El Presidente del Poder Judicial concluye su labor de dos años al frente de un poder del Estado complejo y popularmente desprestigiado. El día a día ha absorbido buena parte de su atención, pero deja dos proyectos de ley que podrían ser de gran importancia en la lucha contra la corrupción judicial. Esta es la segunda vez que conversamos este año y si bien algunos temas salieron de la agenda, como el caso Galarreta o el caso Mollohuanca, otros vinieron a ocupar su lugar con la misma urgencia. La polémica sentencia de reducción de penas a los miembros del Grupo Colina está por revisarse en la CIDH.
-La sentencia de la sala Villa Stein sobre el caso Colina. ¿Ha dañado la imagen pública del Poder Judicial?
Desde luego. Nos ha puesto, como Poder Judicial, en una situación de mucho conflicto con la opinión pública. Pero también creo que una sentencia de este calibre siempre nos motiva y nos permite hacer un examen interno y revisar nuevamente nuestras tesis jurídicas. Y es lo que está pasando en la Corte Suprema. En el ámbito de los penalistas estamos muy interesados en el debate que se ha producido, y además con muchas expectativas respecto de lo que pudiera decidir la CIDH.
Este fallo tiene dos tesis que son contrarias a dos tesis que usted estableció en la sentencia del proceso a Fujimori. La primera es que los crímenes de Colina no son graves violaciones a los DDHH, por lo tanto no son crímenes de lesa humanidad. Usted sostuvo exactamente lo contrario. ¿Se reafirma en su tesis?
Absoluta y totalmente. Yo he manifestado que, más allá que una sentencia como la que se ha dictado sea materia de debate, ésta debe ser respetada y cumplirse. Sin embargo, eso no implica que yo, cómo miembro de una sala jurisdiccional en un caso que es estrictamente el mismo solo que referido a la más alta autoridad del Estado, discrepe. Un juez se expresa por sus sentencias. Y ahí está mi sentencia. En consecuencia, lo que cabe, y aún lo sostengo con absoluta convicción, está consignado en ese fallo.
-También en el fallo de la sala que preside Villa Stein se dice que la autoría mediata no existe en el caso del grupo Colina.
Ese es un tema de debate jurídico internacional penal, y aquí sobre el punto hay dos tesis: que el hombre de atrás puede ser calificado como autor mediato, o puede ser calificado como coautor. La tesis de la coautoría en estos supuestos, sustentada en la doctrina, minoritaria por cierto, ha sido utilizada en un voto singular por el mismo Javier Villa Stein en el caso de Abimael Guzmán. Es decir, es una línea que ya ha seguido. Sin embargo, todo el resto de la Corte Suprema en los ámbitos penales ha suscrito la tesis de la autoría mediata, que es la que hemos desarrollado.
-Si se es autor mediato o coautor. ¿Hay consecuencia en la aplicación de pena?
Es exactamente igual. Para esos efectos es absolutamente irrelevante. En nuestro Código Penal a los efectos de la pena no hay una diferenciación. Por eso es que ese tema es, si uno quiere, de mucho rigor jurídico…
¿Y por qué la pelea entonces? Parece que le estaban contestando a usted más que a los procesados.
Bueno, yo no sé, eso que lo responda quien lo hizo. Desde un punto de vista dogmático, el estatuto de la Corte Penal Internacional ha asumido la tesis de la autoría mediata como tal. Los estudios que se han hecho sobre la sentencia que trabajé en su día (la de Fujimori), en su gran mayoría defienden sus tesis. Pero también otros autores participan en la polémica y en la discusión científico-penal consideran que debió ser coautoría. Sin embargo, por ahí no va el problema.
-¿Y por dónde va el problema?
El problema va por si es un delito de lesa humanidad o no, si ese es un tipo legal y si aquí debió de aplicarse alguna consideración sobre ese punto. Ese es el tema: este delito de lesa humanidad, ¿qué es en el Perú desde su receptación jurídica? Esa es la discusión. Y la importancia de ello está en la prescripción o la imprescriptibilidad.
-El presidente Humala no vino al día del Juez. ¿Cuál es su lectura política de ese gesto?
Bueno, yo se lo pedí. Me corresponde solicitar su presencia. Me contestó con una carta muy amable que fue leída. En estas circunstancias, cuando se ha instaurado esta polémica tan delicada, yo debo entender que no quiso ir por una situación muy particular. Pero dar lecturas sobre intenciones, no va. La cosa es que no vino, y punto.
-El 2 de agosto, Día del Juez, usted pidió perdón por errores de los jueces, ¿por qué creyó necesario hacerlo en esa oportunidad?
Yo pedí perdón en la homilía de la misa, y me refería a toda la línea judicial y no a este caso en particular. Ni siquiera lo tuve en mente. Mi intención fue señalar que los jueces tenemos siempre una gran responsabilidad, y un error nuestro causa tanto desasosiego en la población que era pertinente pedir perdón. Pero además dije que por eso los jueces debemos ser muy humildes, y ser muy amplios para recoger la crítica y saber admitirla, y siempre pensar que quien nos cuestiona puede tener razón.
-Por un lado se les acusa de poner en libertad a delincuentes, por el otro el Inpe señala que un 40% de los detenidos en prisión lo son por gusto, sin tener obligación de estar en la cárcel. ¿Estas dos fuerzas en tensión son permanentes?
Sí, es un tira y afloje permanente, por eso estamos siempre en una línea de permanente cuestionamiento por la población. ¿Qué es lo que como juez y presidente de la judicatura nacional puedo decir? Que nosotros respondemos frente a unos casos que nos plantea el Ministerio Público con el apoyo de la Policía y decidimos de acuerdo con la evidencia que se presenta. Pero además hay un tema fundamental: No se puede confundir lo que es una condena, una pena, con lo que es una medida cautelar. En la medida cautelar no se ve la gravedad del hecho como tal, sino la peligrosidad procesal (huída, vulneración de la recaudación probatoria, etc.). En consecuencia, son diferentes los criterios que se utilizan. Y los jueces allí somos muy cautos. Además, es muy importante ver que, conforme el proceso avanza, las líneas de percepción cambian progresivamente; y por eso es que generalmente, o en un porcentaje muy alto, los jueces sentencian con penas por hechos que si bien inicialmente parecían ser muy graves, luego advierten que no lo son tanto. Es pues una situación de tensión constante, como usted lo dice. El Inpe nos reclama el excesivo número de personas que mandamos a la cárcel (y que luego se liberan), y la población cuando se le da libertad a una persona cree que hay impunidad cuando no diferencia una medida cautelar de una pena. Esa tensión permanente se da y cuestiona a todos los jueces penales del mundo.
-En el Perú existe la percepción de que hay delincuentes reincidentes de alto vuelo que entran y salen de la cárcel, pero que pasan más tiempo afuera que adentro.
Esto se ve básicamente en los delitos patrimoniales violentos. El gran problema que se debe apreciar aquí es el tema de la solvencia probatoria. Porque el juez tiene que resolver a partir de pruebas objetivas y muchas veces esta evidencia no se produce. Ya sea porque la víctima no se acerca, o porque cambia su declaración, o por una serie de circunstancias que se presentan en el curso del proceso, como que la evidencia se ha recolectado ilegalmente. Nosotros somos defensores del valor jurídico de las actuaciones procesales. Esto puede generar tensión, pero es nuestra obligación.
-El aumento de penas en el Congreso, como la sumatoria de las penas, ¿es una práctica que ya se da en el Poder Judicial? ¿O los jueces se resisten a sumarlas?
Se dan varias circunstancias. La Corte Suprema ha dictado varios acuerdos plenarios para fijar los criterios de rigurosidad que la ley establece. Por la propia forma cómo se redactaron las leyes aún es complicado darles un sentido claro. Pero también es cierto, y eso hay que reconocerlo, que los jueces somos muy reacios a imponer penas altísimas, porque eso genera más violencia.
-¿No creen en el populismo penal legislativo?
No, porque además eso no ayuda y porque una cárcel con el nivel de hacinamiento que existe, termina con el cinismo de las grandes listas de indultos. El Perú tenemos fechas fijas: Día de la Madre, Día del Padre, 28 de Julio, Navidad... ¿Qué es eso? No hay coherencia. Y esa falta de coherencia los jueces la sentimos y a veces observamos que, si bien puede haber muchos hechos, la magnitud y la persona concreta que estamos analizando no nos da pie para poner una pena sumatoria muy alta. Pero en todo caso, lo que se debe establecer con toda claridad es que una pena debe ser proporcional y hay que asumir los riesgos de esta lógica punitiva. Se necesitarán más cárceles, ver el tema de los beneficios penitenciarios y el tratamiento carcelario; sino, lo que estamos haciendo es añadir más gasolina a la hoguera, y eso sí es peligroso.
-El tema de la corrupción en el Poder Judicial ha sido de su especial preocupación. Ha recibido usted el apoyo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Poder Ejecutivo para sacar adelante sus proyectos de ley. ¿Cuál es la respuesta del Congreso?
En estos días conversé con el presidente del Congreso, con el vicepresidente y con la presidenta de la Comisión de Justicia. Allí di cuenta de que en temas de corrupción interna tenemos dos proyectos: la Ley de Jueces Contralores y la Ley de Potestades Extraordinarias de la Corte Suprema, que es la que ha causado gran polémica y preocupación en la judicatura por los temores que generaba.
-¿Qué es un juez contralor?
Es un juez encargado de revisar y de investigar las quejas y denuncias que se hacen contra los jueces cuando se les atribuye infracción de sus deberes judiciales.
-¿No es lo que hace la Oficina de Control de la Magistratura hoy?
Así es, pero lo que estamos haciendo es darle un sentido de mucha mayor fuerza y especialización. El sistema de control gana en efectividad, dinamismo y especialidad. Mientras tanto, lo que hemos hecho nosotros durante los años de mi gobierno judicial –los dos años que ya se van a acabar– es dar más presupuesto a la Ocma. Hemos creado una unidad de investigaciones especiales. Hemos cedido todo un sistema tecnológico de investigaciones forenses que nos permite cruce de información. Además, hemos planteado los proyectos de ley. La Ocma tendrá un reordenamiento a través de la Ley de Jueces Contralores, y luego, con una lógica ya más gubernativa, se tienen que enfrentar modelos de corrupción sistémica, modelos de corrupción serial. Y esto es lo que ha causado cierta molestia. Me dicen que es muy duro que se hable de corrupción sistémica y que no hay evidencia empírica suficiente. Yo digo, vean la calle, vean las encuestas, analicémonos nosotros y veamos lo que hay. Pero, en fin, hay muchas resistencias, yo lo entiendo.
-Hay en este proyecto de ley de facultades extraordinarias la idea de que la Corte Suprema va a intervenir en las cortes superiores e incluso en los procesos. Esa es la acusación.
No es que intervenga. Lo que la Corte Suprema hará, a través de los mecanismos que la ley ha diseñado, es incorporar medidas cautelares de suspensión o de cambio, en algunos casos. Además, se da poder a la Corte Suprema para desarrollar esquemas que se han diseñado para suplir y para corregir inmediatamente problemas graves de desmanejo institucional, para dar entonces una respuesta más rápida, hacer una cirugía mayor, precisa.
-¿Va a pasar o no la ley de cirugía mayor?
He escuchado –porque escucho a mis jueces, a los jueces del Perú– y he tenido muchas reuniones con Presidentes de Corte. Entonces he pedido que, sobre la base del proyecto sustitutorio aprobado por la Comisión de Justicia, se incorporen un conjunto mayor de precisiones, para evitar suspicacias y que nadie sienta que lo que se quiere es perturbar irrazonablemente la actividad y la autonomía de las cortes. Entonces cursé una comunicación al presidente de la Comisión de Justicia y me dijo que el proyecto ya está dictaminado y por entrar al pleno. Por lo tanto, lo que cabe es solicitar que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia para que se discutan los nuevos aportes y los congresistas digan si ese proyecto merece o no apoyo. Mi interés es que este proyecto sea de consenso mayoritario, porque el cargo inicial fue que quien habla quería tener todo el poder para instaurar una suerte de dictadura judicial, que desde luego no era mi intención, ni el proyecto lo permitía. A partir de ello, obviamente, uno tiene que ser flexible frente a la situación interna. Por eso es que se han replanteado muchas cosas y se ha puesto esto en conocimiento del Congreso para que soberanamente decida. Me interesa, como autoridad judicial, que este tema se debata y que encuentre una mayor predisposición, sobre todo cuando ya es claro que ya yo no voy a estar en la presidencia. Y entonces los odios personales no estarán presentes.
'HAY DERECHO AL RECLAMO, PERO RESPETANDO LA LEGALIDAD'
-En nuestra última conversación, le decía que había una gran preocupación por la impunidad en los casos de violencia social. ¿Por qué hasta hoy nadie es sentenciado por tomar una carretera, destruir una propiedad o secuestrar a un funcionario?
Creo que los jueces, por un lado, no perciben la gravedad del problema. Yo he alertado eso, y he hecho un llamamiento para que esto se supere. Por otro lado, las fórmulas o los protocolos de investigación de estos delitos colectivos o de masa aún no están afinados. Y eso permite muchas lagunas probatorias.
-En el caso de Bagua, por ejemplo.
Así es. Ahora, si uno revisa los grandes casos emblemáticos que se han dado, ¿cómo han resuelto los jueces? Por el tema de la falta de evidencia o la falta de precisión de los hechos y de los cargos. A veces no hay las fuentes probatorias fotográficas o filmográficas. Además, en muchos casos el cuestionamiento de la defensa va ser a la famosa tesis, muy utilizada, de que se siembran pruebas.
-Pero con esto la impunidad es absoluta...
La impunidad es un tema que me preocupa porque uno, como demócrata, tiene que aceptar la protesta, la disidencia, el derecho al reclamo, pero siempre dentro del respeto a la legalidad, el principio de autoridad, y que derechos y deberes deben ser mutuamente correspondientes.
-La última vez que conversamos me decía que le preocupaba la seguridad de los jueces. ¿Todavía le preocupa?
En dos lugares, Cajamarca y en Cusco, pero ya las cosas están tranquilizadas.
-¿La medida de cambiar jurisdicción fue positiva?
Insisto en que fue acertada. Eso ha generado que las cortes de ambos lugares no sean objeto de presión. Nosotros hemos fortalecido la Sala Penal Nacional y hemos dispuesto en el Consejo Ejecutivo, aplicando la Ley Orgánica del Poder Judicial, que los delitos cometidos con motivo de convulsión social, siempre que hay Estado de Emergencia declarado, se vean en Lima. La Sala Penal Nacional es una corte especializada con mucho sentido de la oportunidad y de visión nacional y creo que podremos lograr aquí resultados más interesantes.
-Puno, Madre de Dios, el VRAE, ¿son lugares difíciles para los jueces?
Madre de Dios me preocupa muchísimo. He tenido una reunión con el Ministro del Ambiente y con el Presidente de la Corte Superior de Madre de Dios y los temas medioambientales son realmente preocupantes. Son lugares alejados donde observamos que hay individuos con mucha capacidad económica que no sé detienen cuando son objeto de represión. Y, además, policías insuficientes y bloqueo de acciones legales. El presidente de la Corte me trajo un vídeo de cómo se ha arrasado la selva de Madre de Dios, que es realmente espantoso. Y creo que no se le está dando la atención debida. El VRAEM es un tema también caliente, pero donde ahora hay toda una lógica de ordenamiento y trabajo mucho más fino en la esfera de inteligencia, de protección, y de alianzas con la población. Puno es particularmente complicado por el crimen organizado. Hay zonas hacía la selva de Puno que son zonas de corredores del narcotráfico, además del contrabando a través de las culebras.
-¿Un juez solo puede enfrentar esto?
No, es imposible. Eso tiene que hacerse con modelos puntuales, muy inteligentes. Cuando hay una economía que se organiza alrededor de actividades delictivas que generan un gran compromiso de la población, no se puede trabajar como si fuese un delito cualquiera. Hay que hacer trabajos sociales, trabajos de inteligencia, y luego ser muy, muy inteligentes en la lógica de represión selectiva.
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