Mitos, armas y muertes
Por: Jaris Mujica
Durante la década pasada hubo un aumento exponencial del comercio de armas en el Perú. A fines de ese decenio se importaron entre 6 millones y 7 millones de dólares anuales en armas pequeñas, a diferencia de los 5 millones importados a mitad de esa década (según la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas). Evidencia de que aumentó la importación de armas.
En el mismo rumbo, al final del decenio el número de casas de compra-venta de armas de fuego aumentó, y lo mismo ocurrió con el comercio al menudeo de estas armas: en el 2006 se registraron 131 casas comerciales de armas en el Perú (36 de las cuales estaban en Lima); para el 2010, 132 casas (46 en Lima). Así, en cinco años aparecieron en Lima y Callao 10 empresas nuevas de comercio de armas y munición con permiso de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec). Evidencia de que hay más casas de compra venta de armas pequeñas.
A principios de la década del 2000 se calculaba que existían alrededor de 180 mil portadores de licencias renovadas y no renovadas. Sin embargo, según Dicscamec, para fínales del 2010 había 214.815 personas naturales que poseían o poseyeron una licencia para portar armas (más del 70% pasaron a una situación “irregular” al no renovar la licencia). Evidencia de que hay más armas irregulares en el mercado.
También hubo un claro aumento de la cantidad de armas ilegales denunciadas ante la Policía (la “tenencia ilegal de armas” y la “posesión de armas de guerra” son delitos tipificados por el artículo 279.° del Código Penal). De este modo, entre el 2000 y el 2009 se recibieron 6.131 denuncias por tenencia ilegal de armas y posesión de armas de guerra en el país, y cada año la cifra se hizo mayor. Para el año 2009, el primero de estos delitos representó el 6,2% de todos los ilícitos denunciados a la Policía. Es evidente que hubo un aumento en la cantidad de denuncias por tenencia de armas ilegales.
Hubo también un incremento del registro policial de incautaciones de armas. En Lima y Callao este crecimiento ha sido constante (aunque en poco volumen respecto a la cantidad de habitantes). De 236 armas incautadas en el 2005, la cifra se duplicó para el 2010 (561 en Lima y Callao). En cifras generales, la Dicscamec estimó que se habían incautado 7 mil armas durante el 2009 en el Perú (la mayoría en posesión de la delincuencia común). Evidencia de que hay más armas incautadas.
En conclusión: hay más armas circulando en el mercado legal, más licencias emitidas para portar armas, más licencias vencidas (más armas irregulares circulando), más denuncias de tenencia ilegal de armas de fuego, más incautaciones de armas, más armas pequeñas que antes y más tiendas de compra venta de armas. Hay más armas que antes.
¿Más muertos?
Sin embargo, una contradicción salta a la vista: hay más armas, pero esto no ha implicado un aumento correlativo de disparos ni muertes por proyectiles de arma de fuego. No se ha incrementado significativamente la tasa de homicidios con este tipo de armas, pues se registra una fluctuación que muestra un incremento en el último año de la década, pero sin desprenderse de los años anteriores (lo que es evidente en la comparación entre el 2005 y el 2010).
A diferencia de lo que ocurre en otros países, la cantidad de armas en el mercado no ha implicado (al menos aún) un aumento radical de la cantidad de disparos ni de muertes. Tanto es así que si al inicio de la década (2000) el 58% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego, para fines de ese mismo decenio esa proporción llegó al 55%1. Lo importante es que, a pesar de que el mercado ha crecido, no hubo un aumento considerable de los homicidios con armas de fuego (ni en la tasa ni en el porcentaje respecto de otros métodos y armas). Además, solo el 31% de los homicidios en este periodo fueron cometidos por la delincuencia común y organizada (41% resultaron de la violencia interpersonal e intrafamiliar: los perpetraron personas a quienes la víctima conocía). Los homicidios con armas de fuego no se deben necesariamente, ni en mayoría, a la delincuencia común o al crimen organizado, sino también a la violencia “interpersonal” (riñas y peleas) e “intrafamiliar” (Costa y Romero 2010). Así, en la década anterior los homicidios producidos por la delincuencia común y el crimen organizado suman alrededor del 31% del total de homicidios, y los que se deben a la violencia interpersonal e intrafamiliar alcanzan el 41%2. Cuando el victimario es del entorno de la víctima, suele emplear instrumentos punzocortantes y armas de fuego (27% y 26% respectivamente). Cuando, en cambio, es un desconocido, el mecanismo predominante es el arma de fuego (65%) (Costa y Romero, 2010: 57). El 47% de los homicidios de la década anterior fue cometido con un arma de fuego3; sin embargo, esta cifra está lejos de las de muchas otras ciudades del continente, donde el porcentaje de homicidios con armas de fuego está entre el 70% y 90% del total de homicidios. En Medellín, por ejemplo, el 88% de asesinatos se cometió con un arma de fuego a inicios de la década4; en Brasil, en todas las capitales de estado, esa proporción excedió el 50%, y en la mayoría fue mayor de 70%5; en Buenos Aires, el 75% de los homicidios fue perpetrado con un arma de fuego en la primera mitad de la década6. ¿Cuál es la situación comparada de este asunto respecto a la región?
Más armas ilegales
En este contexto aparecen tres evidencias según la información disponible: (i) que hay más armas en el país, pero (ii) que el Perú tiene una de las tasas más bajas de homicidios por armas de fuego de la región, y (iii) que la mayor parte de los homicidios con armas de fuego son cometidos en escenarios de violencia intrafamiliar e interpersonal. ¿Qué sugiere esta situación? Por un lado, que el incremento de armas de fuego parece venir menos de la demanda sistemática del crimen organizado y más de la demanda “ciudadana” de armas de defensa personal. Por otro lado, que el principal abastecedor de armas ilegales no es el “mercado negro internacional” ni “traficantes mayoristas de armas ilegales”, sino el propio mercado legal local que, a través de las armas robadas, perdidas, declaradas perdidas, vendidas regular o irregularmente, abastecen el mercado ilegal de armas de la ciudad.
La paradoja es que, en la práctica, al existir una dependencia parasitaria del mercado negro respecto al mercado formal de armas, esta tendencia a la adquisición de armas civiles termina alimentando el mercado ilegal y generando una condición de riesgo latente. Finalmente, más allá del número, las balas hieren y matan personas.
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1 GUSHIKEN, Alfonso, Gino COSTA, Carlos ROMERO y Catherine PRIVAT: ¿Quiénes son asesinad@s en Lima? ¿Cómo, cuándo y por qué? Lima: Ciudad Nuestra, 2010.
2 Ibid., p. 54.
3 PETRINI, Benjamin: Latin America and the Caribbean, 1995-2008: Total Recorded Intentional Homicide. Washington, D. C.: World Bank, 2011.
4 Cardona, Doris, Enrique PELÁEZ, Tirza AIDAR, Bruno RIBOTTA y María FRANCI ÁLVAREZ: “Mortalidad por causas externas en tres ciudades latinoamericanas: Córdoba (Argentina), Campinas (Brasil) y Medellín (Colombia) 1980-2005”. Revista Brasileña de Estadística y Población, volumen 25, número 2, 2008, pp. 335-352.
5 AZEVEDO, Élida, Stela NAZARETH, Fernando DE SOUZA, Luciano BARRIOS, Michelle DA SILVA, Thais PEREIRA y Cristiane STEFENON: “Mortalidade por homicidios em Municipio da Regiao Sul do Brasil, 1996 a 2005”. Revista Brasileira de Epidemiología, volumen 11, número 3, 2008, pp. 431-441.
6 OTAMENDI, María Alejandra: Armas en la mira: Un estudio sobre las actitudes hacia las armas de fuego. Buenos Aires: Asociación para las Políticas Públicas, 2004.
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