Por medio de la presente y siendo de interés por la coyuntura electoral judicial que se vive edentro del Poder Judicial debido a la próxima elección del Presidente de la Corte Suprema les hacemos llegar nuestro artículo denominado: "Almenara Bryson: Las Supremas dudas de una candidatura"
Atentamente
PRO JUSTICIA.
ALMENARA BRYSON: LAS SUPREMAS DUDAS DE UNA CANDIDATURA
Equipo Projusticia
Cada dos años, la elección del Presidente del Poder Judicial nos deja entrever, siquiera por unas semanas, algo que suele ser inaccesible al ojo público el resto del tiempo, como son los juegos de poder que se producen al interior de la Corte Suprema, ese "Olimpo" Judicial en el que se mueven aquellos que han alcanzado el máximo cargo al interior de la administración de justicia. Sin embargo, son justamente esos juegos de poder los que nos permiten recordar (y recordarles) que no son más que seres humanos, con todas las fallas y deficiencias que ello implica.
Este año, dos candidatos buscan suceder a César San Martín y a la desastrosa gestión que éste ha tenido al frente de la institución judicial, gestión que hoy trata de ser salvada peleándose con el ministro de Economía por el sueldo de los jueces e irse, digamos, con cierta gloria. Estos candidatos son el vocal supremo Luis Almenara Bryson y el vocal supremo Duberly Rodríguez Tineo, ambos prácticamente desconocidos para la opinión pública si los comparamos con los perfiles mediáticos de los dos últimos presidentes de la Corte Suprema. Uno de ellos será elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema integrada por los vocales supremos titulares. Sobre el particular, se debe mencionar que no son pocos los vocales que prometen apuntalar a todos los candidatos y que en los días previos a la elección cambian su apoyo y orientan su voto en función de sus particulares intereses o animadversiones y no siempre pensando en la institucionalidad de la judicatura.
Respecto al procedimiento elector, es ilustrativo recordar que si bien es cierto, son 19 los jueces supremos titulares, solo 18 participarán en la elección del próximo presidente del Poder Judicial. No votará quien fue elegido presidente del JNE en noviembre de 2012: el Dr. Francisco Távara Córdova, pero el saliente presidente de esa entidad, Hugo Sivina, vuelve al Poder Judicial y votará para presidente de la Corte Suprema. Otro evento que podría disminuir el número de jueces supremos antes de la elección, es más lejano pero no imposible: que el mismo CNM destituya a los jueces vinculados con el fallo Villa Stein. En concreto, el presidente del Poder Judicial será elegido en primera votación si logra obtener por lo menos la mitad de los votos más uno de los asistentes.
Si no se consigue elegir al presidente en una primera votación, se pasará a una segunda vuelta el mismo día entre los dos candidatos que tuvieron más votos. Aquí se ganará solo con mayoría simple. Si se produjera un empate, se designará ganador al candidato más antiguo. El presidente del Poder Judicial solo podrá ejercer el cargo una vez y durante dos años, sin posibilidad de reelección (Artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-LOPJ) en tanto, para las cortes superiores sólo está prohibida la reelección inmediata (artículo 80 de la LOPJ). Además, físicamente la elección se realiza en el Palacio de Justicia.
Y no obstante que la campaña empezó hace más de medio año, los diálogos y tal vez hasta conciliábulos que vienen realizando los postulantes para alcanzar el respaldo de sus colegas, se han pronunciado y las reuniones o llamadas telefónicas se han mostrado más frenéticas, pero lo trascendental no había sucedido hasta la primera quincena de noviembre 2012: fecha en la cual, únicamente Duverlí Rodríguez Tineo con una actitud de transparencia y evidenciando convicción en sus propuestas ya se había presentado ante los diversos medios de comunicación masiva (Canal N y Panamericana Televisión de Lima, por ejemplo) para difundir y debatir los lineamientos generales de su bien elaborada y realista "Propuesta de gestión presidencial 2013-2014" (Fechado Nov. 2012) para el PJ. Por el contrario, fiel a su perfil de personaje opaco, Almenara Bryson no había cumplido con ese deber ante la "Comunidad judicial" y sobre todo, ante la opinión pública en general, y sólo se había limitado a la formalidad de publicar en el portal en internet del PJ, un confuso y personalista texto titulado "Plan de gobierno 2013-2014" (Fechado Oct. 2012).
Sobre Rodríguez Tineo, podemos precisar que es miembro de la Sala Penal Permanente, proviene de las canteras del socialismo. Es piurano, presidió la Corte de Lambayeque y fue diputado de Izquierda Unida de 1985 a 1990. Más recientemente, presidió el tribunal que confirmó la sentencia que condenó a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por el caso Barrios Altos y la Cantuta; y si como era de esperarse, los opositores de Rodríguez Tineo lo ubican en las canteras de los llamados "caviares", pese a ello, no se ha escuchado que se sindique a Rodríguez Tineo como abiertamente antifujimorista y una persona en extremo confrontacional, un dato que no es menor, debido al panorama de fuerte polarización política que ha desatado el tema del indulto para el ex presidente Fujimori, con una tendencia a empeorar en los próximos meses.
A su vez, en la mayoría de la comunidad judicial hay casi consenso en reconocer la impecable trayectoria profesional, alto criterio gerencial y el sólido compromiso de Rodríguez Tineo para concretar la verdadera (y esquiva) reforma y potenciamiento del PJ mediante una sinergia entre cuadros jóvenes y experimentados de dicho poder del Estado. Supletoriamente, en la esfera política, a la par que se afianza una imagen favorable de Rodríguez Tineo como la de una especie de "Alfonso Barrantes del PJ"; es cada vez más extendida la certeza de que Rodríguez Tineo goza de la preferencia de la administración Humala, un hecho crucial, toda vez que el Poder Ejecutivo es el que otorga los recursos para el funcionamiento del PJ, precisamente en un escenario donde las reivindicaciones remunerativas han encendido la protesta y expectativas en el sector judicial.
Según acuciosos observadores del mundillo judicial, los opositores a Rodríguez Tineo habrían diseminado el rumor (falso, claro está), ante algunos medios de prensa, de que sus posibilidades para acceder a la presidencia del PJ, se habrían debilitado, por "aceptar" el apoyo entusiasta y no muy secreto del ex presidente del PJ, Javier Villa Stein, a favor de su candidatura. De acuerdo a esta versión tendenciosa, Villa Stein canalizó varios ofrecimientos de votos a Rodríguez Tineo por parte de magistrados de su entorno.
Un respaldo tácito inexistente y nunca "aceptado" por Rodríguez Tineo, pues desde julio 2012, bajo la óptica del pragmatismo electoral judicial, constituiría un punto vulnerable para la campaña de Rodríguez Tineo por la gran controversia nacional e internacional (papelón incluido del Perú ante la CIDH), suscitada por la sentencia del caso Barrios Altos -liderada y defendida ardorosamente por Villa Stein- considerando que los crímenes del grupo Colina no son delitos de lesa humanidad. Lo que sí es verdadero, es que por convicción propia algunos magistrados supuestamente cercanos a Villa Stein apoyarían a Rodríguez Tineo pero por sus cualidades personales y profesionales más no por otras consideraciones.
Como siempre, la cuestión es saber cuál de estos candidatos puede aportar más al fortalecimiento del Poder Judicial. Gracias a la gestión de San Martín, por lo menos hoy sabemos que no basta ser un buen juez para dirigir al Poder Judicial. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, San Martín fue elegido hace dos años precisamente por ello: porque mantenía la imagen -ante un amplio sector de la población- de ser un juez justo, valiente, independiente y responsable, gracias a su sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, ninguna de estas características llevó a que su gestión tenga la eficiencia, inteligencia y voluntad de cambio que se esperaba. Por el contrario, San Martín fue como el camarón que se duerme y que se lo llevó la corriente política, teniendo hoy escasos resultados que mostrar.
Entonces, más que un buen juez, parece claro que hoy el Poder Judicial –como cualquier institución pública moderna- requiere sobre todo un buen gestor y alguien que tenga el liderazgo suficiente para convertir al Poder Judicial no solo en una institución moderna y eficiente, sino también en una organización democrática, independiente y transparente. Para ello no basta pelearse y cuestionar en voz alta la conocida "mano dura" del ministro Castilla, sino que es necesario proponer y desarrollar políticas judiciales ordenadas y coherentes, generando consensos alrededor de las mismas tanto a nivel externo como externo que haga posible su ejecución. En palabras sencillas, sin un buen gestor no tendremos buenos jueces ni buena justicia.
En esta línea, si bien quienes conocen el ambiente judicial le dan hoy mayores posibilidades a Almanara Bryson de convertirse en el próximo Presidente del Poder Judicial (ver al respecto el conteo de votos que realiza Ricardo Uceda en la revista Poder de octubre), lo cierto es que su trayectoria no parece mostrarlo ni como un buen gestor y menos como un buen juez, mostrando más bien un pasado cuestionable que, a nuestro entender, lo descalifica como un candidato idóneo para ocupar el máximo cargo al interior del aparato judicial. Revisemos algunos de los hitos más saltantes de dicha trayectoria:
De acuerdo a su Hoja de Vida, conocemos que Almenara Bryson, nació el 20 de septiembre de 1941 en Barranco, Lima; es actual integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, conocido como un veterano y controversial juez de carrera inclinado a guardar un perfil bajo (algunos de sus detractores lo catalogan como un "poco confiable magistrado"), postula por tercera vez a la presidencia de la Corte Suprema. En una elección perdió por un voto y en otra obtuvo solo un voto. "Esta es mi última oportunidad, voy a cumplir 71 años, creo que puedo aportar a la institución y voy a seguir las líneas de trabajo de mis antecesores", declaró al diario El Comercio en una nota reciente.
A pesar de que Almenara Bryson es prácticamente un desconocido para la opinión pública, no ocurrió así en décadas pasadas: Durante los '80, fue vocal provisional y vocal titular de la Corte Superior de Lima, ganando las elecciones en segunda vuelta, gracias a los votos de los jueces apristas, que habían quedado terceros en el recuento de votos. Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 1990, Luis Almenara Bryson se desempeñó como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), la más grande del país y por ende con los casos más importantes en sus fueros.
El diario La Primera informó, en su edición del 01 de diciembre de 2008, que Almenara logró la presidencia de la CSJL gracias el decisivo apoyo de Alejandro Rodríguez Medrano, ex magistrado que terminó sirviendo delincuencialmente los intereses del montesinismo por lo que fue sentenciado y purgó carcelería. Como si fuera poco, tras el autogolpe de Alberto Fujimori (05 de abril de 1992) y la defenestración de toda la Corte Suprema, Almenara desde el 28 de abril de ese año hasta el 30 de diciembre de 1993, asumió el cargo de vocal provisional de la Corte Suprema, y a partir del 31 de diciembre de 1993 hasta mayo de 2001, fue vocal titular de la Corte Suprema, en un periodo donde luego se comprobó que Vladimiro Montesinos manipuló a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público con fines políticos y hasta delictivos, hecho por el cual, luego la justicia sentenció a prisión a la Fiscal de la Nación y a varios vocales de la misma Corte Suprema.
Y si bien Almenara Bryson ha afirmado con pasión digna de mejor causa, que solo tuvo un papel secundario durante la intervención al Poder Judicial tras el autogolpe de Fujimori, los hechos lo desmienten, pues lo cierto es que sí tuvo un involucramiento descollante:
En primer término, Almenara no rechazó dicha intervención del PJ como correspondía a alguien que había sido Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima; al respecto, el diario La Primera ha recordado recientemente que su elección a dicho cargo tuvo el apoyo decidido en segundo vuelta de Alejandro Rodríguez Medrano, uno de los más conspicuos operadores del montesinismo dentro del aparato judicial.
Al contrario, su silencio le permitió ser nombrado como vocal supremo provisional y luego como vocal supremo titular por el Jurado de Honor de la Magistratura en 1993 que el Ejecutivo nombró y presidía Manuel de la Puente y Lavalle. La mayoría de miembros de ese grupo de trabajo –como el doctor Almenara– eran catedráticos de la ex Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Para entonces y confirmando la cercanía de Almenara con el régimen fujimorista, la hermana de Almenara ejercía también un alto cargo al interior del fujimorato, como viceministra de Justicia.
De otro lado, el propio Montesinos señaló a Almenara como una de las personas que intervino en la formulación y elaboración de la "lista negra" de magistrados que debían ser cesados a raíz del autogolpe de 1992, así como en la comisión evaluadora creada al interior de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial a fines de 1994. Y si bien formalmente dicha comisión no decidía directamente qué jueces se quedaban y cuáles se iban a su casa, lo cierto es que ya cumplía un papel discrecional al "recomendar" que siga o no tal o cual juez, discrecionalidad que –por cierto- manejó a su total antojo ya que sus "recomendaciones" no requerían fundamentación alguna.
En adición, la postura de Almenara frente a los derechos humanos, es por decirlo menos, enclenque y sinuosa, tal como quedó claro en las distintas posturas asumidas frente a los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Cabe señalar que Almenara suele jactarse de haber votado a favor de que sea el fuero común el encargado de juzgar a los responsables de la matanza de La Cantuta; sin embargo, extrañamente se olvida que en octubre de 1995, cuando integraba una Sala Penal Suprema, rechazó la queja No. 1234-95 presentada por los familiares de las víctimas de Barrios Altos, permitiendo que se aplicara a los involucrados en este caso la Ley de Amnistía (Ley No. 26479), demostrando con ello "su falta de independencia y de respeto a la dignidad de la persona humana", tal como lo señalaron los consejeros Edwin Vegas y Max Cárdenas al oponerse a su ratificación por el CNM en el 2008.
A raíz de esta actuación escabrosa, los fujimoristas tampoco quieren mucho a Almenara, pues no confían en él. Ya que en definitiva, Almenara fue uno de los dos jueces supremos que en 1994 votó en contra de que el fuero militar se haga cargo del caso La Cantuta, mientras otros tres jueces votaron a favor. Eso obligó al fujimorismo a tomar dos acciones: dieron la "primera Ley Cantuta" para que las contiendas de competencia se decidieran por mayoría simple, de tres votos. El caso La Cantuta fue investigado y sancionado por el fuero militar. Además, al darse cuenta que no controlaban la Corte Suprema, a fines de 1994 crearon la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial y dispusieron que los provisionales, encabezados por Alejandro Rodríguez Medrano, controlen la Corte Suprema.
El escaso valor que Almenara le da a la independencia judicial fue visible en la cuestionable postura que adoptó ante el intento de la Sala Plena, en 1996, de presentar una propuesta de ley para desactivar a la interventora Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. Como se reseña en Caretas 1422 ("Suprema División"), en dicha oportunidad Almenara incluso abandonó airado la Sala Plena a fin de impedir que se pueda votar por falta de quórum. Por tanto –como señala la revista- para Almenara era más importante devolver el favor a Montesinos y a su comisión interventora que recuperar la independencia de la judicatura.
Las ambiciones de Almenara no se aplacaron ni con la caída del fujimorismo, y en diciembre del 2000, postuló a la presidencia de la Corte Suprema, pero fue derrotado por Mario Urrelo. Después, el proceder de Almenara no fue pasado por alto en un sector del Apra, el cual durante el 2001 propició una protesta masiva frente al CNM logrando que dicho organismo apartara a Almenara del PJ, junto con los que habían servido al fujimorismo.
Esto se materializó cuando el Consejo Nacional de la Magistratura decidió, no ratificar a Almenara en el cargo de vocal supremo. Ante ello, Almenara optó por acudir a aquellas instancias que tanto Fujimori como Montesinos cuestionaron y buscaron deslegitimar en su momento –como fue la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, para que se le reponga en su cargo, señalando que el CNM había violado su derecho a las garantías judiciales y a su honra personal, entre otros derechos.
En julio del 2007 -esto es, durante el gobierno de Alan García- el Estado peruano llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con Almenara Bryson y otros magistrados no ratificados, acuerdo homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el cual, se anularon las resoluciones de no ratificación de dichos magistrados y se ordenó su reincorporación en el sistema de justicia peruano, además de ordenar al CNM llevar a cabo un nuevo proceso de ratificación invocando el respeto a las normas constitucionales e internacionales vigentes.
En virtud de ese acuerdo, Almenara pudo ser reintegrado como vocal titular de la Corte Suprema el 16 de abril del 2008 (Resolución Nº 096-2008-Consejo Ejecutivo-PJ), nombrándosele Presidente de la Sala de Derecho Social y Constitucional Transitoria. Pero el asunto no quedó allí. Gracias a que el acuerdo de solución amistosa señalaba, en su punto 2.2.1, que el Estado peruano se comprometía a reconocer el tiempo de servicios no laborados contados desde la fecha de la resolución de no ratificación, "para efectos del cómputo de su tiempo de servicios, jubilación y demás beneficios laborales que le corresponden según la ley peruana", tanto Almenara como los otros jueces beneficiados iniciaron procesos para cobrar todos los sueldos que les correspondía desde su cese hasta su reincorporación.
En otras palabras, Almenara recibió su sueldo por 7 años como vocal supremo sin trabajar como tal un solo día en todo ese tiempo, y todo gracias al gobierno de Alan García. ¿Defenderá así el sueldo de aquellos magistrados y del personal jurisdiccional que sí la suda para ganar un escaso sueldo?
Finalmente, muchos advierten que en propiedad, a Almenara Bryson no le correspondería postular y ni siquiera continuar como vocal supremo: Resulta que al iniciarse en la carrera judicial, Almenara estuvo sujeto a la ley que establecía que la carrera judicial concluía a los 75 años. Pero esta norma fue modificada en el 2008 y la edad de cese fue rebajada a 70 años. La ley incluso estableció una excepción para aquellos magistrados que en el momento de su promulgación tuvieran más de 70 años, que no era el caso del doctor Almenara Bryson.
Y dado que la Ley de Carrera Judicial (Ley No. 29277, art. 107, aparatado 9), publicada el 07 de noviembre del 2008, estipula que la edad límite para el ejercicio del cargo de juez es de 70 años. Ante tal variación de la edad límite, el Estado peruano, mediante Nota Nº 7-5-M/473 (29/06/2011), solicitó opinión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que precise si corresponde que el juez supremo Almenara Bryson continúe o no ejerciendo su cargo hasta que alcance 75 años de edad, es decir, en los términos de la legislación vigente antes de su ratificación.
La CIDH, por comunicación del 08 de agosto del año 2011, respondió a la petición cursada indicando que los compromisos asumidos por el Estado peruano en el Acuerdo de Solución Amistosa (aprobada mediante Informe Nº 71/07, del 27 de julio de 2007) deben aplicarse bajo el alcance de lo más favorable a los derechos de los magistrados que lo suscribieron. Sobre la base de lo expuesto, la CIDH concluyó que el estatuto jurídico aplicable al juez supremo Almenara Bryson, respecto del cese por límite de edad, es de 75 años de edad.
Para muchos, queda claro que apelando nuevamente a una "interpretación auténtica" de las leyes a su favor, Almenara logró que la CIDH emitiera un informe sobre esta cuestión señalando que el Acuerdo de Solución Amistosa no hacía referencia al límite de edad para el ejercicio de la judicatura posterior a la reincorporación, y que en todo caso, dicho acuerdo debía ser interpretado bajo el alcance de lo más favorable a los derechos de los magistrados que lo suscribieron.
Gracias a ello, la Sala Plena de la Corte Suprema aceptó, mediante resolución administrativa No. 094-2011-SP-CS-PJ, del 11 de agosto del 2011, que Almenara Bryson siguiera ejerciendo sus funciones como vocal supremo hasta los 75 años de edad, obviando lo dispuesto en una ley vigente para favorecer a una persona. Así, hoy Almenara sigue cobrando su jugoso sueldo como supremo por 4 años más, con la posibilidad de beneficiarse incluso de un aumento sustancial que está en trámite para los jueces supremos.
En etapa más reciente y en un acto que confirmaría su predisposición al manejo autoritario del PJ, Almenara Bryson tomó abiertamente partido por el presidente de la Corte Suprema, César San Martín, cuando en mayo de 2012, Almenara expresó "Es perfectamente legal y constitucional" el proyecto de ley presentado al Congreso que proponía otorgar "facultades extraordinarias" al Presidente del Poder Judicial para hacer frente a situaciones de carácter excepcional que pongan en riesgo el normal y debido funcionamiento de las instituciones judiciales. Al respecto, como juez supremo decano y encargado de la Presidencia del Poder Judicial, Almenara Bryson, rechazó de manera enfática que esta iniciativa constituya un "golpe de Estado" y represente una amenaza a las instancias del Poder Judicial.
Y a pesar que Almenara Bryson recordó que el citado proyecto fue aprobado por amplia mayoría de los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el proyecto de ley indicado fue rechazado por el Parlamento, en medio de una extendida oposición a su aprobación desde el propio PJ, la mayoría congresal, la prensa independiente e instituciones vinculadas al quehacer judicial.
Pero el desaire fue mayor todavía para Almenara Bryson, cuando los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) se manifestaron públicamente en contra de que el Congreso le otorgue tales "facultades extraordinarias" al presidente del PJ, quien pretendía separar a los magistrados, funcionarios y auxiliares denunciados por casos de corrupción, en forma arbitraria.
En tal sentido, los jueces de la CSJL se mostraron tajantes mediante un comunicado donde decían "Queremos expresar públicamente nuestra preocupación y rechazo a cualquier proyecto de ley que propone el otorgamiento de facultades extraordinarias que pongan en riesgo la independencia de la judicatura, garantía constitucional de la administración de justicia que resulta ser el soporte del estado de Derecho". Y dejando aún más aislado y desautorizado a Almenara Bryson, adicionalmente los magistrados rechazaron "cualquier modo de intervención interna o externa al PJ y a las cortes superiores de justicia de la República", cuestionando también que se hable de la "existencia de organizaciones delictivas", por poner en el mismo nivel a jueces probos con los corruptos.
Como podemos apreciar entonces, a lo largo de su carrera profesional y hasta hace poco tiempo, el juez supremo Almenara Bryson ha sabido aprovechar el aparato judicial nacional e internacional en su propio beneficio, tanto profesional como económico. Por el contrario, su defensa del orden constitucional, de los derechos fundamentales y del estado de derecho es poco menos que dudosa. ¿Qué podemos esperar entonces de este magistrado si llega a ocupar el máximo cargo del Poder Judicial? Lo mejor que podría pasar es solamente que se aumente el sueldo –como al parecer le gusta hacer- y el de sus aliados supremos, pero lo preocupante es lo peor que puede pasar, como es someter nuevamente al Poder Judicial a una posición sumisa frente al poder político.
En tal sentido, creemos que la victoria de Almenara solo puede significar la derrota de la democracia y de una justicia acorde con sus principios. ¿Es esto lo que quiere el país, luego de tantos años de lucha y con tantos peligros inminentes alrededor? Si bien es cierto que como ciudadanos no participamos directamente en la elección del Presidente del Poder Judicial, por lo menos si podemos advertir y cuestionar a los candidatos que buscan dirigirlo, especialmente de aquellos que olvidan que la justicia es del pueblo y para el pueblo y no para su beneficio propio.
*Este Artículo no incluye al Dr. Javier Enrique Mendoza, quien es el Magistrado con mayor capacidad técnica, pero no cuenta con apoyo al interior de la Sala Plena
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