador ROBERTO CAMPOS VALLE, el administrador PABLO GUTIERREZ CARMONA y el contador RICARDO PEREIRA SILVA. Asimismo, se nombró como veedora a MARIA CARHUAJULCA QUISPE.

 

La resistencia de los trabajadores frente a esta nueva administración llevaron a impedir que la misma se haga efectiva durante meses; incluso en agosto se hizo un intento por tomar las instalaciones de la empresa que terminó en un grave enfrentamiento entre los trabajadores y la Policía. Sin embargo, lo más grave es que el propio Guerrero ha sido denunciado ante la OCMA por interferir de manera flagrante en dicha intervención, exigiendo por teléfono a la jueza de paz letrado de Pucalá –PATRICIA BALAREZO OCON - para que se haga efectiva la instalación de los nuevos administradores judiciales, incurriendo así en delitos como abuso de autoridad, coacción y usurpación de funciones.

 

En todo caso, esto muestra que existe mucho por investigar sobre lo que ocurre alrededor de Pucalá, y que son además muchas otras las personas que tienen que dar explicaciones sobre este candente proceso. Para ello, un paso previo es que se haga justicia con el juez OSCAR TENORIO, reponiéndolo en su cargo para que ejerza la justicia para lo cual fue nombrado en ese y otros casos. Asimismo, es necesario que los medios de comunicación tomen mayor conciencia sobre la labor que está llevando a cabo este magistrado y sobre los oscuros intereses contra los que lucha, en lugar de ponerse de lado de dichos intereses. Solo cuando todos seamos conscientes de la necesidad de defender la independencia judicial, es que jueces como Oscar Tenorio se sentirán realmente protegidos, dejando de sentir la maldición que hoy pesa sobre muchos de ellos por proteger nuestro Estado de Derecho.

 

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