Monday, June 18, 2012

[RED DEMOCRATICA] Informe: Preso por un Dolar y la Justicia Boliviana

 

Por medio de la presente les hacemos llegar el Informe televisivo de Dia D de ATV, el caso de Rubén Medina, nadador arequipeño que cruzó a nado el Titicaca para demostrar que en Bolivia se podìa hacer deporte a pesar de la altura. Después de ser recibido como héroe y huesped ilustre y luego de tres años fue apresado y encarcelado injustamente por haber "robado" un objeto de 1dolar
http://atv.tuteve.tv/programa/293/dia-d Rubén Medina cuenta su calvario lo que pasó en el peor penal boliviano durante 13 meses

Asimismo les hacemos llegar dos informes, uno de ProJusticia y otro del Dr. Eddie Condor sobre como se administra la Justicia "Injustamente" en Bolivia
 
Atentamente

FERNANDO O´PHELAN PEREZ
PRO JUSTICIA.




"¡ADIÓS Y BUENA SUERTE!"
Crónica del abuso de poder en lo judicial en Bolivia
 
 
El titulo es el de una película reciente de Hollywood. "¡Adiós y buena suerte!" es también la fría expresión de muchos empleadores que se deshacen de sus trabajadores arbitrariamente. El problema es cuando no es un "rapaz capitalista" el que lo hace sino el Estado y peor aun cuando lo hace un Estado que se llama transformador y revolucionario.
 
Al decir verdad, nada hay de transformador y revolucionario cuando ese Estado continúa las prácticas del viejo Estado y la transformación cantada no es sino la continuación impensada. Muchos funcionarios, en efecto, son dejados de lado para dar paso y espacios a la clientela política del poder, destruyendo el mérito y tornando a las instituciones públicas en agencias de empleos y mecanismos de gratitud política.
 
Lo terrible es cuando este fenómeno propio de las burocracias del Ejecutivo se replica en las instituciones judiciales, donde la elección de jueces los convierte en políticos de cuño y los induce a usar la función para repartir cargos y satisfacer las demandas de aquellos que financiaron sus campañas. La politización los empodera a tal punto que de jueces devienen en reyezuelos y los reyezuelos, desde luego,  hacen y deshacen los destinos de la institución sin más discreción que el interés propio y el propio arbitrio. Cuidemos y denunciemos todos estos casos, para que el Órgano Judicial no sea una mala copia de las entidades públicas secuestradas por las clientelas. No decimos que, necesariamente, todas las instituciones estatales estén ganadas por esta práctica, pero es un lugar común en el mundo, allí donde la institucionalidad es precaria.
 
En la Justicia, se pueden ya visibilizar algunos niveles de abuso de poder. En estos espacios institucionales el poder librado a una elección y a un lastre clientelista que le era ajeno hace de las suyas más allá de la voluntad de las minorías y están imponiendo sus reglas, de orden personal, en la lógica de instalar su feudo particular.
 
Alertamos a quienes lideran este proceso, al Presidente Evo Morales, que llama a la transformación, en aras de la no continuación de los viejos hábitos,  a no dejarse sorprender con las caras de cordero, que esconden el corazón de lobos de quienes están aniquilando el proceso de cambios en la Justicia de partida. Alertamos también al Legislativo, directamente comprometidos con el cambio.
 
En el marco correcto y que demandamos, la clientela debe terminar y la selección del personal que apoyen el periodo de transición de la justicia debe tener como fundamento el mérito. No se puede sacrificar carreras consolidadas y a funcionarios honrados y capaces por personajes cuyo único mérito es haber financiado de la candidatura de un juez o ser parte del partido gubernamental.
 
Que los intereses subalternos no prevalezcan a la carrera pública. Weber hablaba de la necesidad de una "burocracia ilustrada", lo que vemos es, por el contrario, la gratitud política como condición y la medianía como requerimiento para los nuevos cargos en la Justicia.




BOLIVIA: LA JUSTICIA Y LOS RETOS PENDIENTES
 
Eddie Cóndor Chuquiruna 
 
Las autoridades judiciales electas iniciaron sus funciones en el marco de la ley y de la Constitución. Más allá aún de los cuestionamientos que algunos esbocen sobre presuntas faltas de legitimidad o el sustrato político de algunas de las críticas, lo importante es evaluar el tema desde las perspectivas del Estado de Derecho. Si bien, la presencia del Ejecutivo y el Legislativo en los actos aurorales de la gestión pueden sugerir una mala señal, lo que se viene procesando corresponde con la constitucionalidad y la legalidad.
 
Dado que lo que debe prevalecer es el análisis constitucional, la aparente injerencia política o la polémica en torno a un supuesto protagonismo del Gobierno en este proceso de democratización de la Justicia, debe dar paso a una mirada más cabal, pero vigilante del respeto al marco institucional.
 
Este proceso de reformas no es único, conviene señalarlo, pues diversos países en la Región Andina vienen buscando fórmulas para mejorar su Sistema de Justicia. Uno de esos casos es Ecuador. Otros casos que deben identificarse es el de Chile, Colombia y Perú, que en algún momento plantearon cambios tomando en cuenta la experiencia internacional. Cada reforma debe considerar no sólo las necesidades de la impartición de justicia sino también lo que el mundo pueda enseñar en materia de reformas. Incluso, a nivel de sociedad civil, se puede seguir la línea de diversas iniciativas (cabe mencionar el Programa Andino Justicia y Derechos Humanos, de la Comisión Andina de Juristas) que busca desde hace más de tres años generar diálogos y retroalimentación entre sistemas jurídicos, esto es, los sistemas jurídicos ordinarios y los construidos por los pueblos indígenas, originarios y campesinos (en el caso de Bolivia).
 
En esa línea, la experiencia boliviana debe aspirar a ser un referente en el mundo y sus reglas de implementación deben ser herramientas a imitar. La alimentación recíproca es importante y Bolivia, a la vez que debe ser un ejemplo en materia de reformas de la justicia, sorber de los buenos ejemplos que la comunidad internacional permiten ver ¿Y qué es ser un ejemplo para el mundo? Seguir la línea de los cambios en el marco de valores y criterios que deben prevalecer: la independencia judicial, la autonomía de los jueces y la transparencia administrativa y jurisdiccional. Esos fueron los mensajes recurrentes de los discursos de orden en el inicio de las funciones de las nuevas autoridades. Y esos son los criterios que cualquier persona debe defender, en una línea de pleno ejercicio de su ciudadanía.
 
No obstante, los conceptos deben ser validados por la práctica y el ejercicio que cotidianamente los revalida. No deben ser conceptos huecos y para la platea, sino auténticos compromisos de las autoridades de todo orden con el Estado de Derecho y la democracia.
 
Es necesario que, en el marco de esos compromisos gravitantes, la Asamblea Legislativa Plurinacional complemente el marco jurídico para la implementación del nuevo Órgano Judicial, el cual puede verse fortalecido con procesos participativos y de empoderamiento en los que las propias autoridades judiciales "ahora producto de una elección popular" sean los que hagan realidad los mandatos constitucionales de construir una justicia plural y mejor; pero sobre todo liderarla. Son retos, entre otros, posicionar a la justicia como un factor de desarrollo institucional. Aportar líneas de acción concretas al pluralismo jurídico. Desarrollar planes estratégicos para mejorar el acceso a la justicia. Avanzar hacia un espacio de transparencia jurisdiccional vía una vitrina de sentencias de toda materia y niveles funcionales. Relacionar a los operadores judiciales con las universidades, dándole mayor valor a la jurisprudencia. Promover la participación y el control ciudadano en la justicia. Construir una estrategia integral de comunicación entre la justicia y la prensa. Fortalecer las capacidades en gestión y política de despacho judicial, entre otros. Estos esfuerzos, deberían orientarse en la línea de construir una Política Pública de Justicia Plurinacional en Bolivia.
 
Es tiempo de trabajar bajo un paraguas de coordinación y confianza intergubernamental, las organizaciones sociales, la sociedad civil y la ciudadanía. 


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