MIÉRCOLES, 09 JUNIO DE 2010
¿Vigilancia y amenaza?
Junto con los ataques al grupo policial que investigó el caso Petroaudios, con el objetivo, por lo menos de una parte de quienes intervienen en esos ataques, de desacreditar la investigación, ha aparecido otro factor inquietante en relación con el caso: un seguimiento con visos intimidatorios a la familia de Manuel Ponce Feijóo, uno de los principales acusados en el proceso judicial.
Sábado 5 de junio. Cinco de la tarde. La persona que hacía el seguimiento llegó a ser fotografiada por la esposa de Ponce Feijóo.
Por Romina Mella.- … Aparte de –en caso fuera cierto– el repugnante recurso, epítome de bajeza y cobardía en cualquier circunstancia, de amenazar implícitamente a la familia, lo que esa acción sugiere es una presión extorsiva para asegurar la impunidad de gente cuya participación en el caso aún no ha sido revelada. A continuación el reportaje sobre dicha “vigilancia” y, en exclusiva, las fotos de sus autores y su vehículo.
Era alrededor de las 9 de la mañana del martes uno de junio. Los vigilantes de la urbanización Sirius, en La Molina, se percataron que un automóvil blanco con una extraña placa de rodaje (ID-3163) estaba estacionado desde hacía más de una hora frente a la casa 250 en la calle Los Cedrones. Pocas cuadras más allá, frente al colegio Altair, estaba aparcado otro vehículo. Un Nissan color plata, con número de placa CQZ- 395.
Cuando uno de los guardianes se acercó al primer automóvil, el conductor le indicó que él y su copiloto eran policías. “Estamos haciendo un trabajo especial”, señalaron. Los vigilantes alertaron a los dueños de casa.
La residencia pertenece al capitán de navío (o contralmirante, dependiendo si uno opina que el presidente García puede degradar discrecionalmente, o no) en retiro Manuel Ponce Feijóo, quien desde enero del año pasado está recluido en el penal Castro Castro por su presunta participación en la red de espionaje telefónico como gerente general de BTR.
Lo extraño de todo esto es que en el parte del serenazgo que da cuenta de la intervención, el policía de la comisaría de La Molina que firma el acta también figura como conductor del automóvil intervenido. “Se ubicó el vehículo blanco de PR-ID-3163 [la placa no figura en los registros públicos] asimismo nos entrevistamos con el conductor Sr. [Adolfo] Quispe Callo, PNP. Se encontraba de trabajo especial en dicho vehículo”.
¿Negligencia o encubrimiento? IDL-Reporteros buscó a Segundo Chávez Pomatanta, el sereno que participó en la intervención e hizo el reporte. “Yo fui con Quispe Callo a esa dirección. Él hizo la intervención. Quispe le preguntó al chofer qué hacían ahí y este le dijo que estaban haciendo un trabajo especial. Le enseñaron su identificación y nos fuimos. Yo estaba como conductor. Yo vi a dos personas, pero nada más”, refirió Chávez.
Al ser consultado sobre por qué su acompañante aparecía como sospechoso, indicó que “probablemente me he confundido de nombre. No estoy seguro de lo que pasó”.
Quispe Callo, a su turno, dijo que firmó el reporte sin haberlo leído. “Yo normalmente cuido la puerta de la comisaría. Ese día me llamaron para que patrulle. Me acerqué al auto, me dijeron que eran policías y me mostraron sus identificaciones. No les pedí sus datos. Todo fue rápido. Como me salió una novedad sobre un robo de autopartes me fui. Ellos se quedaron”, aseguró.
El sábado 5 de junio, el carro Nissan color plata volvió a merodear por los alrededores de la casa de la familia Ponce-Rázuri. Alrededor de las 4 de la tarde, Zoila Rázuri salió junto con sus hijos rumbo al cementerio Jardines de la Paz. “Al dar la vuelta por el parque (que está cerca a su casa), vi a un tipo sentado. El vigilante me hizo una seña y me dijo que era el mismo que había estado el martes. Fui a mi casa y saqué la cámara de fotos”, narró.
A su regreso, Rázuri encontró a la misma persona cerca del parque y este intentó escabullirse hacia una pollería cercana. Sin embargo, la esposa de Ponce Feijóo logró fotografiarlo en una alegosa secuencia, así como el automóvil desde el que se venía haciendo la vigilancia desde inicios de semana.
Para el jefe del Serenazgo de La Molina, René Bresciani, “todo indica que sería personal especializado de inteligencia que está haciendo reglaje para intimidar a esa familia”.
Por lo pronto, la esposa de Ponce Feijóo ha denunciado ante el serenazgo, la comisaría y la Divincri de La Molina haber sido víctima de “hostigamientos y acosos” realizados por personal policial aún no identificado.
Pero Salazar presiona a Obregón para que apruebe la compra
El ministro Octavio Salazar durante actividad en el colegio Juana Alarco en marzo último. (Foto: Andina)
El ministro del Interior, Octavio Salazar, ha seguido tratando de completar los trámites de recepción de los portatropas, incluso después de la enfática declaración de cancelación de compra por parte del premier Velásquez Quesquén, el lunes 7.
IDL-Reporteros ha recibido información de fuentes confiables, según la cual, pocas horas después de la intervención del premier, el ministro Salazar presionó repetidamente al director de Logística de la PNP, general
Mario Obregón, para que éste firmara la conformidad de recepción de los portatropas que se encuentran en el Callao.
De acuerdo con la fuente, que tiene conocimiento directo de causa, Salazar presionó a Obregón durante la noche del lunes 7, en reuniones que se prolongaron hasta la una de la mañana del martes 8. Obregón se negó a firmar la aprobación de compra, utilizando todas las fórmulas verbales de subordinación y respeto, pero sin ceder en ese punto crucial.
La presión fue tan fuerte, sin embargo, que Obregón retornó al ministerio el martes 8 con una carta preparada solicitando su pase al retiro en caso que se le ordenara imperativamente firmar.
No está claro si Obregón presentará finalmente la carta, o no. El hecho es que la fecha límite para recibir los portatropas es el jueves 10.
¿Por qué Salazar insistió con tanta fuerza para que el general Obregón diera su conformidad a los portatropas, pese a las inequívocas declaraciones de Velásquez Quesquén? La única explicación es que la aprobación oficial de la PNP pondría a Hatehof en una situación contractualmente ventajosa en el previsible caso de una controversia judicial con el Estado.
Lo que sí es un hecho concreto es que Salazar ha continuado gestionando intensamente la compra de los portratopas después de la última, y que se supuso definitiva, aclaración de Velásquez Quesquén. No lo fue, por lo menos para el ministro del Interior.
El encuentro
En los últimos meses el congresista fujimorista Rolando Sousa ha atacado sistemáticamente al equipo especial de investigación de la Dirandro que llevó a cabo los arrestos, la incautación de material y la investigación policial en el caso BTR.
Hay, sin embargo, un hecho hasta hoy desconocido que puede ayudar a entender mejor algunas cosas. Entre las cuales, los ataques.
Sucede que ese equipo de la Dirandro, bajo la dirección del coronel PNP Carlos Morán, es el que también llevó a cabo las investigaciones a la familia Sánchez Paredes, por presunto lavado de activos procedentes del narcotráfico, e igualmente al ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, por los mismos presuntos delitos.
La prolija investigación policial a los Sánchez Paredes, expresada en un voluminoso atestado, terminó a comienzos del 2010.
Pero poco antes que finalizara dicha investigación, el ministro del Interior, Octavio Salazar, llamó al director general de la PNP, general Miguel Hidalgo, y le pidió que fuera a su oficina, en el cuarto piso del ministerio. Hidalgo subió desde la Dirección General de la PNP, que queda en el tercer piso, para ver al ministro quien además, es su compañero de promoción en la ex Guardia Republicana.
Congresista Rolando Sousa (Foto: Andina) General PNP Miguel Hildalgo (Foto: Andina)
Al entrar en la oficina del ministro, Hidalgo vio, según refirieron a IDL-Reporteros fuentes con conocimiento de causa, que Salazar no estaba solo. Lo acompañaba el congresista fujimorista Rolando Sousa.
Ministro Octavio Salazar (Foto: Andina).
Después de los saludos, Salazar se levantó súbitamente, dijo “creo que ustedes dos tienen que hablar” y se fue de su oficina. Sousa e Hidalgo quedaron solos.
Fuentes confiables plenamente informadas sobre el evento, coinciden en afirmar que Hidalgo se puso muy incómodo. Como se sabe, Hidalgo comandó la Dirandro en plena investigación a los Sánchez Paredes y a Valdez Villacorta.
El ahora jefe de la PNP sabía bien que Sousa es socio de César Nakazaki, defensor tanto de Orlando Sánchez Paredes como de Valdez Villacorta.
Sousa, en efecto, empezó a hablarle a Hidalgo sobre el tema de los Sánchez Paredes. “Habló sobre procedimientos en casos de lavado de activos”, relacionados con el caso, dice una fuente bien enterada.
Hidalgo, alarmado e incómodo, le dijo a Sousa que él ya no veía investigaciones de la Dirandro, que se encontraba ahora en otro nivel y que aún cuando comandó esa unidad no discutía sobre investigaciones en desarrollo. Luego se levantó, se despidió y se fue apenas pudo hacerlo.
La entrevista empezó siendo de tres y terminó solo entre dos personas. Los detalles de la conversación, sin embargo, se filtraron a través de las paredes de esa oficina de oídos legendarios: el despacho del ministro del Interior.
IDL-Reporteros buscó a Hidalgo para confirmar detalles de esta entrevista, pero el director general de la PNP se negó a responder. IDL-Reporteros, sin embargo, ha confirmado plenamente lo que se informa aquí.
¿Por qué el ministro del Interior Salazar organizó una reunión para que el socio del abogado de los Sánchez Paredes abogara con el director de la Policía a favor de éstos? ¿Era para ayudar a los Sánchez Paredes, para acercarse a los fujimoristas o por una combinación de ambos motivos? ¿No estimó que era un uso corrupto de su autoridad? IDL-Reporteros buscó contactar a Salazar, pero los intentos de comunicarse con él llegaron solo hasta sus edecanes.
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