La Republica 04Ene10
Fujimori no puede ser indultado
Sentencia ratificada. Al tener condena por delitos de lesa humanidad y secuestro. Además, ex presidente tiene restringidos todos los beneficios penitenciarios hasta cumplir las 3/4 partes de la pena y pagar la reparación civil.
César Romero Calle.
El veredicto de la 1ª Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, de 266 páginas, ratificó en todos sus extremos la sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori que dictó, el 7 de abril del 2009, la Sala Penal Especial que presidió el juez César San Martín.
Los magistrados Duberlí Rodríguez, Julio Biaggi, Elvia Barrios, Antonio Barandiarán y José Neyra rechazaron los argumentos de la apelación presentada por el abogado César Nakazaki y criticaron la forma en que presentó su alegato.
“Resultan incongruentes las tres alternativas propuestas por el abogado defensor, César Nakazaki, pues si su objetivo es lograr la absolución del acusado al considerarlo inocente es inoportuno pedir que se realice el juicio de nuevo”.
Además, sobre otro de sus pedidos, indican que no es posible retraer el juicio a la etapa de acusación fiscal, para cumplir trámites formales no trascendentes o para responder cabalmente con solemnidades procesales.
Autor mediato
El tribunal de segunda instancia enfatizó que el juicio que realizó la Sala Penal Especial cumplió con el debido proceso y respetó escrupulosamente el derecho de defensa del acusado.
La sentencia, publicada en la página web del Poder Judicial, ratificó la condena de 25 años de prisión para Fujimori por homicidio calificado y secuestro agravado.
La pena y el delito de homicidio se confirmaron por unanimidad. El delito de secuestro fue por mayoría, pues el juez Biaggi emitió un voto en minoría al entender que hubo secuestro simple.
Al desarrollar la argumentación del delito de homicidio, el tribunal subrayó que Fujimori es autor mediato por ejercer el dominio de la voluntad de un aparato organizado de poder que se manifestó de las acciones del grupo Colina.
Además, precisó que Fujimori ejerció ese mando efectivo sobre el escuadrón de la muerte a través del ex comandante de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos y del jefe real del SIN Vladimiro Montesinos.
Subrayó que por la forma y circunstancias en que se cometieron los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, estos “infringen flagrantemente el derecho internacional de los derechos humanos, la dignidad humana, la conciencia que el hombre tiene de sí, la moral y la ética que gobiernan la convivencia humana en comunidad”.
Sin beneficios
Esa calificación, de acuerdo con los tratados internacionales, impide a Fujimori aspirar al indulto o la amnistía, pues estos beneficios no son posibles para condenados por violación de derechos humanos.
Pero, si eso no fuera suficiente para que Fujimori cumpla los 25 años de cárcel que le han impuesto, la ley Nº 28760, del 14 de junio del 2006, prohíbe expresamente la amnistía, el indulto y el derecho de gracia presidencial a los condenados por secuestro.
En tanto, la ley 29423 restringe los beneficios carcelarios a los secuestradores. Al estar condenado por secuestro, Fujimori recién podría aspirar a beneficios penitenciarios al cumplir 19 años de prisión efectiva (3/4 de la pena) y podrá redimir por el estudio y trabajo un año por cada siete de pena efectiva.
Además, para tener beneficios debe pagar el íntegro de la reparación civil de 218 mil soles: 93,600 a cada víctima de secuestro y el resto a distribuirse entre las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos.
Mando militar
El veredicto de segunda instancia rechazó los argumentos de la defensa en el sentido de que Fujimori no tenía mando militar y que desconocía las actividades de su asesor Vladimiro Montesinos y de las Fuerzas Armadas.
Al respecto, respondió que el propio Fujimori reconoció en varias entrevistas periodísticas que, desde que asumió el poder en julio de 1992, él ejercía el mando militar de manera efectiva.
Igualmente, indicó que no es posible que Alberto Fujimori afirme ahora que no conocía nada, cuando en esa época se negó a investigar cualquier tipo de denuncia contra Montesinos, a quien le dio el control del SIN.
Pruebas
Documentos. El veredicto subraya que en crímenes cometidos por aparatos organizados de poder no es posible obtener prueba documental de las órdenes para cometer los asesinatos, pues estas no se graban para evitar cualquier incriminación posterior.
Denuncia. Se dispone denunciar a Willy Chirinos por falso testimonio y averiguar el destino de las pruebas de ADN de las víctimas de La Cantuta enviadas a Londres en 1992.
8 claves de la sentencia a Fujimori
25 años. Ex presidente planificó, conoció su ejecución y ocultó los crímenes. La sentencia de la 2ª Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema fortalece los argumentos del veredicto que se dictó contra Alberto Fujimori el 7 de abril y rechaza cada uno de los argumentos de la defensa.
1 Poder centralizado
“...el encausado Fujimori Fujimori configuró una estrategia de combate contra la subversión en la que los actores principales eran él como presidente de la República, las Fuerzas Armadas y el SIN, cuyo jefe real fue Vladimiro Montesinos. Las normas que promulgó centralizaron en su persona las actividades de la Defensa Nacional y se arrogó la facultad de decidir y manejar personalmente la política contra la subversión terrorista..
2 Mando militar efectivo
“... el procesado, entonces presidente de la República, sí tenía mando militar efectivo sobre las Fuerzas Armadas y Policiales (...), pues era más que evidente que, desde el 5 de abril de 1992, (...) tenía en realidad poder discrecional para disponer que se mantenga o cambien los altos mandos de las Fuerzas Armadas contando con la ayuda del entonces comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, a quien mantuvo durante un extenso tiempo en el cargo...” Pág. 93
3 Delitos de lesa humanidad
“lo antes expuesto, permite afirmar que los hechos delictivos, en especial los actos de asesinato y lesiones graves, se adecúan plenamente a los presupuestos que configuran el delito de lesa humanidad. Dichos actos, además que trascienden el ámbito de la ejecución individual, se han configurado en el marco de una política estatal de eliminación sistemática de presuntos integrantes de organizaciones terroristas.
4 Prueba directa documental
“Debiéndose indicar que no se puede pretender que en casos como los reseñados e investigados en el presente proceso penal que tienen la categoría de “crímenes de Estado”, exista prueba directa documental del ente gubernamental respectivo que dé cuenta de su realización y ejecución, por cuanto esto resultaría incriminador y contraproducente a los intereses de impunidad de los agentes del Estado involucrados”. Pág. 137
5 Prueba suficiente
“... observamos que se ha probado que el sentenciado Alberto Fujimori es responsable como autor mediato de la comisión del delito de asesinato, bajo la circunstancia agravada de alevosía y del delito de lesiones graves, por los hechos sucedidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, existiendo prueba indiciaria de cargo suficiente que permite llegar a dicha conclusión, desvirtuándose esa manera (la presunción de inocencia). Pág. 167
6 Beneficios penitenciarios
“... nuestro ordenamiento jurídico interno con la reciente promulgación de la Ley 29423, restablece beneficios penitenciarios de reducción de la pena por el trabajo o la educación (7 por 1) y liberación condicional (a los 3/4 de la pena = 19 años) a los condenados a pena temporal por el delito de secuestro y/o extorsión sin que incluya prohibición alguna respecto a su modalidad, simple o agravada, en tanto se cumplan los supuestos previstos en el Código de Ejecución Penal”. Pág. 198
7 Desconocimiento del secuestro
“Quien ordena un acto ilegal –detención de Dyer Ampudia– no efectúa actos de investigación y sanción contra quienes cumplieron a cabalidad su mandato... Y por el contrario, no sólo no se investigaron los hechos que ahora se alegan desconocidos y ajenos al procesado Fujimori, sino que aceptó los actos de persecución adicionales, al punto de sindicarlo públicamente de narcotraficante y descartar de raíz sus denuncias, defendiendo el rol de Montesinos Torres en el SIN”. Pág. 224
8 Relación con Montesinos
“Existía una correlación de poder entre Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, acentuándose básicamente en la estructura militar, toda vez que este último era quien disponía la permanencia y los ascensos de los oficiales de las más altas jerarquías. Es en este entramado que Alberto Fujimori posibilitó el uso de recursos económicos estatales a fin de que sean administrados por su entonces asesor Vladimiro Montesinos Torres, en el SIN, (...), los que fueron posteriormente habilitados a los integrantes del destacamento (Colina). Pág. 232
El ’gasolinazo’ sacudió al país
Lo que más subió. Gasolina de 90 octanos cuesta ahora s/. 11.10. Mientras que el balón de gas de 10 kg subirá a partir de hoy en S/.2. Analistas criticaron la gran magnitud del alza y revelaron la falta de una política energética.
Omar Mariluz Laguna.
Ya no hay motivos para bailar. El 2009 se fue en medio de calurosas fiestas de año nuevo, pero al despertar y empezar la semana quedó claro que la resaca también sacudió el bolsillo de los peruanos con un abrupto incremento en el precio de los combustibles de hasta S/.1.20 por galón y S/. 2 en el precio del balón de gas de 10 kg.
Mientras el presidente Alan García hacía bailar a cientos de peruanos frente a Palacio de Gobierno por la llegada del 2010, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en medio del júbilo de año nuevo aplicó un inesperado “gasolinazo” que ayer se concretó en el 70% de los grifos del Perú.
Grande fue la sorpresa y el disgusto para miles de conductores al ver la nueva lista de precios de los combustibles en los grifos de Lima. En un recorrido que hizo La República por las principales estaciones de servicio corroboramos que, por ejemplo, la gasolina de 84 se elevó de S/.9.10 a S/.10.20, mientras que la de 90 subió de S/.9.90 a S/.11.10.
De igual forma, el diesel B2 en promedio incrementó su precio de S/.9.90 a S/.10.50, mientras que las gasolinas de 95 y 97 octanos solo registraron un leve incremento de S/.0.20 al pasar de S/.13 a S/.13.20 y de S/.13.40 a S/.13.60, respectivamente (ver infografía).
Hoy subirá el GLP
En el caso del precio del balón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kg (uso doméstico), el aumento de S/.1.80 recién se apreciará a partir de hoy. Pero pasaría de S/.32 a alrededor de S/.34, debido a que los minoristas hacen el traslado de precios en cifras redondas.
El pasado jueves 31, el gobierno redujo el subsidio que otorga a las refinerías a través del Fondo de Precios de los Combustibles de S/.35 millones semanales a solo S/.10 millones. Tal reducción produjo que las refinerías incrementen sus precios y los trasladen a los grifos y envasadoras de gas.
Ahora son los consumidores los que de un momento a otro tendrán que enfrentar precios más elevados que inevitablemente incidirán en la canasta familiar. Es por ello que el especialista en temas energéticos Aurelio Ochoa no dudó en calificar el mencionado incremento como un ‘gasolinazo’.
Alza no pasó por “agua tibia”
Ochoa criticó que en menos de dos semanas el gobierno vuelva a subir el precio de los combustibles sin pensar en el bolsillo de los ciudadanos, y además cuestionó el fallido intento del gobierno de pasar por “agua tibia” estas modificaciones tarifarias al publicarlas en época de fiestas.
“Es increíble, a pesar de que tenemos un fondo de estabilización para los combustibles, que se produzca un ‘gasolinazo’ de una proporción espectacular. Entonces, ¿de qué sirve tener un subsidio si de por medio vamos a tener alzas de este tipo?”, cuestionó el especialista.
En esa línea, el presidente de la Asociación de Gas GLP, César Bedón, comentó que el alza desproporcionada que aplicó el gobierno revela la carencia de una política de precios en el sector energético que ayude a suavizar el impacto que sufrirán los consumidores.
“No debió darse un alza tan drástica justo cuando vivimos un ambiente optimista para el 2010 y cuando la inflación del 2009 fue apenas 0.25%“, dijo el también decano del Colegio de Economistas de Lima.
Cifras
S/.35 millones semanales destinaba el gobierno al Fondo de Estabilización de los Combustibles.
S/.10 millones semanales destina ahora el gobierno al Fondo tras la modificación de la semana pasada.
10% fue la reducción del precio de los combustibles en general a lo largo del 2009, según informa el INEI.
Sismo de 5.7 grados sacudió Huaraz
Pánico. Movimiento Telúrico se sintió en gran parte de la costa norte y centro. Según Indeci, no se han registrado pérdidas de vidas ni daños materiales. Presidente regional de Áncash aseguró que no hay peligro de aluvión.
Efraín Rosales y corresponsales
Un temblor de 5.7 grados en la escala de Ritcher sacudió ayer, en la tarde, la zona Nor -oeste de Huaraz, en la región Áncash, sin dejar daños personales ni materiales.
El sismo causó pánico entre los pobladores de las ciudades del Callejón de Huaylas, cercanas al Huascarán. No se han registrado mayores daños que la interrupción de las redes de comunicación en algunas ciudades.
El remezón se produjo a las 3.38 de la tarde, a una profundidad de 104 kilómetros, causando que los pobladores de la ciudad de Caraz y Yungay salieran alarmados a la calle al escuchar fuertes ruidos en el nevado Huascarán y en los nevados de Alpamayo y Artesonraju, cuyos bloques de hielo se habrían precipitado a la laguna de Parón, donde se habría registrado el epicentro.
Un llamado a la calma
No obstante, el presidente de la región Áncash, César Alvarez, aseguró que no existe ningún peligro de un aluvión, pues ha dispuesto personal especializado ha recorrer las lagunas cercanas a la cordillera blanca, donde no se han encontrado novedades de desprendimiento de algun nevado.
Además reiteró que no se han registrado perdidas humanas ni materiales. Pero si confirmó la presencia de patrullas de Defensa Civil en distintos sectores del Callejón de Huaylas, como la cuenca del río Llullán, de Caraz.
La autoridad regional también se comunico con la Minera Barrick, a fin de determinar si el movimiento telúrico afectó a los mineros del asentamiento Pierina.
En Chimbote
El temblor se sintió en otras ciudades del país como en Chimbote donde se registro una intensidad de 4 grados, con una duración de más de 40 segundos, provocando que la población se atemorice y tome las calles del puerto.
Mientras, las autoridades locales de Defensa Civil de la ciudad de Chimbote no han reportado hasta el momento ningún daño personal o material, y al parecer todo se trato de un gran susto.
En Chiclayo
Los chiclayanos también se asustaron, sobre todo en los distritos de Florencia de Mora, La Esperanza y El Porvenir, donde la mayoría de viviendas son a base de barro y adobe, resultando vulnerables a los temblores.
De acuerdo con los primeros reportes, en las provincias de Chepén y Pacasmayo no se sintió el temblor. Esto a pesar que ambas ciudades están muy cercanas al mar y que por la temporada de verano es visitada por miles de bañistas.
También en Lima
Es decir, en toda la costa de nuestro país se sintió el movimiento telúrico. En Lima se advirtió en Barranca y Chosica, aunque solo un leve movimiento. Según Indeci, el remezón fue sentido con una intensidad de nivel IV en Lima, Chosica, Trujillo, Cañete, y III en Huánuco, de acuerdo con la escala modificada de Mercalli.
“Fue solo un temblor no dos”
El director de Sismología del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, aclaró que sólo se produjo un temblor a las 15:38 horas y no dos como se reporto al inicio.
El especialista explicó que “Cuando este evento ocurre por debajo de nosotros nos permite caracterizar bien o sentir bien los dos tipos de ondas importantes que se producen cuando hay un evento sísmico”.
Un sismo de 6,2 grados en la escala de Richter sacudió las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico. La Agencia Geológica de Estados Unidos, señaló que el temblor ocurrió a las 08.45 GMT y localizó el epicentro a 10 kilómetros de profundidad y a 510 Km al suroeste de Saipan.
Deben resolverse casos pendientes
Sentencia. Esperan que ratificación de sala marque precedente. Deudos de La Cantuta y Barrios Altos calificaron sentencia de “histórica” y ratificaron voluntad de continuar lucha con procesos pendientes.
Francesca García.
Tras la ratificación de la sentencia de 25 años de prisión para Alberto Fujimori por la 1ª Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no solo celebraron y elogiaron la actuación del Poder Judicial, sino que exhortaron a que este caso marque precedente para que otros procesos pendientes por violación de derechos humanos sean resueltos.
“Esperamos que signifique un avance en estos procesos por autoría mediata contra los responsables de las desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad que han ocurrido principalmente en las zonas marginadas y en provincias en nuestro país”, expresó conmovida Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes asesinados en La Cantuta.
Ortiz consideró que la decisión del tribunal presidido por el magistrado Duberlí Rodríguez significa la culminación de la búsqueda de “verdad y justicia” por los familiares, que se extendió por casi 19 años en el caso de Barrios Altos y 18 en el de La Cantuta.
“Quienes hemos perdido a nuestros familiares a lo largo de estos años de violencia política creemos que nuestra única recompensa puede ser ese ‘no’ a la impunidad”, manifestó.
“Mi hijo debe estar contento, como yo, con la ratificación de los magistrados. Dios sí existe, Él nos ha dado esta fuerza para seguir luchando”, agregó a la prensa la señora Raida Cóndor.
En nombre de los demás deudos, Ortiz reiteró su agradecimiento a quienes colaboraron con ellos y reafirmó que tras este “fallo histórico” mantendrán el compromiso con otros familiares hasta que alcancen la misma justicia.
“Es una decisión definitiva”
Durante conferencia de prensa en la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), los abogados de la parte civil Carlos Rivera, Gloria Cano y Ronald Gamarra coincidieron en que con esta ratificación el proceso judicial contra Fujimori está culminado. “Esta es una decisión definitiva, no hay más. Pueden haber manotazos de ahogado, pero posibilidades reales, legales, de cuestionar esta sentencia, no las hay”, dijo. “Fujimori parece un reo rematado, y el resultado es que está condenado por la justicia peruana”, agregó Rivera.
El director de Aprodeh, Francisco Soberón, agradeció a quienes colaboraron para lograr esta sentencia, entre ellos al director fundador de La República Gustavo Mohme Llona y al periodista Edmundo Cruz.
Nakazaki evalúa acudir a Tribunal Constitucional
Respuesta. abogado de fujimori considera que aún puede liberar de culpas a su defendido. Asegura que hay “predisposición ideológica” en el Poder Judicial contra condenado ex presidente.
Consultado sobre la decisión de la Primera Sala Transitoria de la Corte Suprema, César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, aseguró que agotará los recursos legales a su alcance para lograr la absolución de su defendido.
“Yo creo que a nivel del Perú esto se define en el Tribunal Constitucional o en un poder que, obviamente, tenga otra circunstancia y otra disposición que, definitivamente, no es en la Corte Suprema actual”, indicó.
El abogado consideró que el caso no se encuentra agotado en tanto que existe un hábeas corpus pendiente de resolución en la Corte Suprema, por una resolución que les negó el recurso de nulidad, el cual se encuentra en primera instancia. “Podría generar la nulidad de esta vista de la causa”, dijo.
Nakazaki hizo también referencia a una supuesta “predisposición ideológica muy marcada” del Poder Judicial que, en su opinión, solo busca “generar la destrucción del fujimorismo” a través de las condenas de su líder, Alberto Fujimori.
“A eso agréguese que igualmente existe una posición ideológica de darles toda la posibilidad de condena a los militares que sacaron adelante el Perú en la lucha contra el terrorismo”, declaró a RPP.
En ese sentido, estimó que el proceso seguido contra su defendido por delitos de lesa humanidad por los crímenes de La Cantuta, Barrios Altos y el secuestro de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti no se ha basado netamente en las leyes.
“Este caso no es estrictamente jurídico, es mediático y político”, expresó el abogado.
El dato
Críticas. Como era de esperar, varios legisladores fujimoristas se sumaron a los cuestionamientos hechos a la sala que ratificó la sentencia a Fujimori. Hoy, ellos no creen en la justicia.
“Proceso penal fue imparcial”
La observadora internacional Jo-Marie Burt, representante de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por su sigla en inglés), señaló que el proceso contra el ex presidente Alberto Fujimori “fue imparcial e impecable, y garantizó el debido proceso”.
Burt añadió que la organización está satisfecha por haber acompañado el proceso y por seguir las actividades de los grupos de derechos humanos, así como de conocer a los familiares de víctimas de las matanzas y de secuestros.
“Quisiera reconocerlos por su lucha y fe incansable en la justicia, que es pilar fundamental de la democracia. El Perú está dando una muestra al mundo de que la justicia es posible”, afirmó.
“Juicio a Fujimori hizo historia”
Adilio Uribe, observador de la Federación Internacional de Derechos Humanos, consideró que es la primera vez que hay un juicio tan importante contra un ex jefe del Estado.
“Por lo tanto, esta sentencia es un ejemplo para las víctimas en África, Asia u otros países de América Latina que están tratando de reconstruir la verdad y lograr justicia”, señaló.
Además destacó que haya habido garantías para la defensa.
Ensayo de orquesta
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@
Relevancia de la confirmación de la condena a Fujimori
Podría ser por el desorden de las redacciones durante la resaca post celebración del año nuevo; por el cierre temprano de la edición dominical junto con una noticia que se difundió tarde; o por la creencia de que ya es un tema de poco interés para los lectores, pero lo cierto es que el único diario que ayer le dio una cobertura amplia –incluyendo la portada– a la confirmación de la condena de Alberto Fujimori por violar derechos humanos fue La República.
Tras cuatro días de deliberaciones, la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema ratificó la condena de 25 años al ex presidente Alberto Fujimori como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, así como por los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti.
Los magistrados de dicha sala presidida por Duberlí Rodríguez terminaron su deliberación recién a las 9 de la noche del sábado, lo cual seguramente explica el poco espacio periodístico que tuvo la noticia, ayer domingo, en los otros diarios.
Pero esta sentencia es un tema importante en la política peruana por dos razones principales. La primera es por la trascendencia histórica de una condena ejemplar que, en el marco de un proceso judicial impecable, halló culpable a Fujimori en todas las acusaciones por violación de derechos humanos.
Para una justicia como la peruana, que enfrenta tantos problemas frecuentes que la desprestigian, esta sentencia es un motivo de orgullo y que –debe repetirse hasta el cansancio pues hay mucho interesado en tergiversar las cosas– no se produce como consecuencia de alguna venganza política al gobierno de Fujimori sino, sencillamente, porque en el régimen bajo su conducción se cometieron los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado.
El otro motivo de la relevancia de la sentencia emitida en la noche del sábado radica en el plano electoral. Es obvio que, al margen de su poco compromiso democrático, el fujimorismo constituye una fuerza electoral relevante y que, por tanto, será un jugador de peso en las próximas elecciones municipal/regional de este año y en la presidencial del 2011.
Su objetivo es sacar de la prisión a Fujimori, lo cual no solo será el leitmotiv de la campaña de su hija Keiko sino la gasolina de su candidatura. Si hubiera una liberación antes de la elección, esta perdería fuerza. Su fin es ganar para indultarlo, o negociar con otra agrupación para que esta cumpla el encargo.
Su problema, sin embargo, es que la ley 28760 prohíbe el indulto, la conmutación de pena y el derecho de gracia a los condenados por secuestro como Fujimori. Pero después de lo visto con José Enrique Crousillat, todo se puede esperar, hasta que su indulto reciente sea el ensayo de la orquesta que tocará la misma música para Alberto Fujimori.
Encuesta mencionada por García es todo un misterio
Silencio. Nadie explica origen ni financiamiento del sondeo. Analista pone en duda su existencia, pues la cifra (27 mil) que supuestamente manejan no es válida.
Pierina Pighi Bel.
Después de anunciar la existencia de una encuesta a 27 mil peruanos sobre su intención de voto, el presidente Alan García no volvió a dar cuenta de ella, pero el premier Javier Velásquez trató de calmar las inquietudes sobre su origen y financiamiento.
“No se ha tocado un centavo del tesoro público. No hay por qué alarmarse”, afirmó el premier, pero dejó la posta al presidente para que explique de dónde salió el dinero.
Agregó que la investigación fue iniciativa del Apra porque las encuestadoras “habían desaparecido” al partido de los sondeos. Pese a ello, el congresista Jorge del Castillo aseguró haberse enterado a través de la prensa.
Muchas interrogantes
El analista Antonio Zapata puso en duda la existencia y el uso de la encuesta, pues la cifra dada por el presidente no es válida para sondear pronósticos electorales.
“Se espera que el presidente se mantenga neutral ante la población y se porte como un verdadero demócrata”, expresó.
Recordó también que todos los servicios de inteligencia hacen encuestas con presupuestos reservados, pero lo raro es que el presidente se refiera a ellas públicamente.
Según el analista Francisco Eguiguren, el gobierno puede pagar encuestas siempre y cuando haya convocado a una licitación, y no interfiera en el proceso electoral.
¿Para qué haría esa encuesta?
Carlos Bruce, congresista de Perú Posible, dijo que habría un mal uso de los recursos públicos si las encuestas fueron hechas por el gobierno, porque al Ejecutivo le corresponde investigar otros temas. “Pagar para conocer las preferencias electorales reflejaría una intención de interferir en las decisiones de los ciudadanos, pero en el caso del APRA, sería un deseo loable de mejorar su desempeño”, agregó.
Juan Carlos Eguren, de Unidad Nacional, señaló que habría que averiguar bien quién ha financiado esas encuestas y “mostrar las facturas”. Agregó que el gobierno no necesariamente estaría influyendo en la población, porque aún no estamos en proceso electoral. “Además, no le creería mucho al presidente García, porque es común que hable de todo sin el menor sustento”, manifestó.
Supuesta encuesta habría costado 120 mil dólares
Análisis. Fernando Tuesta Soldevilla cuestiona validez. Experto explicó que sondeo de esa magnitud hubiera requerido una licitación pública.
El director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, Fernando Tuesta Soldevilla, advirtió que un estudio de mercado con 27 mil entrevistados, tal como reveló el presidente Alan García, hubiera costado por lo menos 120 mil dólares.
“Para tal estudio, el gobierno hubiera estado obligado a convocar a una licitación para escoger a la empresa que lo realizaría, y además a colgarlo en una página web”, aclaró Tuesta Soldevilla.
El experto criticó el hecho de que solo el presidente está enterado de los resultados de una encuesta sobre “intención de voto”, y que tampoco se haya dado a conocer la empresa que lo realizó.
Diputado aprista Del Pomar defendió a VMT en juicio por traición a la patria
Investigación. En la época en que Vladimiro Montesinos era abogado de narcos colombianos. Poco después el propio Manuel Ángel del Pomar sería sorprendido en Berlín, Alemania, tratando de cobrar dinero de narcotraficante.
Ángel Páez.
Durante el proceso que enfrentó por traición a la patria, Vladimiro Montesinos Torres presentó ante el tribunal militar varios pronunciamientos de la Federación Nacional de Colegios de Abogados del Perú que reclamaban el cese de juicio en su contra por anticonstitucional.
Los documentos los suscribió el presidente de la organización, el aprista Manuel Ángel del Pomar, poco antes de ser elegido diputado por el Apra y protagonizar un sonado caso de narcotráfico.
El rol clave que desempeñó Del Pomar en defensa de Montesinos –quien fugó del país ni bien el Ejército le abrió juicio por apropiarse de documentos secretos y obtener provecho de los mismos– consta en el Expediente Nº 424-83 que el ex asesor de Fujimori hurtó del archivo del Consejo Supremo de Justicia Militar cuando ocupó el poder. En el fujimorato, Montesinos escondió el documento de dos mil folios en una vivienda particular.
El 20 de febrero de 1984, en un enérgico oficio dirigido al presidente del Consejo de Guerra, a cargo del juicio a Montesinos, Del Pomar exigió el “inmediato acatamiento a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, debiendo el fuero privativo de guerra abstenerse del conocimiento de la causa” de traición a la patria.
El argumento se sustentó en que por ser capitán del Ejército en retiro la justicia militar no podía procesar a Montesinos. Del Pomar obvió que ese proceso derivaba de otro que el tribunal inició en su contra en 1976, condenándolo a un año de prisión y a expulsión del instituto armado.
Todo está vinculado
En esa oportunidad, cuando Montesinos era capitán y fue detenido en su vivienda, se le hallaron documentos clasificados que no estaba autorizado a guardar. Le abrieron un nuevo juicio en 1983 porque Montesinos, repitiendo idéntica conducta delictiva, filtró y publicó en la revista “Kausachum” documentos secretos para afectar a los altos mandos que lo habían denunciado y expectorado del Ejército.
En la época del juicio por traición a la patria Del Pomar era un prominente dirigente aprista, y luego, con una importante votación, sería electo diputado por Lima.
Por su parte, Montesinos era un conocido abogado de narcotraficantes. En 1978, defendió al comandante EP (r) Jorge Wittembury Rebaza, relacionado con el traficante Alfonso Rivera Lorente. El mismo año asesoró al futuro cabecilla del cartel de Medellín, Evaristo Porras Ardila,
En 1979, promovió a otro narco colombiano: Jaime Tamayo Tamayo. En 1981, participó en la fuga de Evaristo Porras del hospital Daniel Alcides Carrión. Y en 1982, Waldo Vargas Arias, narco colombiano que se haría famoso como “El Ministro”, también fue su cliente.
Cuando en 1983 el Ejército acusó a Montesinos por traición a la patria, además de ser conocido abogado de narcotraficantes también tenía mucho dinero. Y lo hizo notar.
Incluso Del Pomar, como presidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados del Perú, publicó avisos en los periódicos en una campaña a favor de su amigo Vladimiro Montesinos, quien continuaría litigando a favor de procesados por narcotráfico. En ese momento era, además, candidato del PAP a diputación por Lima.
La misma corte
En efecto. En 1985, el mismo año que la justicia militar sobreseyó (extinguió) el juicio que le había abierto por traición a la patria, Montesinos patrocinó a los generales de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) Eduardo Ipince y Rodolfo Ballesteros, acusados de vincularse a Reynaldo Rodríguez López, “El padrino”, propietario de “Villacoca”.
Justamente cuando Montesinos ejercía la defensa de los generales Ipince y Ballesteros, el diputado aprista Manuel Ángel del Pomar, el presidente de la federación de abogados que sacó la cara por este, sería descubierto involucrado con el prominente narcotraficante internacional Manuel García Montes, capturado el 31 de agosto de 1988.
Unas semanas después de la detención, Del Pomar partió con destino a Berlín con un pasaporte diplomático expedido en su condición de diputado, y el 28 de setiembre se presentó en el Commerzbank para pretender el cobro de un cheque por 180 mil marcos que había sido girado por el mafioso Manuel García. Pero no pudo cumplir con su propósito porque la justicia peruana solicitó el congelamiento de las cuentas del narcotraficante. Así lo informó la INTERPOL de Berlín a su similar de Lima.
Luego las autoridades detectarían que Manuel García Montes tenía en su poder un documento expedido con la firma de Del Pomar en el que se acredita al narcotraficante como asesor legal del diputado aprista. Había, por lo tanto, una estrechísima relación entre el diputado y el traficante.
Gracias al descubrimiento del Expediente Nº 424-83 del juicio a traición a la patria seguido contra Montesinos, ahora es posible saber quiénes defendieron al capitán expulsado del Ejército que no mucho después alcanzaría la cúspide del poder con Fujimori. Nunca es tarde para conocer la verdad.
Montesinos usó a Ulloa a su favor
Valiéndose de una referencia tangencial que se hizo durante el juicio por traición a la patria en su contra, Vladimiro Montesinos reclamó citar al entonces presidente del Senado Manuel Ulloa Elías. El 21 de setiembre de 1984 Ulloa se hizo presente en el mencionado proceso.
La idea de Montesinos era que Ulloa lo negara todo, y así fue, porque el senador acciopopulista no tenía ninguna relación con el acusado. “No lo he conozco ni lo he conocido nunca”, dijo Ulloa. “No conozco al capitán Montesinos y afirmo no haber tenido vinculación, ni siquiera indirecta, de tipo político, con dicha persona”, reiteró.
En el acto, la defensa de Montesinos pidió sobreseer (extinguir) el proceso porque Manuel Ulloa, quien supuestamente era parte de la red de Vladimiro Montesinos, había rechazado toda relación. Presto el juez del caso, comandante EP Vicente Gerbi León, resolvió archivar el proceso.
Médico que evaluó a Crousillat en clínica fue amenazado de muerte
Indulto. Al determinar que empresario debía retornar a prisión. Doctor José Janampa Coronado presentó denuncia penal contra los abogados del broadcaster que impidieron traslado de la clínica a San Jorge.
Miguel Gutiérrez R.
El 17 de marzo del 2009, días después de frustrarse la orden de traslado del recluso José E. Crousillat al penal San Jorge, el jefe del Área de Salud de esa prisión, José Janampa Coronado, denunció ante el Ministerio Público a los abogados del empresario indultado recientemente por razones humanitarias por el Presidente de la República.
Janampa denunció al abogado Jorge Castro por el delito contra la administración pública- violencia y resistencia a la autoridad.
“Te voy a matar”
Según su denuncia penal, los informes médicos fueron cuestionados por la defensa de Crousillat, como la opinión médica del 7 de febrero en la que, mediante “un ardid legal del abogado Castro, presentó una queja dirigida al Presidente del Inpe”.
El médico señaló que en la siguiente evaluación efectuada el 6 de marzo encontró al sentenciado por corrupción realizando actividad física intensa y con un estado de salud estable, opinión que coincidió con la del cardiólogo de la clínica El Golf Víctor Herrera.
Cuenta que en circunstancias que se redactaba el acta, Castro y otros dos abogados impidieron de modo matonesco que custodios del Inpe concreten el traslado.
“Solo muertos sacarán al señor Crousillat de la clínica”, le advirtieron al médico.
Más adelante, indica Janampa, en forma violenta se le acercó (Castro) y le gritó “Concha de tu m... te voy a mandar a matar...”.
Pese a las amenazas de muerte, el doctor Janampa, el director del penal San Jorge César Orozco, y el jefe de seguridad, Eugenio Horna Gutiérrez, intentaron hacer cumplir las disposiciones, hasta que se recibió una llamada por teléfono celular de “la dirección regional del Inpe comunicando se suspenda el traslado de interno Crousillat al penal”.
El médico se vio obligado también a solicitar garantías personales dadas las amenazas públicas.
Influencia al más alto nivel
José Janampa se presentó con los doctores Marco Villanueva y Raquel Pino, y no como afirmó el abogado Castro en RPP el 6 de marzo pasado, “con tres veterinarios que pretendieron llevarse al enfermo grave José Enrique Crousillat“.
Los abogados del empresario televisivo llegaron a ofrecer a los custodios del Inpe tres mil soles para que simularan que el vehículo que conduciría a Crousillat al penal San Jorge tuviera un desperfecto, a fin de que sus llamadas telefónicas a diferentes autoridades lograsen cancelar el traslado, tal como ocurrió finalmente.
Según menciona el médico del Inpe, el abogado Castro, mientras hablaba por su celular en voz alta, hizo alarde de sus contactos políticos. “Comunícame inmediatamente con el Dr. Javier Velásquez Quesquén, díganle que en este preciso momento quieren sacar al Sr. Crousillat de la clínica y que mande a su edecán. Llame al fiscal, que venga la prensa a la clínica El Golf...”, vociferaba.
Civiles de las FFAA insistirán en aumento de sueldos
Demanda. Empleados no se resignan ante última negativa presidencial. Uno de los gremios denunciará a la ministra de Economía para lograr salarios más altos.
Apenas iniciado el año, los trabajadores de todo el sector público recibieron una noticia lamentable: no habrá aumento de sueldos. Sin embargo, nada ha impedido que los civiles de las Fuerzas Armadas continúen programando acciones para incrementar sus ingresos.
“De mí no esperen aumentos espectaculares de sueldo. Esto de la farra fiscal viene siempre por el lado del aumento”, anunció el sábado el presidente Alan García, pero Rafael Chullunquiya, secretario general de la Coordinadora Nacional Sindical de Trabajadores Civiles de las FFAA, ha ratificado el pedido de su gremio de ser considerado en la bonificación extraordinaria que se propuso para los militares y policías, en el caso de que esta se apruebe.
Además, hoy realizarán una conferencia, junto a otros empleados estatales, para pronunciarse en contra del amargo anuncio.
Por otro lado, la Asociación Sur de Trabajadores Civiles de las FFAA anunció que el miércoles denunciará penalmente a la ministra de Economía, Mercedes Aráoz, para exigirle que cumpla con el decreto 608, de 1990, que establecía que sus sueldos se igualen a los de los oficiales y subalternos de las FFAA.
La clave
Unidos. El resto de trabajadores del sector público se sumará a los reclamos de los civiles de las FFAA en la conferencia que convocaron para hoy.
Rey anuncia nuevas compras
El ministro de Defensa, Rafael Rey, anunció la posibilidad de obtener nuevas adquisiciones de material bélico de la China, además de los cuestionados tanques MBT 2000.
“No se descartan otras compras militares a China, en la medida de las necesidades técnicas y a que ese equipamiento responda”, señaló.
Anunció también el interés en adquirir aviones Super Tucano brasileños y que existe una oferta económica de la empresa Embraer.
“Falta la decisión política del gobierno”, sostuvo.
Editorial
Fujimori: se hizo justicia
Tal como se esperaba, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que hace de segunda y definitiva instancia en la apelación presentada a la condena a 25 años de prisión impuesta a Alberto Fujimori por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, emitió sentencia ratificando el fallo emitido en primera instancia.
Correspondió al colegiado presidido por el vocal Duberly Rodríguez e integrado por Elsa Barrios, Roberto Barandiarán, Julio Biaggi y José Neyra revisar la sentencia emitida en primera instancia por la Sala presidida por el vocal supremo César San Martín, la misma que consideró probada la participación del ex dictador en los delitos por los que fue extraditado de Chile y juzgado.
A diferencia del primer proceso, que tuvo una duración de año y medio y tomó más de 100 sesiones al tribunal, este segundo fue de trámite más corto (poco más de un mes) pues no requería de presentación de más testigos o pruebas. La labor de los cinco miembros del colegiado se concentró en el examen de la sentencia ya emitida y su fundamentación, que podían confirmar o en su defecto aceptar la nulidad en todo o en parte. En caso de nulidad total, el caso hubiera vuelto a fojas cero para un nuevo proceso.
Esta posibilidad era remota pues existe opinión nacional e internacional unánime respecto de que el proceso a Alberto Fujimori fue llevado de modo imparcial y con todas las garantías por la Sala que presidió el vocal San Martín, la misma que emitió una sentencia impecable e histórica que convirtió a AFF en el primer presidente de la región elegido democráticamente en ser declarado culpable de cuatro casos de violación a los DDHH.
La sentencia confirmatoria registró, sin embargo, un voto en minoría, ya que el vocal Julio Biaggi consideró que la figura de secuestro agravado no se cumplía en los casos Gorritti y Dyer sino que se trataba de secuestro simple. Este desacuerdo, que dio una votación 4-1 en este punto, no fue compartido por los restantes miembros, por lo que la sentencia continuó en pie, con un voto en minoría.
De este modo el primero y más importante de los procesos seguidos a Alberto Fujimori llega a su fin y se convierte en cosa juzgada. Una vez más fracasaron los argumentos del doctor César Nakazaki, quien intentó persuadir al colegiado de declarar la nulidad del caso porque –según él– su defendido no tenía “mando militar” sobre el grupo de aniquilamiento Colina. Esta argumentación, ya desbaratada por el fiscal Avelino Guillén en primera instancia, tampoco fue acogida aquí. El proceso ha concluido y los familiares de las víctimas han obtenido reparación moral para sus deudos. Se ha hecho justicia.
Peru21
Inseguridad en las cárceles
El INPE confirmó que cuatro narcotraficantes fugaron del penal de Abancay. Dos sujetos armados ingresaron al recinto y los liberaron.
Autor: Mijail Palacios Yábar
Habían pasado apenas dos días del motín en el penal de Huancas, en Chachapoyas, cuando, el último sábado, otro incidente confirmó la crítica situación que atraviesan las cárceles en el país. Cuatro narcotraficantes fugaron del penal de Abancay, en Apurímac, luego de que dos sujetos armados ingresaran a dicho recinto, aproximadamente, a las 3:05 p.m., en momentos que se realizaba la visita femenina.
Mientras dos mujeres ingresaban al penal, dos sujetos forzaron la puerta y atacaron a los guardias, hiriéndolos de gravedad. Entraron a las celdas, liberaron a los cuatro reclusos y huyeron. Los nombres de los agentes heridos son Jorge Quispe Arana y Cirilo Quispe Sierra. Mientras que los cuatro internos que fugaron son Saúl Ramos Márquez, Mateo Lizana Ayala, Isaac Alarcón Pedraza y José Machaca Condori.
Ante todo ello, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que se ha decidido retirar al director de dicho recinto y se ha enviado una comisión al penal de Abancay para investigar.
CRISIS. El ex jefe del INPE, Wilfredo Pedraza, en diálogo con Perú.21, señaló que esto ocurre en las cárceles que en los últimos años han tenido un incremento en la población penal por narcotráfico, como es el caso de Abancay y Andahuaylas. “Son recintos pequeños, con muy poco nivel de seguridad, que están en el centro de la ciudad”, dijo.
Pedraza indicó que hay dos problemas álgidos en los penales del país: el hacinamiento y la falta de efectivos penitenciarios y policiales. “En Lima: Lurigancho tiene cuatro veces su población penal. Lo mismo ocurre en el penal del Callao. En el norte: Trujillo, Piura y Chiclayo están hacinados.
En la región oriente la situación es similar. En el sur: Cusco, Arequipa y Moquegua operan en buenas condiciones, aunque Tacna no se salva”, precisó.
Agregó que los 78 penales que hay en todo el país tienen una capacidad de albergue de 23 mil cupos; sin embargo, reciben a 20 mil reclusos más. “El 80% de la infraestructura se encuentra en regular o mal estado”, advirtió.
Pedraza detalló que el número de trabajadores penitenciarios en todo el Perú es bastante bajo. “El INPE tiene alrededor de 5,500 trabajadores, de los cuales 3 mil están vinculados al trabajo de seguridad, quienes tienen una jornada de 24 horas de trabajo y 48 horas de descanso. Al final, solo habría una disponibilidad de mil trabajadores penitenciarios para resguardar a 43 mil reclusos diariamente ”.
Además, los efectivos policiales no superarían los 600 en todo el país. “La participación policial en el control externo de los penales más importantes debe fortalecerse”, acotó Pedraza.
En tanto, tras la renuncia de Jorge León Ballén a la jefatura del INPE, el vicealmirante (r) Rafael Aro Araujo asumió el control de dicha institución.
En 2009 hubo fugas y reyertas
En la madrugada del lunes 11 de enero, un interno del penal El Milagro, en La Libertad, fugó escalando los muros de su pabellón.
El 6 de febrero, una reyerta en el penal de Bagua Grande, en Amazonas, dejó tres muertos y tres heridos.
El 24 de febrero hubo un motín en el penal de Huancas, en Chachapoyas. El saldo fue de 11 heridos. La causa del incidente fue la mala calidad de los alimentos.
El sábado 30 de mayo, fugaron 44 reclusos del penal de San Humberto, en Bagua Grande.
El jueves 31 de diciembre, reclusos del penal de Huancas se amotinaron. El saldo fue dos internos muertos y dos heridos.
El mismo día, un recluso del penal El Milagro, en Trujillo, fue asesinado por otro interno.
La última semana de diciembre hubo un incidente en el penal de Picsi, en Chiclayo. Tras varios días de agonía, el último sábado murió un recluso. Su familia identificó a un técnico del INPE como el agresor.
Sismo de 5.7 grados sacude el centro y norte del país
El epicentro del movimiento fue localizado a 75 km al noroeste de Huaraz (Áncash). El IGP también reveló que el temblor ocurrió a 104 km por debajo de la Cordillera de los Andes.
Los pobladores del Callejón de Huaylas volvieron ayer a vivir, por unos instantes, el pánico que les produjo el aluvión de 1970. Es que un sismo de 5.7 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió con fuerza esa parte del país.
Hernando Tavera, director de Sismología del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que el movimiento telúrico se registró a las 3 y 39 de la tarde y que su epicentro fue localizado a 75 kilómetros al noroeste de la ciudad de Huaraz, muy cerca de la laguna de Parón. Sin embargo, manifestó que no se han producido deslizamientos o desbordes.
“El sismo, que ha sido de una intensidad considerable, fue localizado a 104 kilómetros por debajo de la Cordillera de los Andes, lo que ha originado que se sacudieran ciudades como Lima, Chosica, Cañete, Huaraz, Caraz, Trujillo, Chimbote, Huarmey, Casma, entre otras”, dijo.
Asimismo, descartó que se hayan producido dos temblores seguidos, como se especulaba de acuerdo con informaciones radiales. “Lo que pasa es que cuando un sismo se produce por debajo de la cordillera, una onda golpea 20 segundos después otra zona de la cadena montañosa, lo que da la impresión de que han ocurrido dos eventos sísmicos”, aseveró.
Agregó que el temblor también fue sentido con una intensidad de nivel III –de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada– en la ciudad de Huánuco. Asimismo, Tavera sostuvo que en lo que concierne a la parte central del país, este es uno de los temblores más fuertes que han ocurrido en los últimos meses.
“Hemos hecho un rápido seguimiento con Defensa Civil y pudimos comprobar que la población ancashina solo se ha alarmado y ha salido a las calles como medida de precaución”, anotó Tavera.
Empero, como medida de precaución, los salvavidas y las autoridades en la zona costera de Áncash pidieron a los campistas y veraneantes abandonar las playas ante el fuerte oleaje.
De otro lado, hasta el cierre de esta edición, la dirección regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Áncash informó que no se han reportado daños materiales ni personales en la zona.
NO HAY VÍCTIMAS. “Hemos hecho un monitoreo por toda la región Áncash y se nos ha informado que el sismo se sintió con mayor intensidad en las jurisdicciones de Huarmey y de Chimbote sin registrarse víctimas ni derrumbes”, explicó Germán Velasco, titular de la institución.
ALARMA EN HUARAZ. Acotó que en el centro de la ciudad de Huaraz el evento telúrico también se sintió con una intensidad que alarmó a su población, pero sin causar percances. “En Yungay también hemos hecho un mapeo y todo está tranquilo, tampoco hay problemas respecto de avalanchas en los nevados Huandoy y Huascarán; ni desprendimientos de hielo”, precisó.
Finalmente, el funcionario descartó el desborde de la laguna de Parón a consecuencia del fuerte temblor. “Debemos recordar que dicho estero tiene una zona de seguridad ante la eventualidad de un alud, el cual puede ser amortiguado siempre que no haya ningún tipo de rebalse en la laguna, comentó.
Guillén: Sentencia a Fujimori es inapelable
Carlos Basombrío dice que fallo no alterará índice de intención de voto de Keiko Fujimori.
Fue, como se esperaba, una sentencia extensa y bien sustentada. En 266 páginas la Primera Sala Penal Transitoria plasmó los fundamentos sobre los que se basó para ratificar la condena de 25 años de prisión impuesta al ex presidente Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y el secuestro de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti. Como era previsible, la decisión de los cinco vocales supremos provocó opiniones a favor y en contra.
Si bien el abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, no quiso declarar a Perú.21, en RPP Noticias dijo que con este fallo el Poder Judicial “pretende sepultar a Fujimori en condenas”, y adelantó que llevará el caso hasta el Tribunal Constitucional (TC) y las instancias supranacionales. Sin embargo, el ordenamiento legal no le da la razón al abogado. El fiscal supremo Avelino Guillén explicó que “luego de este fallo lo único que queda es ejecutar la condena, pese a quien le pese. Se han agotado todas las instancias y no se puede desligar el caso del ámbito judicial y acudir al TC, eso afectaría la seguridad jurídica del país”.
En su resolución, el tribunal supremo reiteró que los crímenes cometidos por el ex mandatario son de lesa humanidad y que estos se perpetuaron con su conocimiento y aprobación, por lo que no existe ningún elemento que pudiera atenuar su condena. Alberto Fujimori podrá solicitar al Poder Judicial beneficios penitenciarios después de 18 años de prisión. Su sentencia se cumple el 10 de febrero de 2032.
IMPACTO POLÍTICO. Para el analista Carlos Basombrío, la decisión del tribunal supremo “es el hecho político judicial más importante de la historia del Perú. Sin embargo, aunque se ha ratificado la culpabilidad de Fujimori, no creo que implique un bajón ni una subida en el respaldo a Keiko Fujimori. Creo que los niveles se mantendrán iguales que en la primera sentencia (de abril de 2009) y el 20% que la respalda se mantendrá firme, así como el 70% que pensaba que la primera condena era justa y que se debía ratificar”.
En tanto, el fujimorista Carlos Raffo calificó de “nefasta” la resolución y alegó que “demuestra que el Poder Judicial sigue siendo la punta de lanza contra Fujimori, que ha sido condenado a 25 años de prisión sin pruebas en su contra y acusándolo de secuestro cuando este no se cometió”.
Bono para FF.AA. tendrá nueva fórmula
El presidente de la comisión de Defensa, Luis Negreiros (Apra), reveló que su grupo trabaja en una “fórmula alternativa” para otorgar un bono extraordinario a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la Policía, con el saldo del presupuesto no ejecutado por los diferentes sectores.
Indicó que la propuesta está lista para ser sometida a voto en la Comisión Permanente, pero que puede modificarse hasta que vuelva a ser vista en esa instancia. “Hemos decidido que el bono se obtenga de los saldos no ejecutados por los ministerios, excepto Educación y Salud”, dijo. Negreiros espera reunirse con la ministra de Economía para sustentar su propuesta.
Inversión se recuperaría y crecería 3.4%
Después que el impacto de la crisis internacional sobre nuestros principales indicadores comenzara a disiparse a partir del último trimestre de 2009, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que la inversión privada sería una de las más favorecidas con la recuperación, al punto que en 2010 lograría crecer alrededor de 3.4%.
El gremio empresarial indica que aunque dicho crecimiento no se acerca al 25.6% registrado en 2008 (US$28,712 millones), sí supera con creces la caída de 13% de 2009 (US$23,800 millones). De esta manera, durante este año, la inversión privada retomaría el ritmo de crecimiento llegando a sumar US$24,185 millones.
“Habría un efecto rebote en los inventarios, así como la puesta en marcha de algunos proyectos productivos paralizados en 2009”, anotó.
Capturan a otro capo del cártel de los Beltrán Leyva
Combate al narcotráfico ha dejado en los últimos tres años más de 15 mil muertos.
MÉXICO (EFE).– La Policía federal mexicana detuvo en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, a Carlos Beltrán Leyva, una de las cabezas libres del cártel de los Beltrán Leyva y hermano de Arturo, que murió el mes pasado en un enfrentamiento con la Armada, en el marco de acciones de la estrategia antinarco del Gobierno.
La detención de otro miembro de la familia de los cinco hermanos Beltrán Leyva significa un nuevo éxito en el combate al narcotráfico emprendido por el Gobierno de Felipe Calderón, que comenzó desde su toma de posesión hace tres años y que había recibido fuertes críticas.
Con este segundo golpe contra el cártel de los Beltrán Leyva, que se produce después de la muerte de Arturo Beltrán, uno de los capos más buscados de México, el 16 de diciembre en Cuernavaca, el Gobierno se anota un nuevo triunfo después de los severos señalamientos por emprender un combate al narcotráfico que ha dejado más de 15 mil muertos en los últimos tres años.
Carlos Beltrán Leyva, de 40 años, fue detenido el 30 de diciembre en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, aunque tres días después recién se informó de su captura.
Los cinco hermanos Beltrán Leyva formaban parte del cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín 'El Chapo’ Guzmán, pero se separaron de este grupo porque consideraron que la captura de Alfredo Beltrán, 'El Mochomo’, en febrero de 2008, se debió a una traición del capo sinaloense, por lo que mataron a uno de sus hijos en un ataque con lanzagranadas a un centro comercial en Culiacán.
Esas presuntas traiciones y muertes atizaron la rivalidad entre 'El Chapo’ Guzmán y los Beltrán Leyva, quienes constituyeron su propio cártel y se aliaron con el cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas.
Los Beltrán Leyva, como la mayoría de 'narcos’, son originarios de Badiraguato, Sinaloa, y participan desde hace unas dos décadas en operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y reclutamiento de sicarios.
Chávez regaló 8 mil millones a 'amigos’
Mandatario hizo 50 donaciones a 20 países en el 2009 con fondos públicos. Financió construcción de una planta de generación termoeléctrica en Bolivia.
CARACAS (DPA).– El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) denunció que el presidente Hugo Chávez utilizó en 2009 más de 8 mil millones de dólares de fondos públicos en “regalos” a amigos de su gobierno.
El coordinador nacional de PJ, Julio Borges, exigió al mandatario explicar una serie de donaciones o programas que apoyó financieramente a 20 países, incluyendo la aprobación de 48 millones de dólares para la construcción de una planta de generación eléctrica en Bolivia y la instalación de un cable de fibra óptica con Cuba con una inversión de 70 millones de dólares.
Borges dijo que el presidente tendrá en su próximo mensaje a la Asamblea Nacional (Congreso), antes del 10 de enero, la oportunidad de explicarle al país las razones de las donaciones, regalos y financiamientos.
“El día de hoy le exijo al presidente Chávez que le explique al país en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional con qué derecho decidió regalar, solo en 2009, un total de 8,352 millones dólares”, dijo Borges.
El dirigente indicó que los recursos se traducen en casi 50 regalos concedidos a unos 20 países amigos.
Borges calificó como “un crimen contra el pueblo” que Chávez siga “regalando el dinero de los venezolanos a otros países, mientras que para nosotros hay más impuestos, deuda y mayor costo de la vida”.
Indicó que Chávez debería explicar por qué el 13 de agosto de 2009 dio a Antigua y Barbuda una ayuda de 50 millones de dólares por la quiebra del Stanford Bank o por qué el 10 de febrero Bolivia recibió 80 millones para la construcción de casas prefabricadas.
Añadió que el 26 de junio el presidente de Bolivia, Evo Morales, recibió 170 ambulancias por un monto de 17 millones de dólares, cuando “la salud en Venezuela está en emergencia”.
“¿Por qué el 12 de octubre de 2009 Chávez decidió la construcción de una planta de generación termoeléctrica de 100 megavatios por 48 millones de dólares para Bolivia y el pueblo de Venezuela no tiene electricidad?”, preguntó.
También preguntó por qué el gobierno financió un programa de subsidio para combustible de calefacción a 200 mil familias estadounidenses que le cuesta al país 75 millones de dólares.
Expreso
“Chile consolidará conquista económica”
Pone el dedo en la llaga. Antes de que culmine este año las empresas chilenas serán el sector dominante en la economía peruana y eso motivará que el gobierno mantenga una posición de firmeza frente al espionaje del vecino del sur, advirtió el ex premier Carlos Ferrero Costa.
“Respecto a Chile, este 2010 va a tener tres características. La primera, que va a consolidarse el avance de la conquista económica sobre el Perú. Chile va a convertirse en el primer inversionista extranjero, especialmente en actividades estratégicas, con el consiguiente control sobre nuestro país”, declaró a EXPRESO.
El ex presidente del Congreso de la República aclaró que no se está equilibrando el intercambio de inversiones peruano-chilenas, como dicen algunas informaciones, sino que se ha difundido equivocadamente algunas versiones de capitales peruanos en Chile.
Capitales
“Eso de que allá tenemos más de dos mil millones de dólares en inversiones y ellos acá solo ocho mil no tiene sustento como defensa de las cuerdas separadas. Nosotros no llegamos al 6% de ingreso a su economía, pero hay empresarios peruanos asociados con chilenos que hacen de lobbystas para esta campaña falsa, sin cifras exactas”, agregó.
Para explicar este punto, Ferrero Costa dijo que muchos empresarios peruanos ahora hasta son testaferros de los chilenos, y actúan como operadores para repetir información que los favorezca en ciertos sectores que están subordinados a sus pagos por publicidad.
“Otro punto va a ser la decisión del Tribunal Constitucional sobre el TLC con Chile. Tal vez no alcancen los votos para derogarlo, pero el que se ajuste a las normas no quiere decir que sea conveniente para el Perú. Aunque sea constitucional, está permitido salirse de él. Sería bueno suspenderlo hasta que se dé el fallo de La Haya (sobre el diferendo limítrofe) y luego renegociarlo, para que las condiciones de inversión sean más equitativas”, manifestó.
Espías
Respecto al reciente escándalo por espionaje, y las constantes negativas del gobierno chileno a asumir su responsabilidad por obtener información de nuestras Fuerzas Armadas, el ex premier señaló que la Cancillería ha tomado el rumbo equivocado.
“Nos van a seguir meciendo con la investigación sobre espionaje. El gobierno está esperando que el juez, el fiscal o el ministro diga que sí, que los chilenos espían al Perú. Nos están dejando en ridículo a nivel internacional, porque pareciera que no tenemos una posición firme cuando aceptamos estos paseos”, añadió Ferrero.
Aseguró que Chile no sólo no satisfará el pedido peruano de información, sino que seguirá comprando armas a Estados Unidos, país que seguirá haciendo caso omiso a las cartas de intención en la OEA y la ONU.
El dato
Ferrero Costa afirmó que la economía domina a la política, por lo cual el vecino del sur podría usar su preponderancia en el Perú para manejar a su antojo este tipo de actividades.
César Rojas
Fujimori busca anular condena con recursos de hábeas corpus
Para el abogado Enrique Ghersi el caso está terminado y nada variará sentencia de
25 años de prisión.
El ex presidente Alberto Fujimori no se resigna a estar en prisión hasta el año 2032, como lo acaba de ratificar la Corte Suprema, y por ello alista lo que su defensa denomina “una lluvia de hábeas corpus” para lograr la libertad.
Según informó su abogado César Nakazaki, “la guerra de Alberto Fujimori tiene muchos capítulos por escribir. Puedo adelantar que vamos a promover otros hábeas corpus en paralelo” y no descartó llegar al Tribunal Constitucional.
Y es que la defensa de Fujimori no se había quedado de brazos cruzados esperando la ratificación de la condena a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos, La Cantuta y diversos secuestros. Hace meses inició una “guerra paralela” para cuestionar a los jueces que rechazaron la recusación de los magistrados de la Primera Sala Penal Transitoria.
Recusación
“Cuando nosotros recusamos a la sala de Duberly Rodríguez (es decir la Primera Sala Penal) y esta fue rechazada en primera instancia, en atención al artículo 40 de Código de Procedimiento Penales, hicimos uso del recurso de nulidad. Se nos admitió a trámite el recurso, pero una sala conformada por cuatro civilistas y un penalista dejó sin efecto nuestro recurso de nulidad”, refirió Nakazaki.
Por ello, prosiguió el abogado, interpuso un hábeas corpus conexo por violación del derecho al debido proceso del procedimiento de recusación.
“Esto motivó que interpongamos una demanda de hábeas corpus que está en primera instancia. El objeto de este hábeas corpus es que se regrese el proceso al momento al cual estaba el recurso de nulidad de la recusación, lo que a efectos prácticos sería la anulación de la vista de la causa y la ratificación de la sentencia de la Primera Sala Penal Transitoria y así regresaríamos a la etapa de la recusación”, especuló el letrado.
Nakazaki reconoció que con la ratificación de la sentencia en el extremo del “secuestro agravado”, Fujimori no accedería a ningún beneficio penitenciario.
Sin salida
Para el abogado Enrique Ghersi Silva, los recursos de hábeas corpus que ha empezado a interponer el ex presidente Alberto Fujimori no prosperarán.
“Yo no veo ninguna posibilidad de que prospere un hábeas corpus en este caso, creo que ya está sentenciado, está muy claro desde la sentencia en primera instancia y el Poder Judicial ya tiene formada una idea sobre este proceso”, sostuvo Ghersi. Por tanto, aseveró que “no es ninguna sorpresa la decisión que ha tomado el Poder Judicial”.
El dato
En la víspera, la Corte Suprema ratificó la condena a 25 años de prisión contra Alberto Fujimori por delitos de homicidio y lesiones graves, reiterando que son crímenes de lesa humanidad. Tampoco hubo nulidad en la reparación civil ni en el agravante de secuestro.
Karem Barboza Q.
Tramitan diez cargos contra el ex mandatario
Un total de 44 años y seis meses de prisión acumuló el ex presidente Alberto Fujimori a los largo de todas sus sentencias dictadas en el 2009, aunque algunas aún no han sido confirmadas. Sin embargo este 2010 será otro año que el ex mandatario no olvidará, pues traería consigo la aprobación de otras diez denuncias más por las cuales deberá responder.
Dos de los casos cuyos cuadernos de extradición se vienen elaborando son la Operación Chavín de Huántar y las muertes ocurridas en el penal Miguel Castro Castro, informó el procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos, Pedro Gamarra.
A Chile
En conversación con EXPRESO, Gamarra precisó que estos son dos de “los casos más importantes que se verán este año a fin de concretar que el gobierno de Chile pueda acceder a que sea juzgado”.
Aunque aseveró que en ambos casos el Estado peruano no ha sido perjudicado, sino que estamos ante víctimas particulares, recordó que “existen otros casos como el tráfico de armas a las FARC que sí perjudicaron al Estado”.
“Hay otros casos de corrupción como el del tráfico de armas a las FARC donde estuvo involucrado el ex mandatario. En este caso aún no se señala vista de la causa, pero confiamos que procederá”, aseveró Gamarra.
Procuradores
Adelantó que muchos de estos casos ya tienen la conformidad de la Corte Suprema y sólo es cuestión de que pasen a ser debatidos en el Consejo de Ministros. Además, informó que para la tramitación de estos cuadernillos también contratarán un estudio de abogados en Chile.
Gamarra, finalmente, aprovechó para descartar que su despacho vaya a ser desactivado y agregó que todos trabajan normalmente. Aseveró que con el devenir del tiempo sí serán absorbidos por la Procuraduría Anticorrupción, pero eso sólo sucederá cuando terminen los procesos que involucran al régimen fujimontesinista. (KBQ)
Fiscalía denuncia a 14 militares por decenas de ejecuciones extrajudiciales
A casi 20 años de haberse producido los hechos, el Ministerio Público formalizó la denuncia contra 14 ex militares que pertenecieron al denominado Grupo Colina y que nunca habían sido procesados por los crímenes de Barrios Altos, el periodista Pedro Yauri y el Santa, en Áncash.
La denuncia fue formalizada el pasado 28 de diciembre por la Fiscalía de Derechos Humanos a cargo del fiscal Jaime Schwartz contra los militares por presuntos delitos de homicidio calificado (Barrios Altos) y desaparición forzosa (Pedro Yauri y El Santa).
Entre los denunciados figuran los ex agentes de Inteligencia Fernando Lecca Sequén, Víctor Manuel Hinojosa Sopla, Juan Orestes Epifanio Vargas Ochochoque y Cerna Delgado Salinas.
Otros denunciados
También fueron comprendidos en la denuncia Nº 06-2008 édgar Cubas Zapata, Aydé Terrazas Arroyo, Carlos Caballero Zegarra, Rosa Ruiz Rios, Albert Velásquez Ascencios, Julio Salazar Correa y otros cuatro más.
Según la denuncia fiscal, los ex miembros del destacamento Colina tuvieron participación activa en la muerte de 15 personas en Barrios Altos el 3 de noviembre de 1991; del secuestro y asesinato de 9 campesinos del Santa el 2 de mayo de 1992; y del asesinato del periodista Pedro Yauri en Huacho el 24 de junio de 1992.
Como ha quedado establecido, el Destacamento Especial de Inteligencia Colina consolidó su formación en el mes de agosto de 1991 y fue disuelto a fines de 1992 y formó parte de un aparato de poder cuyas actuaciones se realizaban al margen de la ley.
Inteligencia
Sus acciones no sólo comprendieron operaciones de búsqueda de información de cabecillas terroristas, sino la ejecución arbitraria, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de numerosas personas respecto de quienes existía información de inteligencia militar de presuntos vínculos con las organizaciones terroristas y los delitos que sus miembros ejecutaban, así como la vigilancia y seguimiento de opositores políticos.
El pasado 29 de diciembre de 2009, la denuncia fue derivada de manera aleatoria al Primer Juzgado Anticorrupción a cargo de la jueza Magali Báscones, quien deberá analizar los hechos y decidir si abre o no proceso judicial. (KBQ)
El Comercio
DIFUNDEN SENTENCIA ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHE
No tendrá este beneficio porque uno de los delitos por los que fue condenado es secuestro agravado. Estará en prisión hasta el 2032; recién a partir del 2025 podrá acogerse a la reducción de la pena
A una hora y en un día poco habitual (minutos después de la medianoche del domingo), la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema publicó en la página web del Poder Judicial el texto de la sentencia (de 266 páginas) que ratificó la condena de 25 años de prisión contra Alberto Fujimori.
El fallo del tribunal se esperaba desde hacía varios días, pero los integrantes de la sala (Duberlí Rodríguez, Julio Biaggi, Elvia Barrios, Antonio Barandiarán y José Neyra) recién tomaron su decisión la noche del sábado, pese a que tenían plazo hasta el 7 de este mes. La razón del adelanto fue una: hoy empieza el nuevo año judicial (al parecer, con el nuevo período había la posibilidad de que alguno de los jueces fuese cambiado a otra sala, por lo que la actual terna quería dar el fallo sí o sí).
Esta versión descarta las especulaciones que hubo en los últimos días sobre presiones contra los jueces de la sala o de cambios sustanciales en la sentencia. La única modificación que hubo fue la del juez Julio Biaggi Gómez, quien pidió que se anulara la sentencia por secuestro agravado en los casos de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer y se modificara por la de secuestro simple. Según trascendió, la decisión de Biaggi originó que la redacción del texto final se demorara más de la cuenta.
El resto de delitos (homicidio calificado y lesiones graves por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos) se confirmaron por unanimidad.
NO PUEDE SER INDULTADO
Debido a que Fujimori fue sentenciado por secuestro agravado, no podrá ser beneficiado por el indulto. El penalista Luis Lamas Puccio explicó que hay una ley específica (la 28760) que prohíbe que un condenado por este delito pueda recibir la gracia del indulto.
Lamas Puccio agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado en ese sentido.
En el caso de beneficios penitenciarios, Fujimori podría acogerse cuando haya cumplido dos tercios de su condena, que vence el 10 de febrero del 2032.
LA DEFENSA DE FUJIMORI
El abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, dijo ayer que hoy se reunirá con el ex mandantario para analizar qué estrategia seguirá de ahora en adelante, pero anticipó que la sentencia de la sala transitoria no es la última instancia y que todavía “hay pan por rebanar”. “La defensa tiene tres etapas: primero fue el juicio, segundo fue el recurso de nulidad y tercero los hábeas corpus. En esta última etapa ya entramos”, afirmó.
Nakazaki también comentó que el caso de Fujimori “no es estrictamente jurídico”. “Este es un tema político y mediático. Por eso es muy difícil definir qué va a pasar de ahora en adelante”, comentó en RPP.
Para el abogado de la parte civil, Ronald Gamarra, la decisión de la sala transitoria es definitiva y rotunda.
“No hay nada más. Lo que puede haber (de parte de la defensa) son manotazos de ahogado. Pero posibilidades reales y legales de cuestionar la sentencia no las hay. En el Perú, como en toda democracia, hay un juicio en el que se venció a Fujimori. La sentencia fue impugnada por quien perdió y, ahora, con el fallo de la sala transitoria, se ha cerrado definitivamente el caso”, dijo.
LAS FRASES
El fallo significa más apoyo para el fujimorismo y para la campaña de Keiko Fujimori
LUISA MARÍA CUCULIZA. CONGRESISTA FUJIMORISTA
Esta sentencia culmina un largo camino de casi 18 años por justicia
GISELLA ORTIZ. FAMILIAR DE UNA DE LAS VÍCTIMAS
Opiniones
ALBERTO BOREA. CONSTITUCIONALISTA
La sentencia en primera instancia estuvo muy bien estructurada. Se determinó con nitidez el grado de culpabilidad de una persona (Fujimori) que no puede pretender desconocer esos hechos. Él mismo decía que en el Perú no se movía ni una hoja sin que él lo supiera. El que hace las cosas a tal punto de controlarlo todo no puede dejar de ser responsable de los excesos que se cometen. Una persona que se hace del poder del Estado en contra de las propias leyes del Estado y de la humanidad merece una sentencia que podría estar más allá, incluso, de la que le han impuesto. Este es un asunto ya terminado. Es cosa juzgada y, en consecuencia, tendrá que cumplir los 25 años de prisión. Por ser autor de delitos de lesa humanidad no tendrá beneficios”.
JORGE SANTISTEVAN DE NORIEGA. CONSTITUCIONALISTA
El indulto es una de las facultades presidenciales más discrecionales que hay. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido que no se aplica en los casos de violaciones de los derechos humanos. En el caso de la junta militar argentina se han anulado indultos por esta razón. La facultad de conceder indultos tiene ciertos límites. Y lo que el derecho no acepta es que frente a violaciones de los derechos humanos se utilice esta facultad de perdonar la pena. El indulto no cabe de ninguna manera. Además, en este caso se han respetado todas las garantías del debido proceso. Esto demuestra que en casos excepcionales el Poder Judicial puede estar en los más altos estándares de administración de justicia de cualquier parte del mundo”.
La sala
DUBERLÍ RODRÍGUEZ. PRESIDENTE
Es un de los pocos vocales supremos especializados en materia penal. Fue elegido diputado para el período 1985-1990.
JULIO BIAGGI GÓMEZ. VOCAL
Hijo de un militante aprista. En el 2004, Perú Posible y el FIM lo denunciaron por un fallo que supuestamente favoreció a Agustín Mantilla.
ELVIA BARRIOS ALVARADO. VOCAL
Fue fiscal en la denuncia contra Telmo Hurtado por los crímenes de Accomarca y contra Álvaro Artaza Adrianzén (Caso Pucayacu ).
ROBERTO BARANDIARÁN. VOCAL
Integró la Segunda Sala Anticorrupción a cargo de diversos procesos contra la red de Fujimori-Montesinos
JOSÉ NEYRA FLORES. VOCAL
Fue presidente de la Corte Superior de Justicia del cono norte de Lima y vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Lima.
SE QUEDA EN SANTA ANITA
Cumplirá su condena en la Diroes
El fallo de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema es un veredicto de segunda instancia y, por tanto, definitivo. Sin embargo, la defensa de Alberto Fujimori se empecina en decir que no es la última instancia y que ahora seguirá el camino de los hábeas corpus (ya presentó uno hace un mes). Por eso, la defensa buscaría alguna “ventana” legal para seguir alargando la “agonía” del ex presidente, que deberá cumplir su sentencia de 25 años en la Diroes.
1 Tras el fallo de la Primera Sala Penal Transitoria, la defensa de Alberto Fujimori podría buscar un recurso de queja extraordinario en una de las salas civiles de la Corte Suprema. Sin embargo, César Nakazaki no vería viable este camino debido al desarrollo que —según él— ha tenido el Poder Judicial en el proceso contra el condenado.
2 Nakazaki informó que hace un mes presentó un hábeas corpus que, de resultar favorable, dejaría sin efecto la sentencia de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, por lo que el proceso retrocedería al nivel de la recusación, o sea, a este tribunal. Según el abogado, de esta misma forma podría “atacarse” la sentencia que dictó la Sala Penal Especial que presidió César San Martín y que condenó a Fujimori a 25 años de prisión.
3 Según César Nakazaki, en el Perú el proceso contra Fujimori se define en el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, para que acuda al TC, primero deben haberse agotado las posibilidades en el Poder Judicial (PJ). Además, no descartó acudir a otro poder que no sea el PJ. Esto significaría que podría llegar a un ente supranacional como la Corte Internacional de Derechos Humanos que tanto vilipendió el ex presidente cuando ejercía el mandato.
4 El escenario del indulto es plenamente improbable. Primero porque la ley peruana no lo permite cuando uno ha sido condenado por secuestro agravado. También porque Fujimori ha sido sentenciado por crímenes de lesa humanidad y ha cometido graves violaciones de los derechos humanos.
5 Los 25 años de condena contra Fujimori comienzan a contarse desde el 2007, por lo que la sentencia se cumplirá el 10 de febrero del 2032. Algunos especialistas señalan que Fujimori podría pedir beneficios penitenciarios luego de cumplir dos tercios de su condena, a partir del 2025 y por ser condenado por asesinato y secuestro, su beneficio sería de 7 por 1.
6 No obstante, de acuerdo con el penalista Luis Lamas Puccio, en el caso de los beneficios penitenciarios hay una jurisprudencia internacional, de carácter vinculante, que restringe todo tipo de ayuda a personas que han sido condenadas por violaciones de derechos humanos, que está consignado dentro de las sentencias que ha emitido la Corte Internacional de Derechos Humanos.
7 Aunque Alberto Fujimori podría cumplir su condena de 25 años en un penal de máxima seguridad, el abogado de la parte civil, Carlos Rivera, afirmó que seguirá cumpliéndola en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de Santa Anita.
ACCIONES PREVIAS A LAS ELECCIONES
Destituirían a quienes utilicen fondos públicos
Ejecutivo presentará proyecto de ley para asegurar neutralidad
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, anunció que el Gobierno viene trabajando en una norma rigurosa que garantice la neutralidad en las elecciones regionales y locales de octubre.
El proyecto, que se encuentra en elaboración y será presentado en los próximos días, contempla la destitución de los servidores públicos que utilicen los recursos y bienes del Estado para fines electorales.
“Vamos a garantizar a todos los candidatos que el Gobierno no va a permitir que un funcionario pueda desnaturalizar su función. Si son funcionarios de confianza, los separaremos inmediatamente y si son trabajadores de carrera, el Decreto Legislativo 76 establece las sanciones”, explicó a la agencia Andina.
NO SERÍA NOVEDAD
Para el director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, Fernando Tuesta, el anuncio del primer ministro no traería mayor novedad, ya que existen sanciones para los funcionarios que pretendan servirse de sus cargos para fines personales.
“Los recursos públicos están destinados a un fin dentro de los objetivos de una institución. Si se les da uso de manera distinta, si un funcionario hace uso con fines personales, puede ameritar una destitución y esto se extiende al tema electoral. La figura existe, pero me parece bien que se especifique”, añadió.
APRISTAS RENUNCIARÍAN
Velásquez Quesquén también anunció como señal de transparencia que los militantes apristas renunciarán a sus cargos en el Estado antes de la convocatoria a las elecciones.
“La ley indica que los funcionarios deben renunciar a sus cargos una vez convocadas las elecciones. Nosotros vamos a pedir a nuestros militantes que lo hagan antes de la convocatoria”.
Consultado sobre el tema, el congresista Carlos Bruce (PP) saludó el gesto del gobierno. “Si se cumple, sería una señal positiva de que ningún miembro del Apra usará su cargo para beneficios electorales”.
En tanto, Tuesta se mostró a favor de la propuesta del primer ministro, pero pidió que la defensoría cumpla una función de supervisión.
“Se viene un ciclo electoral que contará con más de 16 mil cargos en disputa. La imparcialidad, neutralidad y transparencia del aparato de gobierno son los tres pilares básicos para que el proceso sea exitoso”.
QUE DICE LA LEY
Pueden postular al cargo de presidente regional los alcaldes, ministros, viceministros, entre otros, que renuncien de manera irrevocable antes de los 180 días para celebrarse los comicios.
Una vez convocadas las elecciones, el Estado queda suspendido de realizar publicidad en su favor en cualquier medio de comunicación.
Tuesta critica encuesta oficialista
Como una señal contradictoria calificó Fernando Tuesta la iniciativa del presidente, Alan García, de manejar una encuesta propia aplicada a 27 mil personas a escala nacional para medir la intención de voto.
“Se estarían utilizando recursos públicos con fines electorales. Una encuesta de tal dimensión implicaría un costo no menor de los 120 mil dólares. El Gobierno puede indagar sobre políticas públicas, pero no sobre la intención de voto y menos si el Apra es parte interesada. Tampoco se pueden ofrecer resultados a través de los medios sin estar inscrito en el JNE”, explicó.
DEMOCRACIA DIRECTA
Un ciudadano responsable debe estar bien informado
Cinco, como los dedos de una mano, son las tareas que todo ciudadano responsable debe plantearse al iniciar este nuevo año, que será eminentemente electoral.
Estar informados, participar, vigilar, no incurrir en actos de corrupción y denunciar esta lacra social son la clave para este 2010, en que se elegirán a las autoridades municipales y regionales y se empezará la carrera por la Presidencia de la República.
Sobre estas responsabilidades ciudadanas trata un capítulo del libro “Ética de la función pública y buen gobierno”, editado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
CULTURA DEMOCRÁTICA
De la citada publicación se desprende que los ciudadanos tienen el derecho y el deber de: acceder a la información pública; participar en la gestión del Estado desde sus niveles básicos; ejercer la vigilancia y el control social; así como denunciar la corrupción. La legislación ampara estos derechos.
Sin embargo, Juan José Ccoyllo, filósofo especialista en descentralización y participación y vigilancia ciudadana, precisa que la tarea le corresponde fundamentalmente al Estado.
Especialista del Grupo Propuesta Ciudadana, Ccoyllo explica que esas responsabilidades parten de la formación ciudadana, tarea que le corresponde liderar al Estado.
“Sin la adecuada formación ciudadana, los derechos pueden usarse para conseguir el beneficio particular y no el bien común, que es la base de la democracia”, agrega.
Indica que se trata de fomentar la cultura democrática, desde las raíces de la sociedad, para hacer buen uso de las herramientas democráticas.
De lo contrario, dijo, se tendrá instrumentos como el presupuesto participativo, desaprovechado tanto por parte de la autoridad como del ciudadano.
Ccoyllo es coautor del Boletín de Vigilancia del Presupuesto Participativo del Sistema de Vigilancia Ciudadana de la Descentralización (Vigila Perú).
En su último número, la citada publicación señala las deficiencias del presupuesto participativo en las regiones. Entre ellas se da cuenta del incumplimiento de los acuerdos adoptados.
Ccoyllo explica que cumplir los acuerdos a que se llegan es uno de los principios democráticos. También lo son: saber escuchar la opinión del otro, aunque no se esté de acuerdo con él; expresar los puntos de vista de manera pacífica y propositiva, sin tener que usar amenazas o regalos.
“Estos obedecen a valores resumidos en la tolerancia y respeto a las diferencias, que garantizan una convivencia pacífica y justa. Eso es la democracia”.
ENFRENTAR EL DESAFÍO
El aprendizaje de la cultura democrática, según Ccoyllo, debe empezar en la escuela y proseguir en la universidad.
“El Estado debería darle a la formación ciudadana la misma importancia que tienen las matemáticas y la comunicación”, recalcó.
“El maestro no puede educar en formación ciudadana si no hace del aula, del colegio, un espacio democrático. Es un desafío que hay que aceptar”, puntualiza Ccoyllo.
Solo así, asegura, se garantiza la adopción de conductas democráticas como forma de vida y no solo cuando conviene.
EN PUNTOS
Juan José Ccoyllo advierte que en este año electoral se debe estar alerta para que las autoridades usen el presupuesto participativo de manera responsable.
Hay que cuidar, dice, que el presupuesto participativo no se utilice como mecanismo de propaganda política.
Los agentes participantes, los comités de vigilancia tienen una gran tarea de control.
SE SINTIERON EN LA COSTA Y SIERRA
Dos sismos sacudieron gran parte del país
Epicentros se ubicaron al norte de Huaraz y al suroeste de Arequipa
El miedo se apoderó de miles de personas ayer a causa de dos sismos de regular intensidad que, de acuerdo con información recogida hasta el cierre de esta edición, no provocaron víctimas .
El más intenso alcanzó los 5,7 grados de magnitud en la escala de Richter y fue percibido en varias urbes de la costa y sierra central. El epicentro se ubicó a 21 kilómetros de Caraz, en Áncash. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 3:38 p.m. y fue sentido por pobladores de Lima, Chosica, Huaraz, Trujillo, Cañete, Chimbote y Huánuco.
La Dirección Regional de Defensa Civil de Áncash descartó daños personales o materiales. Sin embargo, se reportó que tras el temblor las líneas telefónicas dejaron de funcionar por unos minutos en Chimbote.
EN EL SUR
Otro sismo se registró más temprano, a las 6:14 a.m., en Chala, en la provincia arequipeña de Caravelí. El IGP informó que el temblor alcanzó los 4,2 grados de magnitud en la escala de Richter y que el epicentro se localizó a 146 kilómetros al suroeste de Chala.
El movimiento telúrico se sintió con regular intensidad en esta ciudad. No se reportaron daños.
OTRA FALLA EN MENOS DE 48 HORAS
Fugan 4 narcos del penal de Abancay
Sujetos armados entraron a la cárcel en turno de visita femenina. Dos trabajadores del INPE resultaron con heridas graves
A menos de 48 horas del intento de fuga de la cárcel de Huancas, en Chachapoyas (Amazonas), cuatro narcotraficantes lograron escapar del penal San Idelfonso, en Abancay (Apurímac). Los hechos que propiciaron la fuga de los delincuentes el pasado 2 de enero son confusos y ameritan una explicación de las autoridades competentes.
Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a las 3:05 p.m. dos sujetos armados ingresaron al penal detrás de dos mujeres que habían tocado la puerta del establecimiento para ingresar. Era el día de visitas femeninas.
Los sujetos atacaron con armas de fuego a los trabajadores del INPE. Cirilo Quispe Sierra sufrió heridas de bala en el tórax y en el brazo derecho; y Jorge Quispe Arapa, una herida de bala en el pecho. El estado de salud de ambos es grave.
El violento ataque habría posibilitado la fuga de los narcotraficantes Saúl Ramos Marques, Isaac Alarcón Pedraza, José Saúl Machaca Condori y Mateo Lizana Ayala. Tras el incidente se avisó a la policía para controlar las vías de salida de la ciudad de Abancay con dirección a Cusco y Andahuaylas, informó el INPE.
LA OTRA VERSIÓN
Existe otra versión, manejada por testigos, fuentes policiales y periodistas locales, que señala que al momento de los hechos en el penal solo se encontraban los dos trabajadores penitenciarios heridos y no los siete que usualmente cuidan el interior del penal. Los cinco restantes habrían salido de refrigerio. Esta deficiencia en la seguridad habría hecho posible que una mujer no identificada accediera al penal con armas de fuego al no ser sometida a las revisiones que suelen practicarse a las visitas.
Ya con las armas en su poder, dos de los cuatro narcos prófugos hirieron a Quispe Sierra y a Quispe Arapa. Tras su huida del penal, los sujetos y la mujer no identificada abordaron un automóvil Station Wagon en la calle Huancavelica, a unas cuadras del penal.
Cualquiera sea la verdad en torno a esta escandalosa fuga, los fugitivos no habrían tenido tiempo de abandonar Abancay, pues las vías de salida a Andahuaylas y Cusco están a una hora de distancia. Además, en la ruta existen varios controles policiales.
El primer ministro Javier Velásquez Quesquén anunció que hoy se reunirá con los ministros de Justicia, Aurelio Pastor, y del Interior, Octavio Salazar, para establecer una estrategia que evite que en los penales sucedan hechos similares a los de Chachapoyas y Abancay. Asimismo, confirmó que el nuevo presidente del INPE será el vicealmirante Rafael Aro Araujo, quien reemplazará en el cargo al renunciante Jorge León Ballén.
Voceros del INPE reiteraron que León presentó su renuncia hace un mes, antes del controvertido indulto a José Enrique Crousillat y los sucesos en los penales de Chachapoyas y Abancay.
EDITORIAL
Reingeniería de contraloría y lucha anticorrupción
Luego de siete meses de asumir el cargo, el contralor general de la República, Fuad Khoury, anunció el inicio de una profunda reestructuración del organismo con tres urgentes propósitos: fortalecer su autonomía, modernizar sus procedimientos y emprender una lucha firme contra la corrupción en el país.
Nada más urgente y necesario, dada la prioridad de la lucha contra la corrupción, que amenaza no solo la posibilidad de un desarrollo económico sostenido, ordenado y justo, sino también la misma entraña moral de la nación.
La luz roja sigue encendida. Y así lo entiende la mayoría de peruanos que, en reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, creen que la corrupción es un grave problema cotidiano (90%) y que las acciones contra esta lacra son poco o nada eficientes (80%).
No se puede tapar el sol con un dedo. El fracaso de los “zares” y de las iniciativas anticorrupción ha sido estridente y no debe repetirse. Ahora, fue una buena señal, a la espera de resultados, que la Presidencia del Consejo de Ministros haya convocado al ex contralor Genaro Matute para abordar el problema, aunque hasta el momento no se ha informado el alcance de esta comisión de alto nivel. Un aspecto crucial aquí es retomar el programa de transparencia en los portales web de todos los organismos estatales, así como unificar y afiatar el sistema de compras estatales, para conseguir mejor calidad y precio sin maniobras oscuras de por medio.
Sin embargo, la tarea mayor, de momento, sigue correspondiendo a la misma Contraloría General de la República (CGR), que debe velar por el buen uso de los recursos públicos, sobre todo en los procesos de licitación que han aumentado considerablemente dentro del plan de estímulo económico.
Dentro de la anunciada reingeniería de la CGR, no debe soslayarse el hecho preocupante de que el 70% de sus esfuerzos se oriente a resolver los encargos legales, mandatos o denuncias que se realizan a través de diferentes entidades del Estado. Peor aun, en el país existen 4.042 entidades del Estado, pero solo 184 cuentan con un órgano de control institucional (OCI) que depende directamente de la contraloría.
Es decir, no solo hay dispersión de esfuerzos, sino también falta presencia del organismo contralor, ante esta preocupante realidad. Visto el problema en números, hay un 40% del presupuesto, casi 40 mil millones de soles, que no está bajo la supervisión directa de la contraloría.
Todo esto hace perder la perspectiva amplia para articular integralmente un sistema de control permanente y eficiente. Asimismo, debe enfatizarse el enfoque preventivo, que no puede ser descuidado, todo lo cual es afectado por la carencia de presupuesto y personal especializado.
A propósito de esto último, relacionado con la autonomía institucional, sería importante que el contralor informe sobre la convocatoria de nuevos asesores, en vista del confuso incidente que empañó su gestión al inicio, cuando se produjo la renuncia y separación de varios técnicos.
Como señalan los especialistas, urge cambiar los esquemas de gestión dentro del órgano de control. Así como hay que reafirmar la autonomía de la CGR y evitar cualquier interferencia política o de intereses particulares, la reestructuración debe incluir la implementación de mecanismos de coordinación y control con los gobiernos regionales, con herramientas nuevas como el control de gestión por objetivos. Nadie puede ser ajeno a esta cruzada nacional contra la corrupción.
UNA DECISIÓN PRESIDENCIAL QUE NO ESCAPA AL CONTROL
El indulto puede ser revocado
Por: Walter Gutiérrez *
En un Estado constitucional de derecho no existen actos de poder exentos de control. Esta regla está plasmada en el principio de proscripción de la arbitrariedad, que en buena cuenta se refiere a que el poder no es ilimitado y menos aun puede afectar derechos fundamentales. Incluso los actos discrecionales reconocidos en la Constitución, como es el caso del indulto, pueden ser objeto de control. De manera que es un error afirmar que el indulto no puede eventualmente revocarse o anularse si existen razones para esto.
El indulto es un acto de la autoridad política que extingue la pena privativa de la libertad, y obliga al Poder Judicial a archivar el proceso. Según la Constitución el indulto es un acto discrecional, excepcional y limitado.
El derecho admite que la actuación del gobierno y de la administración pública tenga cierto espacio de discrecionalidad, en la medida que al legislador le resulta imposible prever todas las situaciones concretas que se pueden presentar. Pero discrecionalidad no puede confundirse con arbitrariedad. La diferencia radica en que los actos discrecionales deben cumplir una formalidad y deben ser motivados. En el Estado Constitucional no existen los actos regios, es decir, aquellos carentes de motivación o razón.
La ausencia de motivación lo convertiría en un acto meramente voluntario del titular del poder, y por eso mismo arbitrario y contrario al derecho. La motivación del indulto o cualquier derecho de gracia impiden que el poder político interfiera injustificadamente en el ámbito de competencia de otro poder del Estado como es el Poder Judicial. No hay que olvidar que en la práctica el indulto quiebra una decisión judicial y limita el derecho del Estado de persecución y sanción del delito.
La ausencia de motivación del indulto podría afectar también el derecho de igualdad, en la medida en que no se explique objetivamente las razones por las que se le otorga el indulto a un determinado condenado y no a otros que poseen las mismas condiciones. Así las cosas, lo que legitima el indulto es el cumplimiento del procedimiento establecido por ley y la explicitación de las razones para su concesión.
En este sentido, el indulto puede ser declarado nulo si se verifica que no se ha cumplido con los requisitos previstos para ser otorgado. Esto sucedería por ejemplo si un condenado solicita el indulto, y para ello falsea información sobre su estado de salud simulando una enfermedad, o algún funcionario público emite un informe fraudulento que acredite esta condición.
Asimismo, ya que en el Estado constitucional no son admisibles actos ausentes de control, el indulto, si no se hubiese cumplido con el procedimiento y la debida motivación, podría ser cuestionado judicialmente, pues la existencia de un área de actuación estatal liberada de control abre espacios y permite comportamientos arbitrarios y, por consiguiente, contrarios a la Constitución.
[*] Decano Colegio de Abogados de Lima
EL PERÚ EN LA HAYA
Algo más que la equidistancia
Por: Luis Solari Tudela *
El propósito de este artículo es señalar las implicancias que tiene la demanda del Perú ante la corte internacional para que determine la delimitación marítima con Chile.
1. El Perú, previamente a la presentación de la demanda, aprobó la Ley de Líneas de Base, que promulgó el presidente Alejandro Toledo en el 2005 y que ha permitido ampliar nuestro dominio marítimo en alrededor de 190.000 km2 (las líneas de base son trazadas a lo largo del litoral siguiendo la línea de la baja marea). ¿Qué significó esta ley? Que el Perú, adecuándose a la Convención del Mar, dispuso el trazado de estas líneas para proyectar desde ellas perpendiculares de 200 millas en lugar de las paralelas, como lo venía haciendo.
Este nuevo trazado, que el autor de este artículo propuso desde el año 2004 en la octava edición de su obra “Derecho internacional público”, aumenta el área de nuestro dominio marítimo en una extensión mayor a la de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica y Lima juntos o alrededor de cinco veces el área de la equidistancia en la controversia con Chile.
2. La demanda al señalar que el punto Concordia es el inicio de la frontera y no el Hito 1, como sostiene Chile, lleva esta controversia a la frontera terrestre. La corte en su sentencia deberá optar si este es el punto Concordia como lo señala el Tratado del 29 y la practica de cerca de 70 años o el Hito 1, basado según Chile en la colocación de faros de enfilamiento acordada en las actas de 1968 y 1969.
3. La demanda peruana señala que Chile “ha rehusado reconocer los derechos soberanos del Perú en un área marítima situada dentro del límite de 200 millas desde sus costas (y que se encuentran fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) y de la plataforma continental de Chile)”. Esto nos lleva a dos conclusiones:
a) Que el Perú reconoce dentro de su dominio marítimo de 200 millas una zona económica exclusiva, pues en esta el Estado costero tiene “derechos soberanos” (una suerte de soberanía parcial) a diferencia del mar territorial, donde ejerce soberanía. Los derechos soberanos son inherentes a la ZEE.
b) Que Chile se rehúsa a reconocer la extensión de nuestra ZEE en áreas de alta mar y que ahora con la nueva medición de la proyección marítima del Perú caen bajo nuestra jurisdicción se puede explicar por la pretensión de Chile de reclamar en esa zona un mar presencial que ningún país reconoce. (La ley chilena define la extensión de este mar como “aquel meridiano que, pasando por el borde occidental de la plataforma continental de la Isla de Pascua se prolonga desde el paralelo del Hito 1 de la línea fronteriza internacional que separa Chile y Perú , hasta el Polo Sur”).
La superposición del mar presencial chileno se encuentra en la proyección de nuestro dominio marítimo entre Punta San Juan y Camaná, donde el Perú reivindica un triángulo de 26.000 km2.
4. Finalmente, la demanda solicita que la corte fije la línea de delimitación marítima en aplicación de una línea equidistante “que permita arribar a un resultado equitativo” como exige la Convemar que el Perú invoca como derecho internacional consuetudinario. Esta línea equidistante daría al Perú un área de 37.900 km2.
El Perú plantea esta demanda a falta de un tratado de límites que Chile sostiene existe, pero que ahora tímidamente comienza a aceptar que son solo acuerdos pesqueros, como se infiere de las declaraciones del almirante Gonzales de la Marina de Chile.
La línea de la equidistancia no es lo único que está en juego en La Haya.
[*] Ex vicecanciller
RINCÓN DEL AUTOR
El cero sísmico
Por: Richard Webb
En el año 1930 la economía peruana fue devastada por la crisis de Wall Street. Rómulo Ferrero describió el impacto así: “Ya no se podía hablar de crisis sino de una verdadera catástrofe”. Se trataba, dijo, de un Perú que hasta hacía poco vivía optimista y atolondrado como en los días de la falaz prosperidad del guano, que “se halló de improviso en grave situación”. En agosto Augusto Leguía fue derrocado.
En 1940, gran parte de Lima fue destruida por un sismo de 8,2 grados. Guillermo Roose se encontraba en el Club Regatas de Chorrillos y ha descrito el derrumbe de la Costa Verde en todo su largo. “El acantilado se precipitaba sobre la playa, dando la impresión de una gran catarata de tierra, de dimensiones mayores que las de Niágara”. El malecón de Chorrillos cayó “como un huaico”, destruyendo parte del club.
Los años 1950 y 1960 fueron de sismo económico: en cada uno de ellos se produjo un milagro en la producción nacional, con crecimientos de 14,9% y 9,1%, respectivamente.
Los cuatro siguientes años cero —1970, 1980, 1990 y 2000— fueron de sismo político, momentos de giro decisivos en los esquemas políticos y sociales del Perú.
El año 1970 podría considerarse el epicentro de la revolución del general Velasco, por la puesta en marcha de una masiva reforma agraria y otros cambios drásticos en las políticas económicas y sociales. Coincidentemente, fue el año de un devastador terremoto físico, esta vez centrado en Huaraz, que causó unas 70.000 muertes y la destrucción casi total de varias ciudades, incluyendo Huaraz y Chimbote.
En 1980 el giro político consistió en un brusco desmontaje del esquema de gobierno implantado por el golpe militar. Regresó la democracia con la convocatoria a elecciones nacionales y municipales, y fueron eliminadas muchas de las intervenciones estatistas en la economía. También fue el año en que Sendero Luminoso lanzó su ofensiva terrorista.
En 1990, el giro político vino con la elección de Alberto Fujimori y el inicio de un nuevo y profundo cambio en el modelo económico y social, que priorizó el mercado y reforzó los programas sociales, reorientándolos a las comunidades rurales antes ignoradas.
En el 2000 sufrimos un nuevo sismo político con la interrupción del gobierno de Fujimori y el desbaratamiento de un aparato de copamiento y control de las instituciones y de los medios que venía minando la democracia.
¡Feliz Año 2010, pero con los ojos bien abiertos!
UN NUEVO SIGNIFICADO DE PATRIA
La clave del futuro
Por: Raúl Diez Canseco *
Dice el proverbio chino: “Hay un tiempo para ir de pesca y otro para secar las redes”. Pues bien, el llamado cae como anillo al dedo a los numerosos actores políticos y líderes sociales, con trayectoria y trascendencia o sin ellas, grupales o independientes, que disputarán, con todos sus recursos y seguramente palmo a palmo, un espacio político en las contiendas electorales municipales, regionales y nacionales. Son ellos los que permitirán o no que el Perú no se detenga; y, contracorriente de la fiebre electoral, aseguren que lo positivo de las decisiones gubernamentales y las acertadas políticas de Estado que nos rigen desde más de dos lustros atrás, no se alteren por reivindicaciones humanas menudas, retórica altisonante o banderías pasajeras.
El desarrollo sostenible que el Perú ha logrado durante esta década ha sido posible porque se han dado las fuerzas que lo impulsan: medidas macroeconómicas y microeconómicas, jurídicas, de seguridad, estabilidad política y social, etcétera. Este es el primer paso; el segundo tiene que ver con el crecimiento armónico, y esto ocurrirá cuando los peruanos económicamente más débiles, el sector rural donde vive el tercio de la población y los pueblos más alejados palpen que el bienestar material también les alcanza. De allí que el Gobierno, en todos sus niveles, deberá dinamizar aun más sus programas de trabajo, tanto en materializar infraestructura básica como en conseguir financiamiento para aumentarla.
Que las economías emergentes lideren ahora el crecimiento mundial, que las condiciones crediticias en Estados Unidos mejoren y también los términos de intercambio comercial nos permiten avizorar tiempos mejores. Nuestras percepciones aumentan si sumamos los aceptables indicadores macroeconómicos locales, como la balanza comercial superavitaria, el crecimiento afirmativo proyectado para el 2010, el impulso fiscal positivo, baja inflación, el PBI agropecuario al alza en 2,5% durante lo que va del 2009 (por encima de Brasil y Chile), etcétera.
Esos hechos, sólidos como el concreto armado, nos conceden, sin duda, la oportunidad de progresar en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que todavía afecta a millones de peruanos. Específicamente a más del 30% de los 29 millones de peruanos en estado de pobreza y vulnerabilidad alimentaria. Obviamente —reitero— tenemos que mejorar la gestión pública, por lo menos al doble de su velocidad y rendimiento actual y abordar más temprano que tarde la inevitable reforma del Estado.
“Toda la clave del futuro está allí: que el Perú se escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos”. Nos lo advertía ya hace muchas décadas Jorge Basadre (1903-1980), uno de los peruanos más ilustres del siglo XX en su magistral ensayo “La promesa de la vida peruana”. Sus meditaciones recobran ahora sorprendente actualidad. Todavía más cuando tenemos a puertas tres procesos electorales que, por su magnitud e importancia, pueden afectar en negativo la percepción de los inversionistas. Esperemos que esto no ocurra, porque si no hay inversión, no hay creación de riqueza y sin ella no generamos trabajo. Recordemos que necesitamos crear mil empleos por día para mil jóvenes que al día se incorporan al mercado laboral.
“Un país no es solo pueblo”, sentencia el maestro, y nos recuerda lo fundamental del liderazgo, la calidad del mando. Este tiene que ver, obviamente, con los actores, compositores y protagonistas. En suma, con la clase política que debería estar a la altura de las circunstancias para que los peruanos no perdamos el control del progreso.
Que estas reflexiones nos inspiren en moldear nuestro común destino y nos alumbren en el complejo trance entre el tiempo de pesca y el de secar las redes. Y al margen del esmero personal o de grupo de velar por propios principios, ideas y programas, que las ponderaciones afiancen nuestro compromiso irrevocable de trabajar por la unidad de los peruanos, el futuro de las nuevas generaciones y la grandeza de la patria. Una patria que va encontrando su camino porque ha hallado la clave del futuro.
[*] Ex vicepresidente de la República
COMENTARIO DEL EDITOR
¿Por qué ocultar una sentencia?
Por: Juan Paredes Castro
En el Perú nos estamos acostumbrando a un manejo de los asuntos públicos como si fueran privados y a darle carácter de secreto a lo reservado y de contenido solapado a muchas cosas que deben ser de conocimiento abierto y transparente.
Si esta costumbre se arraiga, pronto la complacencia y la permisividad ciudadanas van a hacer volar en añicos lo que ellas mismas vienen ganando con tanto esfuerzo: el acceso a la información pública, venga de donde venga, así sea de los ceremoniosos despachos del Poder Judicial.
A propósito, a todos los medios de comunicación tiene que haberlos sorprendido que el texto de la sentencia ratificatoria de la pena de 25 años aplicada al ex presidente Alberto Fujimori haya sido colgada en la página web del Poder Judicial en los primeros 33 minutos de la madrugada de ayer, alejando en unos casos y anulando en otros la posibilidad de que la noticia pudiera ser ampliamente difundida, principalmente a través de la prensa escrita.
Sabíamos que el texto de la sentencia estaba aprobado y firmado desde la víspera del 1 de enero y que había un plazo holgado para darla a conocer hasta el próximo 7. El problema, sin embargo, no radica en una fecha más atrás o más adelante sino en la hora escogida, cuando noticieros y periódicos ya se habían cerrado, cuando las salas de redacción de los medios de comunicación ya se habían cansado de esperar los anuncios cada vez más vagos y contradictorios de la oficina de prensa del Poder Judicial y cuando la natural suspicacia política alimentaba la sospecha de que este organismo pudiera tener algún interés en bloquear temporalmente la difusión de la sentencia aludida y sus correspondientes efectos en la opinión pública del país.
El presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, Javier Villa Stein, debe demandar una explicación convincente sobre lo acontecido entre gallos y medianoche y ojalá que quien se la dé confirme ante él, sin más trastiendas, la aberrante desinformación que sufrió el país a causa de un manejo burocrático judicial que merece ser investigado severamente.
Sería una pena que los propios magistrados involucrados en la sentencia hubiesen participado, directa o indirectamente, del ocultamiento, algo que no creemos.
TENAZ PERSECUCIÓN EN BARRANCO
Capturan a sujetos que robaron valiosas obras de arte en una casa de Miraflores
Tres ladrones fueron intervenidos en un auto donde llevaban pinturas de la época colonial
Policías de la comisaría de Barranco capturaron ayer a tres sujetos minutos después de que sustrajeran valiosas pinturas de la época colonial, artefactos, joyas, pasaportes y tarjetas de crédito de una vivienda ubicada en la calle 2, en la urbanización El Rosal, en Miraflores.
El comandante PNP Manuel Rivera López, comisario del distrito, informó que, tras cometer el delito, los delincuentes Fernando Alonso Samaniego Orellana, Luis Alberto Córdova Espinoza y Wilfredo Huaccho intentaron huir a bordo de un vehículo marca Peugeot con lunas polarizadas y placas de rodaje adulteradas.
Sin embargo, tras una persecución que duró unos 25 minutos, los tres fueron capturados por la policía a la altura de la cuadra 3 de la calle Talana, en Barranco, luego de que su vehículo chocara contra un Station Wagon. Pese a ello, dos de los ladrones intentaron huir a pie, pero fueron detenidos a los pocos segundos.
Además de los artículos robados, los policías encontraron en el vehículo ketes con pasta básica de cocaína y marihuana, herramientas para abrir puertas y las placas originales del automóvil (BIF-831).
CONEXIÓN CON MÁS ROBOS
El comisario Rivera indicó que, por la modalidad utilizada para cometer su última fechoría, los detenidos habrían participado en el robo ocurrido el pasado 21 de diciembre en la casa de la conocida restauradora de arte Brunella Scavia Vega, ubicada en la cuadra 64 de la avenida Paseo de la República, en Barranco. De este lugar fueron sustraídos 32 valiosas pinturas y óleos.
Sin embargo, Scavia descartó esta versión e indicó que, en su caso, los ladrones se llevaron de su vivienda obras de arte específicas y de gran valor en el mercado. Asimismo, aseguró que la policía barranquina no ha logrado avances significativos en las investigaciones de esta sustracción.
CONCEJO DE LIMA PUBLICÓ NUEVO REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO
Empresas de transporte pagarán S/.720 si maltratan a pasajeros
Sancionarán a quienes manejen a gran velocidad o pongan música a volumen muy alto
La nueva reglamentación para el transporte público fue publicada ayer por la Municipalidad de Lima. Parecen buenas noticias para los usuarios, pues establece, además de las sanciones administrativas, multas para situaciones en que los pasajeros se ven maltratados por los choferes y cobradores.
Así, el maltrato verbal o físico al usuario de un vehículo o a un transeúnte le podrá costar al chofer o cobrador el 20% de una UIT, es decir S/.720. La misma sanción la tendrán quienes lleven pasajeros colgando de la puerta del bus. Los correteos, en que las unidades intentan ganar pasajeros, ocasionarían a la empresa de transporte el pago de 20% de la UIT y al chofer una multa del 3% (S/.180) y la suspensión del brevete por 15 días.
SANCIONES DE GRAVEDAD
Las infracciones administrativas tienen mayores sanciones. Por ejemplo, manejar sin autorización de servicio o con esta cancelada, así como no contar con póliza de seguro acarrearán el internamiento del vehículo y una UIT de multa (S/.3.600). Si la unidad se ve involucrada en un accidente y su chofer no se reporta ante la Municipalidad de Lima en las siguientes 48 horas, la sanción será de S/.1.800 y la suspensión del servicio por tres días.
Javier Baraybar, gerente de Transporte Urbano del Concejo de Lima, dijo ayer a RPP que el objetivo de esta norma es modernizar el transporte público, pues establece que las unidades con más de 20 años de antigüedad no podrán circular en Lima. El Comercio intentó comunicarse con él para profundizar el tema, pero el funcionario no respondió las llamadas.
Según Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, es positivo que las empresas de transporte asuman su responsabilidad en las infracciones. También resaltó que las nuevas infracciones establezcan responsabilidades a la empresa, el propietario, el chofer y hasta el cobrador. El reglamento se empezará a aplicar en 150 días.
PRECISIONES
Negarse a recoger a escolares, mujeres embarazadas o discapacitados acarreará una multa para la empresa de transporte del 20% de una UIT (S/.720) y para el chofer responsable del vehículo del 3% (S/.108).
Detener el autobús en la vía pública haciendo tiempo para recoger pasajeros también generará una multa de S/.720 (20% de la UIT) a la empresa.
El conducir con la música a volumen muy alto tendrá una multa de S/.360 (10% de la UIT) para el chofer y el cobrador.
Llamar a los pasajeros a viva voz será multado con S/.360.
APURÍMAC. SON BUSCADOS INTENSAMENTE
Vigilan vías de salida de Abancay para evitar huida de delincuentes
Cuatro narcotraficantes fugaron de penal de Abancay. Dos agentes del INPE sufrieron graves heridas de bala durante fuga
A menos de 48 horas del intento de fuga de la cárcel de Huancas, en Chachapoyas (Amazonas), cuatro narcotraficantes lograron escapar del penal San Idelfonso, en Abancay (Apurímac). Los hechos que propiciaron la fuga de los delincuentes el pasado 2 de enero son confusos y ameritan una explicación de las autoridades competentes.
Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a las 3:05 p.m. dos sujetos armados ingresaron al penal detrás de dos mujeres que habían tocado la puerta del establecimiento para ingresar. Era el día de visitas femeninas.
Los sujetos atacaron con armas de fuego a los trabajadores del INPE. Cirilo Quispe Sierra sufrió heridas de bala en el tórax y en el brazo derecho; y Jorge Quispe Arapa, una herida de bala en el pecho. El estado de salud de ambos es grave.
El violento ataque habría posibilitado la fuga de los narcotraficantes Saúl Ramos Marques, Isaac Alarcón Pedraza, José Saúl Machaca Condori y Mateo Lizana Ayala. Tras el incidente se avisó a la policía para controlar las vías de salida de la ciudad de Abancay con dirección a Cusco y Andahuaylas, informó el INPE.
LA OTRA VERSIÓN
Existe otra versión, manejada por testigos, fuentes policiales y periodistas locales, que señala que al momento de los hechos en el penal solo se encontraban los dos trabajadores penitenciarios heridos y no los siete que usualmente cuidan el interior del penal. Los cinco restantes habrían salido de refrigerio. Esta deficiencia en la seguridad habría hecho posible que una mujer no identificada accediera al penal con armas de fuego al no ser sometida a las revisiones que suelen practicarse a las visitas.
Ya con las armas en su poder, dos de los cuatro narcos prófugos hirieron a Quispe Sierra y a Quispe Arapa. Tras su huida del penal, los sujetos y la mujer no identificada abordaron un automóvil Station Wagon en la calle Huancavelica, a unas cuadras del penal.
Cualquiera sea la verdad en torno a esta escandalosa fuga, los fugitivos no habrían tenido tiempo de abandonar Abancay, pues las vías de salida a Andahuaylas y Cusco están a una hora de distancia. Además, en la ruta existen varios controles policiales.
El primer ministro Javier Velásquez Quesquén anunció que hoy se reunirá con los ministros de Justicia, Aurelio Pastor, y del Interior, Octavio Salazar, para establecer una estrategia que evite que en los penales sucedan hechos similares a los de Chachapoyas y Abancay. Asimismo, confirmó que el nuevo presidente del INPE será el vicealmirante Rafael Aro Araujo, quien reemplazará en el cargo al renunciante Jorge León Ballén.
Voceros del INPE reiteraron que León presentó su renuncia hace un mes, antes del controvertido indulto a José Enrique Crousillat y los sucesos en los penales de Chachapoyas y Abancay.
AL GRANO
"Alguien se descuidó"
Por: Wilfredo Pedraza *
¿Los sucesos en Abancay y Chachapoyas evidencian una falla en el sistema de seguridad de los penales?
Alguien se descuidó en sus funciones. Usualmente una administración penitenciaria refuerza sus medidas de seguridad entre diciembre y enero. Estas previsiones se dan con énfasis en penales con gran población penitenciaria como el Miguel Castro Castro y el Lurigancho.
¿Entonces falló la seguridad en ambos penales?
Yo separaría ambos casos. En el penal de Chachapoyas se dio un acto de indisciplina grave por parte de un grupo grande de reos dentro de un establecimiento que tiene la mejor infraestructura penitenciaria del nororiente; mientras que en el de Abancay se suma una serie de hechos: una infraestructura de más de 100 años de antigüedad y la preparación de una fuga, claramente planificada por narcotraficantes.
¿Solo una pésima infraestructura explica la fuga de reos?
Otro grave problema es la reducción de policías que vigilan los exteriores de los penales. Desde el 2005, se ha ido reduciendo el número de policías.
¿Otro problema es el escaso control de los crímenes que se planifican desde las cárceles?
Entre el 2004 y el 2005, cuando estuve al frente del INPE, solicité a la policía información sobre los delincuentes que dirigen sus crímenes desde los penales, pero no se nos dio esa información que pudo ayudarnos a tomar medidas concretas. Entiendo que esa escasa colaboración persiste hasta el día de hoy.
[*] EX PRESIDENTE DEL INPE
ESTADOS UNIDOS. PARTES NO SE PUSIERON DE ACUERDO
Aplazan por dos semanas juicio contra Allison
Juicio debía iniciarse hoy pero se postergó por negociaciones de abogado de Allison
Por: Enrique Flor Especial para El Comercio
MIAMI. La Corte Federal del sur de la Florida aplazó por dos semanas el juicio contra el ex ministro de Vivienda peruano Francis Allison Oyague y su esposa Carla Robbiano Montes que debía iniciarse hoy, según los documentos judiciales a los que obtuvo acceso El Comercio.
El juez Federico Moreno reprogramó la audiencia a la que deberán comparecer Allison y su esposa para el martes 19 de enero a las 9 a.m. Trascendió que las partes en conflicto no habrían logrado llegar a un acuerdo sobre el reconocimiento de culpabilidad de parte de los esposos Allison y así evitar ir a juicio, por lo que el Moreno habría ordenado para el 12 de enero una nueva conferencia de coordinación, antes de la audiencia, entre la fiscalía, el abogado de los Allison y el propio Moreno.
Como se recuerda, la pareja fue acusada por las autoridades estadounidenses, el pasado 5 de noviembre, de falso testimonio, omisión de declaración y contrabando de dinero luego de que pretendieran abordar un vuelo a Lima ocultando US$30.250. Desde entonces, ambos guardan arresto domiciliario en casa de un familiar en Weston.
La Primera
Tras reunión concertada entre Ántero Flores Aráoz y representante de consorcio israelí recomendado por él, llegaron los millonarios contratos con FF.AA.
Rómulo hizo faenón en Ministerio de Defensa
La empresa Elbit System, cuyos representantes fueron recomendados en enero de 2008 por Rómulo León Alegría al ex ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, vendió a las Fuerzas Armadas, pocos meses después de estas gestiones, equipos por un monto de S/. 64’802,074. Esto pese a que no estaba registrada ni autorizada para ser proveedor del Estado, según los organismos reguladores de las adquisiciones y contrataciones del Estado.
Cuando hace unos meses la prensa conoció la correspondencia mantenida entre Flores Aráoz y León Alegría, el ex titular de Defensa acudió al Poder Judicial para aclarar su situación legal; pero hasta la fecha no ha sido citado a declarar en las investigaciones realizadas por las actividades de León, así lo reconoció Flores Aráoz a LA PRIMERA.
La empresa Elbit System, de origen israelí, está representada en el Perú por Soclar, que a su vez está dirigida por el socio y amigo cercano de León, Carlos Motte. Además, el protagonista del escándalo de los petroaudios usó a la compañía Soclar para que el dominicano Fortunato Canaán inicie sus primeras operaciones comerciales en el Perú.
Motte era quien se presentaba en las licitaciones y concursos de las Fuerzas Armadas en representación de Elbit System, en sociedad con su hijo, el acusado por narcotráfico Christian Motte.
El 29 de setiembre de 2008 Elbit System, firma recomendada por León de manera personal y mediante un correo electrónico a Flores Aráoz, suscribió su primera venta de equipos de comunicaciones al Ejército por S/. 12.4 millones. Entre setiembre de 2008 y julio de 2009, cuando Flores Aráoz fue removido de su cargo, Elbit System facturó a las FFAA S/. 25’923,061. Entre setiembre de 2008 (en que se concretó su primera venta) y setiembre de 2009 vendió a las FFAA S/. 64’802, 074. El último contrato fue por la venta de un sistema FLIR y visores nocturnos para un helicóptero MI-17 asignado a la zona del VRAE por S/. 8’816,400. Este último contrato fue suscrito por Uzi Tishel, el amigo de Rómulo León, con quien se reunió Ántero Flores Aráoz el 28 de enero de 2008 a instancia suya.
El ex ministro de Defensa reconoció a LA PRIMERA haberse reunido con el empresario israelí luego que su amigo León Alegría lo visitara en su despacho el 9 de enero de 2008 y le solicitó que conceda una cita a representantes de la referida empresa israelí, quienes además deseaban que visitara su stand en la XV Feria Internacional del Aire y Espacio 2008 a efectuarse del 31 de marzo al 6 de abril en Chile. Un día después, el 10 de enero de 2008, León le remite un correo al entonces ministro en el cual le dice: “los amigos de Elbit–Israel están enviándote una carta confirmando la venida de Uzi Tishel para la cita en tu despacho el lunes 29 a las 12 m”. En respuesta y dando a entender la acogida que tenían los pedidos de su amigo, Flores Aráoz, el 13 de enero del 2008, escribe: “Rómulo, en espera del informe que he solicitado sobre el tema”.
Así, el 25 de marzo de 2008, el vicepresidente de Elbit System, Zeev Golfer, invita al ministro de Defensa al stand de su empresa en la XV Feria Internacional del Aire y del Espacio. El 26 de marzo Flores Aráoz le responde a éste para “agradecer su gentil invitación a visitar el stand”. El encuentro en Chile incluía una cena para continuar con las conversaciones que Flores Aráoz sostuvo en su despacho con los representantes israelíes de Elbit System.
El mismo 26 de marzo Flores Aráoz envía un correo a León Alegría con el siguiente texto: “La visita es apretadísima. Ten en cuenta que sólo estaré lunes y martes por la noche vuelvo. Fuerte abrazo”, a lo cual León le responde: “Lástima que no tengas tiempo en la Fide para cenar con los amigos de Elbit Israel, que se quedaron muy satisfechos contigo cuando los recibiste en tu despacho. De todas maneras se acercarán a ti cuando estés en la feria…”. Finalmente, por motivos políticos, el ex titular de Defensa no viajó a Chile.
Al respecto, consultado por LA PRIMERA sobre las suspicacias que despiertan que coincidentemente Elbit System haya empezado a vender al Estado peruano luego que sus representantes acudieran a su despacho a instancia de León Alegría, el ex ministro de Defensa aseguró que las sospechas no tienen asidero. Dijo que él no era quien decidía qué proveedor era contratado por el Estado, sino que era el jefe de cada Fuerza Armada el que lo hacía, previa resolución ministerial convocando a un proceso de licitación. “Este es un sistema en que hacen nombrar un comité, determinan las ofertas y toma su decisión cada instituto”, acotó Flores Aráoz tras sostener que sólo escuchó la exposición que le hicieron los representantes de Elbit System en su despacho sobre las bondades de sus productos, antes de derivar los documentos a cada instituto armado.
Sin embargo, LA PRIMERA le recordó que en una entrevista concedida a un diario local en febrero de este año dijo sobre el tema lo siguiente: “Nosotros no hemos comprado a Soclar, el contrato lo firma Elbit…además, logramos una rebaja de US$ 1’219,204 para las FF.AA”, ante lo cual el ex ministro dijo: “no pues, cuando digo nosotros, es el sistema del Ministerio de Defensa”.
Asimismo, Flores Aráoz dijo a LA PRIMERA que desde años anteriores esta empresa se asociaba con otras y así podía ser proveedora del Estado desde gobiernos anteriores, ante lo cual este diario le preguntó por qué entonces no aparecía registrado ni como integrante de un consorcio con su nombre primigenio C41 Tadirán en Consucode (hoy Osce) ni en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace) ni en el Ministerio de Economía y Finanzas, ante lo cual el ex ministro leyó el contenido de un amplio folio en el cual aparece la empresa primigenia C41 Taridán como proveedora del Estado entre 1974 y 1975.
Cuando este diario le insistió a Flores Aráoz sobre la razón por la cual ni Elbit System ni C41 Taridán aparecen en los registros, esta vez dijo que porque la buena pro adjudicada a este empresa en agosto de 2008 fue bajo la adquisición del sistema Cace (Comité de Adquisiciones y Contrataciones en el Extranjero)”, sin embargo, existen otras empresas de origen extranjero que sí figuran en los registros de los organismos reguladores. Recién el pasado 30 de diciembre, el mismo día que LA PRIMERA sostuvo la entrevista personal con Flores Aráoz, apareció en la guía de proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) el registro como proveedor de Elbit System. Es decir, cuando en 2008 León Alegría gestionó sus recomendaciones esta empresa aún no estaba inscrita, lo cual demuestra que Elbit System no estaba autorizada para venderle al Estado, pero aún así lo hizo.
Vilma Escalante
Redacción
Según documentos de Registros Públicos, pese a que Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se lo prohíbe.
Magistrado de TC sería asesor legal de empresa
LA PRIMERA tuvo acceso a documentos que demostrarían que el magistrado del Tribunal Constitucional, Ricardo Beaumont, sería el representante legal de la empresa Ansaldo Energía-Sucursal Perú a pesar de que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 13 establece sobre la dedicación exclusiva de los magistrados se lo prohíbe.
Según consta en la oficina registral de Lima y Callao, mediante documento del 24 de mayo del 2001 legalizado mediante notario residente en Génova, Rosa Voiello, por el Consulado General del Perú en Génova, el 4 de junio de ese año, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú del 26 de junio del mimo año, la empresa Ansaldo Energía S.p.A debidamente representada por Giuseppe Zampini otorga poder especial a favor de los señores Ricardo Beaumont Callirgos y Zolia Dávila Paredes.
Para, entre otras cosas, finiquitar todas las relaciones comerciales con todos los clientes de Ansaldo Energía S.p.A Sucursal Perú, encargarse de todos los créditos que Ansaldo Energía-Sucursal Perú pudiera tener, en especial el referido a los 47 pagarés pendientes de pagos de 50 mil dólares cada uno, los que hacen un total de 2’350,000 vencidos entre 1991 y 1992 relativos al certificado de pagos por obras realizadas a ElectroPerú S.A por parte de Ansaldo Energía, en aquel entonces Gie, en la obra de la Central Hidroeléctrica de Restitución , ubicada en el campamento campo Armiño en Huancavelica.
También para que se hagan cargo del proceso administrativo que Ansaldo Energía S.p.A – Sucursal del Perú sigue ante la Superintendencia Nacional de Aduanas-Sunad iniciado en su representación por la agencia de Aduanas Ulises Vizcardo sobre reclamo contra resolución de Intendencia.
En los Registros Públicos, además, se da cuenta que mediante escritura pública del 5 de octubre del 2004 que Ansaldo Energía, esta vez representado por Mauricio Apruzzese, amplía las facultades de representación a ambos autorizándolos a suscribir en su representación el acuerdo de pago de deuda con la República del Perú, autorizarlos a retirar del Banco Continental o de otros los 47 pagarés vencidos representativos de la deuda y recibir los nuevos pagarés para ser entregados a este banco para su remisión al poderdante (la empresa)
Consultado al respecto por LA PRIMERA, el magistrado aseguró que ya no era apoderado de Ansaldo Energía-Sucursal Perú y que aparecía en los registros de forma histórica, es decir que éstos no habían sido actualizados.
Desde el 15 de diciembre último dijo que esperaba que le remitan desde Italia la aclaración respectiva. Sin embargo, en tres oportunidades postergó una entrevista personal con este diario para que aclare y/o demuestre que ya no tiene relación con esta empresa, aduciendo falta de tiempo.
Vilma Escalante
Redacción
Amigo de Giampietri en el Inpe
El jefe del gabinete ministerial, Javier Velásquez, anunció ayer que el nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), será el vicealmirante ( r ) Rafael Aro Araujo, quien fue dado de baja de la Marina de Guerra, por renovación de cuadros y está estrechamente vinculado al primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri.
Fuentes del Inpe aseguran que Aro Araujo ha sido impuesto en ese organismo penitenciario con la consigna de flexibilizar el régimen penitenciario del condenado a 25 años de cárcel, Alberto Fujimori.
Las mismas fuentes indicaron que el ex oficial de la Marina de Guerra, Rafael Aro, juramentó al cargo el 24 de diciembre pasado, a las 4:00 de la tarde en el Ministerio de Justicia, en reemplazo de su antecesor Jorge León Bayén, pero que ha venido ejerciendo la jefatura del Inpe, hasta la fecha, sin que haya salido publicada su resolución en el diario oficial “El Peruano”.
Indicaron, asimismo, que Aro no sólo tendría la consigna de favorecer en su carcelería al ex dictador Alberto Fujimori, sino también a toda su red de corrupción que operó durante su gobierno y que ahora igual que él están procesados y condenados por la justicia encontrándose presos en distintos penales de la capital a fin de que también se beneficien con la flexibilización carcelaría.
Se dice también que el ex marino Rafael Aro es de confianza del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, preso en la Base Naval del Callao.
César Ascues Uribe
Redacción
Piden juristas y representantes de organismos de derechos humanos tras ratificación de condena a 25 años de cárcel.
Penal de máxima seguridad para ex dictador Fujimori
Juristas y representantes de organismos de los derechos humanos demandaron que el ex dictador Alberto Fujimori cumpla su condena de 25 años de prisión en un penal de máxima seguridad como el “Miguel Castro Castro”, ex Canto Grande, o el penal de Aucallama.
Sin embargo, dijeron que en caso la decisión sea que permanezca en el penal unipersonal de la Dinoes, exigirán que el ministro del Interior, a través del Inpe, ordene redoblar las medidas de seguridad para que ese recinto no continúe siendo el local de campaña del fujimorismo.
Varias denuncias sobre las irregulares visitas hasta altas horas de la noche de diversos personajes -incluidos los integrantes del grupo musical “Los Iracundos” y la bruja personal del reo- así como la salida de Fujimori fuera del recinto penitenciario de la Dinoes fueron difundidas en su oportunidad por la prensa local.
Inapelable
Para el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, el fallo que ratifica la pena de 25 años de cárcel demuestra que Fujimori es autor de un conjunto de delitos de lesa humanidad, y del secuestro agravado del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti.
Explicó que la condena de 25 años vence en el 2032 y que el megajuicio contra Fujimori estuvo enmarcado dentro del cuadro legal.
“Este fallo es definitivo e inapelable. Ahora el abogado de la defensa César Nakasaki está en su derecho de buscar alguna salida legal, pero sabe bien como abogado que su defendido Fujimori es un “reo rematado” porque perdió la batalla legal ante del Poder Judicial y eso que dice que planteará nulidad a la sentencia o un hábeas corpus y que además acudirá al Tribunal Constitucional y organismos internacionales, son los resultados de los típicos manotazos de ahogado. Ahora se debe ejecutar la sentencia “, sostuvo.
Contundente
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), manifestó que la condena de 25 años de cárcel es el resultado de la cantidad de pruebas contundentes que encontraron los magistrados en el megajuicio.
“El proceso contra Fujimori ya acabó con la confirmación de la condena de 25 años de cárcel, porque se demostró fehacientemente que cometió crímenes de Estado a través del Grupo Colina”, dijo el abogado.
Por su parte, Gloria Cano, del área legal de Aprodeh, señaló que el dictamen con 261 páginas emitido por la Primera Sala Penal Transitoria Suprema, que preside Duberlí Rodríguez, tiene fundamentación jurídica y los argumentos de Fujimori han sido derrotados.
“Los cinco votos de unanimidad de los magistrados del tribunal ratifican que Fujimori cometió delitos de lesa humanidad y ese dictamen es contundente”, sostuvo.
Francisco Soberón, director de Aprodeh, saludó el fallo histórico del Poder Judicial que ratificó en todos sus extremos la condena de 25 años de prisión para Alberto Fujimori porque sienta precedente a nivel nacional e internacional para que los casos de violaciones de los derechos humanos no queden impunes en ningún lugar del mundo.
César Ascues Uribe
Redacción
Analizarán conclusiones de cuestionado informe oficialista presentado por comisión que investigó “baguazo” y adoptarán nuevas medidas.
Apus vienen a Lima para decidir retiro del diálogo
El secretario nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Saúl Puerta, informó que los apus de las ocho regiones que integran esta asociación sostendrán el próximo domingo 10 de enero una reunión en Lima para evaluar si continúan o se retiran de las Mesas de Diálogo instauradas tras el baguazo pues consideran que el gobierno ha utilizado estas instancias de concertación para lavarse las manos “teñidas de sangre”.
Puerta detalló que los representantes de los pueblos amazónicos, antes de tomar cualquier decisión, analizarán las conclusiones a las que ha llegado la comisión investigadora de los hechos ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio, documento que representantes de las comunidades nativas se negaron a firmar.
“Los pueblos indígenas están indignados porque sus dirigentes siguen siendo perseguidos, creíamos que en este informe se iba a buscar la verdad y la reconciliación. Sin embargo, ha generado mayor desconfianza. A través de las mesas el gobierno ha tratado de limpiarse la cara y las manos que tiene teñidas de sangre por la muerte de nativos y policías. El informe no es imparcial y no lo vamos a aceptar”, puntualizó el dirigente nativo tras reiterar que el informe entregado la semana pasada no encuentra ninguna responsabilidad en el ex premier Yehude Simon; la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas; la ex ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz; el ex titular de Defensa; Ántero Flores-Aráoz; y los generales de la Policía Javier Uribe y Luis Muguruza.
Alista demanda
Por su parte, Felipe Bazán Caballero, el padre del mayor Felipe Bazán Soles, desaparecido en Bagua, cuestionó que los integrantes de la comisión investigadora no hayan hecho nada para recoger datos que ayuden a ubicar el cuerpo de su hijo. Reiteró que espera conocer las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público para entablar una demanda contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de su hijo. Bazán confirmó que existe la intención de archivar el proceso seguido en la Fiscalía Provincial de Uctubamba que investiga a los jefes de la Policía Nacional que comandaron la operación de desbloqueo de la Curva del Diablo y la Estación Nº 6 de Petroperu. “Espero que con la detención del presunto asesino de mi hijo no se cierre el caso, pues mientras no encuentre su cuerpo para mí seguirá vivo”, sentenció.
Marco Cáceres
Redacción
Recuadro
“Este 5 de Enero se cumplen siete meses de la desaparición de mi hijo. Están tratando de exculpar a los altos mandos de la Policía responsabilizando de su muerte sólo a los nativos. Acudiré hasta la Corte Interamericana para reclamar justicia”, indicó Felipe Bazán Caballero.
Rey anuncia más compras de armas a China
Pese a los cuestionamientos presentados, el ministro de Defensa, Rafael Rey, confirmó ayer que el gobierno suscribirá el contrato de compra de los tanques chinos MBT 2000 en los próximos días. Luego anunció que el Perú realizará otras adquisiciones militares a China. “No se descartan otras compras militares a China, en tanto que tengamos las necesidades y en la medida que técnicamente ese equipamiento responda a los requerimientos que el Perú tiene”, indicó.
Sobre la compra de estos tanques, José Robles, investigador del Área de Defensa del Instituto de Defensa Legal, y el general Rafael Hoyos de Vinatea opinaron que en esta operación primó el interés político y no las necesidades del Ejército Peruano. “Lo que veo acá es que han primado las decisiones políticas con el gobierno de China y no las especificaciones técnicas del Ejército. Me preocupa la parte logística. Lo lógico hubiese sido comprar los tanques rusos que ya han sido probados en combate”, recalcó Robles.
Por su parte, el general Hoyos dijo esperar que los tanques chinos pasen todas las pruebas en el terreno, de lo contrario “alguien tendrá que responder por las fallas que puedan presentarse tras la compra”.
Asimismo, Robles hizo ver la necesidad que todas las compras a futuro sean transparentadas, pues con los tanques será adquirido todo un sistema de armas que hasta el momento nadie conoce cuales es ni qué calidad tiene.
Sin embargo, el ministro Rey insistió ayer en que China está erigiéndose como una de las principales potencias mundiales en el ámbito militar. “La interrelación del Perú con la China es una decisión de proyección lógica, que por otro lado está siendo adoptada por la mayoría de los países”, afirmó.
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