Editorial: Desarmados
La nueva política de control de armas solo ayuda a los delincuentes
El Gobierno decidió el año pasado complicarles la vida a los propietarios legales de armas, presentes y futuros, multiplicando los requisitos para poder registrar un arma, inventando incluso algunas exigencias que él mismo no contaba con la infraestructura para satisfacer, subiendo enormemente lo que cobra por realizar este registro y obligando a quienes cumpliesen con sortear todos los obstáculos puestos a volver a someterse a ellos cada año.
Desde luego, la medida hubiese sonado menos lógica– se trataba, no lo olvidemos, de dificultar severamente las cosas a quienes querían cumplir con la ley y tener solo armas registradas– si a la vez se hubiese visto que el Gobierno estaba complicando igualmente la vida a la delincuencia. Pero, como se sabe, este no era – ni es– el caso.
De hecho, lo que ha venido haciendo nuestro Estado en esta situación es lo mismo que hace en tantas otras: poner más carga sobre los formales y despreocuparse de los informales, con el enorme agravante adicional de que en este caso los "informales" suelen ser los delincuentes, quienes acostumbran registrar sus armas bastante menos que las personas de bien.
Ante esta situación, nosotros dijimos que lo que estaba haciendo el Gobierno era fomentar la ilegalidad. Esto, pues lo más probable era que quienes no estuvieran en situación de dedicar la cantidad de tiempo y recursos convertidos en necesarios para sacar y renovar constantemente sus licencias pasarían a tener sus armas informalmente. Al menos si, al mismo tiempo, no querían terminar sin más defensas que las que tan mal brinda el Estado frente a nuestra desbocada delincuencia (bajo las regulaciones aludidas hasta los sprays de gas pimienta y las pistolas que "disparan" descargas eléctricas son "armas" que deben ser registradas).
El Gobierno, sin embargo, parece haberse hecho consciente de su fomento de tenencias ilegales y, para intentar contrarrestarlo, ha emitido un decreto supremo (el 005-2014-IN) que dispone que quien tiene un arma sin licencia o no renueva la que tiene en el plazo debido podrá ser denunciado e intervenido por la policía. Lo que podría tener sentido, si no fuese porque el mismo Estado, como lo hemos explicado, ha hecho tan difícil para los formales permanecer en la formalidad. De hecho, como los agentes de la Superintendencia Nacional de Control de Empresas de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) solo tienen los nombres y las fechas de vencimiento de las licencias de quienes registraron sus armas, es predecible que estas intervenciones se concentrarán en quienes venían cumpliendo con la ley y pasaron a la ilegalidad solo por las nuevas absurdas regulaciones (esto es, en personas que tenían vocación de formalidad).
Por otro lado, en lo que toca a las personas decentes que aún no tienen armas pero que las adquirirán en el futuro para su seguridad personal, sigue siendo cierto que el Estado está desincentivando el registro y la formalización. De hecho, ahora los está desincentivando más que nunca, pues el mencionado decreto agrega, entre otros, este requisito para el registro: "Solicitud por el interesado en la obtención de licencia conforme al formato Sucamec, justificando la causa y sustentándola documentariamente respecto a la necesidad de su obtención".
Está claro que la redacción no es el mejor arte del Ministerio del Interior. Pero interpretemos que lo que el requisito quiere decir es que uno debe sustentar con documentos por qué quiere tener un arma. ¿Con qué clase de documentos uno prueba, por ejemplo, que se siente inseguro en el Perú? ¿Hay que presentar una copia del índice de victimización del propio Ministerio del Interior? ¿Una grabación de las diferentes veces en que autoridades de este régimen han dicho que el problema de nuestra inseguridad ciudadana – primero en todas las encuestas de opinión pública– es básicamente de percepción?
Los sicarios y los delincuentes en general deben estar contentos con estas políticas, sabiendo cómo están incrementando las posibilidades de que encuentren a sus objetivos desarmados. Ciertamente, no es esta la clase de alianza público-privada que el Perú necesita.
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