HUGO SUERO: UNA ACLARACIÓN NECESARIA
Equipo de ProJusticia
Para quienes nos siguen desde hace varios años, saben que una de nuestras principales luchas como institución es promover una mayor transparencia y "juego limpio" en el Poder Judicial y en el sistema de justicia en general, tanto a nivel jurisdiccional como administrativo. Y en esta lucha, hay ocasiones (pocas, por suerte) en las que el entusiasmo nos invade y nos dejamos guiar por denuncias que, presuntamente, se encuentran debidamente fundamentadas contra determinados magistrados o funcionarios del Poder Judicial.
En este marco, uno de los principales funcionarios que fue objeto de nuestra atención durante varios meses fue el ex Gerente General del Poder Judicial, Ing. Hugo Suero Ludeña, quien fuera objeto de una serie de denuncias por el manejo aparentemente irregular de diversos procesos de adquisiciones y de contratación de servicios, especialmente a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo defenestrado por el actual Presidente del Poder Judicial, César San Martín, a pocos días de asumir el cargo.
Si bien nuestra institución felicitó entonces –al igual que otras instituciones- la salida del Ing. Suero, nuestra preocupación sobre su carrera no estuvo centrada tanto en la posibilidad de arreglos bajo la mesa, como por el hecho de mantenerse por más de 8 años en un cargo que entonces requería ya de una nueva perspectiva y visión. Cabe recordar que el Ing. Suero fue seleccionado luego de un exhaustivo concurso público durante la gestión Sivina, sobreviviendo a varios de los Presidentes del Poder Judicial y a una Corte Suprema siempre temerosa de que lo administrativo prime sobre lo jurisdiccional.
En tal sentido, de acuerdo al Informe No. 538-2011-CG/EA-EE, "Examen Especial al Poder Judicial", emitido a fines del año pasado por el Departamento de Entidades Autónomas de la Contraloría General de la República, y al que nuestra institución tuvo acceso en días recientes, es una muestra de que la mayor parte de estas denuncias hechas contra la gestión del Ing. Suero no tenían mayor sustento, siendo desvirtuadas la mayor parte de ellas por el organismo de control del Estado. Por ello, consideramos pertinente difundir los resultados de este informe, no solo como una manera de expresar nuestras disculpas públicas hacia el Ing. Suero Ludeña, sino y sobre todo porque consideramos saludable que en una democracia como la nuestra se señale la responsabilidad que corresponde debidamente a cada funcionario, en lugar de seguir cayendo en el juego del silencio cómplice.
CONTENIDO DEL INFORME
Las acciones de control desarrolladas en el marco del Informe No. 538-2011-CG/EA-EE tuvieron como objetivo verificar la legalidad y razonabilidad en el uso de los recursos públicos correspondientes al ejercicio 2009 por parte de la Administración del Poder Judicial, así como "evaluar los casos que han sido materia de denuncia respecto a las adquisiciones realizadas a través del PNUD y la indebida contratación de los servicios de limpieza de la empresa PISERSA a través de procesos de menor cuantía".
De estos casos, el informe se concentra en 4 de ellos: a) en la adquisición de 10,000 unidades de tóner marca SAMSUNG para las impresoras del Poder Judicial; b) en la compra de 280,000 millares de papel bond con logotipo en sello de agua para las dependencias del PJ; c) en la adquisición de 1,220 equipos de cómputo (laptops), 10 servidores de datos y 9 soluciones para los Módulos Básicos de Justicia con aparente sobreprecio; y d) en la contratación presuntamente irregular de la empresa PISERSA para labores de limpieza de los locales del Poder Judicial a nivel nacional. Cabe señalar que, si bien la evaluación estuvo centrada en el 2009, sus alcances incluyeron la revisión de operaciones realizadas en años anteriores, incluyendo los ejercicios 2006, 2007 y 2008, permitiendo una mirada integral sobre estos hechos.
Las indagaciones realizadas alrededor de estos casos dan cuenta que, en la mayor parte de ellos, no se produjeron las irregularidades que fueron denunciadas en su momento. Así, con respecto a la compra de los tóner, la Contraloría encuentra que si bien durante el proceso se abrió la posibilidad de comprar productos alternativos de similares características, finalmente se adquirieron tóners de la marca inicialmente solicitada a un precio menor al de mercado, por lo que la denuncia quedaba sin fundamento. Igualmente, en el caso de la compra del papel bond, el informe es claro en señalar que el monto a contratar no fue fijado de manera arbitraria por la Gerencia General, sino que ello se basó en un estudio técnico y de mercado llevado a cabo por la Universidad Nacional de Ingeniería, y que la presunta ampliación de los plazos de entrega no fueron hechos para favorecer a la empresa proveedora, sino que respondió a la falta de capacidad de almacenamiento del propio Poder Judicial.
EL CASO PISERSA
En el caso de PISERSA, el informe se encarga igualmente de aclarar una serie de presuntas irregularidades que fueron objeto de denuncia. Por ejemplo, la Contraloría señala explícitamente que si bien PISERSA fue contratada bajo la modalidad de adjudicación directa selectiva en el 2005 por la Gerencia General del PJ, ello se debió a que durante el 2004 fue declarado desierto, tanto en primera como en segunda convocatoria, el proceso de contratación pública No. 001-2004-GG-PJ para cubrir el servicio de limpieza en la mayor parte de dependencias del Poder Judicial, por lo que se hacía aplicable el art. 32º del TUO de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para paliar el problema.
Producto de este proceso, el 15 de junio del 2005 se suscribió un contrato con PISERSA con una duración de 24 meses, a un monto ascendente a los 18 millones 107 mil 304 nuevos soles, para laborar en tres zonas: Zona Lima, Zona Centro y Zona Sur. Cabe señalar, sin embargo, que ya en octubre de ese año se firma una adenda ampliatoria para prestaciones adicionales, esta vez por un plazo de 20 meses a un costo de un millón 728 mil 686 nuevos soles, lo que fue autorizado mediante Resolución Administrativa No. 375-2005-P-PJ del 23 de setiembre del 2005. Igualmente, en abril del 2006 se suscribió una nueva adenda por un plazo de 14 meses y 15 días, por un monto menor a los 300 mil nuevos soles.
De acuerdo al informe, estas adendas no fueron suscritas por voluntad de la Gerencia General, sino que respondieron a requerimientos de servicio de limpieza hechas por las Cortes Superiores debido a la creación de nuevas dependencias, solicitudes que fueron debidamente evaluadas por la Subgerencia de Logística, la que emitió dos informes sobre ello: el Informe No. 533-2005-AS-SL-GAF-GG/PJ el 25 de agosto del 2005, y el Informe No. 019-2006-AS-SL-GAF-GG/PJ el 20 de enero del 2006. Cabe añadir, además, que la posibilidad de ampliar o disminuir el servicio contratado estaba incluida en las Especificaciones Técnicas de las bases de la adjudicación, por lo que no se llevó a cabo nada fuera de la ley.
Por otro lado, el informe señala que la adenda firmada en enero del 2007, donde se incrementó el monto del contrato, respondió también a lo dispuesto por el D.S. 016-2005-TR, que dispuso el aumento de la remuneración mínima vital para los trabajadores, aspecto que no estuvo incluido inicialmente en el contrato. Por ello, ambas partes (PISERSA y el Poder Judicial) llegaron a un acuerdo por el cual se reconocía dicho aumento desde el 01 de enero del 2006 al 15 al junio del 2007, acuerdo que además fue avalado por la Oficina de Asesoría Legal del PJ.
Finalmente, cabe señalar que la contratación de PISERSA para cubrir un servicio similar en diferentes Cortes Superiores del país no fue hecho –como resalta el informe- desde la Gerencia General, sino que fue realizada de manera directa por dichas Cortes merced a la mediante Resolución Administrativa No. 023-2005-P-PJ del 08 de febrero de 2005, mediante la cual la Presidencia del Poder Judicial aprobó delegar en los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia facultades para el mejor ejercicio de la función administrativa, incluyendo el manejo de procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios. En este marco, se llevaron a cabo 29 procesos de menor cuantía para cubrir el servicio de limpieza, todos los cuales fueron ganados por PISERSA.
En resumen, el Informe permite apreciar que durante la última etapa de la gestión del Ing. Suero el manejo de diferentes procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios fue regular y conforme a las normas y reglamentos vigentes. Asimismo, muchas de sus decisiones fueron avaladas por resoluciones de la Presidencia o por informes técnicos llevados a cabo por agentes externos, lo que en todo caso dan muestra de que los procesos no fueron manejados de manera arbitraria. En todo caso, estos ejemplos nos deben llevar a evaluar la idoneidad de las normas vigentes sobre contratación y adquisiciones de bienes de parte del Estado, muchas de las cuales proponen aún procedimientos engorrosos que llevan finalmente a optar por la adjudicación directa, o que mantiene espacios de arbitrariedad que bien pueden ser mal utilizados.
Lamentablemente, la salida del Ing. Suero no constituyó tampoco la panacea que muchos esperaban, dado que la actual Gerencia General no ha mostrado, a lo largo de los dos años de la gestión de San Martín, mejoras visibles que hicieran pensar en la presencia de una nueva visión administrativa que requiere, con urgencia, nuestro sistema de justicia. Ejemplo de ello es el manejo cuestionable que existe alrededor de la reforma procesal penal, donde los vacíos y problemas administrativos son mayores que los avances. En todo caso, esperamos que el Ing. Suero pueda demostrar sus dotes administrativas en nuevos cargos públicos, donde la experiencia lograda en el Poder Judicial le permita consolidar la ansiada reforma del Estado.
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