Ante la SB-81, una demanda
Abogados afirman que algunas de las disposiciones son inconstitucionales.
Tos Adams / Ahora Utah
Sheena McFarland
Ahora Utah
La ley migratoria SB-81 entra en vigor el 1 de julio. Muchos abogados de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración señalan que ellos no esperarán.
El plan es presentar una demanda en donde se desafían varios puntos de la ley.
"Pensamos que algunas de las disposiciones son inconstitucionales", señaló Hakeem Ishola, uno de los abogados que pondrá la demanda.
Los abogados, los cuales señalan que la ley federal debería reemplazar la ley estatal en varias áreas, se están enfocando en cuatro áreas principales: las leyes para nuevos documentos de identificación, los requisitos para los negocios con contratos con el gobierno para utilizar el E-Verify, las aplicaciones locales para las leyes migratorias y las disposiciones que hacen que el albergar a una persona indocumentada sea ilegal.
Sin embargo, los defensores de la ley dicen que muchas de las disposiciones apuntan hacia la preservación de los recursos de los impuestos para aquellas personas que sigan las reglas.
"En estos tiempos estamos viendo eso, con recortes en los servicios, nosotros proveeríamos esos servicios a aquellas personas que están legalmente aquí", apuntó el representante Mike Noel, republicano por Kanab, quien copatrocinó el proyecto de ley.
"Mi problema es que muchas personas vienen al país y pasan el proceso para ingresar", dijo Noel. " Las reglas de la ley necesitan ser aplicadas, y el gobierno federal ha sido quien ha causado este problema y aún no ha tomado las medidas necesarias para componerlo".
El Procurador General Mark Shurtleff señaló saber acerca de la posible demanda desde el término de la sesión legislativa y planea defender la ley, sin embargo, no pudo ejercer comentario debido a la litigación pendiente.
Estas son las observaciones de la demanda:
» La nueva ley requiere que las personas demuestren su ciudadanía para obtener una licencia de manejo o una tarjeta de identificación.
"La SB-81 hará imposible que muchas personas obtengan una identificación estatal básica. Esto tiene el potencial de crear una situación caótica ne téminos de seguridad que sólo orillará a la gente ha mantenerse en las sombras y hará más difícil identificar a la gente buena de la mala", dijo Aaron Tarin, otro de los abogados que se encuentra atrás del reto legal. "Una meta primordial de cualquier ley migratoria es poder contar e identificar a las personas que se encuentran en el país. La SB-81 pasa completamente por alto esto".
» Los opositores se preguntan la legalidad de forzar solamente a los negocios que tengan contratos con agencias públicas para la utilización del sistema E-Verify, mientras que a las otras empresas no se les pide. Dicen que el sistema de verificación del estatus es "poco fidedigno y lleno de discrepancias".
» Mientras que ninguna fuerza policiaca en el estado de Utah ha señalado que hará que sus elementos funcionen como agentes migratorios, Tarin y sus colegas dicen que teniendo esta disposición en la ley mina la confianza pública hacia las agencias locales del orden.
» Los abogados también atacan la parte en que la ley señala como un crimen el hecho de "albergar, ocultar, o dar refugio a un extranjero, en un lugar en lugar dentro de este estado para ventajas comerciales o para ganancias privadas a una persona que se sepa no cuenta con un estatus legal", argumentando que el lenguaje es muy vago.
"Esta porción de la ley hará muy poco para bajar la inmigración ilegal y sólo causará temor y confusión tanto en las personas documentadas como en los indocumentados, enfatizó Tarin. "[También] podría tener desastrosas consecuencias comerciales para muchos sectores de la industria estatal, tales como la construcción, el turismo y el alojamiento".
Una demanda muy similar contra la ley inmigratoria de Oklahoma, la cual sirvió de modelo para la ley en el estado, ha sido escuchada por los jueces del décimo Circuito de Cortes para Apelaciones -el mismo Circuito que se encarga de Utah. El panel compuesto por tres jueces no ha dado su decisión y no hay indicios de cuando la dará.
Barbara Szweda, de la Unión Americana de Libertad Civil de Utah, quiere asegurarse de que las personas en el estado no eleven sus esperanzas mucho, ya que dijo que aunque el décimo Circuito de su veredicto en contra de la ley de Oklahoma, esta es lo suficientemente diferente como para que afecte la SB-81 en Utah.
Ella sugiere a las personas de Utah que se den cuenta que la nueva ley migratoria tal vez no afecte tanto a los indocumentados, como muchos temen.
"Las personas se están saliendo del estado debido a esta situación. Queremos decirles que se tranquilicen. Muchas partes de este proyecto de ley se dirige al odio -a dar un mensaje de que no se quiere a personas indocumentadas en el estado", señaló Szweda. "No debe hacer que la gente se vaya. Las personas sólo deben ser precavidas y darse cuenta de que tienen derechos".
Noel, el patrocinador de la Cámara de la SB-81, insiste en que la motivación tras el proyecto de ley es una razón económica y no tiene nada que ver con cuestiones raciales o de intolerancia.
"No quiero ser tachado con la imagen de odio racial", enfatizó Noel.
Lo que dice la ley SB-81:
Cumplimiento de la ley:
Se le ha pedido a los alguaciles de los condados que realicen " un esfuerzo razonable" para determinar el estado migratorio de todas las personas que se encuentran en las prisiones ya sea por un delito o por manejar bajo la influencia de alguna substancia.
Si la persona es un extranjero, el alguacil necesita determinar en 48 horas si la persona ingresó al país legalmente. Aunque la ley le otorga la opción a los patrulleros de actuar como agentes migratorios, ninguna ciudad en el estado ha aceptado hacer esto.
Las personas que apoyan la ley señalan que la participación de la policía podría ayudar a mantener a raya la inmigración ilegal. Los que se oponen dicen que esto orillaría a un mayor índice criminalístico y a que los testigos no den la cara.
Transportación y puertos:
La SB-81 remarca que cualquier persona que transporte a un inmigrante indocumentado más de 100 millas para "un uso comercial o de ganancias económicas", o bien "quien estando consciente del estatus provea albergue a las personas con órdenes de deportación" serán culpables de un crimen clase A.
Paul L. Smith, director ejecutivo de la asociación de departamentos de Utah, señala que le ha pedido a sus renteros que agreguen una línea en las solicitudes de renta que diga "Yo aseguro que todos los residentes que vivan en esta locación tienen permiso legal para residir en los Estados Unidos".
"Nosotros obedecemos las leyes, pero estamos en el negocio de rentas", apuntó Smith. "No es nuestro trabajo hacer valer las leyes de inmigración".
Beneficios Públicos:
La SB-81 afectará muy poco los beneficios públicos, sólo a las personas mayores de 18 años se les negarán ciertos beneficios basados en su falta de nacionalidad americana. La mayoría de los programas públicos de salud, incluyendo los exámenes de cáncer y WIC, no se verán afectados. El Medicaid y el programa de seguros infantiles requieren la prueba del estatus migratorio.
Religión:
La SB-81 señala que si un inmigrante indocumentado ha sido miembro de una iglesia/templo por lo menos un año, los líderes religiosos deberán nombrar a esa persona ministro o misionero y pagarle su vivienda, servicios médicos y otros costos asociados.
"La iglesia de Los Santos de los Últimos Días (LDS por sus siglas en inglés), no ha tomado favoritismos en cuanto a la SB-81, aunque sí creemos que afecta los llamados de los miembros a congregaciones locales", dijo Scott Trotter, vocero de la iglesia LDS.
Ahora Utah
La ley migratoria SB-81 entra en vigor el 1 de julio. Muchos abogados de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración señalan que ellos no esperarán.
El plan es presentar una demanda en donde se desafían varios puntos de la ley.
"Pensamos que algunas de las disposiciones son inconstitucionales", señaló Hakeem Ishola, uno de los abogados que pondrá la demanda.
Los abogados, los cuales señalan que la ley federal debería reemplazar la ley estatal en varias áreas, se están enfocando en cuatro áreas principales: las leyes para nuevos documentos de identificació
Sin embargo, los defensores de la ley dicen que muchas de las disposiciones apuntan hacia la preservación de los recursos de los impuestos para aquellas personas que sigan las reglas.
"En estos tiempos estamos viendo eso, con recortes en los servicios, nosotros proveeríamos esos servicios a aquellas personas que están legalmente aquí", apuntó el representante Mike Noel, republicano por Kanab, quien copatrocinó el proyecto de ley.
"Mi problema es que muchas personas vienen al país y pasan el proceso para ingresar", dijo Noel. " Las reglas de la ley necesitan ser aplicadas, y el gobierno federal ha sido quien ha causado este problema y aún no ha tomado las medidas necesarias para componerlo".
El Procurador General Mark Shurtleff señaló saber acerca de la posible demanda desde el término de la sesión legislativa y planea defender la ley, sin embargo, no pudo ejercer comentario debido a la litigación pendiente.
Estas son las observaciones de la demanda:
» La nueva ley requiere que las personas demuestren su ciudadanía para obtener una licencia de manejo o una tarjeta de identificació
"La SB-81 hará imposible que muchas personas obtengan una identificació
» Los opositores se preguntan la legalidad de forzar solamente a los negocios que tengan contratos con agencias públicas para la utilización del sistema E-Verify, mientras que a las otras empresas no se les pide. Dicen que el sistema de verificación del estatus es "poco fidedigno y lleno de discrepancias".
» Mientras que ninguna fuerza policiaca en el estado de Utah ha señalado que hará que sus elementos funcionen como agentes migratorios, Tarin y sus colegas dicen que teniendo esta disposición en la ley mina la confianza pública hacia las agencias locales del orden.
» Los abogados también atacan la parte en que la ley señala como un crimen el hecho de "albergar, ocultar, o dar refugio a un extranjero, en un lugar en lugar dentro de este estado para ventajas comerciales o para ganancias privadas a una persona que se sepa no cuenta con un estatus legal", argumentando que el lenguaje es muy vago.
"Esta porción de la ley hará muy poco para bajar la inmigración ilegal y sólo causará temor y confusión tanto en las personas documentadas como en los indocumentados, enfatizó Tarin. "[También] podría tener desastrosas consecuencias comerciales para muchos sectores de la industria estatal, tales como la construcción, el turismo y el alojamiento".
Una demanda muy similar contra la ley inmigratoria de Oklahoma, la cual sirvió de modelo para la ley en el estado, ha sido escuchada por los jueces del décimo Circuito de Cortes para Apelaciones -el mismo Circuito que se encarga de Utah. El panel compuesto por tres jueces no ha dado su decisión y no hay indicios de cuando la dará.
Barbara Szweda, de la Unión Americana de Libertad Civil de Utah, quiere asegurarse de que las personas en el estado no eleven sus esperanzas mucho, ya que dijo que aunque el décimo Circuito de su veredicto en contra de la ley de Oklahoma, esta es lo suficientemente diferente como para que afecte la SB-81 en Utah.
Ella sugiere a las personas de Utah que se den cuenta que la nueva ley migratoria tal vez no afecte tanto a los indocumentados, como muchos temen.
"Las personas se están saliendo del estado debido a esta situación. Queremos decirles que se tranquilicen. Muchas partes de este proyecto de ley se dirige al odio -a dar un mensaje de que no se quiere a personas indocumentadas en el estado", señaló Szweda. "No debe hacer que la gente se vaya. Las personas sólo deben ser precavidas y darse cuenta de que tienen derechos".
Noel, el patrocinador de la Cámara de la SB-81, insiste en que la motivación tras el proyecto de ley es una razón económica y no tiene nada que ver con cuestiones raciales o de intolerancia.
"No quiero ser tachado con la imagen de odio racial", enfatizó Noel.
Lo que dice la ley SB-81:
Cumplimiento de la ley:
Se le ha pedido a los alguaciles de los condados que realicen " un esfuerzo razonable" para determinar el estado migratorio de todas las personas que se encuentran en las prisiones ya sea por un delito o por manejar bajo la influencia de alguna substancia.
Si la persona es un extranjero, el alguacil necesita determinar en 48 horas si la persona ingresó al país legalmente. Aunque la ley le otorga la opción a los patrulleros de actuar como agentes migratorios, ninguna ciudad en el estado ha aceptado hacer esto.
Las personas que apoyan la ley señalan que la participación de la policía podría ayudar a mantener a raya la inmigración ilegal. Los que se oponen dicen que esto orillaría a un mayor índice criminalístico y a que los testigos no den la cara.
Transportació
La SB-81 remarca que cualquier persona que transporte a un inmigrante indocumentado más de 100 millas para "un uso comercial o de ganancias económicas", o bien "quien estando consciente del estatus provea albergue a las personas con órdenes de deportación" serán culpables de un crimen clase A.
Paul L. Smith, director ejecutivo de la asociación de departamentos de Utah, señala que le ha pedido a sus renteros que agreguen una línea en las solicitudes de renta que diga "Yo aseguro que todos los residentes que vivan en esta locación tienen permiso legal para residir en los Estados Unidos".
"Nosotros obedecemos las leyes, pero estamos en el negocio de rentas", apuntó Smith. "No es nuestro trabajo hacer valer las leyes de inmigración".
Beneficios Públicos:
La SB-81 afectará muy poco los beneficios públicos, sólo a las personas mayores de 18 años se les negarán ciertos beneficios basados en su falta de nacionalidad americana. La mayoría de los programas públicos de salud, incluyendo los exámenes de cáncer y WIC, no se verán afectados. El Medicaid y el programa de seguros infantiles requieren la prueba del estatus migratorio.
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La SB-81 señala que si un inmigrante indocumentado ha sido miembro de una iglesia/templo por lo menos un año, los líderes religiosos deberán nombrar a esa persona ministro o misionero y pagarle su vivienda, servicios médicos y otros costos asociados.
"La iglesia de Los Santos de los Últimos Días (LDS por sus siglas en inglés), no ha tomado favoritismos en cuanto a la SB-81, aunque sí creemos que afecta los llamados de los miembros a congregaciones locales", dijo Scott Trotter, vocero de la iglesia LDS.
Maclovia Perez
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