La Fuerza de Todos
La seguridad ciudadana es un derecho mal distribuido. Si el Estado, los gobiernos locales y las empresas privadas cuidan a quienes más tienen, ¿cómo pueden hacer los más pobres para combatir el crimen organizado y la delincuencia común sin caer ellos mismos en lo que combaten? La respuesta es una sola: organización.
Luego de trabajar en Villa El Salvador durante varios meses, IDL-SC presentó un diagnóstico y un plan titulado “La Fuerza de todos. Conquista de la seguridad ciudadana en Villa El Salvador”, con la finalidad de brindar métodos prácticos y eficaces para combatir el problema de la inseguridad ciudadana.
Es así que el miércoles 4 de noviembre el equipo de IDL-SC entregó oficialmente el documento al alcalde distrital, Jaime Zea, a las juntas vecinales y a los integrantes de las comisarías del distrito.
“Cuando en IDL-SC tratamos de ver cuál era el distrito ideal para ponerse en práctica un sistema de seguridad ciudadana que al aplicarse permitiera servir de modelo a otros pueblos, vimos que ninguno tenía las condiciones como Villa El Salvador porque aquí la fuerza autogestionaria y la organización permitían dar los primeros pasos para desarrollar un plan de seguridad ciudadana”, indicó el periodista Gustavo Gorriti, quien estuvo a cargo de la elaboración del plan durante su gestión como director de IDL-SC.
Si bien las juntas vecinales han logrado un nivel importante de organización y trabajan de manera coordinada con la policía, a pesar de sus limitaciones en cuanto a logística y recursos humanos, IDL-SC ha podido conocer y exponer en el diagnóstico que en la actualidad “el alcalde no lidera el esfuerzo de seguridad ciudadana”.
“Hasta fines de 2008, en Villa El Salvador había un servicio de serenazgo que cumplía labores de apoyo a la PNP. La municipalidad desactivó el servicio en enero del 2009. De otro lado, el Comité de Seguridad Ciudadana no funciona y desde la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Concertado del 2006, hasta la fecha no se conoce de la existencia de ningún plan operativo de seguridad ciudadana para el distrito”, refiere el documento.
De acuerdo con la propuesta de IDL-SC el alcalde debe ser quien coordine y lidere los vectores de la seguridad ciudadana en el distrito: la municipalidad, la PNP y las juntas vecinales. “El alcalde debe destinar recursos para tener locales equipados para el funcionamiento descentralizado del Comité de Seguridad Ciudadana en la jurisdicción de cada comisaría, así como aplicar normas para el mejoramiento de la seguridad ciudadana”, indica el plan.
En ese sentido, Zea se comprometió a implementar algunas de las propuestas de IDL-SC para mejorar la calidad de vida de los vecinos, así como afianzar el trabajo con las juntas vecinales y la policía.
Por su parte, Quintiliano Olivas, coordinador general de las juntas vecinales de VES, refirió que “tenemos que ser aliados de la policía y el alcalde. Todas las juntas vecinales están comprometidas con el pueblo porque estamos cansados de ver la lacra delincuencial que se ve en todas las esquinas de las zonas residenciales. Aquí existe consumo de alcohol y drogas, pandillaje y violencia familiar”.
El diagnóstico refiere que la violencia familiar es uno de los principales problemas de inseguridad ciudadana en el distrito. Luego le siguen la delincuencia común, la microcomercialización y consumo de drogas, y el pandillaje.
Según estadísticas de la Comisaría de Mujeres de Villa El Salvador, en el período 2008 a julio de 2009, se registraron 2.060 casos de violencia familiar cuyas víctimas directas fueron 213 hombres y 1.847 mujeres. De estas víctimas, 128 eran menores de edad y 706 tenían entre 18 y 50 años.
“Creemos que una parte fundamental es trabajar para reducir considerablemente la violencia doméstica. Esperamos que las juntas vecinales tengan sustantiva participación en esto y las mujeres tengan un rol fundamental. El objetivo es tener calle segura y casa segura”, aseguró Gorriti durante la presentación del plan.
Y para desactivar la criminalidad en forma paulatina, es indispensable realizar un control territorial a través de un mapa del delito. “La primera etapa tiene un fuerte componente de represión del delito. En consecuencia, implica la captura de determinado número de delincuentes e infractores, con diversos grados de responsabilidad”, refiere el plan.
Una vez que se ha logrado el control de la situación, es necesario crearde juzgados de paz en cada comisaría. De esta manera se podrá administrar justicia en forma expeditiva por hechos menores, que son los de mayor ocurrencia en el distrito.
Asimismo, las sentencias a penas alternativas deben basarse en el concepto de justicia restaurativa, que debe estar acompañado de una recuperación a través de oportunidades, dirigido, sobre todo, a los jóvenes que están en peligro de derivar hacia la criminalidad a través del pandillaje.
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