La ley del “negacionismo”
Por Carlos Tapia
Integrante de la Comisión Política de " Ciudadanos por el Cambio" ( CxC)
La Primera, lunes, 27 agosto 2013
1).- El Consejo de Ministros ya aprobó y envió al Congreso para su discusión el proyecto de ley acerca del “negacionismo”. Wilfredo Pedraza, ministro del Interior y ex investigador de la CVR, ha declarado: “La ley del negacionismo es una respuesta al propósito del terrorismo de negar (…) ese proceso de horror que ocurrió en el país”. En, realidad, lo que se busca es penalizar a quienes, utilizando cualquier medio de comunicación, nieguen, tergiversen o minimicen los terribles crímenes perpetrados por SL y el MRTA.
Delgada línea que separaría la apología a favor de la subversión terrorista, de La Libertad de investigación y aclaración de lo sucedido durante esos aciagos años.
Pero, también, ataque directo contra el Informe de la CVR, y advertencia para que el futuro Lugar de la memoria “escoja bien” el relato gráfico a exponer.
Sin embargo, nada se dice de los atroces crímenes cometidos por miembros de las FFAA.
¿Qué hacer con aquellos medios, políticos y militares que los niegan y hasta justifican?
A continuación, un ejemplo de ello.
2).- Después de cinco años de investigación fiscal se ha iniciado el juicio por la desaparición forzada de 54 personas al interior del cuartel Los Cabitos durante 1983. Se han presentado 34 testigos y están acusados siete oficiales como responsables de este crimen colectivo. Inicialmente eran 10 los oficiales imputados pero por el tiempo transcurrido ya murieron tres, entre ellos el general Clemente Noel, primer jefe del Comando Político Militar de Ayacucho con sede en el cuartel Los Cabitos. Es que ya han pasado 29 años de estos luctuosos acontecimientos.
Sucede, sin embargo, que durante la investigación se llegó a desenterrar 110 restos humanos al interior del cuartel y miles de huesos calcinados. También un horno y el ducto para el abastecimiento de combustible.
Se conoce que todo este innombrable crimen basado en la tortura, muerte y desaparición de las víctimas, fue una política sistemática implementada durante los años 1983-85 por los jefes militares de entonces, a cargo del cuartel Los Cabitos, generales Noel, Huamán y Mori, y con seguridad con la anuencia del alto mando militar responsable de la lucha contrasubversiva de entonces.
3).- Si uno escucha o lee las transcripciones de las entrevistas que los mencionados generales concedieron a la CVR en el 2002 (archivo en la Defensoría del Pueblo), encontrará una similitud en sus testimonios.
Así, se niega tajantemente que se haya torturado y menos matado a ningún supuesto terrorista al interior del cuartel, ya que se afirma que los capturados inmediatamente eran puestos a disposición de la Policía y del Ministerio Público.
Además, ante versiones contrarias hechas por testigos presenciales, niegan la veracidad de estos testimonios atribuyéndolos a una campaña de desprestigio contra el Ejército Peruano y la estrategia contrasubversiva.
El general Huamán declaró: “El Ejército en algún momento ha hecho detenciones, se les ha entregado a la Policía porque no tiene nada que ver el Ejército con detenidos”.
Y en otro momento de la entrevista “¿Para qué deberíamos torturarlos? ¿Con qué fin?”.
Por su parte el general Mori declaró: “Nunca se ha ordenado matar a los terroristas que se han rendido, a los prisioneros (…) ¿estar matando sin razón a gente indefensa?”
Declaraciones coincidentes con las de muchos otros. Escalofriante ¿no?
Caza de brujas
Por Augusto Álvarez Rodrich
La República, Domingo, 26 de agosto de 2012 | 4:30 am
El negacionismo que busca el gobierno es peligroso.
El proyecto del gobierno para penalizar el ‘negacionismo’ podrá estar –en el mejor de los casos– bien intencionado, pero debe ser rechazado porque amenaza a la libertad de expresión, pensamiento y opinión.
La ministra de Justicia, Eda Rivas, sostiene que se “busca penalizar a las personas que públicamente, a través de diversos medios, aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos del terrorismo” para “proteger a la sociedad de aquellas personas que tienen un lenguaje de odio y que buscan atacar la estabilidad democrática de un país”.
A su vez, el premier Juan Jiménez precisa que el proyecto pretende penalizar a quienes “nieguen los delitos de terrorismo que realizaron Sendero o el MRTA y que en el Perú hubo una masacre por parte de estas organizaciones criminales”.
La iniciativa se explica por la preocupación que produce la aparición de señales sobre Sendero Luminoso. Por ejemplo, Movadef y su deseo de inscribirse ante el JNE sin hacer el menor reparo a la violencia y las muertes que produjeron Abimael Guzmán y su grupo terrorista.
También, por hechos que suceden cotidianamente como la intervención de un local en el Centro de Lima donde se vendía la revista Vórtice con contenido senderista, o las pintas alusivas a Sendero que aparecen desde Ayaviri hasta Lima.
La preocupación en el gobierno y en la sociedad es legítima y justificada, pero la respuesta debe ser inteligente y sin generar más problemas.
El problema radica en la delgada línea que divide la propaganda terrorista del libre derecho de las personas a pensar, opinar y a expresarse.
¿Quién va a definir, por ejemplo, qué es “lenguaje de odio que afecta a la democracia”? ¿Habrá una sola interpretación de lo ocurrido en las dos décadas de violencia? ¿Quién determinará las razones del surgimiento de Sendero? ¿Qué se podrá decir sobre el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Qué se deberá callar sobre el grupo Colina? ¿Habrá que cambiar la interpretación según el gobierno de turno? ¿Si Keiko Fujimori llega a la presidencia, Kenyi escribirá el nuevo código de la verdad? ¿Podrá alguien opinar, con su criterio personal, que una dictadura o una monarquía producen mejor resultado que una democracia?
El problema es, en el fondo, quién pone el guión oficial de lo que se debe decir. Este proyecto es una amenaza a la libertad de expresión y debe ser, por ello, rechazado.
La respuesta más efectiva debe ser a través de la fuerza del argumento y de la acción política, a la cual el gobierno y los partidos no pueden renunciar, a pesar de que eso es lo que suelen hacer.
¿Tan difícil es hacer recordar las muertes y que produjo la acción criminal de Abimael Guzmán.
fuente: http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.larepublica.pe
Negacionismo: ¿otra batalla perdida?
Por Rocío Silva Santisteban (Lima, 1963).
La República, Domingo, 26 de agosto de 2012 | 4:30 am
Las batallas por la memoria sobre el conflicto armado han entrado en uno de los tramos más dramáticos de esta guerra simbólica. El Movadef persiste en llamar “guerra popular” a lo que no fue sino una masacre de campesinos; los ayayeros de Colina y otros militares y policías violadores de derechos humanos sostienen que las matanzas perpetradas por tropas y mandos del Ejército o la PNP fueron “solo” excesos de unos loquitos estresados por el servicio en Ayacucho o Huancavelica. Obviamente ambos razonamientos son negacionistas.
El negacionismo es una práctica política que se basa en negar hechos vinculados con historias de barbarie o sangrientas para exculpar a quienes los provocaron o fueron sus actores principales. El ejemplo más claro y rotundo es la negación del “holocausto judío” como lo hacen los grupos neonazis o también la matanza de armenios en Turquía (1915) que algunos partidos turcos pretenden contradecir.
En nuestro país el premier Jiménez Mayor ha planteado, entre los múltiples puntos de su discurso en el Congreso, penalizar el negacionismo, aunque solo el de una parte: sancionar a aquellos que nieguen la masacre terrorista acometida contra la población civil. Se trata, obviamente, de una ley con nombre —o con siglas— propias y la idea es cerrar toda posibilidad a aquellos ex convictos por sentencias de terrorismo que pretendan negar su rol como actores de esa violencia. Pregunta: ¿y al grupo Colina que también niega su papel en ese conflicto, podría eventualmente sancionársele por negacionista? La ley, al parecer, solo contempla a aquellos del primer tramo y a los segundos, a los que desconocen las matanzas acometidas por representantes del Estado, pues no… no les llega la sanción aun cuando también sean negacionistas. ¿La negación del negacionismo?
Diego García Sayan ha propuesto otra salida: que se aplique la ley del negacionismo para aquellos que pretenden negar también masacres como las de Accomarca o Putis, es decir, todas las violaciones de derechos humanos realizadas sistemáticamente por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En el caso de Accomarca, por ejemplo, Telmo Hurtado ha acusado al ex general Mori de ser el autor mediato de la matanza del 14 de agosto de 1985, incluyendo planes operativos y designación de mandos, asunto que salta del “exceso” al “tratamiento sistemático”. Esto implicaría que, por ejemplo, el ex general Mori, así como algunos ex ministros o congresistas, podrían ser sancionados por esta ley.
Sin embargo, personalmente, me encuentro en las antípodas de plantear esta ley para nadie: no es necesaria en nuestro enmarañado sistema legal. Además el peligro que se abre es catastrófico: se podría usar esta ley más adelante, ampliándola, para penalizar el pensamiento o el debate cuando el Estado peruano reconoce que no hay delitos de opinión.
Hay un defecto de fábrica de los abogados: creen muchas veces que los problemas se solucionan con sanciones. Pero con sanciones y balas no se ganan estas peleas por la memoria, sino con argumentos, recordando, planteando testimonios específicos, comunicando el dolor de las viudas y los huérfanos, transmitiendo la impotencia de los heridos y de las mujeres violadas, y sobre todo, logrando que todas las víctimas consigan justicia.
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