SAN MARTIN: LA CRISIS DE LA ESPERANZA JUDICIAL
EQUIPO PROJUSTICIA
La inauguración del Año Judicial 2012 será recordada, sin duda, como la inauguración del Año de la Desesperanza; y es que no otra cosa puede pensarse luego de escuchar el balance presentado por el Dr. César San Martín respecto a su primer año de gestión al frente de la Presidencia del Poder Judicial, balance que deja más promesas y cosas no dichas que resultados alcanzados.
Lo cierto es que hoy, a pesar de las presuntas encuestas que muestran una mayor aprobación del Poder Judicial, pocos creen que San Martín vaya a liderar esa "gran transformación" de la justicia que muchos pensaron se iniciaría con su elección, dada su trayectoria profesional y judicial. Por ello, al igual que viene ocurriendo con el Presidente Humala, la pregunta que hoy todos se hacen es ¿qué pasó para que ello ocurra? ¿Todo fue solo meras promesas electoreras o hubo algo que cambió el rumbo que se estaba tomando? ¿Cuál es, en todo caso, el factor Conga que hoy pesa sobre la gestión de San Martín?
El objetivo del presente informe es, precisamente, evaluar el discurso presentado y otros datos para tratar de identificar aquellos nudos que explicarían los problemas que hoy enfrenta la gestión de San Martín. Para ello, haremos un breve recorrido por su primer año al frente del Poder Judicial, recorrido que –como veremos- muestra una vez más la verdad de aquel refrán que dice que las buenas intenciones no son suficientes, y que muchas veces pueden llevar a un peor lugar del que nos encontrábamos en materia judicial.
1. UN INICIO ARROLLADOR
La llegada de César San Martín a la Presidencia del Poder Judicial fue, sin duda, una de las más significativas de los últimos tiempos. Por un lado, éste venía siendo aplaudido y reconocido, tanto a nivel nacional como internacional, por su manejo serio y consistente del juicio por violación de derechos humanos contra el ex Presidente Fujimori; por otro lado, también se le reconocía como uno de los principales impulsores de la reforma procesal penal en el país, a lo que se agregaba su vasta trayectoria como profesor universitario. Por tanto, para muchos, su elección era vista como una oportunidad dorada para reformar el Poder Judicial, sobre todo luego de una gestión controvertida como la de Villa Stein.
Previamente, San Martín tuvo que enfrentar la candidatura de otro vocal supremo, Enrique Mendoza, actual jefe de la OCMA, quien a su vez venía respaldado por su excelente gestión ante el Jurado Nacional de Elecciones y la Reforma de la Justicia Comercial. La pugna entre ambos se vio, sin embargo, empañada por un hecho inesperado: el ex congresista Rolando Souza denunció, apenas un día antes de la elección, que la sentencia contra el ex Presidente Fujimori había sido "cocinada" fuera del país. La denuncia tuvo, sin embargo, el efecto contrario al esperado: la Suprema le dio su pleno respaldo a San Martín, logrando una votación casi unánime a su favor, votación que además fue respaldada por los Presidentes de las Cortes Superiores y otros voceros judiciales.
Este respaldo interno fue acompañado, además, por el respaldo externo de buena parte de las fuerzas políticas, quienes veían en San Martín una persona con mayor apertura al diálogo y un mayor compromiso por la independencia y la reforma de la justicia. El único grupo que no vio con buenos ojos su designación fue el fujimorismo, donde un sector de éste –representado por la congresista Martha Chávez- siguió atacando directamente al flamante Presidente del PJ, llegando incluso a señalar que debía responder por la sentencia aplicada a su líder. Ello no melló, sin embargo, la legitimidad con la que San Martín inició su mandato, una de las más altas desde el retorno a la democracia.
2. 100 DÍAS DESPUÉS….
El 19 de abril, a cien días de iniciada su gestión, San Martín presentó un primer informe sobre su gestión, lo que muchos saludaron como un gesto de transparencia y democracia; sin embargo, pocos se preocuparon en evaluar si dicho informe mostraba avances de fondo o si se estaba cumpliendo cabalmente con lo ofrecido en su Plan de Gobierno.
Mirado desde la situación actual, lo cierto es que el informe no ofrecía mucho, salvo algunas medidas inmediatistas y muchos buenos deseos. Por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción, el informe solo daba cuenta de un aumento del 50% del presupuesto para inspecciones y apoyo administrativo a la OCMA, la conformación de un Tribunal de Ética y el refuerzo de la Oficina de Control Institucional. Asimismo, con respecto al Acceso a la Justicia, el informe incluía como logros la apertura de una Oficina de Orientación Gratuita al Usuario (aunque solo a nivel de Palacio de Justicia), la instalación de una Corte Superior en la provincia de Sullana (Piura), la mejora del Sistema Integrado Judicial –resaltado también en el balance anual- y el apoyo a los equipos técnicos de implementación de los Códigos Procesales Penal y Laboral.
En realidad, los dos ejes en los que su gestión podía mostrar mayores avances eran en los de mejora de gestión institucional y posicionamiento institucional. En el caso del primero, las medidas resaltables eran el cambio de las principales autoridades administrativas del Poder Judicial –especialmente del hasta entonces todopoderoso Gerente General, Hugo Suero Ludeña- y el inicio de la implementación de 6 Cortes Superiores como unidades ejecutoras, a fin de descentralizar el manejo del presupuesto. Otros avances incluidos fueron el inicio de la aplicación de un sistema integrado de gestión administrativa (SIGA-PJ), la formulación de un Sistema de Medición del Desempeño Judicial y la fijación de bonos de productividad.
Curiosamente, la mayor parte de estas medidas han sido nuevamente resaltadas en el balance presentado el 2 de enero, y muchas en el estado en el que se encontraban a principios de abril, lo que muestra que –a pesar de los meses transcurridos- son pocos los avances que pueden ser sumados al impulso inicial. Por ejemplo, más allá de la conformación del Tribunal de Ética, la incidencia de este organismo en materia anticorrupción ha sido mínima, al igual que la Oficina de Control Institucional (por lo menos, el discurso no señala ningún logro concreto de estos organismos). Igualmente, en lo referido al acceso a la justicia el discurso pone mayor relevancia en los avances en materia de justicia de paz y de justicia intercultural que en las medidas resaltadas en abril, donde no parece haber habido mayores avances, salvo nuevas promesas de implementar Oficinas de Orientación en otras sedes judiciales.
¿Qué ocurrió, entonces, para que el impulso inicial se frenara, hasta casi desaparecer? La explicación más lógica es la coyuntura de cambio de gobierno que se dio, precisamente, a partir de estos meses. Cabe recordar al respecto que, en el marco de la primera vuelta, San Martín asumió una estrategia interesante, desmarcándose del gobierno saliente e invitando a los diferentes candidatos a la Presidencia de la República a reuniones de diálogo dirigidas a presentarles las principales líneas de acción para la reforma de la justicia, buscando asegurar además (en el fondo) alianzas a nivel del Congreso que le permitan la aprobación de sus propuestas y del presupuesto necesario para ello. Para entonces, la atención pública estuvo centrada en sus encuentros con el ex alcalde Castañeda (involucrado en el caso Comunicore) y con Keiko Fujimori, por ser la hija del Presidente que puso en la cárcel.
Culminadas estas reuniones, era claro que poco podía avanzarse hasta que no estuviera definido el nuevo panorama político, por lo que la estrategia de San Martín fue guardarse en sus cuarteles, aunque ello significara una parálisis de casi cuatro meses; es decir, la tercera parte de su gestión. De esta manera, desde mayo hasta julio, es poco lo que hizo San Martín al frente del Poder Judicial: realizó un viajecito a España y otro a Chile, inauguró algunas muestras de pintura y fotografía, y se dio tiempo para superar su proceso de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Al parecer, también se dedicó a planificar y a firmar convenios con diferentes entidades públicas, como SERVIR, SUNARP, OSCE, la Contraloría General, AFIN y otras similares; todo ello mientras esperaba días mejores.
3. EL SABOR DEL PODER
Definido el nuevo gobierno, San Martín quiso recuperar su poder de iniciativa, solicitando a inicios de julio facultades "extraordinarias" por 90 días a la Corte Suprema para presentar ante el nuevo Congreso cuatro proyectos de ley: uno para cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial; otro sobre la Ley General de Casación; un tercero sobre la creación de una Corte Superior Nacional y uno final para regular la figura de "jueces inspectores" que refuercen la labor de la OCMA, además de implementar algunas medidas internas para la mejora del Poder Judicial.
A pesar de que este pedido era inédito -y de ser considerado "dictatorial" por parte del ex Presidente Villa Stein- la Suprema aceptó la solicitud, lo que fue ratificado luego por una medida similar del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. De esta manera, a partir de julio San Martín tuvo plenos poderes para impulsar algunas medidas que, en la práctica, le han permitido concentrar un mayor poder institucional. Así, dejando de lado propuestas hechas por la Comisión presidida por el fallecido juez Supremo Jorge Solís Espinoza, San Martín elaboró entonces –junto con su cuerpo de asesores, encabezado por el constitucionalista Eloy Espinosa-Saldaña- dos propuestas de Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Corte Suprema de la República y de la Gerencia General, propuestas recientemente aprobadas mediante Resoluciones Administrativas No. 277 y 278-2011-CE-PJ ambas de fecha 8 de noviembre del 2011.
Estos reglamentos, que bien pudieron servir para que el Poder Judicial tenga una adecuada estructura orgánica que le permita priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos que se le asignan y potenciar funcionalmente a la entidad, muestran sin embargo una serie de problemas, que van desde la vulneración de la regulación dispuesta para la elaboración de dichas normas –al no contar, por ejemplo, con un análisis de consistencia fundamentado- hasta el quiebre de los principios de especialidad y economía institucional, al crear órganos y cargos innecesarios, duplicar funciones, asignar a algunos de ellos funciones de órganos ejecutivos de mayor nivel, así como dotar de funciones ejecutivas a órganos de asesoría, etc., es decir, no organizan sino todo lo contrario, y su implementación implicará en el futuro inmediato el desperdicio de recursos.
Un caso a resaltar en este marco es el enorme poder dado al Gabinete de Asesores de la Presidencia, el cual pasa de ser un órgano de asesoramiento técnico –como se inició durante la gestión de Sivina- para pasar a asumir la dirección de algunos proyectos, como el Observatorio Judicial, el Sistema de Desempeño Judicial y la Unidad de Información. Ello implica un distorsión institucional que resta directamente facultades a los órganos directivos del Poder Judicial, como el Consejo Ejecutivo o la Gerencia General, agregando estas funciones –de manera indirecta- a la Presidencia. Curiosamente, éste no ha sido un tema incluido en el reciente discurso de balance, lo que indica cierto ánimo por invisibilizar hechos que pueden cuestionar la gestión de San Martín.
4. EL FRENTE EXTERNO
A diferencia de su frente interno, la situación en el frente externo no parece ser tan favorable a San Martín, enfrentándose de un lado a un gobierno sordo a sus pedidos pero exigente en materia de manejo de casos judiciales, y de otro a una opinión pública que parece cada vez más alejada de las posturas garantistas expresadas por San Martín.
Con respecto al primer punto, basta señalar que, hasta el momento, ninguna de las propuestas de ley presentadas por el Poder Judicial ante el Congreso ha merecido mayor debate dentro de la Comisión de Justicia. Tal vez por ello, el discurso las busca presentar como propuestas recién en curso, cuando en realidad son proyectos que ya fueron mencionados por San Martín incluso desde su Plan de Gobierno. Cabe agregar que, de otros proyectos presentados por el PJ, el único que ha merecido la aprobación del Congreso es la nueva Ley sobre Justicia de Paz, si bien ésta aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo.
En realidad, este desinterés por las iniciativas judiciales desde el Congreso debió haber sido entendido por San Martín como lo que era: un escaso compromiso del nuevo gobierno por cumplir con la "agenda común" que presuntamente había establecido con el candidato Humala, pero también una debilidad en las alianzas aparentemente forjadas entre abril y mayo del año pasado con los diferentes grupos políticos. Al parecer, la posición actual del fujimorismo –el cual, a pesar de no ganar las elecciones, se constituyó como la segunda fuerza política del país- le ha restado fuerzas a San Martín dentro del Legislativo, considerando que a este partido le puede interesar que San Martín no termine con una buena imagen pública para cuestionar en mejores términos su decisión frente al ex Presidente Fujimori.
Sin embargo, del lado del oficialismo, la situación tampoco aparece tan favorable para el Presidente del PJ. En primer lugar, tal como se ha hecho evidente con el transcurrir de los meses, muchas nuevas autoridades han tenido la necesidad de "limpiar" –por usar un término menos duro- sus antecedentes judiciales para mantener la imagen de moralidad y transparencia que vendió el nuevo gobierno en las elecciones. El caso más evidente de ello fue el propio Presidente Humala, involucrado en el caso Madre Mía, cuyo archivamiento fue cuestionado por muchos sectores, pero no fue el único: también puede incluirse aquí el caso de corrupción de la ex ministra García Naranjo.
En este marco, sin duda el caso más delicado –y cuyas consecuencias recién se medirán mejor en el futuro- es el del "suspendido" vicepresidente Omar Chehade. Y es que el involucramiento del entorno de San Martín en este caso no parece ser solo indirecto, sino que –a decir de la denuncia hecha por el periodista César Hildebrandt- plenamente directo, al ser uno de sus allegados quien habría proporcionado al hermano del vicepresidente la resolución judicial que requería para proceder al desalojo de la empresa azucarera Andahuasi. Esta vinculación no ha sido aún debidamente esclarecida, a pesar de la asistencia de San Martín a la Comisión del Congreso que viene investigando este hecho, por lo que este caso constituye aún una espada de Damocles sobre una gestión que también ha buscado mostrarse impoluta y sin mancha alguna.
Por otro lado, el escaso apoyo del gobierno se expresó también en el hecho –resaltado en el discurso inaugural- de haber limitado al PJ la facultad de entregar bonos de productividad a sus trabajadores, hecho que ha pesado más que el aumento presupuestal (más exiguo de lo esperado, por cierto) otorgado por el MEF y el Congreso. Incluso ello implicó un paro preventivo de 24 horas por parte de los trabajadores del PJ, demandando el cumplimiento de lo ofrecido.
Este hecho significó una clara estocada contra la gestión de San Martín, ya que desde la gestión de Hugo Sivina, la cuestión del presupuesto judicial ha sido uno de los principales caballitos de batalla de cada Presidente. No hay que olvidar que el Poder Judicial ha reclamado todo este tiempo una mayor independencia en la definición de su presupuesto, más aún desde el inicio de la reforma procesal penal, la misma que demanda un fuerte costo para el conjunto del sistema de justicia. Por ello, el hecho que San Martín no haya podido manejar de manera adecuada el tema del presupuesto muestra una debilidad en sus alianzas políticas y en su capacidad de incidencia en la labor del Legislativo, todo lo cual ha repercutido además de manera negativa en sus alianzas internas.
5. ¿LA RPP VA O NO VA? EL CONGA JUDICIAL
En este panorama, ¿cuál ha sido el factor o los factores que pueden considerarse el "Conga" de la gestión San Martín? A nuestro entender, hay un factor que puede terminar por mellar la buena imagen y credibilidad del Presidente del Poder Judicial, como lo viene mostrando las reacciones frente a su defensa de los permisos de viaje a ex miembros del MRTA, como es la creciente tensión entre el garantismo judicial –cuya ideología es la base de la actual reforma procesal penal- y las posturas de "mano dura" que empieza a mostrar el gobierno y la opinión pública, tensión que puede conducir a un proceso de contrarreforma y a una crisis en el sistema de justicia.
Como hemos visto en los últimos días, la defensa hecha por San Martín de los jueces que otorgaron los permisos de viaje a Lori Berenson y Lautaro Mellado ha repercutido de manera negativa en la opinión pública, poco proclive en la actualidad a aceptar posturas garantistas debido a la creciente inseguridad ciudadana. Al respecto, cabe recordar que inicialmente San Martín sintonizó mejor con el sentimiento público, dictando medidas para limitar el otorgamiento de beneficios penitenciarios ante el cuestionamiento de la fácil liberación de ranqueados delincuentes; sin embargo, paulatinamente éste ha ido mostrando una posición garantista más clara –como ante la liberación de León Alegría o el caso Chavín de Huantar- y de defensa de la independencia judicial que lo vienen alejando de lo que cada vez exige más la población, como es una mayor mano dura contra la delincuencia y un mayor orden social.
En tal sentido, a diferencia de lo que podía encontrarse en enero en las redes sociales –donde todos los comentarios eran favorables a su designación como Presidente del Poder Judicial- hoy las redes están saturadas de mensajes que opinan que San Martín es demasiado "blando" con los terroristas, tildándolo incluso de ineficiente, incapaz y que debería dejar el cargo. Obviamente, este tipo de comentarios no solo afecta la imagen personal de San Martín, sino que afecta al conjunto del Poder Judicial. Por ello, no es extraño que estos comentarios vengan acompañados de menciones como "mejor cierren el Poder Judicial" o "voten a todos los jueces corruptos", creando de esta manera un entorno favorable para una intervención política en el sistema de justicia, tal como ha ocurrido ya en otras ocasiones. El hecho de que San Martín no tome en cuenta lo que está generando con sus posiciones muestra, entonces, una falta de visión política que requiere cada vez con mayor urgencia.
Asimismo, este clima social tampoco es poco favorable ad portas de la implementación de la reforma procesal penal en la capital. Al respecto, cabe señalar que en muchas de las ciudades –como Trujillo o Chiclayo- donde ya se encuentra vigente el nuevo CPP se han levantado una serie de críticas hacia el nuevo modelo debido a sus mayores exigencias probatorias y temporales, lo que ha permitido la fácil liberación de muchos delincuentes y con ello un aumento de la inseguridad ciudadana en estas zonas. Poco se ha evaluado, al respecto, la fuerte aceptación lograda por el ex Coronel PNP Elidio Espinoza, acusado de comandar un escuadrón de la muerte en Trujillo, como señal de una corriente de contrarreforma hacia el nuevo modelo acusatorio. ¿Qué puede ocurrir, entonces, si ello se produce en Lima?
En tal sentido, es claro que, a partir de este año, el dilema que enfrentará la reforma procesal penal es similar a lo que ocurre en el caso Conga; esto es, ¿puede coexistir el garantismo con la seguridad, como se espera que convivan agua y minería? En todo caso, ¿cuánto está dispuesto a esperar la población para que ello ocurra? o ¿que pueda ocurrir si es que, la ciudadanía siente que esa convivencia no es posible? Aquí las decisiones que vaya tomando la gestión de San Martín serán indispensables, dado que ésta debe dejar todas las condiciones dadas para que el nuevo modelo acusatorio pueda funcionar de manera adecuada en Lima a partir del 2013.
6. 2012: ¿EL FIN DEL MUNDO JUDICIAL?
En este panorama, el discurso no parece tener en claro la urgencia y el gran desafío que enfrenta el sistema judicial a partir del presente año. El Presidente San Martín ha hecho hincapié, es cierto, en que la "agenda de la justicia" para este año tiene como objetivo acercar la justicia a las personas, pero las medidas concretas incluidas en esta agenda no parecen ir al problema de fondo, como es asegurar cierta credibilidad hacia el nuevo modelo de justicia a fin de que éste no eclosione, como ha ocurrido ya en otros países.
Al respecto, el discurso menciona cuatro medidas que pueden aportar a este objetivo: La puesta en marcha de un Plan de Comunicación 2012 (del que no se agregan mayores detalles); la implementación de un DATA CENTER que le de soporte a las aplicaciones informáticas del Poder Judicial; el reforzamiento del Plan de Descarga Procesal, necesario para que el nuevo modelo acusatorio pueda funcionar de manera más eficiente, y el inicio de la implementación del Expediente Digital, lo que puede ayudar a la oralización de los procesos. Sin embargo, el discurso menciona también que todo ello tendrá como sede piloto la Corte Superior de Junín –donde la reforma procesal ya tiene vigencia desde hace un tiempo-, cuando es claro que la mayor necesidad de estos avances son requeridos en Lima o incluso en otras ciudades donde se requiere un mayor refuerzo del sistema acusatorio, como Trujillo.
En tal sentido, si bien son resaltables otras medidas anunciadas, como el fortalecimiento de la justicia de paz con un mayor presupuesto o la búsqueda de una mejor relación entre Poder Judicial y medios de comunicación, lo cierto es que se necesitan medidas más efectivas para garantizar la continuidad del proceso de reforma judicial. Aquí no valen solo las buenas intenciones ni el conocimiento que tiene San Martín sobre el tema, dado que ello no basta para implementar un modelo procesal que requiere con urgencia mostrar una mayor efectividad y eficiencia para sobrevivir.
Para lograr todo ello, San Martín debe dejar de jugar para la tribuna, y dejar de lado medidas que solo tienen un efecto mediático, como el del Observatorio Judicial, el Tribunal de Ética o la creación de un nuevo Logo Institucional. Debe olvidarse también de firmar más convenios o de preocuparse por mantenerse en el poder, para lo cual requiere –por lo menos- dejar de lado su ingenuidad política. En una coyuntura en la cual se presenta un aumento de la desconfianza hacia el Estado y de la conflictividad social, el Presidente San Martín requiere de una estrategia de acción muy fina, que evite que esta coyuntura afecte los procesos de reforma judicial en curso y el desempeño en general del sistema de justicia; de otro modo, tal vez el fin del mundo esté más cerca para nuestro Poder Judicial que para el resto del planeta.
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