Friday, January 15, 2010

[RED DEMOCRATICA] OP.: LAS SECUELAS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1992

 

LAS SECUELAS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1992

Escribe: Juan Carlos Herrera Tello (*)


Aun no termina por escribirse la página fallida de los militares institucionalistas, que intentaron devolverle la democracia al Perú aquel 13 de noviembre de 1992, no termina porque la ignominia y la bajeza aun permanecen dentro de los ambientes castrenses las cuales para su eliminación se la deberemos al tiempo, hasta que cada uno de aquellos que firmaron el "Acta de Sujeción" se haya ido, así como toda aquella impronta que recuerde acto tan vergonzoso como artero contra la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas.


La democracia pudo ser restaurada en aquella fecha, y nos hubiésemos evitado la indecorosa propalación de videos, de políticos comprados y de empresarios cómplices. Pero nos dejó aquel gesto, lecciones imperecederas como el porqué de la determinación del ex Presidente Fujimori en refugiarse en la Embajada del Japón ante el peligro de perder el gobierno y de conocerse el rol que cumplía Vladimiro Montesinos en todo el armazón del llamado "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional"


Cuando en 1995, se les amnistió de acuerdo a la Ley Nº 26479 se excarceló a los militares del "13 de noviembre" pero no fueron reincorporados a su institución y quedaron subsistentes las medidas administrativas exclusivamente para estos oficiales ya que el resto, especialmente los violadores de derechos humanos llegaron a percibir su sueldo hasta en prisión, un ejemplo claro es el de Martin Rivas, que cuando estuvo oculto al ser un perseguido por la justicia, se le abonaba puntualmente su pensión, la misma que era cobrada en cajeros automáticos.


Recién en marzo del año 2001, se da la Ley Nº 27436 donde se deroga la segunda parte del artículo 4º de la Ley de Amnistía dejando sin efecto las medidas administrativas contra los oficiales del "13 de noviembre" además que los reincorpora y luego se autoriza el reconocimiento de los derechos de los uniformados institucionalistas. Acá parecía culminar el sufrimiento no solo de los oficiales sino además de las familias de estos, pero no fue así, ya que los Ministros de Defensa empezando por Ledesma, Waisman, Loret de Mola y Chiabra, opinaban que la ley no decía expresamente que se les reconocía el tiempo de servicios.


Todos estos oficiales liderados por Jaime Salinas Sedo, volvieron a los cuarteles por la puerta grande como así lo informó en su debida oportunidad "Caretas", y atrás quedaron las torturas, las persecuciones a las familias, los desplantes y concretar la igualdad de su caso cuando el Congreso Constituyente antes de cerrar su paso en la historia constitucional del Perú,  les dio la amnistía junto a Martín Rivas y sus secuaces.

En marzo de 2005, se da la Ley Nº 28472, ley que amplía los beneficios otorgados por la Ley Nº 27436, donde justamente se precisa el reconocimiento del tiempo de servicios y ascenso al Grado inmediato superior. Este dispositivo legal tiene características singulares, la primera porque fue observada por el Poder Ejecutivo, de tal manera que el ex presidente Toledo se negó a firmarla y tuvo que ser promulgada por el Presidente del Congreso que no era del partido toledista en aquel momento, Antero Flores Araoz.


La falta de lógica en el actual aparato del Ministerio de Defensa deja mucho que desear, es más, incurre en incumplimiento ante el mandato legal de leyes clarísimas y de varias Acciones ante el Tribunal Constitucional ganadas, pero aún el Ministerio de defensa se rehúsa a acatar las órdenes emanadas ya no solo por la Ley sino además por un ente jerárquico como lo es el Tribunal Constitucional.


Como en todo estado de derecho, se sabe que una vez que un afectado se le restituye sus derechos, este asume que todo el tiempo que no los gozó se les computa como ganados. Pues bien en el aparato "jurídico" del Ministerio de Defensa no lo toman así, bajo la anteojera de que haya una ley que precise los derechos de los militares del "13 de noviembre" escamotean derechos ganados hace mucho tiempo y lo único que ganan es cansar a estos hombres que asumieron su rol de acuerdo a la señera Constitución de 1979 regía y la insurgencia estaba admitida, por encontrarse en un tiempo donde todas las instituciones que molestaban a la dictadura, habían sido intervenidas o simplemente eliminadas como lo fue el Congreso y sus dos Cámaras.

Pero aun así el gobierno democrático de Alejandro Toledo y sus Ministros de Defensa mientras compensaban jugosamente a Leonor Larosa, dejaba de lado a quienes si se habían arriesgado por el Perú, mientras se dejaba libre a Lee Hefetz una burrier israelí hija de un diplomático de esa nacionalidad, a los militares del "13 de noviembre" se les seguían vulnerando sus derechos todo para que los menos posibles de ese grupo institucionalista pueda volver a la actividad y ascender y tener un lugar importante en el aparato militar de nuestra nación.


Lo más patético del gobierno toledista en materia de restitución de los derechos de los militares del "13 de noviembre" se dan en una Resolución Ministerial Nº 393-2005-DE/EP de 23 de abril de 2005 que reconoce lo que ya la Ley Nº 28472 ya reconocía, pero burlaba a la misma Ley anulando el reconocimiento principal el de los efectos pensionarios y de la promoción al grado inmediato superior a cada uno de los oficiales, es decir la ley era interpretada por una Resolución Ministerial, al mismo estilo que una ley interpreto auténticamente la Constitución y permitió la segunda reelección del ex Presidente Fujimori. En otras palabras, en pleno gobierno democrático se usaban tretas montesinistas.


Pero para adornar el tinglado contra los derechos de los comandados por Jaime Salinas, la "juridicidad" del Ministerio de Defensa propina otro duro golpe a estos oficiales, de una manera más que artera, para demorar más todo lo que se actuó y avanzó, porque el gobierno toledista emite el Decreto Supremo Nº 012-2005-DE/SG del 5 de mayo de 2005 y reglamenta la Ley Nº 28472, cuyo articulado en ningún momento establece reglamentación alguna y es de cumplimiento inmediato.


Estos dos últimos dispositivos abiertamente inconstitucionales y discriminatorios permiten la alteración del orden legal de nuestro país, además de conculcar derechos de personas que TUVIERON QUE ACCIONAR CONTRA EL ESTADO PERUANO ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, cuya contienda está abiertamente ganada, el Estado peruano TENDRA un nuevo baldón en democracia y especialmente por aquellos que tanto dicen defenderla.


(*) Abogado

Asesor en Asuntos Internacionales


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