Reportajes
Petr�leo enturbia el Per� amaz�nico
Por Milagros Salazar, enviada especial - IPS/IFEJ
M�s de 70 por ciento de la Amazonia peruana ha sido repartida en concesiones para inversiones de hidrocarburos entre 2003 y 2008, afirma un reporte no gubernamental.
BAGUA, Per�, 29 jun (Tierram�rica).- �Ahora se van a ir los peces�, dijo el ind�gena awaj�n Luis Umpunchi, entre una veintena de personas reunidas alrededor de un oleoducto roto en la comunidad de Jayais, en la norte�a regi�n peruana de Amazonas.
Todos observaban preocupados el derrame. Algunos tocaban el l�quido negro, que se mezclaba con el lodo formado por la lluvia.
�Ese petr�leo llega al r�o Mara��n, en cuyas riberas est�n nuestros cultivos�, agreg� Antonio Chu Pumpunchig, que estaba cosechando pl�tanos cuando se enter� de la rotura de una de las tuber�as del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroper� y con varias estaciones de bombeo en Amazonas.
La Estaci�n N�mero 6, precisamente, fue tomada a inicios de este mes por ind�genas de la provincia de Bagua como parte de las protestas contra leyes que amenazan sus territorios, y fue uno de los epicentros de violentos choques en los que murieron 24 polic�as y por lo menos 10 civiles, aunque los nativos afirman que los decesos ser�an muchos m�s.
Las poblaciones m�s afectadas por el derrame est�n en las cuencas de los r�os Cenepa y Nieva. Pero los nativos que viven m�s cerca de ciudades como Bagua, capital provincial, tambi�n temen que sus r�os puedan contaminarse, como le sucedi� al pueblo achuar, asentado en el r�o Corrientes de la vecina regi�n de Loreto, en el extremo nororiental del pa�s, donde opera la empresa argentina Pluspetrol.
Trabajadores de Petroper� que llegaron a Jayais para limpiar el derrame se negaron a informar sobre la causa de la rotura de la tuber�a, tendida sobre una quebrada.
Las familias amaz�nicas viven de la pesca, la caza en los bosques, el cultivo de pl�tano, ma�z y cacao en las riberas de los r�os y de yuca en la monta�a, adem�s de la venta de productos agr�colas. En las carreteras, los comerciantes les compran el ciento de pl�tano a tres soles (un d�lar), para luego venderlo en los mercados a 12 (cuatro d�lares).
�No es que reclamemos porque somos salvajes, sino porque vivimos de estos recursos. La tierra es nuestra madre y el bosque nuestra despensa para alimentar a nuestras familias�, insisti� Umpunchi.
Lo m�s probable es que parte del crudo derramado llegue al r�o Chiriaco y luego termine en el Mara��n, explic�.
M�s de 70 por ciento de la Amazonia peruana ha sido repartida en concesiones para inversiones de hidrocarburos entre 2003 y 2008, sostuvo en marzo un informe de la organizaci�n no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), a partir de datos oficiales.
Para promover la inversi�n privada en la selva, el gobierno de Alan Garc�a aprob� una decena de decretos legislativos en el marco de la implementaci�n del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que encendieron inusitadas protestas ind�genas en 2008 y este a�o.
Ante la tragedia de este mes, el gobierno retrocedi� parcialmente y el Congreso derog� dos de las normas cuestionadas.
EXTRACCI�N EN LA MIRA
Los pueblos awaj�n y wamp�, que habitan Amazonas, se sienten amenazados por las actividades minera y petrolera, asentadas en las cabeceras de sus cuencas, en �reas protegidas y casi siempre en zonas muy vulnerables, lo que da pie a disputas por recursos como el agua y la tierra entre empresas y pobladores.
��sta es mi casa, aqu� vivieron mis abuelos y es lo que quiero que mis hijos hereden�, dijo a esta periodista Julia Esamat, de 53 a�os, una awaj�n de la aldea de Wawas, en el distrito de Chiriaco.
�Nosotros hemos salido (adelante) solos, sin el Estado. Ahora no pueden venir las autoridades a quitarnos lo que es nuestro�, asegur�.
Hay cerca de 60 concesiones petroleras, 15 de ellas aprobadas de manera irregular, superponi�ndose a 12 �reas protegidas en 10 regiones del pa�s. Entre ellas aparece la zona reservada Santiago Comaina, de Amazonas, seg�n el informe de DAR.
En el lote 116 de Santiago Comaina tiene un permiso de exploraci�n la empresa francesa Maurel & Prom. Para acceder a la zona, la compa��a firm� un acuerdo con los presidentes de las federaciones nativas de la provincia de Condorcanqui. Pero, por no haber consultado a sus comunidades, esos l�deres fueron destituidos por sus bases, se�al� el diario La Rep�blica en mayo de 2008.
Adem�s, en Amazonas se han autorizado proyectos de exploraci�n de oro y uranio en la Cordillera del C�ndor, en el l�mite con Ecuador. Seg�n organizaciones nativas de la cuenca del Cenepa, esas concesiones fueron transferidas de modo irregular a la empresa Dorato Per�, subsidiaria de la canadiense Dorato Resources.
En una nota de prensa de noviembre de 2008, Dorato Resources afirm� que hab�a adquirido todas las acciones de la minera peruana Afrodita. Esa transacci�n se habr�a realizado mediante Afrodita y compradores de fachada, seg�n el abogado Marco Huaco, de la organizaci�n no gubernamental Racimos de Ungurahui.
De acuerdo con Huaco, el proyecto viola el art�culo 71 de la Constituci�n, porque para autorizar una inversi�n extranjera en la frontera, el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto supremo que la declare de �necesidad p�blica�, lo cual no se hizo.
Adem�s, se habr�a infringido el Convenio 169 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo, de 1989, que exige la consulta previa a las comunidades locales sobre actividades econ�micas que afecten sus medios de vida.
La Organizaci�n de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), una de las cuatro entidades ind�genas de Amazonas, present� en abril tres denuncias sobre el caso ante la Direcci�n de Concesiones Mineras.
Las autoridades contestaron que desconoc�an la participaci�n de la empresa canadiense, que las concesiones fueron otorgadas a personas naturales y jur�dicas de nacionalidad peruana y que investigar�an las denuncias, se�al� Huaco, asesor de la organizaci�n.
La Odecofroc tambi�n llev� el caso de la Cordillera del C�ndor ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos y las libertades de los pueblos ind�genas, James Anaya, que estuvo en Bagua el 18 de este mes.
En el documento entregado a Anaya, al cual accedi� esta periodista, se se�ala que el proyecto afecta a 9.636 ind�genas del Cenepa, porque se ubica en la cabecera de los principales r�os tributarios del Mara��n y atraviesa el protegido Parque Nacional Ichigkat Muja, reconocido por el gobierno por su alt�sima �vulnerabilidad ecol�gica y humana�.
En varios expedientes de titulaci�n de derechos a favor de peticionarios mineros, el Instituto Nacional de Recursos Naturales reconoci� la imposibilidad de realizar actividad minera en el territorio awaj�n, afirma el documento entregado a Anaya.
�Si se realiza la miner�a en esa zona, significar�a la extinci�n parcial de este pueblo amaz�nico�, declar� Huaco para este art�culo.
Los l�deres ind�genas llevar�n el caso ante el Comit� para la Eliminaci�n de la Discriminaci�n Racial de las Naciones Unidas, al asesor especial para la Prevenci�n del Genocidio del foro mundial y a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos. * Este art�culo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en ingl�s de Federaci�n Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). |
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