[RED DEMOCRATICA] Crisis de gobernabilidad en El Salvador / Governance crisis in El Salvador

 

 From : dialogo Latinoamericana <dialogo@redlatinoamerica.org>

DPLF da cobertura a la crisis de gobernabilidad y crisis del poder judicial en El Salvador!

English version follows      Crisis de gobernabilidad en El Salvador   La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador ha jugado un rol prominente en el país en los últimos años. En el año 2009, cuando cinco nuevos magistrados fueron electos -de los cuales cuatro fueron nombrados en la Sala de lo Constitucional- empezó una verdadera 'revolución judicial'. Esos cuatro magistrados se caracterizaron principalmente por la independencia y el rechazo a presiones de los poderes políticos y económicos que demostraron en el desempeño de sus funciones, lo cual convirtió a la Sala de lo Constitucional en un ejemplo importante para jueces y tribunales en la región.   En el marco del mandato de todo tribunal constitucional, la Sala de lo Constitucional ha tomado varias decisiones de mucha trascendencia para el país. Estas decisiones no siempre fueron del agrado del poder político. Como consecuencia,en los últimos dos años ha habido incesantes ataques a la Sala de lo Constitucional y sus integrantes. La mayoría de esos ataques, como el Decreto 743 de junio de 2011, se originó en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la actual crisis institucional en El Salvador ha llegado a un nivel posiblemente más dañino para el Estado de Derecho. En unas decisiones judiciales tomadas en junio de 2012, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales los nombramientos de magistrados para la Corte Suprema de Justicia de los años 2006 y 2012, y ordenó a la Asamblea Legislativa de volver a elegir a esos magistrados. De igual manera, ha dictaminado que la Asamblea debe dar publicidad (transparencia) al proceso de selección, motivar su decisión y proveer documentación que comprueba la aptitud de las personas que elija para ser magistrado en la Corte Suprema de Justicia.      En lugar de acatar los fallos, como corresponde a cualquier decisión de una Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa decidió desconocer las decisiones judiciales por no estar de acuerdo con las mismas. En lugar de buscar una solución para esta crisis institucional y encontrar una manera de cumplir con los órdenes judiciales, la Asamblea agudizó el conflicto por presentar una demanda contra la Sala de lo Constitucional ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), órgano judicial del SICA (Sistema de Integración Centroamericana).   La CCJ admitió la demanda en base al artículo 22 inciso f de su Estatuto, el cual establece que la CCJ puede '[c]onocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Organos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales'. Sin embargo, se tiene que interpretar este artículo conforme al espíritu de las normas que crearon la CCJ y el SICA, esto es, con la finalidad de promover la integración centroamericana. Eso significa que la CCJ tiene jurisdicción sobre temas relacionados con el propósito del SICA: 'la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo' (artículo 3 del Protocolo de Tegucigalpa [que crea el SICA]). El caso presentado por los diputados salvadoreños nada tiene que ver con la integración centroamericana, el tema por el que vela la CCJ (en apoyo al SICA). Más bien, el contenido del Protocolo de Tegucigalpa y del resto del Estatuto de la CCJ sugieren que la razón de ser del art. 22 inciso f del Estatuto del CCJ es la protección del Estado de Derecho en cada país miembro del SICA. El respeto para el Estado de Derecho comprende, entre otras cosas, que se cumple con los fallos judiciales. En ese sentido, es muy preocupante que la CCJ haya admitido esta demanda hecha por la Asamblea porque justamente es la Asamblea quien, mediante sus actuaciones, está violando el Estado de Derecho en El Salvador. Es importante enfatizar que no hay ningún otro tribunal competente para interpretar el derecho nacional que el tribunal máximo del país: la Corte Suprema de Justicia -y su Sala de lo Constitucional es competente en materia de interpretación de la Constitución-. Existen tribunales internacionales que pueden juzgar las actuaciones de los Estados, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esos tribunales deciden en base al convenio o tratado que fueron creados para proteger -en el caso de la Corte Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)-. Nunca pueden decidir en base al derecho nacional (constitucional o de otro índole) de los Estados. La Asamblea Legislativa, por no querer acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional, no sólo violó el Estado de Derecho en el país, sino también la soberanía del Estado salvadoreño, mediante el involucramiento de un tribunal internacional sin jurisdicción en la materia. Esta actitud poco constructiva demuestra una preocupante falta de respeto para el ordenamiento institucional y el control de los poderes del país. La Asamblea Legislativa debe respetar los fallos de la Sala de lo Constitucional y volver a hacer el proceso de elección de los magistrados y suplentes originalmente elegidos en el 2006 y el 2012, tomando en cuenta las indicaciones sobre transparencia y motivación de las decisiones que hizo la Sala de lo Constitucional en sus fallos. Esta crisis demuestra que es de fundamental importancia que la Asamblea legisle y aplique un procedimiento de selección de magistrados que sea más robusto y riguroso en materia de transparencia y en la investigación de los méritos de los candidatos. Los lineamientos para una selección transparente y meritocrática de magistrados de la Corte Suprema, preparados por DPLF, ofrecen unas sugerencias al respecto. Solamente a través de un procedimiento de esa naturaleza será posible fortalecer el Poder Judicial y el Estado de Derecho en El Salvador. Para más información adicional sobre este tema, le invitamos a leer: Una cronologí­a breve de los sucesos alrededor de las decisiones sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos de magistrados en el 2006 y 2012;       El informe que DPLF y FESPAD prepararon para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la independencia judicial en El Salvador, y la falta de garantías suficientes para la selección de magistrados (marzo de 2012);         La carta que DPLF y FESPAD prepararon para la Asamblea Legislativa de El Salvador, instando que respete las normas internacionales respecto a la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y el comunicado que DPLF y FESPAD emitieron después de la selección (abril de 2012); Los lineamientos para una selección de magistrados transparente y meritocrática, preparados por DPLF (febrero de 2012); La carta que fue firmada por DPLF y 71 otras organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil, rechazando el Decreto 743 (julio de 2011).   Para más información, contáctese con Mirte Postema: mpostema@dplf.org.      Governance crisis in El Salvador   The Constitutional Chamber of the Supreme Court has played a prominent role in El Salvador in recent years. In 2009, when five new judges were elected - four of whom were appointed to the Constitutional Chamber - a true "judicial revolution" began. These four judges were characterized by their independence and their refusal to succumb to pressures from political and economic powers, which made the Constitutional Chamber an important model for judges and courts in the region.  Under the mandate held by any constitutional tribunal, the Constitutional Chamber has issued several decisions of great importance for the country. These decisions were not always to the liking of political powers. As a result, over the past two years there have been incessant attacks on the Constitutional Chamber and its members. Most of these attacks, such as Decree 743 of June 2011, originated in the Legislative Assembly.      The current institutional crisis in El Salvador has reached a level which is potentially even more damaging to the rule of law. In judicial decisions made in June 2012, the Constitutional Chamber declared the 2006 and 2012 appointments of judges to the Supreme Court unconstitutional, ordering the Legislative Assembly to do the appointment process for the judges originally elected in those years, again. The Constitutional Chamber also ruled that the Legislative Assembly should make the selection process transparent, and provide the reasoning for its decisions, as well as documentation that verifies the competence of people chosen as Supreme Court justices.      Rather than abide by the rulings, as befits any decision of a Supreme Court, the Legislative Assembly decided to ignore the Court's decisions - because it disagreed with them. Instead of seeking a solution to this institutional crisis by finding a way to comply with the court orders, the Legislative Assembly filed a lawsuit against the Constitutional Chamber in the Central American Court of Justice (CCJ), the judicial organ of SICA (Central American Integration System).       The CCJ admitted the application on the basis of Article 22, subsection f of its Statute, which states that the CCJ can "examine and rule, at the request of the affected party, on conflicts that may arise between the fundamental organs or powers of the State, as well as when judicial rulings are not respected in fact." However, this article should be interpreted within the spirit of the purpose for which the CCJ and SICA were created: to promote Central American integration. This means that the CCJ has jurisdiction over issues related to the purpose of SICA: "the realization of the integration of Central America so as to consolidate it as a region of peace, freedom, democracy and development" (Article 3 of the Protocol of Tegucigalpa [that created SICA]).     The case presented by the members of the Salvadoran Legislative Assembly has nothing to do with Central American integration, the issue that the CCJ watches over (in support of SICA). Rather, the content of the Protocol of Tegucigalpa and the rest of the Statute of the CCJ suggest that the rationale of art. 22 subsection f of the Statute of CCJ is to protect the rule of law in each SICA Member State. Respect for the rule of law includes, amongst other issues, complying with court rulings. In that sense, it is worrisome that the CCJ has admitted the claim presented to it by the Legislative Assembly, because it is precisely the Assembly which, through its actions, is violating the rule of law in El Salvador.    It is important to emphasize that no other court has jurisdiction to interpret national law other than the highest court of the country: the Supreme Court - and its Constitutional Chamber has jurisdiction to interpret the Constitution. There are international courts that can judge the actions of States, such as the Inter-American Court of Human Rights, but those courts rule on the basis of the treaty or convention that they were created to protect. (In the case of the Inter-American Court of Human Rights, this is the American Convention on Human Rights.) They can never decide cases on the basis of national law - constitutional or otherwise.   The Legislative Assembly, by refusing to abide by the rulings of the Constitutional Chamber, not only violated the rule of law in the country but also the sovereignty of the Salvadoran State, through the involvement of an international court without jurisdiction in the matter. This attitude is not constructive and shows an alarming lack of respect for the institutional order and the check on State powers.     The Legislative Assembly should respect the rulings of the Constitutional Chamber and re-do the selection processes for the judges and alternates that were originally elected in 2006 and 2012, thereby taking into account the guidance provided by the Constitutional Chamber in its recent decisions, on making the selection process transparent and providing a motivation for its decisions on selection.      This crisis shows that it is of fundamental importance that the Legislative Assembly create and implement a selection procedure for judges that is more robust and rigorous with respect to transparency and the investigation of candidates' merits. The guidelines for a transparent and meritocratic selection of Supreme Court judges , prepared by DPLF, offer some suggestions. Only through a process of this nature will it be possible to strengthen the Judiciary and the rule of law in El Salvador.   For more information on these issues, you may view the following documents:      A short overview of the occurrences around the decisions on the inconstitutionality of the appointments of Supreme Court justices in 2006 and 2012; The report that DPLF and FESPAD prepared for the Inter-American Commission on Human Rights about judicial independence in El Salvador, and the lack of sufficient guarantees for the selection of Supreme Court justices (March 2012); The letter that DPLF, FESPAD and the Movement for Judicial Transparency sent to the Legislative Assembly of El Salvador, insisting that it respect the international norms related to the selection of Supreme Court justices; as well as the press release that DPLF and FESPAD published after the selection process took place (April 2012);  DPLF's guidelines for a Transparent and Merit-Based Selection Process of Supreme Court Justices (February 2012); The letter that was signed by DPLF and 71 other Latin American civil society organizations, denouncing Decree 743 (July 2011).  For more information please contact Mirte Postema: mpostema@dplf.org.         Due Process of Law Foundation 1779 Massachusetts Ave. NW Suite 710 Washington, D.C. 20036 www.dplf.org (202) 462-7701

Forward email Este mensaje de correo electrónico fue enviado a pinnecken@yahoo.es, por dplf@dplf.org |   Actualizar perfil/Dirección de correo electrónico | Eliminación instantánea con SafeUnsubscribe™ | Política de privacidad. Due Process of Law Foundation | 1779 Massachussetts Avenue, N.W., Suite 710 | Washington | DC | 20036

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group

Red Democratica 10 years "On line" (1998-2008)!
Http://reddemocratica.blogspot.com
Boletin Diario :
Http://reddemocratica01.blogspot.com
Foro Debate :
Http://groups.yahoo.com/group/eleccion

Ahora en FACEBOOK : Red Democratica

Http://www.caretas.com.pe/2000/1631/articulos/protesta.phtml
Http://www.caretas.com.pe/2000/1612/articulos/debate.phtml

Celebrando 10 anos "On Line"..2009

Keep the candle burning

I have a dream
http://www.stanford.edu/group/King/about_king/interactiveFrame.htm

FORUM TPSIPOL: RED DEMOCRATICA (1998-1999).
Informacion : Http://tpsipol.home-page.org

Para enviar un message , enviar a: eleccion@yahoogroups.com
Para suscribirse al Forum , enviar un mensaje a : eleccion-subscribe@yahoogroups.com
Para salir del Forum, enviar un mensaje en blanco : eleccion-unsubscribe@yahoogroups.com

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___