Tuesday, July 31, 2012

[RED DEMOCRATICA] Revista IDEELE : Seguridad: Lo que no se vio en el desfile

 

No.221  Martes 31 de julio de 2012

Seguridad: Lo que no se vio en el desfile
Por:  Francisco Berninzon y Jorge Levaggi



Antes de ser presidente, Ollanta Humala era reconocido por la mayoría como el indicado para enfrentarse a la delincuencia y al crimen organizado. Desde enero del año 2011, según el 21% de la población, era el más adecuado para combatirlos (1). Al mes siguiente, cuando ya ocupaba el primer lugar de la contienda electoral, el 29% creía que era el más preparado para resolver los problemas de inseguridad (2).

En este escenario, Ollanta Humala encauzó las expectativas generadas por la población en el “Juramento por la Democracia” (3), en el que aseguró que la inseguridad ciudadana era un tema prioritario. Del mismo modo, al asumir la Presidencia expuso en su primer discurso a la Nación que era necesario desterrar la idea de que la inseguridad es un problema exclusivo de la Policía. Por ello, anunció que asumiría la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y que, de esta forma, lideraría la lucha contra la delincuencia. Cumplido el primer año de gobierno nacionalista, nos interesa darle una mirada a los avances y retrocesos realizados en el sector público durante ese periodo en esta materia.

Las promesas
Por los mensajes del Presidente —en campaña y durante este primer periodo de gobierno— entendimos que la seguridad ciudadana ocuparía un espacio privilegiado en la agenda nacional, lo que se vería reflejado en una serie de acciones y decisiones políticas efectivas. Precisamente, Humala propuso algunas cosas interesantes, y otras no tanto. La eliminación del régimen 1x1 de la PNP, que no pasó de ser un plan piloto y que no tuvo mayor impacto en cuanto a la redistribución y patrullaje policial; el servicio policial voluntario para jóvenes entre 18 y 26 años, que no superó la condición de proyecto y cuya potencial eficiencia era bastante cuestionada; la implementación tecnológica de última generación para la PNP, donde encontramos que, según la Supervisión Nacional de Comisarías de la Defensoría del Pueblo, las condiciones no han mejorado. Se propuso también la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con la finalidad de mejorar la seguridad y el control de las cárceles, permitir la separación de los delincuentes primarios y reestructurar el tratamiento penitenciario. No obstante los esfuerzos plausibles del jefe del INPE, Luis Pérez Guadalupe, las cárceles continúan bastante alejadas de cumplir con sus funciones de resocialización.

Es lamentable que la lista de promesas haya sido mucho más larga que la de acciones, lo que motiva la pregunta sobre si es realmente la seguridad ciudadana una prioridad para Ollanta Humala. Inicialmente debemos mencionar que el mandatario asistió a no más de tres reuniones del Consejo de Seguridad, que preside, cuyas funciones son fortalecer la seguridad en el país, diseñar políticas públicas y formular propuestas legislativas. Consecuentemente, notamos que no existe una política de Estado para solucionar los problemas de inseguridad, máxime si el Ministerio del Interior, institución encargada del orden interno a través de la PNP, ha tenido cuatro ministros en un año. En mayo del presente Humala nombró para la Cartera al general EP (r) Wilver Calle, con lo que rompía la promesa de que este sector no estaría dirigido por personas con formación militar. Recientemente, el 23 de julio, se realizó un tercer cambio del titular del Interior, pues se nombró al señor Wilfredo Pedraza Sierra, ex Jefe del INPE –dos veces- y Director del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, quien asume ahora una cartera solo formalmente incluida en una política integral-multisectorial de seguridad ciudadana.

Populismo y mano dura
En la primera reunión que tuvo Humala en el CONASEC solicitó al Congreso de la República decretar penas más drásticas para los delitos que se cometieran con armas de fuego y los que atentaran contra la integridad de los menores de edad. Al Poder Judicial le pidió mayor rigurosidad para castigar los delitos.

Similarmente, fuera del Ejecutivo, durante el primer año de gobierno, han entrado al debate público una serie de propuestas populistas, principalmente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, caracterizadas por lo que se conoce como “demagogia punitiva”. Es decir, una serie de discursos que privilegian las medidas efectistas y de “mano dura” como, por ejemplo, endurecer las penas sin invertir en una consecuente reforma del sistema penitenciario.

En general notamos que esa clase de propuestas fue motivada por situaciones coyunturales o casos particulares altamente mediáticos, como el ataque a la familia del congresista Reggiardo, el crimen contra la niña Romina, los casos de los señores Gerson Falla y Walter Oyarce, el caso “Gringasho”, la supuesta llegada de la Mara Salvatrucha al país y los últimos casos de violencia registrados en conflictos sociales. La mayoría de ellos motivó una serie de proyectos que significarían más un problema que una solución como, por ejemplo, el intento de reducir la edad de imputabilidad penal a dieciséis años, sin tomar en cuenta que casos como el de “Gringasho” eran una excepción y que nuestras cárceles no están capacitadas para resocializar a jóvenes. Por otro lado, tenemos pendiente en el Congreso el proyecto de ley sobre el empleo de la fuerza por parte de la PNP, que desestima desacertadamente el principio de proporcionalidad y no cumple con los estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza por parte de la policía. Hay que señalar que el Ejecutivo observó y realizó una serie de recomendaciones muy pertinentes a dicho proyecto, las que no fueron consideradas por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso.

Para el próximo desfile
De cara al segundo año del presente gobierno, es pertinente recordar que las medidas demagógicas son comúnmente utilizadas en Latinoamérica y responden a la desinformación de la población sobre el tema de seguridad ciudadana y a la alta percepción de inseguridad en la región. Según estudios realizados por la Corporación Latinobarómetro entre 1996 y 2011, por ejemplo, la población peruana tiende a proponer políticas de “mano dura” para enfrentar los problemas de orden interno y de inseguridad. Precisamente el 79,3% de los peruanos están de acuerdo con que “un poco de mano dura no vendría mal”. Al respecto, comprendemos que el contexto en el que vivimos es profundamente desalentador para los ciudadanos, al constatar la evidencia de una absoluta falta de liderazgo por parte de nuestras máximas autoridades. Sin embargo, debemos advertir que las políticas de “mano dura” son contraproducentes, incrementan la violencia en las calles y no consiguen solucionar los problemas reales que generan la delincuencia.

En un intento por ver las cosas en su real dimensión, podemos entender que los indicadores en materia de homicidios estén desde el 2009 a la baja, que la victimización haya subido muy poco, que en comparación con los países de la región somos de los menos inseguros. Sin embargo, no podemos decir que vivimos en un país seguro. Y eso es suficiente, o debería serlo, para que el tema constituya una real prioridad. Nos hemos acostumbrado —a falta de alternativas— a vivir a diario sorteando con incertidumbre la inseguridad (no con mucho éxito ya que, por ejemplo, la victimización promedio en Lima, según la última encuesta de Ciudad Nuestra, es de 42,9%), desarrollando instintivamente mecanismos de alerta y autoprotección, asumiendo con nuestros propios recursos nuestra seguridad (campo en el que se evidencian profundas desigualdades), viéndonos obligados a cubrir así los vacíos de políticas deficitarias (desde gobiernos anteriores) en materia de seguridad. De implementar este Gobierno una política integral de seguridad ciudadana hoy (y de mantenerla los siguientes gobiernos) podríamos ver resultados razonables a mediano o largo plazo. Es decir que, aun en el mejor de los casos, podríamos estar condicionados a seguir sosteniendo la situación de inseguridad por nuestra cuenta por la próxima década.

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1 IPSOS APOYO, Opinión y Mercado (2011): “Encuesta Nacional Urbana de Opinión”. Lima, 27 de enero.
2 IPSOS APOYO, Opinión y Mercado (2011): “Encuesta Nacional Urbana de Opinión”. Lima, 28 de febrero.
3 Ollanta Humala, en el punto 9 del “Juramento por la Democracia”, afirmó: “Será prioridad de mi Gobierno luchar eficazmente contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado” (Lima, 19 de mayo del 2011).

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