Editorial
14 de Abril de 2009
De los 'vladivideos' a los 'petroaudios'
Más allá del faenón y la aceitada, términos que conmocionaron el imaginario popular tras la difusión de los 'petroaudios' en octubre pasado, lo que ha demostrado la publicación de las conversaciones entre Rómulo León Alegría y Alberto Químper es que la forma en que se manejan los recursos del Estado no ha cambiado mucho en nuestro país desde que cayera el régimen fujimorista.
Parece que los empresarios foráneos han entendido que para ganar jugosas concesiones y colocar sus apreciados capitales en suelo peruano no hace falta que sus inversiones cumplan con largos y sofisticados procesos de evaluación, sino que sólo es necesario contar con hábiles e inescrupulosos asesores con buenos amigos en el gobierno.
Lamentablemente, todo lo encontrado apunta a que la corrupción sigue presente al interior del aparato gubernamental para pesar de todos los peruanos. El informe en minoría de la Comisión Abugattás, a diferencia del cuestionado informe en mayoría firmado por Raffo, Yamashiro y Guevara, señala que hay indicios razonables de infracción constitucional por parte de los ex ministros de Estado Jorge del Castillo, Carlos Vallejos y Hernán Garrido Lecca, quienes habrían gestionado los intereses particulares de Fortunato Canaán, a través de su operador Rómulo León Alegría.
Nuestros ministros no tuvieron ningún problema en aceptar que un buen lugar para negociar la adjudicación de lotes petroleros, la construcción de hospitales y la licitación para la compra de patrulleros era la suite de un lujoso hotel sanisidrino, donde el empresario dominicano había establecido su base de operaciones. Desde luego que todo bajo la atenta mirada del 'canchero' ex ministro de Pesquería, que siempre buscaba obtener el máximo beneficio (para sí mismo y para su jefe) sin importarle la legalidad de sus negociaciones y el camino a seguir para lograr sus objetivos. El fin justifica los medios, y un poco de dinero para corromper a muchos puede facilitar las cosas, parecía ser su lema.
El mencionado informe en minoría, además, deja abierta una línea investigativa para aclarar la relación del secretario de la Presidencia de la República, Luis Nava, con el ex ministro aprista Rómulo León Alegría. En el gobierno se habla solo de responsabilidad política de los ex ministros en este caso y, por ello, cayó rápidamente el gabinete Del Castillo. El ex premier salió muy mal parado tras la difusión de los 'petroaudios'. Al caer él, cayó quien era el segundo hombre fuerte de la gestión aprista. La corrupción rondó Palacio, ¿pero ingresó y negoció ahí? La responsabilidad del presidente Alan García es un tema sobre el que sólo unos cuantos se atreven a debatir.
Muy pocas cosas pueden sorprendernos a los peruanos después de todo lo que vimos en los 'vladivideos', pero comprobar que el partido de gobierno, pese a las promesas de enmendar el camino y de no cometer los mismos errores de su primera gestión, vuelve a estar involucrado en casos de corrupción es, por decir lo menos, decepcionante e indignante, e invita a la ciudadanía al escepticismo y la desconfianza eterna. Después no se quejen de las encuestas en las que los peruanos aseguran creer cada vez menos en su clase política.
Sobre este tema tenemos, en esta edición de DE CUELLO BLANCO, una entrevista con quien encabezó este grupo de trabajo y firmó el informe en minoría, el parlamentario nacionalista Daniel Abugattás, quien comparte su visión sobre la orientación que deberían tomar en el Poder Judicial las investigaciones sobre estos actos de corrupción y, además, señala claramente a los responsables de que todo este proceso de investigación vaya demasiado lento.
Una propuesta muy interesante que también presentamos, y que se hace hoy más que nunca necesaria a raíz de todos los escándalos de corrupción y estafa que se han destapado con la crisis financiera internacional, es la del especialista español Juan Hernández, quien propone la creación de un Tribunal Internacional en Naciones Unidas que tenga las facultades de sancionar a aquellas transnacionales que afecten los derechos humanos, sindicales y económicos en diferentes partes del mundo.
EL EQUIPO EDITORIAL
Los 'petroaudios' de la corrupción: 'Chuponeados', 'chuponeadores' e investigadores
14 de Abril de 2009
Luego de poco más de cinco meses que saltara a la luz pública el escándalo de los 'petroaudios', que reveló la red de corrupción instalada en las altas esferas del poder para la irregular adjudicación de lotes petroleros y de contrataciones para obras públicas, dos hechos son los que llaman poderosamente la atención de la gran mayoría. Primero, la lentitud del Poder Judicial para investigar un hecho de interés público en el que se encuentran comprometidos altos funcionarios del gobierno aprista. Además, los resultados que ha dejado hasta el momento la denuncia periodística de octubre pasado, y que nos señalan el camino por donde discurren los reales intereses de quienes se han visto salpicados por este vergonzoso capítulo de la política peruana. De los involucrados en actos de corrupción (los 'chuponeados') sólo hay uno en la cárcel: el gestor de intereses, Rómulo León Alegría. Cosa distinta ocurre con los del otro lado (los 'chuponeadores'
Son muchos y valiosos los hallazgos encontrados por la Comisión Abugattás, y que están detallados en las conclusiones y recomendaciones del informe final que elaboró tras la rápida investigación realizada.
La mayor cantidad de actos irregulares tiene que ver con la fraudulenta adjudicación de lotes petroleros por Petroperú y Perúpetro a la empresa Discover Petroleum, que tenía como principal operador de esta red de corrupción a Rómulo León. El ex parlamentario aprista, como se sabe, era el lobbysta (o lobazo) encargado de captar funcionarios de distintos sectores y organismos públicos para lograr, al precio que fuese, el éxito del negocio de sus clientes.
Alberto Químper, Daniel Saba, Miguel Celi, César Gutiérrez y otros más funcionarios de Perúpetro y Petroperú, se encuentran entre los implicados en este caso, que se inicia con la irregular calificación de Discover para que pueda postular en el proceso de selección (para ello falseó información) y llega hasta el éxito de las negociaciones que le permiten formar el consorcio con Petroperú para la exploración de lotes petroleros.
Las irregularidades encontradas no solo se circunscriben al negocio del petróleo, y las responsabilidades no sólo apuntan al ex premier Jorge del Castillo. Los planes de negocios del empresario dominicano Fortunato Canaán, muy bien detallados en su denominado "Plan Perú", incluían la construcción de hospitales y cárceles, pasaban por el transporte de gas y llegaban incluso hasta la sempiterna licitación de patrulleros. Para lograr sus objetivos el dominicano tocó las puertas de diferentes organismos estatales (por supuesto, a través de Rómulo León), y llegó también hasta el Ministerio de Salud, despacho que fue manejado por dos compañeros de la estrella, Hernán Garrido-Lecca y Carlos Vallejos. En ambas gestiones un personaje fundamental para los intereses de Canaán resultó ser el diligente Director Nacional de Infraestructura, Luis Sifuentes, quien le facilitaba información al dominicano desde la gestión de Vallejos y que fue ratificado por Garrido-Lecca.
Sin embargo, el informe firmado por Abugattás y Reymundo no fue aprobado por la comisión investigadora conformada también por el fujimorista Carlos Raffo, el parlamentario de Unidad Nacional Rafael Yamashiro y el aprista Miguel Guevara, quienes firmaron otro informe en el que libran de cualquier responsabilidad a los tres ex ministros. Sobre las investigaciones de los petroaudios y las disputas que se presentaron al interior de este grupo de trabajo, hablamos con quien encabezó la comisión, el parlamentario nacionalista Daniel Abugattás, quien aprovechó para ofrecernos su crítica (pero muy real) visión sobre los orígenes de la corrupción de la que tanto se habla por estos días en nuestro país.
¿Cuáles son los indicios que encontraron usted y el congresista Reymundo para recomendar la acusación constitucional contra los tres ex ministros?
Existen un conjunto de indicios, un grupo de ellos está referido a los correos electrónicos que nos entregó el Tercer Juzgado Anticorrupció
Como ocurrió entre varios con sifuentes en el ministerio de salud
¿Cuál de los tres ex ministros tiene mayor responsabilidad y por qué?
El ministro que tiene una mayor responsabilidad es Jorge del Castillo, en su calidad de premier y por la influencia que tenía entonces en todos los ministerios.
Si existen indicios que implican a altos funcionarios del gobierno en este caso por qué no avanzan las investigaciones en el Poder Judicial
Da la impresión que hay una intencionalidad en dejar de lado al resto de participantes, por eso el único encarcelado, hasta el momento, es Rómulo León Alegría.
Al juez Jorge Barreto lo han dejado solo en todo esto, no puede avanzar en la lectura del disco duro que se le incautó a Rómulo León Alegría, porque no le nombran ni al perito. Hay una extraña complicidad en todo esto. El juez Barreto debería aclarar qué es lo que ocurre en el Poder Judicial para que no avancen las investigaciones, lo mismo debería hacer la fiscal Gadys Echaíz en el Ministerio Público. Eso les compete a ellos.
¿Y esa lentitud del Poder Judicial a qué se debe?
Hay una intencionalidad de dejar pasar todo hasta que la ciudadanía ya se empiece a olvidar. Por el lado de la investigación a los 'chuponeadores' lo más probable es que, en realidad, tampoco se hará nada.
El informe en minoría deja abierta una línea investigativa sobre la relación entre el secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava, y Rómulo León Alegría, respecto a los más de 110 correos electrónicos dice haber mandado a Palacio a través de Nava y la secretaria Mirtha Cunza. ¿Por qué no se ahondó más en este tema en la comisión, siendo tan importante?
Le pedí información al señor Nava, en mi calidad de presidente de la Comisión, pero luego, extrañamente, Raffo, Yamashiro y Guevara acordaron en mayoría solicitar el retiro de ese pedido. Esto fue previo a que ellos manifiesten su voluntad de boicotear el informe en minoría que firmamos junto al congresista Reymundo.
Pero, además, yo creo que el tema también va por el lado de Perúpetro y Petroperú. Hay que juntarse con la Contraloría, que ha venido estudiando las adendas y modificaciones a los contratos de los lotes 88, 56, 1AB, 2ZB, en que están involucrados Camisea y Petro Tech. Existe cierto patrón que se ha repetido, muy similar al de Discover. No hay que olvidar que antes de estos dos últimos gobiernos, todo era a través de negociaciones directas. Uno se sentaba a la mesa y te lo otorgaban.
La corrupción rondó Palacio ¿Pero llegó a ingresar para negociar?
Sí supiéramos que la corrupción se instaló en Palacio de Gobierno y llegó hasta el Presidente de la República lo hubiésemos dicho en el informe en minoría que suscribimos. Pero eso no se pudo determinar, no tenemos pruebas para decir eso porque los otros miembros de la comisión bloquearon el proceso de investigación a través de esa alianza para la impunidad que conformaron Unidad Nacional, el Partido Aprista y el fujimorismo. Y es esa alianza la que ha blindado a la corrupción y vemos la continuidad de la mafia que operó por años en nuestro país.
Rómulo León Alegría, al parecer, era el gestor de intereses más notorio que decía estar muy cerca del aparato gubernamental ¿Habrá otros 'rómulos' negociando ilícitamente en la actualidad, haciendo 'faneones'?
No podría mencionar con nombres y apellidos, pero te aseguro que habrá más de un militante aprista que tenga los contactos y las habilidades de Rómulo León Alegría. Él era el más notorio, pero seguramente existen varios más. Se habla de algunos hijos de connotados líderes apristas, hay un caso específico de uno que está teniendo mucho éxito en sus negocios con el Estado, pero no hay elementos suficientes para levantar el dedo acusador.
Hay un tono de resignación en su voz cuando habla de este tema…
Más que resignación es frustración, porque la mafia controla y maneja algunos medios de comunicación y bancadas parlamentarias. Con todo ello se teje un velo de impunidad que corroe y consume la política peruana, que se encuentra desprestigiada y está sumida en este estiércol que son las mafias que controlan y manejan todo.
¿Usted cree que este segundo gobierno aprista maneja unos métodos similares a los del fujimorismo cuando estaba en el poder?
Es la repetición de esos métodos, y por eso son aliados en tantas cosas, y por eso hoy somos testigos de una clara alianza entre el Partido Aprista y el fujimorismo.
"Debe existir un Tribunal Internacional que juzgue a transnacionales que vulneren derechos de cualquier ciudadano"
14 de Abril de 2009
Juan Hernández Zubizarreta, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, del Departamento de Derecho de la Empresa en la Universidad del País Vasco (UPV- EHU); declaró para Forum Solidaridad Perú. Él también Perito del Tribunal de los Pueblos y autor de diversos libros y artículos sobre empresas multinacionales y América Latina, propuso mecanismos que permitan sancionar a las corporaciones que violen los derechos de mujeres y hombres en el mundo.
"Es necesario que Naciones Unidas apruebe un código externo, es decir, una norma internacional de cumplimiento obligado y con plena efectividad mediante la vinculación a un Tribunal Internacional, con reconocimiento jurídico que pueda juzgar a las empresas transnacionales."
Para Hernández Zubizarreta, este es el momento oportuno para reactivar el Centro de Empresas Transnacionales, que Naciones Unidas tuvo hace algunos años pero que fue desactivado "por la presión y el lobby de las multinacionales"
Asimismo, detalla el profesor español, el centro tendría la función de tramitar las denuncias presentadas por los movimientos y organizaciones sociales, de manera que "se les otorgue un punto de institucionalidad. De forma que todo lo que se conoce sólo por información de parte sobre las prácticas de responsabilidad social corporativa de las empresas transnacionales aparezca contrastado por sentencias de tribunales permanentes".
Según indica el especialista, este centro debería estar acompañado de un Tribunal Internacional que ampare "los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y de desarrollo de los pueblos."; algo similar al Tribunal Penal Internacional, y que sugiere podría llamarse Tribunal Social Internacional.
Para Hernández Zubizarreta, el Tribunal Internacional tendría una organización similar a la de un Poder Judicial, con salas que podrían dedicarse a temas determinados "una que se ocupe de las empresas transnacionales, otra que atienda la deuda externa, otra que vea los delitos ecológicos". De esta forma, cualquier persona u organización afectada podría presentar su denuncia contra la empresa que haya vulnerado sus derechos, el tribunal deberá recibir las pruebas, "los jueces deberán hacer las indagaciones y abrir la investigación respectiva".
En el proceso de investigación y supervisión que debe realizar el Centro de Empresas Transnacionales – acompañado del Tribunal Internacional – podrían "enviarse inspectores de Naciones Unidas a analizar la situación, para que luego se falle una sentencia, con responsabilidad penal o civil que permita una indemnización y que los responsables del perjuicio sean detenidos", explica Juan Hernández.
Hernández Zubizarreta explica que su planteamiento responde a la necesidad de que las empresas transnacionales den cuenta de sus operaciones, "me refiero a que tiene que decir cómo entró a nuestro país, cuánto pagó por la empresa que dispone, cuánto ha invertido, cuánto revierte a los pueblos de América Latina, cuánto se queda y qué tasa de ganancia tiene", afirma.
Esta información responde a una visión relacionada con el derecho de desarrollo y porque "es absolutamente democrático que las cuentas sean claras y que se conozcan para que los pueblos de América Latina decidan si quieren o no que las transnacionales continúen en su territorio", sentencia Hernández.
Para Juan Hernández la situación es similar en el caso de la banca, las empresas financieras deben demostrar "cuánto dinero ha ganado, cómo lo ganó, por qué lo ha ganado y cuánto ha revertido a la sociedad, cuánto crédito barato ha dado y cuánto crédito ha otorgado para apoyar a las empresas de un país". Esa es una información que los pueblos tienen derecho a conocer, indicó Hernández.
Finalmente, aunque Hernández entiende que el momento actual y las correlaciones políticas hacen que su propuesta sea una "posición estratégica minoritaria"; afirmó que "hacia eso tenemos que avanzar" para alcanzar el real desarrollo de los pueblos.
Marchas y contramarchas en Partido Aprista por investigación de venta de Petro-Tech
14 de Abril de 2009Con los votos del fujimorismo y de parlamentarios "cercanos" al oficialismo, el Partido Aprista logró, a mediados de febrero, la conformación de una comisión encargada de investigar la cuestionada venta de Petro-Tech a un consorcio coreano-colombiano, cumpliendo así el pedido del presidente Alan García.
Mientras tanto, los miembros de la oposición no dudaban en calificar la iniciativa como una "cortina de humo" y un intento por "santificar" lo actuado por parte del gobierno en el caso en cuestión.
Además, criticaron que García Pérez no actuara en el momento en que fue informado de la decisión de venta de la petrolera.
Por su parte, el congresista de Alianza Parlamentaria Yonhy Lescano recordó que existen informes de Contraloría en los que se señalan irregularidades en las actividades de Petro-Tech, que incluían la presunta nulidad del contrato con el Estado. "Acá hay responsables: el ministro de Energía que no hizo nada", subrayó.
La comisión investigadora quedó conformada por la fujimorista Cecilia Chacón, el upepista Aldo Estrada, Wilder Ruiz de Alianza Nacional y el oficialista Jhonny Peralta, quien adelantó que no se citaría al presidente Alan García.
La moción que inicialmente proponía que la comisión investigue la transferencia de Petro-Tech y las posibles vinculaciones con la red dedicada al espionaje telefónico fue modificada a petición del fujimorismo.
El texto aprobado plantea que la comisión investigue, en un plazo de 60 días, las razones de la venta de Petro-Tech y los contingentes societarios y tributarios en relación a los contratos suscritos con el Estado.
El vocero aprista, Aurelio Pastor, sostuvo que la venta de Petro-Tech era un asunto de interés nacional y que el Congreso no podía abdicar en su función investigadora y fiscalizadora.
Pastor Valdivieso señaló que diferentes publicaciones periodísticas han revelado irregularidades en las actividades de la petrolera, por lo que hay expectativa y preocupación ciudadana al respecto.
Días después de la conformación de la comisión, para sorpresa de todos y en un cambio de opinión que invita a diversas conjeturas, el propio mandatario salió a decir que ya no se debe investigar la venta de la empresa petrolera porque "es un problema entre privados, entre empresas, donde el Estado no puede meterse". Según García Pérez, ahora sólo hay que investigar, "la gestión de la empresa en años anteriores y su influencia sobre Petroperú".
La gran estafa de Madoff
14 de Abril de 2009
El once de diciembre de 2008, el ex presidente de Nasdaq, Bernard L. Madoff, fue detenido por el FBI tras cometer una estafa internacional de 50 000 millones de dólares. Madoff confesó que su negocio consistía en un "esquema ponzi-gigante" o fraude piramidal, con el que prometía a sus clientes, ganancias por la entrada de más personas.
Madoff pagó una fianza de 10 millones de dólares y ahora se encuentra en libertad bajo vigilancia en su ático de lujo de Manhatan. Sin embargo, los fiscales estadounidenses siguen intentando poner fin al "arresto en el ático" de Bernard Madoff y enviar al presunto estafador de 70 años de edad, a la cárcel.
Este caso es uno de los tantos que se han descubierto en Estados Unidos después de que se desató la crisis financiera e hipotecaria, afectando a cientos de familias ricas de ese país.
http://definanzas.
http://www.elmundo.
FMI: Se debe reaccionar con "dinamita" contra los paraísos fiscales
14 de Abril de 2009
El presidente del FMI, Dominique Strauss-Khan, advirtió que la situación del sistema financiero internacional está lejos de ser saludable e hizo una invocación para hacer mayores esfuerzos con el objetivo de intensificar los planes de apoyo y la coordinación entre los agentes implicados.
Sostuvo que es necesario "poner fin a la distribución de dividendos" y reclamó el apoyo de los países para "reaccionar con dinamita" contra los paraísos fiscales y despedir a los ejecutivos de las instituciones financieras que han provocado la crisis.
El titular del Fondo Monetario Internacional alertó que si no se toman medidas como éstas, el deterioro financiero se prolongará más de lo previsto.
El economista francés consideró que lo más probable es que la crisis, tras las primeras previsiones que apuntaban a que tocaría su fin a mediados de 2009, se alargará como mínimo hasta 2010.
En su opinión, los estados han seguido las recomendaciones del FMI a la hora de implementar sus planes para reactivar la economía real, aunque ha puesto el énfasis en que el mayor problema es "terminar de limpiar los balances de los bancos".
http://www.urgente2
Suspenden actividades de Stanford en Perú y Procuraduría la investiga por presunto lavado de activos
14 de Abril de 2009
Las actividades de la empresa Stanford Group Perú fueron suspendidas por treinta días, debido a una disposición de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), luego de que la compañía fuera acusada de fraude por vender en forma fraudulenta certificados de depósito por 8,000 millones de dólares.
Esta demanda, interpuesta por el regulador bursátil de Estados Unidos, originó que clientes de los países latinoamericanos donde operan corredurías y bancos del Grupo Stanford entraran en pánico y pugnaran por recuperar sus fondos.
Por su parte, el Procurador de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Jorge Luis Caldas, anunció que se iniciará una investigación preliminar para verificar si la filial de Stanford Financial Group en el Perú cometió el delito de lavado de activos.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
14 de Abril de 2009La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como la Convención de Mérida, fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre de 2003 y abierta a firma durante la Conferencia Política de Alto Nivel que se celebró del 9 al 11 de diciembre del mismo año, en Mérida, Yucatán.
La Convención entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, de acuerdo con su Artículo 68.
Actualmente la convención de Mérida ha sido firmada por 140 Estados y 83 la han ratificado.
El objetivo de la Convención es fortalecer la cooperación internacional contra la corrupción. Para ello, establece la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas preventivas, de penalizar una amplia gama de actos de corrupción, prestarse la más amplia cooperación internacional para la extradición, la asistencia jurídica recíproca y el decomiso del producto del delito, y de proporcionarse asistencia técnica. Asimismo, la Convención establece un mecanismo para la devolución al país de origen de los bienes producto de actos de corrupción, transferidos al exterior.
La Convención establece como principio fundamental el de la devolución de activos y obliga a las Partes a prestarse la mayor cooperación posible en el tema. Con este fin, contempla mecanismos que permitan prevenir y detectar movimientos de fondos producto de la corrupción y facilitar su decomiso.
También dispone que los bienes producto del delito de corrupción que se hayan decomisado conforme a los preceptos de este instrumento podrán ser restituidos a sus legítimos propietarios, de conformidad con el derecho interno de cada país, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir que las autoridades competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados a sus legítimos propietarios, ya sean particulares o los Estados.
De acuerdo al Artículo 69, cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a su vez, comunicará la propuesta a los Estados y a la Conferencia de los Estados Parte para que la examinen y adopten una decisión al respecto. En caso de que no se logre un consenso para la aprobación de la enmienda, se someterá a votación con una mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes en la Reunión de la Conferencia de los Estados Parte. Toda enmienda aprobada esta sujeta a ratificación, aprobación o aceptación por los Estados Parte. Cuando una enmienda entre en vigor será obligatoria para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto.
Al cierre…
14 de Abril de 2009•FUJIMORI CULPABLE: SALA PENAL ESPECIAL LO CONDENA A 25 AÑOS POR BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA
Al cierre de la presente edición, la Sala Penal Especial que juzgaba a Alberto Fujimori por los casos de Barrios Altos y La Cantuta; así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer ha emitido su fallo. Los cuatro hecho materia de acusación "están probados más allá de la duda razonable", ha señalado César San Martín.
San Martín, presidente de la Sala, resumió al inició de la jornada el contenido de las más de 600 páginas que contienen la sentencia de un juicio histórico. Según el documento, por unanimidad se ha determinado que: "el acusado Alberto Fujimori Fujimori, a la par de la estrategia descrita, implementó - a través de lo que llamó una "NUEVA ESTRATEGIA" - una reacción radical contra el terrorismo".
Durante todo el proceso, la defensa de Fujimori intentó negar el comando que ejercía en las Fuerzas Armadas y que por lo tanto no pudo estar al tanto de los operativos de Colina. La sentencia indica que está probado que "el acusado (…), como jefe supremo de las FFAA y PNP, ejerció potestades político militares y potestades militares efectivas, evidenciando mando y comando máximo sobre las Fuerzas del Orden, tanto a nivel político estratégico, como táctico y operativo".
La sentencia tiene varios puntos importantes, además de señalar que los crímenes cometidos por Alberto Fujimori son delitos de lesa humanidad y de reivindicar a las víctimas demostrando que ninguno era terrorista, como siempre sostuvieron los defensores del condenado.
La Sala ha señalado que ha quedado plenamente demostrado que "el SIN, como organismo del Sistema de Defensa Nacional, fue un ente dependiente de la Presidencia de la República"; así como, que "se dotó al SIN de un presupuesto especial, secreto y cuantioso, y que en los hechos quien manejaba ese presupuesto, bajo autorización del acusado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, era el asesor Montesinos Torres?
"Barrios Altos y La Cantuta ejecutadas por (…) Colina, a partir de la intervención directiva de los estamentos de mayor jerarquía del Ejército y el SIN, significó la intervención de un aparto organizado de poder que se colocó al margen del Derecho", indica uno de los fundamentos de hecho de la sentencia.
Estos considerandos son importantes, porque permiten evidenciar más claramente, la organización delictiva que Fujimori encabezó no sólo para cometer violaciones de derechos humanos sino para llevar a cabo acciones delictivas y hechos de corrupción. La coptación de los aparatos de poder, que la Sala ha descrito muy bien, representa la visualización de la estructura criminal instaurada en el régimen de Fujimori, cuyo brazo operativo era Vladimiro Montesinos.
Ahora vienen los procesos por corrupción, primero se revisará el caso de la entrega de 15 millones de dólares de CTS a Vladimiro Montesinos. Hay que recordar que está entrega de dinero se dispuso cuando Montesinos ya había sido puesto en evidencia, ya se le había visto comprando a un congresista para darle mayoría a Fujimori. Para mantener calmado a su brazo ejecutor, Fujimori ordenó el desvío de fondos del tesoro nacional.
El tercer proceso que afrontará Fujimori será el relacionado a la compra de Cable Canal de Noticias (CCN) para lo que usaron fondos del Estado; la interceptació
Por lo tanto, debemos estar atentos a los procesos por corrupción que se le seguirán a Fujimori en los que estamos seguros se irán probando con más precisión lo señalado por la Sala. Fujimori encabezó una red de poder organizada para cometer delitos.
•ELIMINANDO LOS CONTROLES:
El hecho de que el Ejecutivo continúe remitiendo propuestas de candidatos que serán rechazados por no tener las características exigidas por las normas, mientras el país aún no cuenta con un Contralor General de la República, pues desde octubre ni el Ejecutivo ni el Congreso han podido encontrar un candidato que reuna los requisitos, podría reflejar la intención del gobierno de que no exista una cabeza en la Contraloría que pueda hacer frente a las reformas que se están planteando sobre el Sistema Nacional de Control, las que le restan funciones y limitan los controles, con lo cual se refleja la poca voluntad de luchar contra la corrupción.
Al cierre de esta edición, la segunda propuesta realizada por el Presidente García, el señor Edmundo Beteta ha sido descartado por la Comisión Evaluadora del Congreso de la República y lla porque no reunía los requisitos de ley.
Por otro lado, entre diciembre y febrero el Poder Ejecutivo emitió los Decretos de Urgencia No. 47-2008 y 010-2009 declarando de "necesidad nacional y ejecución prioritaria" diversos proyectos de inversión; estos decretos han venido acompañados de un Proyecto de Ley No. 3003 - cuyo debate ha quedado suspendido en el congreso -. Las mencionadas normas apuntan a reducir los controles tanto para la ejecución de proyectos de inversión como para el endeudamiento público, todo bajo el pretexto de la crisis económica mundial.
No contentos con eso - que podrían considerarse medidas cuestionables pero transitorias - está siendo evaluada por los ministerios una propuesta del Ministerio de Justicia para reformar el Sistema Nacional de Control, de manera que no sea "un obstáculo burocrático a las inversiones" como han señalado miembros del Ejecutivo.
El referido anteproyecto de ley pretende que la Contraloría sólo verifique la legalidad de los actos efectuados por los funcionarios públicos, más no la gestión y utilización de los bienes y recursos del Estado; asímismo, en materia de deuda pública no podrá ejercer control posterior si es que ha habido procesos en los que haya dado opinión previa. Por si eso fuera poco, en los casos en los que existan leyes ambigüas el auditor (el funcionario encargado de hacer la acción de control) deberá asumir y aceptar la interpretació
¿Para la lucha contra la corrupción basta con un Sistema Nacional de Control que verifique la legalidad de los actos de ejecución de presupuesto? Lo vivido en la década de los 90´s muestra que la corrupción puede darse aún cumpliendo con todas las normas.
En el marco de la crisis económica mundial, el Ejecutivo ha señalado que dispondrá de más de 10 mil millones de soles para diversos proyectos de inversión, considerado por muchos como un foco de corrupción; así, y tras escandalos como el de los `petroaudios`
Esperemos que el debate sobre el tema sea abierto y se entienda que agilidad no sigfinica falta de control en el uso de los recursos de todos y todas las peruanas.
• DOE RUN PERU: ´Salvataje frustrado´
Otro hecho que ha llamado nuestra atención, ocurrido al cierre de esta edición de De Cuello Blanco, tiene que ver con la situación de la compañía minera Doe Run Perú.
En las últimas dos semanas, los medios de comunicación informaron sobre una supuesta situación de crisis financiera de la empresa Doe Run Perú.
La empresa habría tenido que paralizar el 95% de sus actividades. La situación de DRP se debía a que no podía cancerla una deuda de 100 millones de dólares con las empresas que proveían de material para la fundición; además, porque un grupo de bancos, encabezados pro el Banco de Crédito, decidieron no revonarle un crédito revolvente de 75 millones. Todo ello, sin contar lo que aún le falta a la empresa para poder cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que vence en octubre de 2009.
El gobierno había anunciado su voluntad de encontrar una solución frente a la situación financiera de la empresa privada Doe Run Perú. Pese al hermetismo con el que se intentó manejar la intervención del gobierno, algunos medios de comunicación informaron que las opciones que se barajaban eran: i) Salvataje, mediante un prestámo de 200 millones de dólares, del COFIDE o ii) Avalar un crédito que Doe Run adquiera con cualquier entidad bancaria. Ambas opciones recibieron fuertes críticas.
Los cuestionamientos a la intervención del Estado en el problema de Doe Run Perú, provenientes de los más diversos sectores (desde el Movimiento por la Salud de La Oroya hasta las mineras acreedoras de DRP), indicaban que: Doe Run es una empresa privada y como tal debe solucionar sus problemas por su propia cuenta, sin intervención estatal.
Además, Doe Run Perú tiene una historia de incumplimientos en sus compromisos ambientales, por ejemplo, ha solicitado y logrado, hasta en 5 ocasiones, modificar y ampliar su (PAMA) - una de las cuales logró planteando una situación similar a la actual - que tiene como plazo final octubre del presente año. Hasta el momento Doe Run sólo habría avanzado en 47% en la ejecución del PAMA.
Otra preocupación que surgía era ¿cómo una empresa que ha logrado sobreganancias, por el boom de los metales de los últimos 3 años, había quedado en quiebra?. En medio del debate, se conoció que la empresa había pagado a sus trabajadores las utilidades, correspondientes al año 2008 (sólo en el caso de los 2300 obreros estamos hablando de más de 7 millones de soles). Esto dejaba aún más dudas, pues supuestamente estaban casi al borde de la quiebra ¿cómo en 3 meses se desfalca a una empresa que quedó 6ta en exportaciones a diciembre de 2008, o será que DRP no estaba siendo honesta sobre su situación financiera?
Expertos señalaron que salvar el Complejo Metalúrgico de La Oroya no significa salvar a la empresa Doe Run. Se plantearon otras soluciones, como que poner a la venta acciones de la compañía.
Sin embargo, el día 2 de abril, salió humo blanco. Las empresas acreedoras serán las que le presten a DRP 175 millones de dólares, en minerales para que continúe con sus operaciones; por su lado, el Estado ha logrado que Doe Run ponga el 100% de sus acciones como garantía para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales que vencerán indefectiblemente en octubre de este año.
El cambio en la actitud del gobierno, cuando hasta el Presidente García había expresado su preocupación sobre el tema, respondería a la reacción que desde diversos sectores generó la posibilidad de premiar con un salvataje a una empresa que no ha demostrado responsabilidad en su manejo.
Sin duda el resultado es favorable al país, pero aún hay detalles de la participación del Estado en este tema privado que deben ser aclarados.
Http://reddemocratica.blogspot.com
Http://www.caretas.com.pe/2000/1631/articulos/protesta.phtml
Http://www.caretas.com.pe/2000/1612/articulos/debate.phtml
Celebrando 10 anos "On Line"..2008
Keep the candle burning
I have a dream
http://www.stanford.edu/group/King/about_king/interactiveFrame.htm
FORUM TPSIPOL: RED DEMOCRATICA .
Informacion : Http://tpsipol.home-page.org
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