Juntos contra la impunidad
Este lunes 22 de marzo, a las 19 en Mu. Punto de Encuentro, en el marco de una instalación contra la impunidad a partir de la foto de Julio López realizada por Helen Zout, compartiremos una charla con:
- Rosa Bru, la madre de Miguel Bru, primer desaparecido en democracia.
- Vanesa Arruga, hermana de Luciano Arruga, que tenía 16 años al desaparecer en enero de 2009.
- Julieta Vinaya, madre del joven mapuche aymara Atahualpa Martínez Vinaya, asesinado el 15 de junio de 2008 en las afueras de Viedma.
- La familia de Rubén Carballo, el chico de 17 muerto a raíz de los golpes recibidos durante el recital de Viejas Locas realizado el 15 de noviembre de 2009.
Una síntesis de los casos:
Caso Arruga: Luciano tenía 16 años cuando desapareció el 31 de enero de 2009. Aquel día estuvo con su mamá Mónica, fue a jugar al Sega con amigos, buscó a su hermana para pedirle dinero para salir con amigos, y fue visto cuando la policía de Lomas del Mirador lo interceptaba. Las sospechas sobre la policía, no sólo por su desaparición sino por el "reclutamiento" de chicos para delinquir, ocurren mientras las voces de siempre piden más "mano dura" y criminalizan a los chicos pobres con la versión actualizada del "algo habrán hecho" . Después de mucho tiempo sin respuestas ni culpables, la causa acaba de moverse. Se obtuvieron resultados de las pericias de las comisarías involucradas, incluyendo la de Lomas del Mirador que funcionó como centro clandestino durante la dictadura (la llamaban "Sheraton", como si fuese un hotel). Durante 2009 no sólo no se había avanzado sino que los policías sospechosos continuaron trabajando como si no hubiese ocurrido nada, y se los consideró simplemente "testigos". Las nuevas pericias permiten al abogado de la causa Juan Manuel Combi asegurar que es gravísima la adulteración de los documentos según los cuales la entrada de Luciano no está registrada (esa es otra desaparición en este caso, la del registro). Combi está a punto de presentar un nuevo pedido de indagatoria sobre ese grupo de al menos ocho uniformados. "No planteamos sólo por la desaparición de Luciano. La idea de la causa es también denunciar el delito de coacción agravada por amenazas, la supresión de documentos públicos y el incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos".
Caso Carballo: Rubén fue brutalmente golpeado el 15 de noviembre de 2009 y falleció el 8 de diciembre, tras 23 días de agonía. Pero recién ahora se le pudo garantizar la identidad reservada a un testigo clave (para evitar represalias policiales). Contó que vio cómo Rubén –inconsciente- fue subido por policías a un patrullero, lo cual desarma el argumento policial según el cual el chico cayó desde una autopista a un rincón de un club aledaño a Vélez Sarsfield. Rubén sólo había ido a ver el recital de Viejas Locas, con su entrada. La familia Carballo y el abogado Eduardo Azcuy pidieron que se investiguen las conversaciones de radio y celulares del personal policial que cumplía funciones esa noche. La defensa cuenta con testigos que narran la visible y permanente comunicación por handy entre los policías de la Comisaría 44. "Con la tecnología que hay, no debería ser un problema. Pero la policía no está facilitando la investigación" dice Rubén Carballo padre, en una paradoja típica de estas situaciones donde quienes tendrían que investigar son en realidad los posibles acusados. "siguen intentando encubrir todo esto" dice el hombre. A 100 días de la muerte de Rubén, la novedad del testigo protegido puede permitir que lo que busca la familia Carballo : cambiar la carátula de "muerte dudosa" que mantiene la causa.
Caso Atahualpa: Atahualpa Martínez Vinaya tenía 19 años, cuando el 15 de junio de 2008 fue baleado por la espalda y arrojado en las afueras de Viedma, Río Negro. Estaba en 5° año y con intenciones de estudiar medicina. De origen mapuche-aymara, participaba con su comunidad –y con su madre Julieta- en diversas luchas que ya parecen eternas, en busca de la recuperación de territorios y en defensa de la identidad y la dignidad indígenas, derechos escritos en las leyes y las constituciones, pero muchas veces inexistentes en la práctica. Las 2.000 fojas del caso sólo parecen una acumulación de relleno judicial. La actuación policial en el lugar generó más sospechas (o certezas) que respuestas, ya que se destruyeron y distorsionaron pruebas. A más de un año y medio de la desaparición de su hijo Julieta Vinaya se lamenta: "No hay siquiera una hipótesis". Por eso mismo, sólo queda la del encubrimiento: "Nadie dice nada. Nadie vio nada" explica la mujer. La recompensa de 100 mil pesos no tuvo efectos, ni las casillas de mail habilitadas y los contactos telefónicos. Julieta interpreta el silencio: "Hay mucho miedo".Las esperanzas estaban hasta hace poco depositadas en un informe de la Gendarmería, investigando a la policía, pero el resultado fue una simple transcripción de la causa sin datos novedosos, según la propia Julieta. Este 18 de marzo la familia de Atahualpa se reúne con funcionarios de la jefatura de gabinete, para pedir soluciones y apoyo concreto a la investigación.
Caso Bru: El 17 de Agosto de 1993 desaparece Miguel Bru, que tenía 23 años y estudiaba periodismo en la Universidad de La Plata. Miguel vivía en una casa tomada, con varios integrantes de la banda de música y allí ensayaban, hacían reuniones. Allí mismo había sido víctima de dos allanamientos ilegales muy violentos y a punta de pistola, por personal de la Comisaría 9º de La Plata. Los policías tenían a su favor un hecho clave: la complicidad judicial. El juez de la causa, Amílcar Vara, se negaba a vincular la desaparición de Miguel con la actividad del personal policial. Finalmente, los familiares y amigos de Miguel consiguieron que fuera sometido a un jury de enjuiciamiento, para ser destituido al comprobársele irregularidades en 26 causas distintas en las cuales estaba involucrado personal policial. En 1995, luego de la declaración de los testigos, la justicia dicta la prisión preventiva a uno de los policías, el sargento Justo López , que ya tenía numerosas denuncias por abusos y violaciones de todo tipo en la dependencia de asuntos internos de la fuerza. Finalmente , en 1996, se ordena la detención del subcomisario Walter Abrigo, del comisario Juan Domingo Ojeda y de los efectivos Jorge Gorosito y Ramón Cerecetto. En mayo de 1999 comienza el juicio oral y público. En él fueron condenados a prisión perpetua los policías Justo José López y Walter Abrigo, acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario publico. En 2003, la Suprema Corte Bonaerense dejó firme la condena a ambos ex funcionarios policiales. El entonces comisario de la 9°, Juan Domingo Ojeda, que fue condenado a dos años de cumplimiento efectivo de la pena, recuperó su libertad con sólo ocho meses de prisión, al igual que el oficial Ramón Cerecetto. "Fue el primer juicio donde se condenó sin haber cuerpo", comenta Rosa, que en el año 2002 creó la Asociación Miguel Bru con el objetivo de patrocinar casos que tuvieran como victimario a las instituciones del Estado.
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