PRONUNCIAMIENTOS
MADRE MIA: OPORTUNIDAD PARA ESCLARECER
Se ha hecho público que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos tiene en sus manos una petición de los familiares de dos
víctimas de desaparición forzada, ocurridas en las cercanías de
la Base Militar de Madre Mía en el poblado de Pucayacu, Huánuco
en 1992. Esta denuncia, presentada por la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos, resulta trascendente debido a la gravedad de
lo ocurrido y porque uno de los investigados a nivel interno fue
el Presidente de la República. Al respecto hay que señalar lo
siguiente:
1. La petición de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
tiene como finalidad que el Estado peruano cumpla con la
obligación de investigar adecuadamente las violaciones a los
derechos humanos ocurridas en la base militar Madre Mía, las que
nadie niega que existieron.
2. Debe tomarse en cuenta que las decisiones del Sistema
Interamericano están relacionadas solo con las responsabilidades
de los Estados y no de las personas individuales. En caso se
termine con un fallo condenatorio a favor de los peticionarios,
el Estado tendrá la obligación de investigar las denuncias.
3. La petición fue presentada el 22 de junio de 2010, debido a
que la Comisión Interamericana solo da seis meses de plazo, a
partir de notificada la decisión que agota los recursos
internos, para que las víctimas o familiares presenten un caso
(artículo 32 del reglamento de la Comisión). Como se recordará la
resolución de la Corte Suprema que archivó esta causa fue
emitida el 21 de diciembre del 2009. El único criterio que movió
la demanda fue el de obtener justicia para las víctimas.
4. En relación al caso, a nivel de la Comisión, solo existe dicha
petición, sin que todavía se haya pasado a la siguiente etapa,
en la que dicho órgano debe decidir si la admite o no. De ahí
quedan tres etapas: (i) la posibilidad que el Estado y los
peticionarios lleguen a una solución amistosa, en base a que el
Perú acepte su responsabilidad por los delitos de lesa humanidad
y la mala investigación de los hechos en Madre Mía, (ii) de no
darse solución amistosa, que la Comisión Interamericana evalúe
los hechos y decida presentar una demanda ante la Corte
Interamericana o decida no presentar la demanda, y (iii) la Corte
Interamericana, luego de un proceso, decidirá si el Estado
peruano debe o no reabrir el caso para investigar adecuadamente
estos hechos o puede fallar en contra de los peticionarios y las
cosas podrían quedar tal como están.
5. Más allá de cómo termine esta causa, el Instituto de Defensa
Legal reitera su convicción que los hechos ocurridos en la Base
Militar de Madre Mía deben ser investigados de forma eficiente
por el sistema de justicia peruano, que hasta la fecha no ha
cumplido un rol adecuado.
6. Esa siempre ha sido siempre nuestra posición, tal como en
retirada ocasiones lo dijimos durante el proceso electoral.
Preferir a Ollanta Humala que al fujimorismo, no implicaba la
renuncia a investigar el caso Madre Mía. En esa misma línea,
recientemente el IDL ha pedido por escrito al Ministerio de
Defensa que diga quién es el "capitán Carlos", responsable de
ocurrido en Madre Mía.
7. Así también creemos que, ante esta demanda, al presidente
Ollanta Humala y a todas las autoridades les corresponde ayudar a
esclarecer estos hechos. Constituye una obligación y al mismo
tiempo es la gran oportunidad para despejar cualquier tipo de
duda.
8. Sería absurdo que en lugar de actuarse de esta manera, se le
haga caso a los sectores que, a través de una información
distorsionada, quieren que se opte, equivocadamente, por la
estrategia del ataque contra la Comisión Interamericana. Ello
sería contrario al derecho internacional (los tratados se
respetan), y levantaría sospechas a nivel nacional e
internacional.
Exigimos la inmediata liberación de los trabajadores secuestrados
y condenamos la violación a los derechos humanos
Frente al secuestro de 40 trabajadores del Proyecto de Camisea
por parte de lo que queda de Sendero Luminoso, el Instituto de
Defensa Legal plantea lo siguiente:
- Expresamos nuestra condena e indignación frente a este
accionar delictivo. El IDL reitera su rechazo a la violencia de
corte terrorista tal como lo hemos hecho a lo largo de nuestra
vida institucional.
- El proceder de la columna senderista liderada por los hermanos
Quispe Palomino atenta especialmente contra los derechos humanos
de las poblaciones más vulnerables y no tiene ninguna
justificación. Con este tipo de actos se revelan ante el país
como mercenarios y delincuentes aliados del narcotráfico.
- Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores
secuestrados y exigimos su liberación de manera incondicional.
- Por otro lado, instamos a que se realice una profunda
investigación. No puede ser que en una zona en la que se
encuentran militares y policías se sigan sucintado este tipo de
hechos.
- La lucha contra la subversión se debe llevar con energía,
eficacia e inteligencia, para que nuestro país pueda salir, de
una vez por todas, de estos nefastos episodios.
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