[RED DEMOCRATICA] Última edición de la Revista Caretas (Edición 2316 - 9Ene2014)

Edición 2316 9Ene2014

El Desdentado 'Chicheñó'

La criminalidad, esa confiscadora de bienes, esfuerzos, ahorros, esperanzas y vidas, permanece en el tope de las preocupaciones de los peruanos, especialmente de los más pobres.

La inmensa mayoría espera o, si tiene el carácter, exige que su Gobierno los rescate de la realidad hobbesiana de sus vidas. Para eso se hicieron los Estados.

Vivir sin delito y sin criminales en sociedades complejas no es posible. Pero disminuirlo hasta relegarlo a la marginalidad estadística sí es viable. Lograrlo requiere, como muchas otras cosas de valor e importancia en la vida, de un esfuerzo prolijo, sistemático, constante, sometido a revisiones, evaluaciones y mejoras. La pomposidad burocrática, con sus solemnes lugares comunes, en cambio, no sirve para nada que no sea la subsistencia parasitaria de ellas a costa de los muy reales problemas de la gente.

Como describió bien Gino Costa el lunes 6 en un artículo publicado en El Comercio "¿Cómo vamos en seguridad ciudadana?", no estamos entre los países más violentos del Hemisferio, pero sí "somos el país con mayores niveles de delitos callejeros, especialmente de naturaleza patrimonial".

A la vez, es también cierto lo que Costa puntualiza: "…el incremento del uso de arma de fuego y de las extorsiones apunta a que la violencia crece".

Y la violencia puede crecer muy rápido; las bandas pueden reproducirse con sorprendente rapidez; mientras, un grupo pequeño pero activo de criminales puede causar mucho daño y mucho mayor miedo.

Para enfrentar eso, una buena Policía es fundamental. Se necesita, claro está, otros actores y otros factores también, pero el papel de la Policía es, o debe ser, central.

Y para funcionar bien, la Policía, que es una organización vertical, necesita ser dirigida por líderes capaces, que no solo tengan solvencia profesional y sobresaliente trayectoria sino prestigio y nombradía entre sus subordinados.

Es evidente ¿no? A la luz de esa racionalidad básica, ¿qué gobierno no quisiera tener esos líderes para lograr avances importantes en lo que más desea la gente, seguridad ciudadana, lo cual a la vez traería importantes réditos políticos?

Será evidente para muchos, pero no para este Gobierno, ni para el nuevo ministro del Interior, Wálter Albán, que en un tiempo récord ha logrado demostrar su ineptitud para el cargo.

Entre los oficiales pasados al retiro el reciente fin del año pasado, figuran los generales Carlos Morán, César Cortijo, Aldo Miranda. Y entre los coroneles, Ricardo Munaylla.

Es posible que haya otros oficiales injustamente pasados al retiro. Pero el caso de los que menciono no es solamente escandaloso sino indignante.

El general Carlos Morán ha sido uno de los mejores, si no el mejor, especialista en la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, contra el senderismo, el espionaje, el lavado de activos, entre otros crímenes organizados de alto calibre.

El general César Cortijo ha sido uno de los más experimentados y trejos policías en el enfrentamiento de bandas, en la investigación de homicidios y en la represión de extorsionadores y asaltantes.

El general Aldo Miranda logró éxitos espectaculares en seguridad ciudadana aplicando consistentemente los principios de policía comunitaria. Su hazaña en la pacificación de Cerro El Pino había sentado las bases para un modelo de acción que una vez convertido en doctrina, serviría para reproducir ese éxito en muchos otros lugares de extrema dificultad.

El coronel Ricardo Munaylla creó una división de la Policía especializada en la lucha contra las bandas de extorsionadores en construcción civil en Lima. Su método, de inteligente agresividad y manejo de la iniciativa, logró efectos importantes durante los tres años que estuvo al frente de esa unidad.

Ahora, con la obsecuente firma de Albán de por medio, estos cuatro oficiales han sido pasados al retiro.

¿Hay tantos buenos policías como para que no importe sacrificar a cuatro notables oficiales a la pequeñez mental, la ridícula paranoia y la tóxica venganza de algunos incapaces asentados en puestos por encima de su capacidad?

Entre los generales que quedan en actividad hay algunos buenos (¡ni mencionar sus nombres para que no los pasen al retiro!). Pero la voz del actual comando es la de un desdentado 'chicheñó', en aplicado coro de encías con su ministro.

¿Qué cosa tenían en común esos cuatro oficiales, además de ser buenos policías? La capacidad de expresar su opinión, aunque no fuera la deseada por sus superiores. Cualidad, por lo demás, compartida con otro destacado jefe policial: el general PNP (r) Darío Hurtado, 'Apache', a quien pasaron al retiro el último día de diciembre de 2012.

Y en el caso del coronel Ricardo Munaylla, lo que propició su salida de la División de Protección de Obras Civiles primero y de la PNP después, fue la sanción que impuso a uno de sus subordinados, un mayor PNP que resultó ser sobrino carnal –hijo de una hermana– del exministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Este se encargó de terminar con la carrera de Munaylla apenas se lo permitieron quienes realmente mandan en el sector.

Gracias a la información que se hizo pública luego del hackeo al Ministerio del Interior, es evidente que las listas de quienes iban a ser mandados al retiro se fueron haciendo a través de los funcionarios bisagra con Palacio. En este caso fue el viceministro de Gestión Institucional, Roberto Reynoso Peñaherrera, notoriamente cercano a Eduardo Roy Gates, el asesor legal de Palacio.

Antes de desempeñar esa función, Roy Gates fue abogado de la familia Sánchez Paredes durante el tiempo en el que un grupo especial de la Policía, a cargo del entonces coronel Carlos Morán, la investigó por lavado de activos relacionado con el narcotráfico.

En cruces previos como ese radica la explicación de muchas cosas, entre ellas de no pocas infamias.

Llevo muchos años reporteando, entre otros temas, sobre la Policía y los policías. Mi primer reportaje fue en 1981. Me tocó luego investigar y sacar a la luz varios casos de grave corrupción policial. Por eso, por entender lo terriblemente difícil que era mantener la integridad policial a lo largo de una carrera, he tratado de seguir las de aquellos oficiales que descollaban profesional y éticamente. En muy raras ocasiones se les permitió llegar a puestos de comando.

Creo que el general Morán pudo haber logrado en la PNP el efecto que tuvo el general Óscar Naranjo en la Policía colombiana. Su línea de carrera lo hacía prever así. Fue analista del GEIN y estuvo en la captura de Abimael Guzmán; luego, en el ámbito del narcotráfico, dirigió la investigación en los casos de la organización de Fernando Zevallos; la familia Sánchez Paredes, Luis Valdez Villacorta; Carlos Cataño, entre otros. También hizo gran parte de la investigación del caso BTR; y la identificación y captura del espía Ariza. Asimismo, creó las unidades especiales de investigación en el Huallaga, que culminaron con la captura de 'Artemio'; y la del VRAE, que ha jugado un papel determinante en lo avanzado hasta ahora en esa región.

En el proceso, creó enemigos inopinados. Villafuerte, Rospigliosi, Abugattás resultaron unidos en fobia común. Y la paranoia que existió hacia su supuesto acceso a datos recónditos y comprometedores hizo que este Gobierno lo mantuviera aislado hasta poderlo pasar al retiro.

Tanto Morán como Cortijo y Munaylla han decidido no intentar volver a la Policía a través de la vía judicial. Para ellos, esa etapa de su vida ya terminó y ahora empieza la de la vida civil. Como son capaces, en muchos aspectos les irá mejor.

El que pierde es el país. Intentarán justificar el despropósito. Pero no hay excusas. (Escribe: Gustavo Gorriti)

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La Purga

Actualidad- Poda de 1,427 efectivos desencadena rumores de huelga en la Policía.

"Los relevos policiales forman parte de un esfuerzo del gobierno  para luchar contra la corrupción", dijo Albán.

En su primer mes en el cargo, el ministro del Interior Walter Albán ejecutó la mayor purga policial en lo que va del gobierno de Ollanta Humala.

El número total de pases al retiro fue de 1,427 policías: 90 coroneles, 168 comandantes, 293 mayores y 876 suboficiales.

También fueron "invitados" al retiro 7 generales: cinco de armas y dos de servicio. Tres de ellos son investigados por el caso del ilegal resguardo a Óscar López Meneses.

Los experimentados generales PNP Carlos Morán, jefe del Estado Mayor de la Policía, y César Cortijo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), se adelantaron solicitando su pase al retiro y alegando un maltrato presidencial (ver entrevista).

"En una institución como la Policía, donde hay 94,000 efectivos que son suboficiales, no se llega ni al 1% de aquellos que han sido pasados al retiro por renovación", declaró Albán a la agencia Andina.

La razzia, sin embargo, avivó la tensión entre la alta oficialidad policial, que dice considerarse maltratada con la hipótesis palaciega de una corrupción generalizada a raíz del caso OLM.

Y desencadenó el llamado a una huelga policial para el 5 de febrero por parte del dirigente del presunto Sindicato Único de la Policía Nacional, el suboficial Richard Ortega, quien reclama, entre otras cosas, mejoras salariales para los efectivos de menor graduación.

Ortega, quien tiene múltiples sanciones disciplinarias y procesos judiciales, integra la lista de 876 subalternos pasados al retiro a fin de año.

SALARIO EMOCIONAL

Albán descartó que se esté gestando una huelga y prometió solucionar los problemas salariales del grueso de suboficiales

Pero el malestar institucional es más profundo de lo que se cree.

"A lo largo de los últimos 30 años, todos los sectores políticos sin excepción han pretendido reorganizar y reestructurar a la Policía. Y ahora recientemente algunas voces hablan de refundarla. No hay un esquema razonable", se lamenta el renunciante general Morán.

La dificultad para manejar la Policía se traduce en los 5 ministros del Interior en 2 años del gobierno de Ollanta Humala. Dos de ellos, Óscar Valdés y Wilber Calle, son militares retirados.

Calle duró apenas dos meses y medio en el cargo, mientras que Wilfredo Pedraza es el de mayor permanencia: un año y 4 meses.

"Reconozco que la gestión de Pedraza apostó por la renovación del equipamiento logístico y tecnológico de la Policía", admite Morán. "Pero ahora no basta con un aumento de remuneraciones. Lo más importante, como decía el exdirector de la Policía de Colombia, el general Óscar Naranjo, es darle un "salario emocional" al personal".

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Retiro y Ofensiva

Entrevistas El general Carlos Morán, ex No 2 de la Policía, revela las razones que lo llevaron a renunciar.

Morán encabezó las más importantes investigaciones policiales de los últimos años.

Es la víspera de Año Nuevo y el ambiente festivo domina el Ministerio del Interior, en Córpac, San Isidro.

Pero en el piso 2, donde se ubica la Jefatura del Estado Mayor de la Policía, reina el silencio.

Solo, en su amplio despacho, el hasta hace poco No 2 de la Policía, el general Carlos Morán (53), hace maletas.

Morán renunció a la Policía, el pasado 19 de diciembre. También dimitió el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el general César Cortijo.

Ambos, dos de los mejores generales operativos de la PNP, de hecho se adelantaron. Figuraban en la lista de 7 generales que el gobierno pasó al retiro a fin de año.

Morán lleva uniforme de gala por última vez y junto a su maletín tipo James Bond está su Glock, 9mm, cañón corto. Con ella parece apuntar sus respuestas.

–Se habla de una huelga policial para el 5 de febrero.
–Los integrantes de la Policía en situación de actividad no son deliberantes. Pueden opinar libremente, pero la ley les prohíbe sindicalizarse o realizar paralizaciones de cualquier tipo.

–¿Existe un malestar en la institución? 
–Se percibe una incomodidad institucional, entre otros temas porque no hay una solución sobre el proyecto de Ley del Bono Extraordinario para el personal policial, que si no se atenúa podría tener consecuencias imprevisibles.

–¿Por qué renunció a la Policía? 
–Presenté mi solicitud de pase al retiro al Director General el 19 de noviembre, después de que un grupo de generales de la Policía se reuniera con el presidente Ollanta Humala en Palacio de Gobierno. Desde esa fecha mi intención de marcharme se mantuvo firme.

–¿Por qué? 
–No estuve de acuerdo cuando el Presidente declaró que existía una práctica sistemática de corrupción en la Policía y de cobros por resguardo por el caso López Meneses. En Palacio de Gobierno le recordé al Presidente que así como él calificó como un hombre de honor al almirante José Cueto (exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA.), los generales de la Policía también somos hombres de honor. Los policías no tenemos color político; somos leales al Presidente y al país.

–Pero existe un problema de fondo: el ilegal resguardo al exoperador de Montesinos. ¿Cómo explica esa insólita custodia? 
–El simple hecho de poner un servicio de resguardo por tanto tiempo y no percatarse de a quién se brindaba el servicio es una flagrante negligencia. No ha habido un debido cumplimiento de las obligaciones, eso está claro. He recibido las explicaciones de los generales involucrados y cada uno tiene su punto de vista.

–¿Qué es lo que pasó? 
–Todos llegan a una misma conclusión: que fue una orden del general Raúl Salazar (exdirector de la Policía), que la materializó el general Aldo Miranda (exjefe de la Región Policial Lima) y la continuaron los generales Carlos Gómez y Luis Praeli. Y esto se concretó con solicitudes, en algunos casos a través del teléfono y en otras personalmente, del almirante Cueto. Yo no tengo por qué dudar de la versión de los señores generales de la Policía. Hay negligencias sí, pero de ahí a lapidar a los policías que cumplían órdenes es prematuro.

–¿No es un caso de corrupción policial como sostuvo el Presidente? 
–No. Para mí es un caso de aprovechamiento de los recursos públicos para prestar un servicio indebido. Ahora bien, ¿quién dio la orden y por qué? Es materia de una investigación que espero sea imparcial. Pero que los generales se hayan favorecido económicamente con esto, yo tengo mis dudas.

–Usted es un hombre de inteligencia, que ha desarticulado grandes mafias. ¿Cuál es su hipótesis en este caso? 
–Decir que allí funcionó una central de espionaje es tirado de los cabellos. Nadie se rodea de un aparatoso sistema de seguridad para realizar actividades clandestinas con personas sospechosas y menos en un condominio donde viven varias familias. Ese es el punto de partida y las investigaciones deberán dilucidar lo que en verdad ocurrió.

–El hecho de que desde la propia Policía se adultere un cuaderno de ocurrencias para implicar a la guardia presidencial, ¿no le da la razón al Presidente cuando habla de corrupción en la PNP? 
–No estoy avalando los actos de corrupción que se presentan en la Policía. Condeno eso. Es más, presido una Junta Calificadora que ha propuesto pasar al retiro a 876 suboficiales, algunos de ellos con un prontuario condenable. Esas personas que causan daño al prestigio de la Policía deben salir porque son un lastre. Pero de ahí a decir que la Policía es responsable de todo lo malo que pasa en el país, no pues.

LA CONFRONTACIÓN

–Usted ratificó su carta de renuncia el 19 de diciembre, pero ya el exministro Pedraza había decidido invitarlo el retiro días antes. 
–La comunicación que tuve con el ministro Pedraza y con el ministro Albán fue franca y transparente, al menos de mi parte. Nunca me enteré, hasta que hackearon el servidor del Mininter, que Pedraza y sus más cercanos colaboradores, incluidos los viceministros, ya no me tenían en sus planes para este 2014. Y en eso hay una incoherencia: soy un general que no estuvo involucrado en el escándalo López Meneses, pues no tengo mando operativo, como sí lo tiene el Director General. Soy el más antiguo de mi promoción, tengo acreditación académica, operativa y con 53 años de edad soy relativamente joven para ser el No 2 de la PNP. Hay generales que se siguen quedando en la PNP y están cercanos a los 60 años.

–¿Cuál es su explicación? 
–No hay justificación para tal decisión. Tal vez no querían generales confrontativos. Hay tres cosas a las que me opuse: no estaba de acuerdo con la conformación de un tribunal de disciplina porque dependiendo del ministro de turno podría servir de instrumento de sometimiento al Comando de la PNP. También discrepé con la pretensión de incorporar a civiles para gerenciar unidades logísticas de la PNP. Y por último, expresé mi desacuerdo a que el Fondo de Salud Policial (Fospoli) salga del ámbito policial. Esa fue una conquista alcanzada luego de la huelga policial de 1987. Se lo dije personalmente a Pedraza y Albán. No hicieron caso. No creo que algo similar ocurra en las FF.AA. Solo a la Policía la tratan así.

–¿Interceptó los teléfonos de Ollanta Humala y Nadine Heredia durante la campaña electoral del 2011? 
–Esa es parte de una campaña de desinformación contra mi persona. "Constelación" es un sistema de interceptación que tiene varios controles, con jueces y fiscales acreditados. Para interceptar un teléfono se requieren varios parámetros legales. El supuesto chuponeo, luego de dos años de gobierno, nunca fue probado. De todas formas me sacaron de la Dirección Antidrogas, en agosto del 2011.

–¿Su equipo se quedó? 
–Claro y toda mi experiencia se la transferí al entonces viceministro del Interior (hoy viceministro de Defensa) Iván Vega. Le pasé los contactos, la tecnología, los casos. También lo enlacé con los agentes norteamericanos que trabajaban con nosotros en el Huallaga y el VRAEM temas de 'narcoterrorismo'. Felizmente, Iván Vega me hizo caso y trabajó en la creación de la llamada "Brigada Lobo". Me alegro de su éxito porque es el equipo que formé.

–¿En qué estado deja a la Policía? 
–Antes de irme, les dije a los ministros Pedraza y Albán que no solo se tenía que priorizar el tema de la logística, sino el recurso humano que es fundamental. La corrupción no es el único problema. La falta de liderazgo entre los jefes es más que evidente; por eso la mayoría de policías no se sienten identificados con su institución. No hay buenos ejemplos que seguir, ni mística que abrazar. No solo hay que botar a los malos elementos. Hay que fortalecer la moral de los que se quedan, empoderar a la Policía. No tratarla como minusválida. (Entrevista: Américo Zambrano)

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Así se Compró EPENSA

Medios-La frenética compra de las acciones de EPENSA por parte de El Comercio que desembocó en la concertación.

Primero Fueron Dos Cheques.- El 21 de agosto del 2013, el Banco de Crédito giró dos cheques de gerencia a nombre de Enrique Agois Paulsen y su esposa Marcia Mindreau de Agois respectivamente, titulares del 54% de las acciones de EPENSA, por la suma de US$ 17,2 millones.

La operación de compra de la Empresa Periodística Nacional S.A. (EPENSA) del Grupo Agois Banchero por parte del Grupo El Comercio estuvo signada por la incertidumbre.

El acuerdo se cerró el 21 de agosto del 2013, fecha en que se giraron dos cheques de gerencia por un total de US$ 17,2 millones a nombre de Enrique Agois Paulsen (93) y su esposa Marcia Mindreau de Agois, titulares del 54% de las acciones de EPENSA. Al día siguiente, el evento fue notificado por El Comercio a la Superintendencia Nacional de Valores, y se registró como "Hecho de Importancia" en el portal de la Bolsa de Valores de Lima. El asunto parecía estar oleado y sacramentado.

Sin embargo, al día siguiente los cheques fueron anulados. En el reverso, de puño y letra, se escribió: "Solicito anulación de cheque por voluntad propia. Cta Escrow EE El Comercio 193 - 1699042 -1- 49".

Los cheques debieron ser girados por los hermanos Agois Banchero en el ejercicio de su derecho de preferencia sobre dichas acciones en su calidad de socios minoritarios de EPENSA.

El Código Civil estipula que el derecho de preferencia es una atribución exclusiva de los socios de una empresa, no de un tercero. Entonces, ¿por qué se anularon los cheques?

Lo que se sabe es que la operación entre El Comercio y los Agois Banchero se cerró a contrarreloj. Un mes antes, el 21 de julio, el Grupo La República, que negociaba un acuerdo con EPENSA desde principios del 2013, abrió una cuenta "Escrow" en el Banco Financiero por el 54% de las acciones valorizadas en US$ 17,2 millones.

Una cuenta "Escrow" es una cuenta intermedia entre los vendedores y los compradores en tanto se cumplan las condiciones de un contrato de compra-venta.

El 23 de julio, Enrique y Marcia Agois notificaron a Luis Agois hijo la voluntad de vender sus acciones. Los Agois Banchero tenían apenas 30 días para ejercer su derecho de preferencia por un monto no inferior a la oferta de La República. Los últimos días fueron frenéticos.

El 19 de agosto, la jueza Hilda Sancarranco Cáceda del 23 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró "inadmisible" la demanda interpuesta por Carlos Agois Banchero contra su padre, Enrique Agois Paulsen. Carlos pedía la nulidad de la carta poder otorgado por su padre a Marcia Mindreau de Agois para que disponga de sus acciones, el 2 de abril del 2013, argumentando que "son relativamente incapaces los que adolecen de deterioro mental que le impida expresar su libre voluntad".

Declarada inadmisible la demanda, los Agois Banchero apenas tenían 48 horas para revertir lo que califican de "compra hostil" de EPENSA por parte del La República. De acuerdo a El Comercio, "esta no fue una operación buscada por el Grupo El Comercio sino traída al grupo".

El 20 de agosto, los cinco hermanos Agois Banchero suscribieron un contrato de Emisión de Confianza con la Empresa Editora El Comercio y el Banco de Crédito que precisó que: "A efectos de que los COMPRADORES paguen el precio a los Vendedores, EEEC (El Comercio) ha otorgado un préstamo a favor de los primeros por US$ 17,2 millones, el cual ha sido depositado en una cuenta "Escrow", en su institución bancaria".

En virtud a dicho acuerdo, al día siguiente se giraron los dos cheques de gerencia que el 22 de agosto fueron anulados.

Por cierto, El Comercio no podía comprar el paquete mayoritario de EPENSA sin que los Agois Banchero ejercieran previamente el derecho de preferencia sobre el mismo. Caso contrario, los Agois Banchero habrían "simulado" o "festinado" el derecho de preferencia cuya eventual consecuencia es su anulación.

Gustavo Mohme, presidente del directorio del Grupo La República, sostuvo a CARETAS que "no ha denunciado la operación ante los juzgados porque no quiere mezclar una cuestión de principios con una cuestión empresarial". Por cierto, tiene 10 años para cambiar de opinión.

Mohme es uno de los ocho firmantes de la acción de amparo constitucional que fue admitido por el 4o Juzgado Constitucional de Lima, el viernes 3 de enero. La demanda denuncia que la fusión de las dos cadenas principales de diarios peruanos constituye un caso de "concentración" del mercado de medios periodísticos y vulnera el artículo 61 de la Constitución.

La demanda hace una rigurosa sustentación jurídica de su punto de vista. Sin embargo, Juan Monroy Gálvez, abogado de El Comercio, denunció ante la OCMA a la jueza Lizy Béjar Monge por admitir la demanda, en lugar de defender su causa con otros argumentos.

La controversia sobre concentración mediática no tiene precedentes en América Latina. Las enfáticas declaraciones del presidente Ollanta Humala en contra a la concentración de medios puso ají a la polémica.

El uruguayo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, anunció una pronta Misión de la SIP a Lima, esta semana.

A su vez, la relatora de Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, llegaría a Lima en febrero para asistir al Consejo de la Prensa Peruana a encontrar mecanismos de autorregulación en la propiedad de los medios.

El lunes 7, en el Consejo de la Prensa Peruana, los miembros de la organización coincidieron en que, al margen de las fuertes diferencias internas, los vincula la defensa de la libertad de expresión y el principio de la autorregulación para la consecución de esos fines, admitiendo que hay un conflicto.

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El Clima de Santiago

Nacional - Declaraciones de Bachelet plantean enigma sobre la ejecución del fallo. Sector empresarial chileno reitera en cambio su respeto irrestricto.

En Son de Paz.- Piñera y Bachelet hablaron de la sentencia el martes 7.

Se acelera la cuenta regresiva y restan menos de tres semanas en esta fase final.

Con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya redactado y a la espera de su lectura el próximo 27 de enero, desde Chile llegan mensajes que se añaden inevitablemente a la tensión.

¿Se respetará el fallo y será correctamente ejecutado, sea cual fuere?

Los movimientos en Santiago abonan a la incertidumbre.

En la mañana del martes 7, el presidente Sebastián Piñera y la mandataria electa Michelle Bachelet se reunieron durante cerca de tres horas en La Moneda.

Era la primera en una serie de reuniones de Estado con miras a preparar el escenario para recibir la sentencia.

El viernes Piñera recibirá a los expresidentes Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Eduardo Frei.

Las palabras que Bachelet ofreció a su salida abren un significativo margen de interpretación.

"Siempre hemos dicho que acá tenemos que tener una política de Estado que se base en la política internacional y en los intereses superiores de Chile", dijo.

¿Intereses superiores, en ese caso, al derecho internacional?

Añadió que "esperamos que sea un fallo ajustado a derecho porque Chile tiene una clara opinión y muy unánime de dónde están los límites de nuestro país".

Piñera fue más cauto y reconoció que "naturalmente, nadie conoce el contenido del fallo de La Haya. Lo esperamos con tranquilidad, sin triunfalismos".

Sea cual fuere el fallo, resaltó, "el Perú seguirá siendo un país vecino al nuestro".

Encuesta realizada en diciembre por Ipsos a pedido de la Universidad de Santiago.

ENCUESTA REVELADORA

¿Cuál es el ambiente que se vive en Chile en estos días previos a la lectura de la sentencia?

La respuesta más cercana apareció hace tres semanas en el Estudio de Valores Sociales que la Universidad de Santiago de Chile le encargó a la encuestadora Ipsos.

La muestra nacional fue aplicada a 900 personas e incluye entre sus preguntas si los encuestados creían que el fallo debía acatarse "si el resultado fuera desfavorable para Chile".

Un significativo 42% respondió que no debía acatarse. El 49% se inclina por cumplirlo de todas maneras y un 9% dijo no saber.

La segmentación de la encuesta ofrece interesantes diferenciaciones.

En la zona metropolitana de Santiago, el porcentaje de quienes creen que debe acatarse sube a 55%.

En cambio, en la zona norte del país; que comprende las regiones de Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; ese porcentaje baja sensiblemente a 41%.

Una cifra que llama especialmente la atención si se toma en cuenta que la integración de la frontera viva es uno de los ejemplos más elocuentes del grado de vinculación entre los dos países.

REALPOLITIK EN LA CANCHA

El internacionalista José Rodríguez Elizondo es otra temprana muestra de esa activa vecindad. Viejo conocido de CARETAS, se exilió en el Perú de la dictadura de Pinochet y entre 1978 y 1986 integró su redacción como editor de internacionales.

Rodríguez Elizondo enuncia un discurso integracionista para la agenda pos-Haya, "la que corresponde a dos países que, además de vecinos, son complementarios en cantidad de aspectos y pertenecen a la Alianza del Pacífico".

Pero en lo que concierne en la que puede ser la reacción al cumplimiento del fallo deja ver un acento de realpolitik que merece atención, en especial a la luz de las palabras de la presidenta electa y la que puede ser la visión de parte del establecimiento sureño.

Dice que "para quienes creen que el tema es "estrictamente jurídico", la cosa es sencillísima: la Teoría General del Derecho dice que los fallos se cumplen y el problema se acaba. Para quienes pensamos que tras la cobertura jurídica siempre hubo un problema de poder, el cumplimiento del fallo debe ser parte de una voluntad política bilateral, en cualquiera de sus posibles variantes. En esa voluntad política debe estar el compromiso de terminar de una buena vez con los conflictos de frontera, para poder volcarnos al desarrollo".

¿Acaso no hablamos, en esencia, del mero cumplimiento del derecho?

Claramente no lo cree así. Al comparar el desastre jurídico que hoy vive Colombia luego de su incumplimiento del fallo de la CIJ de límites marítimos que resultó favorable a Nicaragua, advierte que "si los jueces ponen demasiada imaginación en su fallo, pueden crear escenarios que escapen a todas las previsiones vigentes, levantando un eventual tsunami político".

Rodríguez Elizondo insiste en que se vive una situación delicada, con posibilidad de un "curso de colisión". "Un analista puede detectarlo si sabe decodificar la información abierta y personal y se atreve a publicar sus resultados, para encender luces rojas", desliza.

DE BANCA Y PESCA

Las señales de alarma de estos días conviven con otras mucho más tranquilizadoras.

El mismo martes que Piñera y Bachelet conversaron a puerta cerrada, el canciller Alfredo Moreno fue el invitado al comité multisectorial de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC).

El ministro coincidió en que "las relaciones comerciales entre ambos países "no han sido afectadas y tenemos que hacer las cosas para que no se vean afectadas". Confirmó que, conocida la resolución, "habrá un período de implementación y cualquiera sea el resultado, los dos países deben adecuarse. Es un trabajo que se debe hacer en conjunto".

A diferencia de la pobre integración económica entre Colombia y Nicaragua, aquí el grado de intercambio ayuda a que los hombres de empresa saquen alas de palomas.

Jorge Awad, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), declaró al término de la reunión que "no hay ningún elemento que esté en preocupación tanto en la banca chilena como peruana. Lo único que se puede decir es que las inversiones de Chile en Perú hoy son, a lo mejor, lo más importante que el país tiene el exterior. Si lo ponemos en valor económico, las inversiones iniciales que pudieron haber sido alrededor de US$ 20 mil millones hoy debieran ser más de US$ 40 mil millones".

Calificó al Perú de "país muy avanzado, por lo que desde todo punto de vista las relaciones a nivel financiero son excelentes. Incluso, no me cabe duda que seguirán aún mejor en el futuro".

Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC, constató que existen "muy buenas relaciones con Perú y creemos que esto no debe enturbiarlas".

Consideró que "aquí no hay fallo favorable o desfavorable, lo que hay es que los dos países han decidido respetar y acatar el fallo. Esto corresponde a un país serio y a la historia que ha tenido Chile de ser un país respetuoso de toda la legislación, de los fallos y de la normativa".

El máximo representante gremial chileno reconoció en cambio que el fallo "podría tener consecuencias en el sector pesquero".

Elocuente ausencia fue la de Roberto Angelini, presidente de un emporio que tiene el 51,5% de la participación en el mercado chileno y ocupa el tercer lugar de la pesca industrial en el mundo. Fue Angelini quien en noviembre del 2011 dijo a la prensa que "por nada del mundo se debe ceder un centímetro de mar al Perú, no solo está en juego la riqueza económica sino también la soberanía".

Si bien Angelini no ha vuelto a expresarse en esos términos, su empresa colaboró en la elaboración de la estrategia jurídica chilena.

La suya es la única empresa que tiene planta procesadora en Arica y su trabajo en la zona le reporta alrededor de 30% de sus ingresos: unos US$ 2,500 millones. Sus voceros calcularon que, si la CIJ le da la razón al Perú, perdería anualmente entre 270 mil y 320 mil toneladas de recursos, principalmente jurel y anchoveta.

Las licencias de pesca son un factor crítico en la conformación de las comisiones bilaterales que serán anunciadas tras conocerse el fallo, lo que fue reiterado por el presidente Ollanta Humala a mediados de diciembre.

LAS CARTAS DE BACHELET

La inquietud de la diplomacia peruana se concentra en las 72 horas posteriores a la lectura del fallo. Hasta ahora ambos países se han preocupado incluso en coordinar los momentos en los que ambos jefes de Estado harán sus primeras intervenciones.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, Víctor Andrés García Belaunde, no descartó que se convoque a un pleno extraordinario para analizar el fallo sobre caliente pero reiteró que la primera palabra la tendrá Humala.

Mientras tanto, el presidente del Senado chileno, Jorge Pizarro, ya confirmó que la cámara alta hará lo propio. Una propuesta para que la de Diputados haga lo mismo en sesión reservada fue descartada de plano por varios parlamentarios y la postura del "halcón" Jorge Tarud, cabeza de relaciones exteriores en esa corporación y que se inclinó por un referéndum en caso de un fallo adverso, no ha tenido eco por el momento.

Todo devuelve la pelota a los presidentes. El saliente y la entrante.

A pesar de la división de la derecha luego de la derrota electoral, la encuesta de esta semana publicada por Adimark registra que Piñera goza de su más alto nivel de aprobación (45%) de los últimos tres años. El sector mejor evaluado de su gobierno, con 65%, es precisamente el de las relaciones internacionales.

El otro sondeo, el de Ipsos, arroja que solo el 38% de quienes se consideran de derecha considera que el fallo se debe cumplir de cualquier manera. Ese porcentaje sube hasta 64% entre los que se califican de izquierda.

Algo de paradoja hay en que las relaciones bilaterales se hayan normalizado durante la administración de Piñera y que un aparato que bien podría calificarse de conservador –como el empresarial– sea el que mayores garantías ofrece hoy del respeto irrestricto al fallo.

La realidad del tren de la integración, que Piñera enmarcó en la Alianza del Pacífico luego de su entrevista con Bachelet, funciona de poderoso amortiguador.

Por eso persiste el interés de conocer la mano de cartas de la carismática mujer que vuelve al poder el 11 de marzo. La que enfrentó la presentación de la demanda durante su primer gobierno y a quien ahora le tocará implementar el fallo.

La Fragata de La Haya

Con armamento retirado, convertida en patrulla.

El 26 de diciembre Humala y Cateriano participaron en acto.

 El 26 de diciembre, el presidente Ollanta Humala, acompañado del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el comandante general de la Marina de Guerra, Carlos Tejada, acudió al Muelle Marginal de la Base Naval del Callao.

En presencia de autoridades navales y cadetes, se dio inicio al traspaso de la fragata misilera ''Carvajal'' de la Fuerza de Superficie a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) para que sea usada como patrullera oceánica.

La ''Carvajal'', junto con la ''Villavicencio'', llegaron al Callao desde Italia el 23 de diciembre de 1978.

Ante la proximidad de la sentencia final de la Corte Internacional de La Haya por el diferendo marítimo entre el Perú y Chile, el gobierno peruano se vio en la necesidad de contar con equipo que vigile el paralelo 18 en caso de una victoria en los tribunales.

''Hace dos años que planeamos transformar la ''Carvajal'' en una patrullera oceánica'' afirmó el comandante de operaciones de guardacostas, Manuel Hinojosa.

Por ello, en diciembre, se decidió retirar los misiles Otomat Mk-2, Aspide Mk-1, los torpedos ASW y los SCLAR de 105 mm de la nave de 113 metros de largo y 2,500 toneladas de peso.

Luego se le implementó con 12 botes salvavidas con capacidad para 20 personas cada uno y dos lanchas. Se pintó de plomo y blanco y se le asignó un nuevo nombre: patrulla oceánica ''Guardiamarina San Martín''.

Hinojosa se limita a reconocer que ''nosotros simplemente usaremos la fragata para tareas de vigilancia y rescate, lo demás es decidido por el Ejecutivo''.

Pero algunos expertos sostienen que la fragata asumirá un papel más simbólico.

Si es que La Haya determinara que los 38,000 km2 del hito No. 1 pertenecen al Perú, se deberá tener una nave para marcar presencia en el lugar de controversia.

Y un buque de guerra en la frontera sería un acto muy agresivo, por lo que una patrulla con equipos de salvamento y apenas dos cañones cumpliría el rol ideal.

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Pachamanca y Pachamama

Política - Primera dama busca poner orden en las tiendas del oficialismo, pero no irán a las municipales y regionales.

Queda por verse si buscará la fórmula para remolcar una bancada significativa en el 2016.

Con una suculenta pachamanca el Partido Nacionalista celebró el nombramiento de su nueva presidenta, el 30 de diciembre pasado, en el Club Campestre Kankay de Cieneguilla.

La investidura de Nadine Heredia no figuraba en la agenda de la III Asamblea General, pero fue incluida a sobre hora por el organizador del encuentro y asesor de la Presidencia del Congreso, Alfonso Adrianzén.

La justificación dada por Adrianzén a los 45 delegados presentes –7 de ellos congresistas– fue que era un pedido del mandatario Ollanta Humala, quien arribó al cónclave nacionalista al promediar las 2 de la tarde en compañía de su esposa.

Tras saludos y fotos, Humala dio un pequeño discurso donde explicó que la decisión la tomó porque los quehaceres presidenciales lo habían hecho descuidar el partido.

Después tomó juramento a Heredia y esta hizo lo propio a su nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN), conformado por Ana María Solórzano, Daniel Abugattás, Fredy Otárola, Víctor Isla, Agustín Molina, Sergio Tejada y la secretaria de Palacio de Gobierno, Cinthya Montes.

¿Fue la mejor decisión para ajustar las riendas del partido oficialista o es una jugada de ajedrez que expone innecesariamente a la reina y confirma más que nunca lo hermético de la pareja presidencial?

DESCONTENTO INTERNO

En el horizonte cercano están las elecciones municipales y regionales. Pero en el Nacionalismo concuerdan que presentar candidatos puede producir un desgaste innecesario.

En el 2006 lanzaron a Gonzalo García Núñez a la alcaldía de Lima y solo sacó 4.2%.

Y en el 2010 solo consiguieron 3 municipios y un gobierno regional (Cusco), cuyo representante, Jorge Acurio, acaba de ser vacado.

Por ello optarán por establecer algunas alianzas con movimientos locales y regionales.

Aunque Heredia descartó presentar su candidatura presidencial en el 2016, queda por verse si desde su nuevo cargo buscará la fórmula para remolcar una bancada significativa.

En lo que concierne a lo que queda de gobierno, desde el Ejecutivo señalan que los vientos encontrados en el nacionalismo animaron a tomar la decisión a pesar del riesgo mediático que supone (¿viajará con la suya?, ya se pregunta la prensa).

La denuncia de los maltratos de la asesora de la PCM, Malka Maya, contra algunos parlamentarios y que tuvo como aparente protagonista tras bastidores a la primera vicepresidenta, Marisol Espinoza, resulta un buen termómetro de la situación. (CARETAS 2314 – Parecen Apristas)

A ello se sumaba el interés de ciertos parlamentarios por un cargo ministerial en un gabinete de mayoría independiente.

El escudo que el oficialismo le brinda a Alejandro Toledo es la última manzana de la discordia. En la comisión de Fiscalización del último lunes se hizo evidente la fragmentación, cuando de los seis integrantes nacionalistas asistieron solo 4 y de estos uno se abstuvo (Manuel Zerillo) y otra votó contra el expresidente.

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