Archivo y actual Colombia: presuntamente asesinados 35 indígenas Awá por las FARC Vie 13/02/2009 - 23:20 Masacre contra la ''gente del silencio''. Atrapados entre el ejército y la guerrilla Bogotá, IPS, 12-2-09. La noticia de una matanza se superpuso a otra, y ya sumarían 35 los indígenas awá asesinados en un aislado territorio del sudoccidental departamento colombiano de Nariño. Al menos 25 de las muertes se atribuyen a las insurgentes FARC. "La masacre está confirmada. Hay una duda sobre el número exacto de los muertos, eso está en verificación. Se hablaba de 17 y acabamos de recibir una información, sin confirmar, de que son 25 de la primera masacre. En la misma área serían 10 más los indígenas asesinados", dijo a IPS por teléfono Zabier Hernández, asesor de paz de la Gobernación de Nariño, a las 14:15 horas (19:15 GMT). El recuento "proviene directamente de los gobernadores indígenas de los resguardos (territorios aborígenes) de Tortugalia y de El Sande, en los límites entre los municipios de Barbacoas, Ricaurte, Guachavez y Samaniego", precisó. Ambos resguardos suman unas 40.000 hectáreas en "una zona montañosa y selvática muy cerrada, donde los indígenas no viven en puntos urbanos, sino dispersos", no existe carretera alguna y a donde se llega luego de día y medio de caminata. "Es una zona con muchas minas antipersonal", describió Hernández. Ninguna comisión judicial, misión humanitaria o de verificación ha podido acercarse al lugar, con gran concentración de campos minados y escenario de ametrallamientos aéreos, bombardeos y combates entre el ejército y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) desde el 1 de este mes. Poco antes de las 16:00 horas (21:00 GMT), el ministro de Defensa Juan Manuel Santos aseveró que las tropas gubernamentales "desembarcaron" en los puntos donde habrían ocurrido los hechos, pero "no pudieron encontrar nada", tampoco evidencias del supuesto secuestro de al menos 120 personas indígenas, incluyendo niños, por parte de las FARC. Las izquierdistas FARC están en armas desde 1964 y son la principal guerrilla de este país. Unos 25.000 awás ocupan un territorio binacional que abarca el pie de monte costero nariñense y pasa la frontera hacia Ecuador. Además, comparten su hábitat con comunidades negras tradicionales. Es una zona con "fuerte presencia del 29 Frente y de la Columna Mariscal Sucre de las FARC, y donde la fuerza pública ha desarrollado vastos operativos. Esto genera un cuadro crítico que deja a la población indígena en medio de la confrontación", señaló Hernández. Allí actúa el Batallón Contraguerrilla Mártires de Puerres, de la Brigada 29, adscrita a la Tercera División del ejército colombiano. Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las guerrillas responsabilizan a las comunidades awá de facilitar la entrada del ejército a sus territorios. Además, "miembros del ejército cometen violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario", indican ambas organizaciones, y denuncian que la ocupación militar de los territorios ancestrales y el desconocimiento de las autoridades indígenas violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La Unipa y la ONIC acusaron a los militares de entrar "de manera abusiva a las viviendas" y obligar "mediante diferentes maltratos a miembros de la comunidad, a dar información sobre la ubicación de los guerrilleros" de las FARC, "exponiendo a la comunidad a una situación de impotencia y miedo". "Los awá son la 'gente del silencio', son personas muy pacíficas", dijo Luis Evelis Andrade, Autoridad Nacional Indígena de la ONIC. "Algunos no comprenden bien el idioma español y por eso los han asesinado: porque muchas veces, por decir que 'no', dicen 'sí'. La mayoría de las veces dicen que sí sin comprender cuál fue la pregunta, o sonríen", señaló. "Esto no lo conocen los actores de la guerra". "Por eso los bandos en conflicto, al interrogarlos, los han asesinado y acusado de ser colaboradores del bando enemigo", añadió Andrade. Desde 1998, el pueblo awá contabiliza cuatro masacres además de la actual, unos 200 asesinatos, 50 afectados por minas antipersonal, cinco desplazamientos masivos, desplazamiento forzado individual hacia dentro y fuera del territorio indígena y emigración hacia Ecuador. En 10 años, ese pueblo ha sufrido también secuestros, detenciones arbitrarias, acusaciones, amenazas, reclutamiento forzado, bloqueo de alimentos y medicamentos, utilización de bienes civiles por parte de todos los combatientes y presión a los civiles para que sirvan de informantes. "Como asesor de paz, estoy pidiendo una especie de tregua para poder desarrollar las acciones humanitarias necesarias para preservar la vida de los indígenas en esa área", sostuvo Hernández. "Ojalá podamos contar con una decisión de nivel nacional de detener todos los operativos para atender humanitariamente al pueblo awá y sacarlo a una zona segura mientras la situación se estabiliza", indicó a IPS. El funcionario también pidió "a las FARC que se retiren del área y permitan que la población indígena pueda llegar a sitios seguros, así como el ingreso de la comisión judicial para recuperar los cuerpos". Los awá, dueños originarios del territorio, paradójicamente viven en "tierra de nadie" en términos militares. Nariño, de 33.265 kilómetros cuadrados de ariscas montañas andinas y rica biodiversidad y de 1,6 millones de habitantes, registra el mayor desplazamiento forzado de civiles causado por grupos irregulares, así como la mayor concentración de campos minados de este país. Por ser fronterizo con Ecuador y tener costas sobre el océano Pacífico, es un corredor estratégico para el narcotráfico y el abastecimiento militar clandestino. En esa zona están planteados varios proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, que comunidades indígenas y negras relacionan con la guerra. Todos los actores armados están presentes en Nariño, y en 2008 el enfrentamiento se profundizó. Además de las FARC, allí opera el también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país, surgida asimismo en 1964. Desde 2005, los dos grupos se enfrentan en Nariño por el control territorial. Además, es el segundo departamento con más acciones de grupos paramilitares entre 2007 y 2008, según el Observatorio del Conflicto Armado de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, basado en la Bitácora Semanal de Prensa del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Estas bandas ilegales están presentes en 17 de los 64 municipios de Nariño, y en al menos 11 de ellos tienen cultivos de coca, materia prima de la cocaína. Las bandas presentes en Nariño "son grupos remanentes del Cartel de Cali y del Cartel del Norte del Valle que todavía están en proceso de fortalecimiento y aún no tienen un liderazgo claramente definido", dijo a IPS Mauricio Romero, director del Observatorio de la Corporación Nuevo Arco Iris. Contra esos dos otrora poderosos carteles de droga, rivales de los reductos del Cartel de Medellín, enfiló baterías el actual gobierno de Álvaro Uribe. A su vez, las dos guerrillas izquierdistas "en distintos momentos han hecho acuerdos con las 'bandas emergentes' (como las llaman las autoridades tras la desmovilización parcial de los paramilitares). Son acuerdos muy inestables y en los que la fuerza pública juega también", advirtió Romero. Por momentos, luchan "todos contra todos, o se dan alianzas de unos para golpear a los otros". En Nariño la fuerza pública, que en 2008 incrementó la militarización de la región, "no juega como un garante del Estado de derecho, sino como un actor armado más", según el investigador. "No siempre, pero sí en algunos casos", matizó. El ELN, con fuerte presencia en el sudoccidente colombiano, tiene allí una alianza, o acuerdo de guerra "por enemigo común", con el grupo Los Rastrojos, un sector remanente del Cartel del Norte del Valle, para combatir a las FARC. Al comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla, le pareció "extraño que los indígenas no estén colaborando" para esclarecer esta masacre. "Hay muertos", dijo, "pero las autoridades colombianas no los han visto". Los indígenas exigen desde hace años que todos los actores armados se retiren de sus territorios. "Queremos vivir como antes", en paz, afirman, la guerra "no es nuestra". *Inter Press Service ----------------------------- Sergio Ramírez critica en Colombia a Ortega por refugiar guerrilleras FARCBogotá. Agencia EFE. | 4 septiembre de 2008
El ex vicepresidente de Nicaragua y escritor Sergio Ramírez criticó este jueves los "exabruptos permanentes" del presidente de su país, Daniel Ortega, contra Colombia, y afirmó que la opinión pública de su país no comparte esas actitudes. El ex vicepresidente Ramírez, que participa en Bogotá en una Reunión de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, se refirió en declaraciones a los periodistas al asilo político concedido por Nicaragua a dos presuntas guerrilleras colombianas de las FARC, pese a que este grupo es considerado como terrorista.
También recordó las fuertes críticas de Ortega contra el Gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe, a quien acusa de planear ataques contra Nicaragua. "La opinión pública de Nicaragua no acompaña estos exabruptos permanentes del presidente", expresó Ramírez. El Gobierno de Managua otorgó asilo en mayo pasado a las colombianas Doris Torres Bohórquez, de 21 años, y Martha Pérez Gutiérrez, de 24, que sobrevivieron a una ataque militar colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, en el que murieron 26 personas. "Quien piense que la opinión pública de Nicaragua acompaña las decisiones del presidente Ortega acerca de esos asilos a miembros de las FARC en territorio nicaragüense, esta tensión permanente con Colombia con sus discursos, está en un verdadero error", dijo Sergio Ramírez. La actitud de Ortega se generó en marzo pasado tras la incursión colombiana en Ecuador, en la que fue abatido el segundo al mando de esa guerrilla, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes". Ortega respaldó entonces al presidente de Ecuador, Rafael Correa; y al de Venezuela, Hugo Chávez, que cerraron sus embajadas en Colombia, y anunció la ruptura de relaciones con Colombia, que reconsideró más tarde durante la Cumbre del Grupo de Río que fue clausurada en Santo Domingo el 7 de marzo. El ex vicepresidente Ramírez señaló que "lo demás es un asunto político. Nicaragua no debería tener nada que ver con los asuntos internos de Colombia", dijo. Agregó que "si el presidente Ortega quiere justificar esto por la vieja tradición de solidaridad guerrillera del Frente Sandinista, del cual yo fui miembro, yo quiero decir que esa tradición se perdió". "Nosotros éramos un grupo idealista, no éramos terroristas, cuando peleamos con las armas en la mano (contra el entonces dictador Anastasio Somoza) y para mí las FARC se han vuelto un grupo absolutamente distante de aquellos ideales románticos que nosotros teníamos", puntualizó.
"Es un concepto que todo el mundo comparte menos el presidente Ortega", concluyó. Con todo, el ex vicepresidente Ramírez recordó que existe un diferendo jurídico de límites territoriales entre Colombia y Nicaragua que está siendo dilucidado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). Nicaragua presentó la demanda ante la CIJ en 2001 por considerar que el archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia, uno de los 32 departamentos del territorio colombiano, le pertenece parcialmente. Aunque dichos territorios insulares fueron asignados a Colombia por medio de un tratado bilateral firmado en 1928, en 1979 el entonces gobierno sandinista de Nicaragua, del que hacía parte Sergio Ramírez, declaró inválido ese tratado por haberse firmado cuando esa nación centroamericana estaba invadida por tropas de Estados Unidos.
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ENTREVISTA CON EL ESCRITOR Y EX VICEPRESIDENTE NICARAGÜENSE SERGIO RAMIREZ
El narrador, que presentó en Buenos Aires su novela Mil y una muertes, habla de libros y de revoluciones. Califica la experiencia sandinista, de la que participó, como "un absoluto fracaso".
Por Angel Berlanga, Página/12, Lunes, 15 de Agosto de 2005
Este hombre, uno de los ni-caragüenses revolucionarios que derrocaron a Somoza en 1979, dice ahora que es impensable gobernar dejando a un lado al FMI. Este hombre, que fue vicepresidente del gobierno sandinista, dice que aquella revolución fue un completo fracaso. Y les recomienda a sus alumnos de literatura, en las clases que da por Maryland, o Boston, o Los Angeles, que no se metan en política. A la que jamás volvería, dice este hombre, Sergio Ramírez, y algo de eso destila el libro sobre el que vino a hablar en Buenos Aires y Montevideo: Mil y una muertes. En este texto él mismo es tan personaje como el fotógrafo Castellón, cuya huella detectó por primera vez en una escapada al protocolo durante una visita oficial a Varsovia, cuando azarosamente dio con una exposición de imágenes tomadas antes y durante la ocupación nazi de esa ciudad. La reconstrucción –vía eficaz estructura– de la vida de este personaje nacido en 1854 en León, la antigua capital de Nicaragua, plantea un recorrido que abarca la historia fundacional de ese país, celebridades como Rubén Darío, Turgueniev, Flaubert, George Sand y Chopin, y el registro de las peores atrocidades que debe fotografiar mientras es prisionero de un comandante alemán durante la Segunda Guerra: Mil y una muertes.
En la entrevista con Página/12, Ramírez se cruza de brazos y dice: "Utilicé circunstancias de mi propia vida que luego deslizo hacia la ficción". Y explica que es cierto que mientras estaba en París, en 1991, todavía como dirigente sandinista, también se extravió y fue a parar a la dacha (casa de campo) que se hizo construir Turgueniev. "Me pareció que era posible utilizar esos azares del destino como artilugio para darle entrada a la imaginación, para volverla más coherente con la realidad: poner en evidencia lo probable es una tarea muy importante del novelista", postula, y subraya su pasión "por asimilar fotografías y después tratar de escribirlas"; la edición publicada incluye un puñado de fotos que corresponden a personajes, lugares y situaciones, algunas reales y otras ficticias. Ramírez asegura que la búsqueda de las imágenes fue tan apasionante como la escritura y que le hubiera gustado, como fotógrafo, asomarse a la ventana del desván abandonado por la que se veía, después de la autopsia, el cadáver del narrador ruso.
–Una de las características principales de su personaje es su condición de "testigo"; ante la muerte, su fotógrafo registra, sin plantearse ningún tipo de intervención. Y usted ha planteado que existen límites a esa "no intervención". Lo cual podría desembocar en su papel en la revolución sandinista. ¿Qué pasó con ese rol activo?
–Viéndolo en retrospectiva, un intelectual entra en un proceso revolucionario un tanto como testigo. Porque nunca tiene la foto perfecta, la que quisiera tomar, y entonces es un testigo esencial, y obviamente partícipe, nadie puede eludir su responsabilidad involucrándose en un proceso tan complejo. Quizá el intelectual tiene una visión más crítica que los verdaderos ejecutores de una revolución y quisiera acomodar a los participantes de una manera diferente.
–¿Varió, en los últimos años, el rol de los intelectuales respecto de involucramientos como el que tuvo usted?
–Sí, porque han variado los motivos del compromiso de los intelectuales. Me parece que antes tenían un rol más ecuménico frente al mundo y ahora tenemos, quizá, roles más particulares, respecto de la globalización o la destrucción del planeta. Antes era todo una sola cosa; los intelectuales se comprometían con las grandes causas políticas. El último gran parteaguas fue la revolución sandinista, aunque el verdadero fue la cubana, ante la que los intelectuales fueron decantándose a favor o en contra.
–¿Y qué pasó con su intención de cambiar el mundo?
–Es que a mí me parece que uno quiere cambiar el mundo cuando tiene 20 o 30 años: ésos son los límites. Quizá 35. En la medida en que los años pasan, y habiendo vivido una experiencia tan profunda como la de la revolución, puedo decir eso. Porque yo comprometí mi vida y todo lo que era para cambiar el mundo, empezando por cambiar mi país... Yo considero ese proceso un fracaso en todo sentido. Frente a la realidad y la experiencia, uno se va llenando de escepticismo. A pesar de eso, trato de ser entusiasta frente al futuro.
–Cortázar tenía más de 60 cuando se involucró...
–Bueno, él vivió los años épicos de la revolución, los mejores, antes de que empezara el proceso de deterioro y, finalmente, la derrota en 1990. Son cosas que Julio no vivió: imposible decir cómo las hubiera asumido. El venía de la experiencia cubana, que ya no dilucidaba públicamente, y le parecía que lo de Nicaragua era un experimento más fresco y novedoso que buscaba caminos diferentes.
–¿Es imposible pensar un proceso como ése hoy en América latina?
–No creo, porque todas las fuerzas de izquierda están comprometidas en procesos institucionales, democráticos. Hasta las antiguas fuerzas guerrilleras. La última guerrilla del siglo XX en América latina, la zapatista, nació desarmada, reivindicando a los indígenas y sin propósitos de tomar el poder. Se ha vuelto más bien un movimiento intelectual. Otras, como la colombiana, han degenerado en el narcotráfico.
–¿Y qué expectativas tiene en los gobiernos latinoamericanos autodenominados "de izquierda" que están hoy en el poder?
–La gente espera más sensibilidad frente a los pobres. Que puedan ser sujetos de un proceso político, no con esa ambición de las revoluciones de llevarlos al bienestar de la noche a la mañana, sino como sujetos verdaderamente sociales. La izquierda tiene que demostrar que puede gobernar en una situación democrática de institucionalidad y que puede ser honesta. Porque lo que la gente más extraña es la honestidad. Desde la perspectiva del que no tiene nada que perder es aceptable que los ricos de siempre sean deshonestos, pero es inadmisible que alguien que viene desde abajo, de las filas de los trabajadores, sea corrupto. Eso es lo que está en prueba en Brasil, con los casos denunciados. El experimento de Lula es el que considero más puesto a prueba.
–¿Cómo es esta izquierda con respecto a la de los años '70 u '80?
–Antes no medíamos posibilidades, medíamos ideales. Los gobiernos de izquierda ahora miden posibilidades, porque tienen que resolver problemas dentro de parámetros a los que no pueden escapar. Cuando nosotros tomamos el poder en Nicaragua, el FMI eran aquellos demonios lejanos: podíamos rehacer el mundo sin ellos, o a pesar de ellos. Hoy eso no es posible.
–¿Y no teme que estos gobiernos de izquierda sean un capítulo más en el ensanchamiento de las brechas sociales?
–Me parece que ésa va a ser su gran prueba. Al menos desde el poder la izquierda puede hablar de grandes experimentos sociales; los neoliberales son muy ajustados en sus líneas, estabilidad financiera, recortes del gasto social, acumulación, esos propósitos que a largo plazo no han dado resultado. Pero de repente un gobierno de izquierda como el de Lula puede decir "cero hambre": eso es un ideal, metido dentro de unos parámetros ya fijos. Es una intención nueva que se pone en marcha y toma en cuenta a los más pobres, aunque es imposible de cumplir en cuatro u ocho años.
–Ha dicho: "Siempre me ha fascinado la manera en la que el poder afecta a la gente". ¿Cómo lo afectó a usted?
–Mira, al principio para mí la gran fascinación era la toma del poder, es lo que más me embrujó. La conspiración, la ansiedad, las grandes sorpresas que tiene un proceso de toma de poder revolucionario en medio del combate. El día de la victoria, que no sabes nunca cuándo va a llegar, fue un gran acertijo. Mientras yo estaba en León, y al día siguiente iba a huir Somoza, pensaba que eso iba a ocurrir dentro de dos o tres meses, no sé. Y luego, los primeros días en el poder, cuando todo es nuevo y está por hacerse... Para alguien que no tiene experiencia de mando y está comprometido en muchas cosas a la vez, no es algo normal: las propiedades de Somoza están cayendo en manos del Estado, los campesinos se reparten la tierra entre ellos... Pero a medida que el tiempo pasa el poder va entrando en el orden que tiene que entrar, jerarquías, burocracia, oficinas públicas, despachos, y eso es bastante aburrido, rutinario. Y por más que se trate de una revolución, no es cierto que uno esté en la calle siempre, tocando los problemas de la gente. Se va creando una sensación de aislamiento y alejamiento, uno entiende la realidad por lo que lee o le dicen otros. Cuando me pregunté qué me dejó el poder con la literatura, yo dije "nada". Lo que recuerdo es la burocracia. Pero para un novelista es fascinante la experiencia del poder, que no es lo que está frente al público, sino lo que se vive dentro, aun en una revolución: hay disputas, gente que quiere sacar la cabeza y se la bajan... Las corrientes subterráneas que se mueven alrededor del poder son eternas...
–"Nicaragua, el insólito país donde nací." ¿Por qué insólito?
–Bueno, muchos nicaragüenses dicen no solamente insólito, sino irredento. Un país que nunca encontró la paz y siempre está buscando algo en medio de grandes conmociones de violencia, dictaduras, revoluciones o caudillismo, como el que hay ahora. Y es insólito a lo largo de la historia: cuando Colón, en el cuarto y último viaje, recorrió la costa del Caribe y de Nicaragua, iba buscando el paso a las Indias entre los dos océanos. Creía que llegaba a Catay. Cuando pasó por la desembocadura del río San Juan, que desagua en el gran lago de Nicaragua, no se dio cuenta de que estaba frente a lo que buscaba: por allí se llega a divisar la franja hacia el Pacífico. Eso es insólito, ¿no? Y así, el país siempre pasa frente a lo que está buscando y no lo halla. En Nicaragua siempre están zumbando las moscas y las balas: la pobreza y la guerra.
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Farc contra ELN Hasta ahora los colombianos sólo conocen la guerra entre enemigos declarados. Militares y policías contra guerrilleros. Paramilitares contra insurgentes. Militares contra paramilitares. Lo que es difícil de imaginar es una batalla entre ejércitos que parecían hacer parte del mismo bando. Esta guerra de guerrillas es tan cruel como silenciosa. Kaos. América latina | semana.com.co | 12-2-2007 a las 21:52 | 2273 lecturas | 12 comentarios  Guerrilla de las Farc Vs guerrilla del ELN Hace 40 años, 'Tirofijo' y Fabio Vásquez fundaron las Farc y el ELN con un claro ideal revolucionario: derrocar el Estado colombiano. Manuel Marulanda era un joven de 34 años cuando en las montañas del sur del Tolima decidió crear un grupo guerrillero de 140 hombres que sería la semilla del más poderoso ejército revolucionario del país. Al mismo tiempo, en Santander, en el otro lado de la cordillera, Gabino – de 14 años – se convertía en el guerrillero más joven que empuñaba un fusil en las filas del recién fundado ELN. Hoy, en el ocaso de sus vidas, estos dos legendarios guerrilleros, que podrían haberse unido para tomarse el poder, terminaron en una cruenta guerra por dinero y territorio. Irónicamente, las mismas armas que un día se alzaron desde las Farc y ELN con el fin de cambiar el país, hoy se levantan para matarse entre sí. Hasta ahora los colombianos sólo conocen la guerra entre enemigos declarados. Militares y policías contra guerrilleros. Paramilitares contra insurgentes. Militares contra paramilitares. Lo que es difícil de imaginar es una batalla entre ejércitos que parecían hacer parte del mismo bando. Esta guerra de guerrillas es tan cruel como silenciosa. Sus muertos no salen en la prensa, sus vejámenes no son denunciados por las organizaciones de derechos humanos y sus victorias militares sólo se celebran en lo profundo de la selva. Lo que empezó como escaramuzas entre mandos medios, se ha convertido en una ofensiva por todo el país, comandada por los más curtidos y sanguinarios jefes de cada guerrilla. 'Grannobles', el temido hermano del 'Mono Jojoy', comanda las tropas del oriente con la orden de aniquilar al ELN en Arauca y Casanare. En el suroccidente, región bajo la influencia de Alfonso Cano, los combates contra el ELN han dejado cerca de 200 muertos en los últimos tres meses. En el Catatumbo, el fuego cruzado entre ambos grupos ya llegó hasta suelo venezolano. Y hay traslado de combatientes hacia las selvas de Chocó, donde las autoridades vislumbran más enfrentamientos. A tal punto ha llegado la rivalidad, que el propio 'Tirofijo' dijo en el mensaje de fin de año a sus tropas que "el ELN mantiene la misma concepción política de los partidos tradicionales, con el agravante de que mantiene diálogos con el gobierno en medio de semejante crisis de gobernabilidad y guerra contra el pueblo, lo que no permite acuerdos de unidad de acción, mucho menos como aliados estratégicos en la lucha contra el sistema. Si sus mandos depuran su organización enemiga, la situación puede que mejore a largo plazo". Los sangrientos episodios de esta historia podría servir de guión para una película de gángsters. Pactos que se traicionan, fusilamientos públicos, alianzas con la mafia y una desaforada codicia por el botín de esta guerra: la coca. En el trasfondo, sin embargo, está en juego un quiebre muy importante en los escenarios militar y político del conflicto colombiano. La mala hierba Las alarmas sobre la intensidad de este enfrentamiento se encendieron el 18 de enero pasado, cuando se rumoró con insistencia que el ex congresista Luis Eladio Pérez, secuestrado por las Farc en junio de 2001, había recobrado la libertad en el sur del país. La información que corría de boca en boca era que en medio de los combates entre las dos guerrillas, Pérez había logrado escapar de sus captores. Otras versiones decían que había quedado en poder del ELN y que éste se disponía a entregarlo a su familia como un gesto humanitario. Todo resultó ser falso. Pero quedó en evidencia que la guerra de las guerrillas estaba en su momento más cruento. En Nariño se produjo un desplazamiento masivo a causa de esta conflagración armada. El vicepresidente de la República, Francisco Santos, denunció que las Farc querían acabar al ELN y aseguró que "van más de 500 muertos". Los organismos de inteligencia son más conservadores y hablan en un informe confidencial de "150 de las Farc y 30 del ELN". Un alto oficial de la Policía de Cauca le dijo a SEMANA que "todos los días hay que recoger muertos que dejan tendidos en los caminos". La situación se empezó a agudizar entre los dos grupos desde hace cuatro años cuando, a raíz de la fumigaciones de los cultivos de coca en Caquetá y Putumayo, y de las operaciones del Plan Patriota, las Farc se desplazaron en masa hacia Nariño y Cauca e inundaron de coca la región. En ese entonces, el ELN, por convicciones revolucionarias, no aprobaba financiarse con dichos cultivos. Hubo varios roces armados y diversas reuniones para intentar frenar el baño de sangre. En 2005, se logró un acuerdo de no agresión, cuando el ELN, asfixiado económicamente, decidió hundirse hasta el cuello en la economía de la coca. Sus frentes empezaron a cobrarles cuotas a los campesinos cocaleros, a regular los precios y a hacer negocios con los intermediarios de la mafia. Las dos guerrillas competían ferozmente por controlar las zonas más cultivadas, las rutas de transporte de coca y a la población. La relación era tensa en el Valle, en Cauca y, por supuesto, en Nariño, tanto en la frontera con Ecuador como en la costa Pacífica. La fricción permanente era insostenible. Hasta que el primero de diciembre del año pasado, 'Ramírez', jefe del Octavo Frente de las Farc, y 'Óscar', comandante de uno de los frentes del sur del ELN, se reunieron en lo más recóndito de las selvas de Cauca. La reunión, que debía servir para distensionar el ambiente entre ambos, al parecer terminó en traición. Según denuncia del propio Secretariado de las Farc, después de una larga conversación, los dos hombres se despidieron y acordaron volver a reunirse cuando pasaran los operativos del Ejército sobre la zona. Pero cuando 'Ramírez' se retiraba con sus hombres, habría sido asesinado por hombres del ELN que le tendieron una emboscada. La muerte de este jefe guerrillero es un episodio muy confuso. Campesinos de la región aseguran que efectivamente fueron los 'elenos' quienes le tendieron una celada. Sin embargo, la Tercera Brigada del Ejército reportó que este había sido dado de baja en combate por sus tropas, en medio de intensas operaciones militares.
Las Farc consideran sospechoso que en esa ocasión "no se presentaron enfrentamientos entre el ELN y el Ejército y que éste no los persiguiera". Incluso acusan a sus rivales del ELN de tener un acuerdo con el gobierno y con la mafia para destruirlos a ellos. Independientemente de las dudas que hay alrededor de la muerte de 'Ramírez', este episodio fue el detonante para desatar una verdadera batalla campal entre los dos grupos guerrilleros. La venganza de las Farc no se hizo esperar. A finales de diciembre emboscaron a un grupo del ELN en la región del río Mira, Nariño, y mataron a cuatro guerrilleros, incluido 'José Luis', uno de los más respetados jefes de ese grupo. "Los cogieron a mansalva porque había un acuerdo de no agresión", dice un guerrillero del ELN en una comunicación radial interceptada por los organismos de seguridad. "Iban a solucionar el problema de Cauca (la muerte de 'Ramírez') pero, como siempre, nos atacaron de manera traicionera, por la espalda… se trenzó un combate que duró casi una hora", continúa el informe. Los reclamos mutuos no paran allí. En cada enfrentamiento se presentan saqueos de armas y dinero. En conversaciones interceptadas a las Farc durante la primera semana de enero, un guerrillero se queja ante su jefe inmediato. Dice que: "los elenos nos capturaron a tres que traían un encargo… una metra. Los tienen amarrados y dicen que no los entregan". A lo que el jefe responde sin titubear: "vamos a ver cómo es la vaina. Todos pendientes. Eleno que miremos por ahí, hay que cascarle". Lo más grave es que se está afectando la población civil. El ELN, que había accedido a levantar las minas en la región de Samaniego, Nariño, ahora ha vuelto a sembrar la zona con explosivos, para defenderse de las Farc. Los enfrentamientos ya ocasionaron el desplazamiento de 280 campesinos, y la cifra tiende a crecer. Según Harold Montúfar, alcalde de ese municipio nariñense, "cerca de 1.500 personas les dejarán las veredas vacías para que sigan matándose entre ellos. Hoy parecen pueblos fantasmas, pues no volvieron los profesores ni los funcionarios de salud, y el desabastecimiento es enorme". Los pobladores han denunciado que el ELN no deja ingresar comida a las zonas donde hay presencia de sus nuevos enemigos. Las Farc acusaron públicamente al ELN de haberse aliado con el capo de la droga Wílber Varela, que tiene a su servicio los grupos de pistoleros 'Los rastrojos' y 'Águilas negras', ambos bandas sanguinarias que se dedican al narcotráfico en esa misma región. Un alto dirigente del ELN negó a SEMANA que hubiese alianza con la mafia, pero admitió que comparten territorio con varios de estos grupos emergentes, con los que conviven pacíficamente. "No podemos darnos bala con todo el mundo", dijo. Todos estos ingredientes reunidos están convirtiendo a Nariño y Cauca en un peligroso polvorín. "Que se maten entre ellos" o "en ese enfrentamiento no hay bala perdida", piensa mucha gente. Pero el asunto no es tan fácil. En la guerra de guerrillas la población civil siempre es el centro de gravedad. Y la que lleva la peor parte. Rencor, viejo rencor Las hostilidades entre las dos guerrillas que se viven en el sur del país no son las primeras que han tenido las Farc y el ELN. Durante todo 2006, Arauca fue testigo de una estratagema similar, y en Antioquia una confrontación peor en 2005 tuvo un insólito desenlace. Arauca fue durante muchos años un territorio controlado por el ELN, que tenía capturadas las alcaldías y la gobernación; recibía ingresos millonarios por extorsiones y secuestros a las compañías petroleras y ostentaba uno de los frentes guerrilleros más poderosos y mejor armados del país, el Domingo Laín. Hasta cuando llegaron las Farc a disputarles las jugosas rentas de las regalías. Hubo tensiones, muertos y amenazas durante mucho tiempo. A los pocos años, el gobierno intervino en Arauca y desbarató las redes de políticos que estaban al servicio de los insurgentes. Sin las regalías en la mochila, las guerrillas se volcaron al control de las rutas por donde sale la coca para Venezuela. El capítulo más feroz de esta larga historia se vivió el año pasado, cuando un mando medio del ELN, 'la Ñeca', sacó su pistola y asesinó a sangre fría a un veterano jefe de las Farc, conocido como 'Che'. El hecho ocurrió cuando, en medio de algunos tragos, trataban de limar asperezas. Lo que siguió después fue una pugna violenta donde hubo emboscadas, incendios a casas, amenazas a líderes de organizaciones sociales aliadas de un bando o de otro, e incluso un concejal de Arauquita fue asesinado por cuenta de esta lucha. Las Farc no lograron aniquilar al ELN como lo había ordenado 'Grannobles'. Pero lograron el control sobre la ribera del río Cravo, la ruta más importante para transportar insumos y cocaína. Las Farc querían quedarse solos en la región y controlar totalmente la frontera con Venezuela, pero no lo lograron. El ELN tiene en Arauca una de sus retaguardias históricas y pudo resistir la arremetida de las Farc. Hace pocas semanas, 'Grannobles' les transmitió a sus hombres la orden que recibió del Secretariado de las Farc: "Lo importante es resguardarse para que no les den golpes, y golpearlos donde puedan… tanto a los de las tres letras (ELN) como a los otros (Ejército)". Un mensaje sin lugar a equívocos. Para la cúpula de las Farc, el ELN se ha convertido en un enemigo, y como a tal lo combatirán. El otro antecedente de esta guerra ocurrió en el oriente antioqueño. Todo comenzó en 1999 cuando, según versiones de las Farc, el ELN se quedó con el dinero de un secuestro que habían hecho de manera conjunta. A pesar de múltiples reclamos, al parecer el dinero se quedó en las arcas elenas. Un tiempo después ocurrió otro episodio propio de una tragicomedia. En uno de los muchos secuestros masivos que realizó el ELN en la carretera Medellín-Bogotá en esa época, cayó un importante guerrillero de las Farc que iba vestido de civil. A pesar de que el hombre dijo mil veces que era de la otra organización, y de que las propias Farc intercedieron para su liberación, el ELN no quiso devolverlo hasta que no pagaran por él. Incidentes de este tipo desataron una guerra sin cuartel en la que las Farc no escatimaron en combates, masacres ni muertes selectivas de importantes líderes. La situación era especialmente grave para el ELN porque el Frente Carlos Alirio Buitrago, que operaba en Antioquia, era el que más secuestros realizaba y aportaba la mayor financiación para el Comando Central de esa organización. Esa guerra, finalmente, la ganaron las Farc. El ELN, que había estado en el oriente de Antioquia por más de 20 años, tuvo que salir de allí y desplazarse hacia el Eje Cafetero. Lo que no sabían es que allá los estaba esperando 'Karina', una especie de Nikita de las Farc, que los persiguió sin piedad. Finalmente tuvieron que replegarse en el norte del Tolima. El golpe final a este frente se lo dio la Policía cuando capturó a 'Byron', su principal jefe, hoy detenido en Itagüí, y quien asegura con amargura que las Farc "son un ejército de ocupación". Otro dirigente del ELN detenido en esa prisión describe a sus más recientes enemigos como unos totalitarios que "donde somos fuertes nos piden apoyo. Donde somos iguales nos piden que coordinemos, y cuando nos ven débiles, nos atacan". ¿Qué es lo diferente en este nuevo capítulo de guerra intestina entre insurgentes? Por un lado, todo apunta a que la guerra va para largo en todo el país. En Chocó los organismos de inteligencia han reportado un inusual incremento de hombres y armas de ambos grupos, y el traslado hacia allí de 'Timoleón', uno de los más aguerridos comandantes del ELN, quien además es un enemigo acérrimo de las Farc, desde que éstas atacaron su campamento el año pasado y casi lo matan de un tiro en la cabeza. En Norte de Santander se puede repetir una situación similar a la de Nariño por la cantidad de cultivos de coca que hay allí y la cercanía con la frontera venezolana. Por último, las autoridades prevén que en Bolívar, una zona donde las dos guerrillas han actuado conjuntamente y en armonía, se acabe la luna de miel. En manos de los organismos de inteligencia hay evidencia de que 'Martín Caballero', el hombre fuerte de las Farc en los Montes de María, está recopilando información sobre posibles blancos de combate de los 'elenos'. Pero lo más revelador es que estos roces de mandos medios ya no son locales. Ahora el Secretariado de las Farc ubica al ELN como parte del bando enemigo. Y no le perdona que mantenga diálogos con el gobierno de Álvaro Uribe. Paradójicamente, esta guerra de guerrillas se puede convertir en un catalizador para la negociación. El ELN, con sus 3.000 hombres y las finanzas debilitadas no puede sostener una confrontación en varios frentes, y se verá obligado a ponerle el acelerador al proceso. Esta semana el gobierno aceptó al nuevo vocero de esa organización, Pablo Beltrán, a quien los analistas ven como el verdadero estratega de la negociación. La encrucijada del ELN es grande. No puede seguir en la guerra sin el apoyo de las Farc, y no puede salirse de ella si las Farc optan por atacarlos una vez desarmados. De todas manera, mientras los diálogos sigan avanzando, la guerra está declarada."De aquí hasta que el ELN se desmovilice es difícil que esta confrontación disminuya", dice Antonio Navarro, secretario general del Polo Democrático. Cuesta abajo Los increíbles sucesos aquí relatados revelan un quiebre importante en el conflicto. En primer lugar, una degradación profunda de las estructuras guerrilleras, que como nunca parecen haber perdido su norte y su esencia política. Su guerra interna está más motivada por la codicia y el desagravio que por diferencias ideológicas o políticas de fondo. El final más deseable de esta historia es que el ELN se decida por fin a integrarse a la vida civil. De lo contrario, su ingreso al mundo del narcotráfico, que ya parece estar consumado, podría corroerlo con mucha más facilidad que a sus contrincantes. El ELN tiene menos disciplina interna y unidad de mando, y en una alianza con la mafia su fragmentación militar sería inminente. Con un ELN fuera de la guerra, las Farc sin duda coparían los territorios de sus otrora aliados. Pero, paradójicamente, todo el esfuerzo del gobierno se concentraría en ellas. Y ese es el mejor escenario para las Fuerzas Armadas. En todo caso, este es un epílogo decadente para dos guerrilleros legendarios que, cuando se alzaron en armas irradiaban la llama revolucionaria y hoy sólo encarnan el lado más oscuro del ser humano: la barbarie de la guerra. Más información:
«Se precisan niños para amanecer»
-Daniel Viglietti- Saludos,Melina.
--- El lun 14-jun-10, FORTALEZA <fortaleza.informacion@gmail.com> escribió:
De: FORTALEZA <fortaleza.informacion@gmail.com>
Asunto: INFORMACIÓN
Para: info_fortaleza@yahoo.com
Fecha: lunes, 14 de junio de 2010, 2:15
PARA QUE NO PERDAMOS LA MEMORIA HISTÓRICA El Tiempo, junio 12 del 2010 'Báez' continuó al frente de su banda paramilitar en Caldas; por eso fue expulsado de Justicia y Paz 
Foto: Héctor F. Zamora / EL TIEMPO 'Báez' es el primer desmovilizado en ser expulsado de Justicia y Paz. Ahora será juzgado por la justicia ordinaria y se enfrenta a penas hasta de 40 años de prisión. Cinco años después de ser aprobada la ley de Justicia y Paz, que otorga beneficios a los desmovilizados de las Auc, ayer se produjo la primera expulsión de un paramilitar de ese programa. Se trata de Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', ex jefe del bloque central Bolívar y dueño de una de las facciones de ese grupo, el 'Cacique Pipintá'.
Según el Tribunal Superior de Bogotá, la desmovilización de 'Báez' -el 12 de diciembre del 2005- "solo fue en apariencia". En realidad se mantuvo al frente del 'Pipintá', que operaba en el Eje Cafetero y parte de Antioquia, su zona de origen. "Iván Roberto Duque Gaviria continúo fungiendo como miembro de la concertación paramilitar", dicen los magistrados.
El Tribunal aceptó la petición de expulsión de la Fiscalía, que había argumentado que después de su desmovilización, 'Báez', a través de su banda personal, había interferido en las elecciones del 2006 en el departamento de Caldas.
El 'Pipintá' debía entregar armas a finales del 2006, pero nunca aparecieron para entregarlas.
Los magistrados señalan que Eurídice Cortés, alias 'Diana', desmovilizada de las Auc, confesó que Duque ordenó una reunión en la vereda El Tambor, de Aguadas (Caldas), a la que fueron dirigentes políticos de esa región para definir el proceso electoral de la zona.
Según la Fiscalía, el ex jefe paramilitar se negó sistemáticamente a confesar los delitos de su grupo. "No es un fiscal el que tiene que preguntar y contrainterrogar, son los desmovilizados los que tienen el compromiso de contar la verdad, sin ocultar nada, y 'Báez' no lo hizo", le dijo a EL TIEMPO una alta fuente de la Fiscalía.
Al ser retirado de Justicia y Paz, Duque pierde el beneficio de pena alternativa -que en Justicia y Paz da máximo ocho años de prisión, sin importar el tipo de delito- y se enfrenta a procesos en la justicia ordinaria que podrían terminar en condenas de 40 años de cárcel.
'Ernesto Báez' está investigado por la masacre de La Rochela (Santander), en la que fueron asesinados 12 investigadores judiciales, en enero de 1989; por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba -en 1999-, así como por homicidio y desplazamiento en persona protegida, de los que fueron víctimas varias comunidades indígenas del norte de Caldas, entre otros hechos criminales.
La defensa Apeló la decisión y el caso será resuelto por la Corte
Suprema de Justicia, que ya había señalado que el jefe 'para' mentía o decía verdades a medias en los casos de 'parapolítica'. 'El que incumpla se va': González El jefe de los fiscales de Justicia y Paz, Luis González, explica la expulsión de 'Báez'.
¿Por qué sale 'Báez'?
Son etapas dentro del proceso y hemos cumplido una en la que la Fiscalía allegó información, lo escuchó y analizó si estaba cumpliendo o no. La fiscal del caso concluyó que no cumplió.
¿Qué pasará con la verdad para sus víctimas?
El primer escenario para buscar la verdad, la justicia y la reparación es la justicia ordinaria. 'Báez' y los que puedan llegar a ser excluidos de la ley siguen siendo investigados allí.
¿Habrá más expulsiones de postulados en Justicia y Paz?
Cualquier postulado está en riesgo de salir en cualquier momento, si se observa que se aplican las causales de no cumplimiento. No podría dar un número; en su momento los fiscales deberán decidir.
¿Podría caer esta decisión en la Corte?
La Corte Suprema es la que ha venido dando los lineamientos sobre la aplicación de Justicia y Paz. Por eso, esperamos que analice y mantenga la decisión. Fiscalía lo vincula a 25 homicidios Entre los 20 hechos criminales que la Fiscalía ha documentado en contra de 'Ernesto Báez' se cuenta la masacre de 7 personas en las comunidades indígenas de Cañamomo, Lomaprieta, Escopetera y Pirsa, del norte de Caldas, en noviembre del 2001.
A raíz de esa matanza, 283 familias indígenas, unas 1.500 personas, huyeron de sus comunidades y llegaron como desplazadas a Pereira y Manizales. "La mayoría de esos indígenas no regresó a sus resguardos y terminó como indigentes en las calles de esas dos ciudades", dice la Fiscalía.
Ese no es el único caso que tendría que enfrentar 'Báez' en la justicia ordinaria. También está vinculado al expediente por el asesinato de la defensora de Derechos Humanos Alma Rosa Jaramillo, en Simití (Bolívar), el 29 de junio del 2001. La activista fue desmembrada viva con un machete. La Fiscalía apeló el fallo de un juzgado de Cartagena que en diciembre pasado absolvió al jefe 'para' de ese homicidio.
Además de la masacre de los indígenas, el número de homicidios que la Fiscalía ha documentado en contra del ex jefe 'para' es de 18, entre los que se encuentran el alcalde y dos concejales de Aguadas (Caldas), así como el de un agente del DAS y el de un funcionario de la Fiscalía.
Cuando la senadora Piedad Córdoba fue secuestrada en 1999, 'Báez' se entrevistó con ella en el sitio donde Carlos Castaño la mantuvo plagiada.
REDACCIÓN JUSTICIA El Tiempo, La justicia penal militar no puede conocer de casos de derechos humanos' dice la ONU 
Foto: Archivo / EL TIEMPO Christian Salazar Volkman, representante de la ONU para Colombia. Christian Salazar, representante de la Alta Comisionada para los DD.HH., habló con EL TIEMPO. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, le pidió ayer al Gobierno que "respete la sentencia" contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por las desapariciones tras la recuperación del Palacio de Justicia, en 1985, y emplazó a las autoridades a "seguir garantizando la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas".
Christian Salazar, el representante de la Alta Comisionada en Colombia, habló con EL TIEMPO sobre esa posición. Dice que la existencia misma del fallo demuestra la independencia y el respeto por el poder Judicial en Colombia, pero manifiesta preocupación porque el Ejecutivo decida impulsar leyes que puedan afectar las investigaciones por casos de derechos humanos.
¿Cuál es la posición de Naciones Unidas frente a la primera sentencia por el caso del Palacio de Justicia?
El caso del Palacio de Justicia, desde el exterior, se ve muy positivamente y como un signo de una justicia independiente. A lo largo de los últimos meses y en muchos informes del año pasado hemos dicho que nos preocupan los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, y que esperamos una forma más cordial, más armoniosa y menos pública para resolver los problemas. Sobre los debates que se están dando tras la sentencia, podría decir que los derechos humanos nunca pueden constituir una forma de debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Es al contrario: el respeto de los derecho humanos fortalece la legitimidad de las Fuerzas Armadas en cualquier Estado democrático; también en Colombia.
Varios sectores, empezando por el Gobierno, expresan preocupación por este fallo; consideran que puede debilitar la moral de la Fuerza Pública. ¿Cómo lo ve su Oficina?
Aquí no estamos hablando de que el Estado no tenga derecho a usar la fuerza. Por el contrario, el Estado está en el deber de reaccionar cuando grupos armados estén atacando a civiles o al
Estado, pero hay límites sobre eso. El Estado tiene que reaccionar, claro, pero sin desaparecer personas o violando los derechos humanos. Eso no puede formar parte de la reacción legítima de un Estado democrático ante personas o grupos que lo estén confrontando.
¿Cuál es la posición de Naciones Unidas frente al anuncio del presidente Uribe de una reforma para proteger jurídicamente a los militares?
Colombia ha introducido importantes reformas en sus Fuerzas Armadas en los últimos años: la política nacional sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, medidas para delimitar claramente el ámbito de la justicia penal militar... Yo tengo preocupación de que en estas discusiones se olviden estos avances y hasta podamos llegar a un retroceso.
¿Han enviado al Gobierno comunicación formal con esta posición?
La Alta Comisionada se ha expresado y el Gobierno fue informado. Creo que falta ver si hay un documento sobre ese tema; si lo hay, lo estudiaremos y desde el punto de vista internacional asesoraremos al Gobierno y al Congreso para cumplir también frente a los compromisos internacionales de Colombia.
Cualquier Ejército del mundo tiene derecho a una buena y fuerte justicia penal militar, eso está fuera de discusión. Sobre todo el Ejército colombiano, que está en combate a diario. Pero también hay que señalar claramente que un principio básico es que la justicia penal militar no puede conocer de casos de derechos humanos; las violaciones de derechos humanos en un Ejército democrático nunca pueden ser consideradas como parte del oficio o parte del servicio militar. Por eso es importante discutir claramente qué le compete a la justicia penal militar y qué a la ordinaria. Fortalecer la justicia penal militar en su ámbito, también fortalecer la justicia ordinaria.
La cúpula del M-19, la guerrilla que asaltó el Palacio, fue beneficiada con indultos y amnistías. ¿Una ley de punto final para todos los investigados por esos hechos sería viable?
Delitos de lesa humanidad no deben tener punto final. Sobre todo en estos casos, es importante para todas las sociedades aclarar toda la verdad. Esto es muy básico y esta es la posición internacional. Amnistía critica 'blindaje' legal Ante la propuesta de una ley para 'blindar' a altos mandos, Amnistía Internacional pidió ayer al Gobierno no proteger a militares investigados por casos de Derechos Humanos. "Sería una mofa a los reclamos contra la impunidad" , dijo Marcelo Pollack, investigador de Colombia para Amnistía Internacional. Ayer se volvió a hablar de la desclasificación de archivos en E.U. sobre el caso Palacio de Justicia.
Uribe y Padilla piden respetar negociación con el M-19 Ayer, en sendos pronunciamientos, el presidente Álvaro Uribe y el general Freddy Padilla De León, comandante de las Fuerzas Militares, hablaron de proteger los resultados de la negociación de paz que permitió la desmovilización del M-19 en 1990.
Tras la condena contra el coronel Alfonso Plazas Vega, el miércoles, el Presidente se había quejado de que los asaltantes del Palacio de Justicia estuvieran libres mientras los militares iban a la cárcel.
Ayer llamó a respetar la negociación con el Gobierno Barco: "El proceso de paz con el M-19 fue un paso muy importante para Colombia. Ese proceso lo tenemos que proteger", dijo durante un conversatorio con estudiantes en Antioquia. A su vez, el general Padilla dijo que la del 'Eme' "es un ejemplo de desmovilización". "El país no puede retroceder en ese tipo de decisiones", afirmó.
Padilla señaló además que "el fallo" de la jueza Stella Jara, que condenó a 30 años de prisión al coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, "debe ser acatado y respetado". "La condena se dio dentro de un proceso jurídico y tiene otras instancias. Hay una decisión que hay que respetar y acatar porque es la decisión de un juez", señaló el general. El tiempo, junio 13 del 2010 Montecasino, la mansión de los hermanos Castaño en El Poblado, en Medellín, hoy está en ruinas En plena Avenida El Poblado, entrada a uno de los sectores más refinados y corazón de la zona financiera de Medellín, los hermanos y jefes 'paras' Fidel, Carlos y Vicente Castaño tuvieron una mansión que fue, a su vez, su centro de acciones criminales.
Hoy, más de 30 años después, ninguna autoridad se ha ocupado de ella, a pesar de que en el bajo mundo es una especie de ícono, comparable al edificio Mónaco de Pablo Escobar y a la hacienda Cuernavaca, del 'Mexicano' Gonzalo Rodríguez Gacha.
Se llama Montecasino y los vecinos, muchos de ellos empresarios y políticos paisas, seguramente no tienen idea de que en el gigantesco lote de miles de metros cuadrados que está rodeado de bosques y de muro y que tuvo en sus mejores épocas tres casas principales, se escribieron varias de las páginas más sangrientas de la historia del país.
"En abril del 89, creo que fue como el 24 o 25, 'el Patrón' nos citó a una reunión en Montecasino. Poder entrar allá era un privilegio y si nos llamaban era porque nos necesitaban para una vuelta dura. Esa fue la primera, de cinco veces que entramos a la fortaleza de los Castaño".
Eso fue lo que le dijo a EL TIEMPO uno los antiguos sicarios del cartel de Medellín sobre su visita a la emblemática casa, que en ese entonces manejaba Fidel Castaño. 'Rambo', fundador de las Autodefensas Campesinas, también era conocido por su gusto por el arte, que traía directamente de Europa.
Parte de esas riquezas se lucieron en Montecasino y luego, entre las 'vendettas' de la mafia, fueron desapareciendo. Hasta ahora, ningún 'para' ha confesado qué pasó con esos bienes.
Arte y crimen
Los testimonios de paramilitares desmovilizados, mafiosos y sicarios de la época, dan cuenta de que esta lujosa casa fue por mucho tiempo el centro de operaciones de los hermanos Castaño en Medellín, como lo era la finca Las Tangas en Córdoba.
Tras indagar con varias fuentes, periodistas de este diario encontraron la mansión prácticamente en ruinas. Aunque la Dirección de Estupefacientes y la Fiscalía han tenido noticias de ella, ninguna autoridad se ha aparecido para ocuparla.
Ex 'paras' de la llamada Casa Castaño dicen que está en la mitad de una guerra entre testaferros. Uno de ellos, Jesús Ignacio Roldán, 'Monoleche', el asesino de Carlos Castaño, la ofreció para reparación de las víctimas.
Lo que saben la Fiscalía y la Comisión Nacional de Reparación es que su valor, más por el terreno que por la casa, estaría alrededor de los 35 millones de dólares (70 mil millones de pesos), mucho más de lo que hasta ahora ha recibido el Fondo de donde se supone debe salir la plata para ayudar a los que sufrieron los crímenes de los 'paras'.
Lo cierto es que todos los asesinos de renombre que estuvieron al servicio de la mafia y el paramilitarismo pasaron por Montecasino. "Ese día conocimos a los Castaño. La cosa parecía muy sencilla, tocaba 'borrar' a un juez. Yo era el encargado de la moto, y don Fidel me hizo un par de preguntas sobre cómo se iba a hacer la vuelta. Luego nos llamaron a un entrenamiento", agrega el antiguo sicario.
Otro de los que pisaron la famosa mansión fue Jhon Jairo Velásquez Vásquez, 'Popeye', mano derecha del capo Pablo Escobar. Él recuerda que en la casa de los Castaño era usual hallar en un solo salón las obras de arte más selectas -cuadros de Miró, vajillas chinas milenarias- y los sicarios más temidos del país.
"Muchas veces tuvimos reuniones en esa casa.Por dentro era un sueño y tenía una cava de vinos única. Los cuadros los conseguía Fidel. Él era el que la mantenía así", le relató 'Popeye' a este diario.
En esos salones se hizo la cumbre de la mafia (incluida la cúpula del cartel de Cali) que en julio de 1992 le declaró la guerra al capo del cartel de Medellín y le dio origen a los 'Pepes' (Perseguidos por Pablo Escobar).
Según 'Popeye', de allí salió el 5 de marzo de 1996 el capo del cartel de Cali José Santacruz Londoño, minutos antes de morir. Carlos Castaño dijo años después que él se lo entregó a la Policía.
Los magnicidios
En diciembre, otro ex 'para' le contó a la Fiscalía un nuevo capítulo de la historia macabra de Montecasino: cómo se entrenaron allí varios de los sicarios de los magnicidios de hace 20 años.
Fue Carlos Castaño quien personalmente entrenó al sicario que disparó contra Carlos Pizarro en un avión en abril de 1989.
"El entrenamiento fue en El Poblado, en la casa de Castaño (...) Son como tres casas que quedan seguidas -dijo ante el fiscal que investiga ese magnicidio-. Se entrenaba en esa casa porque está cubierta de árboles, no se ve ni se oye nada (...) Son casas fincas, de puros ricos".
El hombre, militar retirado, dio la dirección exacta y contó que, después del asesinato del líder del 'Eme', en los salones de Montecasino se hizo fiesta por dos muertes: la de Pizarro y la del sicario.
REDACCIÓN JUSTICIA El Espectador, junio 12 del 2010 En defensa de los jueces Por: Felipe Zuleta Lleras 
NO SORPRENDE LA ACTITUD IRRESpetuosa y hostil del presidente Uribe hacia los jueces del país en todo lo que tiene que ver con las decisiones relacionadas con la multiplicidad de delitos que se han cometido durante sus dos gobiernos. Especialmente en los 10 últimos días, el Presidente ha estado desquiciado. Y no es para menos, pues él sabe lo que se le viene pierna arriba como se dice popularmente. La estrategia de tapar los asesinatos de los 3.000 muchachos por el cobro de recompensas, y su cerrada defensa a sus ex ministros y a los generales, acerca cada vez más a los responsables a los estrados de la Corte Penal Internacional. Imagínense ustedes si acá podrá hacerse justicia cuando el propio presidente arremete contra la Fiscalía porque ésta decide abrir indagación preliminar en contra de Camilo Ospina y el general Padilla. Entre más trabas les pongan a estas investigaciones más cerca estaremos con las madres de Soacha de lograr que intervenga la justicia internacional por estos delitos que se cometieron siguiendo una "pauta criminal", como lo dice el relator de las Naciones Unidas, señor Alston. De manera pues que quienes no evitaron los delitos son ahora las víctimas y quienes pedimos que se haga justicia somos unos tinterillos inmorales. Se equivoca el Presidente si cree que con sus amenazas puede tapar los crímenes que se han cometido en estos ocho años. Convendría que también el Ministro de Defensa nos explique cómo va a derrotar a los que él llama terroristas morales. ¿Será que piensan utilizar los mismos mecanismos que se usaron con los jóvenes de los falsos positivos? Es increíble cómo gente con un pasado decente, acabó contaminada por las actitudes y el talante de un presidente que no cree en la separación de poderes y el sistema democrático. En buena hora se acaban estos ocho años de terror e intimidación a los jueces, periodistas y opositores Lo único decente que queda de nuestras instituciones son los honorables magistrados y los jueces a quienes el Presidente irrespeta sistemáticamente. Cuando no los llama para intimidarlos, como lo hizo con el magistrado César Julio Valencia, los llama para preguntar por los procesos que se siguen en contra de sus colaboradores. Así lo confesó esta semana. Bien sabe el Presidente, y eso es lo que lo tiene perturbado, que las investigaciones por las chuzadas llegaron a su despacho y bien sabe también que no podrá sacudirse de los más de 5.000 asesinatos que se han cometido durante sus gobiernos, sumando los 3.000 falsos positivos, los 1.500 sindicalistas y los defensores de los DDHH. ¡Y pensar que en Chile durante los 17 años del general Pinochet hubo 3.000 crímenes de Estado! Acabo recordando a Jaime Garzón que decía que al presidente había que rodearlo pero para que no se vuele. Y desde ya hago responsables al presidente Uribe y al ex ministro Santos de lo que me pueda suceder a mí y a las 14 madres de Soacha a quienes siguen amenazando cobardemente El Espectador, junio 12 Jun 2010 
Notas de Buhardilla Licencia para matar Por: Ramiro Bejarano Guzmán SENTÍ MÁS PÁNICO QUE IRA VIENDO a Uribe rodeado del aturdido ministro de Defensa y de los comandantes de las diferentes armas, ofreciendo una insultante rueda de prensa en contra de una jueza respetable y en defensa de un coronel condenado. Si fue atroz ver a Uribe con todos los uniformados impulsando el odio contra otro poder público, resultaron peores sus amenazas. Que el Jefe de Estado, después de criticar sin fundamento el fallo de la jueza, María Stella Jara, contra Plazas Vega, exhorte al funcionario que ha de revisar en segunda instancia el asunto a administrar "justicia imparcial" no es una señal patriótica, sino una advertencia parecida a la que hacen los que sabemos. Para Uribe sólo habrá justicia si absuelven a su ex subalterno, porque todo aquel que se atreva a condenarlo por desaparecer a 11 personas prevarica y deshonra a los "soldados de la patria". A propósito, es una paradoja que la jueza y su pequeño hijo hoy estén protegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero intimidados por el Estado al que ella sirve. Uribe volvió a mentir en vivo y en directo, y esta vez avaló sus falsedades con las armas del Estado, simbolizadas por los más altos generales. Dejó la sensación de que la condena de Plazas Vega, además de injusta, fue también contra todos los militares. Nada más tendencioso. El juicio que acaba de terminar en primera instancia se adelantó porque desaparecieron 11 personas que salieron vivas del asalto criminal del M-19 al Palacio de Justicia. ¿Permitía, acaso, la ley de entonces desaparecer a alguien? Por supuesto que no, pero sucedió en esa ocasión, cuando quien tenía el control de la situación era el coronel Plazas Vega. Por eso me pareció insólito el argumento de Juan Manuel, según el cual hay que fortalecer la justicia militar, porque como los civiles no comprenden la vida castrense, es necesario que a los soldados los juzguen otros soldados. No se necesita haber sido militar para saber que ni en 1985, ni ahora, un oficial, ni nadie, puede desaparecer a otro ser humano, porque eso es un crimen. Uribe necesitaba mentir sobre la falsa condena al estamento militar para justificar una desastrosa propuesta. Bajo la mirada de sus generales, ofreció tramitar una ley de garantías a la oficialidad, que pretende concederles patente para que cuando delincan nadie pueda tocarlos, ni siquiera la justicia. Según el "abogado" Uribe, se necesita reformar la ley para que los militares sólo puedan ser condenados cuando se les compruebe dolo, como si eso no estuviese previsto desde siempre. Lo que en verdad busca es legalizar la impunidad, a la que ni siquiera aspiran los militares decentes. En su infame arenga contra los jueces, Uribe no hizo una sola mención a los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia; en cambio sí aplaudió a quienes todavía no han podido explicar su negro noviembre de 1985, incluido Belisario Betancur, quien jamás enfrentó la responsabilidad que prometió asumir la noche trágica del 7 de noviembre de 1985. Alejandro Ordóñez, indelicado y "goterero" —pronto revelaré por qué— Procurador de bolsillo del régimen, le cumplió a la horda ultraderechista encabezada por sus amigotes y contertulios Fernando Londoño, alias "Héroe de Invercolsa", y Pablo Victoria, entre otros. Hoy comanda la cruzada contra el fallo adverso a Plazas Vega. Lo único que falta es cerrar la Corte; ya no le alcanzará el tiempo al tirano, aunque ganas no le faltan. ~~~ Adenda. Si se insiste en adjudicar el tercer canal de televisión aun en presencia de las inhabilidades éticas de altos funcionarios del Gobierno, todo para darles más poder a José Obdulio y su banda, está más que merecida una acción popular por violación a la moralidad administrativa, que ojalá permita suspender el atropello a la decencia. VERDADABIERTA.COM | Mellizo Mejía' contó cómo fundó el Bloque Vencedores de Arauca | 
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| | Justicia y Paz | | Viernes, 24 de Octubre de 2008 14:38 | | 
Las últimas semanas de Miguel Ángel Mejía Múnera han sido supremamente agitadas. En versión libre, el ex jefe paramilitar, confesó esta semana cómo fundo su grupo en Arauca; hace apenas 7 días su defensa organizó un evento de reparación simbólica en el mismo departamento.
| En breve: Miguel Ángel Mejía, conocido con el alias de 'El Mellizo' contó cómo conformó el bloque Vencedores de Arauca en el 2001.
Otros Paramilitares mencionados: Vicente Castaño, 'Pablo Arauca' y Jorge 40.
Crímenes y lugares mencionados en la versión: Arauca y Tame; las masacres de Carabacharro y Flor Amarillo en 2003. El asesinato del parlamentario del Meta por la UP, Octavio Sarmiento en octubre de 2001. Santafe de Ralito.
Funcionarios públicos mencionados: Acosta Bernal, ex gobernador de Arauca y Alejandro Guzmán, ex alcalde de Tame. | 
- Bloque Vencedores de Arauca
| Un grupo reducido de víctimas asistieron a la continuación de la versión libre de Miguel Ángel Mejía Múnera, capturado por la policía en mayo del 2008, en la sede de la Fiscalía en el barrio de Teusaquillo. La diligencia fue simultáneamente transmitida en la ciudad de Arauca y Tame, donde 65 víctimas del bloque Vencedores de Arauca esperaban recibir respuesta sobre los crímenes cometidos por los paramilitares en el departamento.
La versión comenzó a las 10:00 de la mañana, a pesar de que estaba programada para las nueve. Parte del retraso se debió a los trámites requeridos para transportar al postulado hasta las instalaciones de la fiscalía donde por más de cinco horas, respondió a las inquietudes del fiscal, el procurador delegado y las víctimas.
Una vez iniciada la diligencia la abogada defensora del 'Mellizo' solicitó al fiscal aplazar la versión, porque no estaba garantizado el derecho de defensa de su cliente, a lo que el fiscal de Justicia y Paz le respondió severo: "Es una falta de respeto a las víctimas. El postulado es el que conoce la verdad, solo él puede ayudarnos".
"No podemos quedar mal con comunidad internacional –dijo el Procurador que vigila el debido proceso— mucho menos con la sociedad colombiana. Conductas como esta sólo consiguen transmitir a la opinión pública que el proceso no se toma con seriedad". Después de una larga jornada de discusión entre el nutrido grupo de abogados de Miguel Ángel Mejía Múnera y su protegido, la versión fue retomada a las 12 del día. Antes de iniciar Mejía, pidió a la Fiscalía para que al igual que los otros comandantes de las AUC en el proceso de Justicia y Paz, le permitan comunicarse con sus ex subalternos para resolver las preguntas de las víctimas.
Finalmente 'El Mellizo' retomó su versión de los hechos, en lo que fue su séptima audiencia ante Justicia y Paz. Dijo que comenzó a financiar grupos paramilitares desde mediados de los años noventa justo después de que las Farc secuestraran a su hermano en 1994, quien duró 4 meses secuestrado hasta que pagó por su rescate 50 millones de pesos.
El postulado aseguró haber entrado en el departamento de Arauca por orden directa de Vicente Castaño en el 2000, como jefe del bloque Vencedores de Arauca, el 7 de agosto del 2001 con 200 hombres que le envió Castaño y otros 200 pagados por él. Una cumbre de jefes de las Auc bautizó este nuevo bloque.
'El Mellizo' aseguró haber tenido lazos directos con las Fuerzas Armadas en Arauca donde afirma haber actuado en complicidad con algunos políticos del departamento, entre ellos Julio Acosta Bernal, ex gobernador de Arauca y Alejandro Guzmán, ex alcalde de Tame. Cuando el fiscal le preguntó acerca de sus actividades de narcotráfico, respondió que sólo los trataría ante la justicia estadounidense, pues ésta lo ha pedido en extradición y él quiere presentarse allá lo antes posible.
En la sesión de la tarde el versionado intentó responder las preguntas de sus víctimas en Arauca, Tame y Bogotá, pero fue incapaz de responder a la mayoría. Entonces, procurador y fiscal decidieron cancelar la sesión programada para este viernes e iniciar los trámites para permitirle al 'Mellizo' reunirse con los hombres desmovilizados de su bloque, para que así pueda dar respuesta a las víctimas. Dijo que no conoce el detalle de muchos de los crímenes cometidos por sus hombres, y sólo si se reúne con ellos, puede esclarecerlos.
Para que el 'Mellizo' pueda verse con sus hombres debe ser trasladado de la cárcel de Cómbita a la de La Picota en Bogotá. Abogados de las víctimas comentaron a Verdad Abierta están a la expectativa de que el encuentro del 'Mellizo' con sus hombres pueda resultar productiva para dar respuesta a muchas de las preguntas de sus apoderados que aún no se han podido contestar. La siguiente audiencia de versión libre tendrá lugar en noviembre próximo. El perdón del Mellizo Hace algunos días, un grupo de víctimas del departamento de Arauca se reunió para escuchar a uno de los más temidos paramilitares de Colombia, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias 'El Mellizo', pedir perdón por los crímenes cometidos por él y su bloque "Vencedores de Arauca' que azotaron esta región del país desde mediados del 2001.
'El Mellizo', en una carta leída por su abogada, ratificó su intención de seguir colaborando en el proceso de Justicia y Paz y pidió a las víctimas: "Quiero ofrecer ante ustedes y ante la sociedad Colombiana mis sinceras disculpas a la vez que imploro de todos el perdón; mi compromiso con todos hacia el futuro es la lucha por la reconciliación y la promesa de que no cometeré nunca más ese tipo de acciones y que daré lo mejor de mí en la búsqueda de la Paz y la concordia nacional."
Entre los crímenes que le atribuye la justicia a este ex jefe paramilitar están los de las masacres de Carabacharro y Flor Amarillo en 2003, así como el asesinato del parlamentario del Meta por la UP, Octavio Sarmiento en octubre de 2001.
Sin embargo, de la voluntad del ex jefe paramilitar para aclarar los crímenes de los que es acusado, surgieron preguntas de varios familiares de las víctimas quienes pidieron que se aclararan los orígenes de este bloque y sus verdaderos jefes. A su juicio, éstas se montaron en el Casanare en donde realizaron una serie de crímenes que aun siguen impunes.
Uno de los asistentes señaló que los mellizos Mejía Múnera llegaron después de conformado el bloque, lo que le ha permitido a los primeros jefes evadir la justicia. "De nada sirve que él -refiriéndose a Mejía- tenga la mejor voluntad, si la mayoría de los que cometieron las atrocidades, las masacres y las desapariciones, no han confesado nada o están libres".
Ante esta inquietud la abogada de Mejía aseguró que uno de estos cabecillas ha querido acogerse al proceso de Justicia y Paz pero el Gobierno no ha querido postularlo, otros están prófugos y otros más han sido capturados por las autoridades. La intervención del 'Mellizo' tocó temas centrales del proceso de Justicia y Paz, entre ellos la extradición.
Según sus propias palabras el gobierno colombiano cambió las reglas del proceso: "No termino de comprender los motivos actuales que tienen muchos de mis compañeros condenados en otro país, cuando la premisa fundamental de dicha ley no contemplaba la extradición, pues era imperativo para la reconciliación nacional, en cuanto a la verdad, justicia y reparación, con las víctimas y la sociedad Colombiana".
Por otra parte, Miguel Ángel Mejía Múnera afirmó que los paramilitares se convirtieron en "amigos de segunda" del Estado, haciendo alusión al trabajo mancomunado que habrían realizado sus hombres con miembros del ejército: "Comenzábamos a ser actores de segunda, amigos inconvenientes para un Estado que buscaba con urgencia legitimarse ante el mundo, luego de haber trabajado hombro a hombro, con nosotros en esta área que para ellos era de tipo estratégico aunque nosotros fuimos solo amigos de tipo táctico para el logro de los objetivos por ellos trazados", aseguró.
Los nombres de los mellizos Mejía salieron a la luz pública en 2001 cuando, en uno de sus apartamentos en Bogotá, la Policía incautó dos caletas de 35 millones de dólares. El mismo Miguel asegura haber invertido un presupuesto mensual de $2.500.000.000 para mantener a sus hombres.
En el 2004 cuando Los Mellizos fueron nombrados en la lista de los 12 narcotraficantes más buscados por la justicia de Estados Unidos, Miguel Angel Mejía apareció en Ralito como 'Pablo Arauca', jefe del bloque Vencedores de Arauca. Aunque oficialmente se desmovilizaron en el 2005, se negaron a recluirse en la cárcel de La Ceja y huyeron. Los mellizos Mejía siguieron en el negocio del narcotráfico con una banda conocida como "Los Nevados", que operaba desde la Sierra Nevada hasta la frontera con Venezuela. También compraron la franquicia a Jorge 40, después de su desmovilización, y se quedaron con el control de gran parte de las exportaciones de cocaína de la Costa Caribe y del control del bajo mundo.
Miguel Ángel Mejía Múnera ha entregado hasta la fecha $2.500.000.000 al Fondo de Reparación. Algunos abogados de las víctimas solicitaron que sus apoderados fueran reparados integralmente y de una manera rápida. "Es fundamental que quienes han hecho un daño reparen a su prójimo, la reparación integral no solo implica dinero, hay otros aspectos como la restitución, la rehabilitación y la garantía de no repetición de los actos", dijo uno de los abogados presentes en el acto. A esto, el fiscal que lleva el caso aclaró que será el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá el que establezca la indemnización que le corresponderá a cada víctima en Arauca y no por conciliaciones privadas, como solicitaron algunos abogados de las víctimas que estuvieron presentes en el auditorio donde Mejía Múnera pidió perdón por sus crímenes. | Semana Condenan a seis militares por asesinato de indígena | 
| | Foto: APLa muerte de Edwin Legarda provocó dolor en la comunidad indígena del Cauca. | JUSTICIAEdwin Legarda, esposo de la líder Aída Quilcué, del Consejo Regional Indígena del Cauca, murió el 16 de diciembre de 2008 después de que un grupo de soldados le disparara a su auto por no detenerse en un retén. Viernes 11 Junio 2010 · Seis de los siete militares implicados en la muerte del indígena Edwin Legarda fueron declarados culpables por la Juez Segunda Penal Especializada de Popayán.
Legarda era el esposo de Aída Quilcué, líder indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). "Hoy conocimos el sentido del fallo, pero la condena aún no se ha definido. El 16 de agosto será la audiencia en la que la juez hará pública las penas para los militares y si habrá reparación para las víctimas", le explicó a Semana.com la abogada Soraya Gutiérrez Arguello. Los militares hallados culpables son el sargento viceprimero Alexis Ramírez Vivas, el cabo tercero Javier Adolfo Osorio Díaz, y los soldados campesinos Numar Armido Buitrón Cabezas, Lizandro Obando Caicedo, Javier Francisco Belalcazar Trochez y William Weimar Lemeche Hurtado, miembros del pelotón Galeón No. 7 adscritos al batallón José Hilario López del Ejército. La juez encontró que el soldado Andrés Casso Chate, que también había sido acusado por la Fiscalía, está exento de responsabilidad en este hecho, pues no se pudo confirmar si había disparado su arma. Legarda murió a las 4 de la mañana del 16 de diciembre de 2008 en un punto estrecho de la vereda San Pedro del municipio de Totoró (Cauca). Estaba acompañado por un grupo de médicos que apoyaba una brigada de salud en el municipio de Inzá. Se dirigían hacia Popayán a recoger a Aída, que acababa de llegar de un viaje. En el camino, un grupo de militares le hizo señas al vehículo para que se detuviera. Pero Legarda, que iba conduciendo, no lo hizo, entonces los soldados dispararon. Supuestamente, la idea era detener el carro. Pero después de la acción, "quedaron en el suelo 101 vainillas de cartuchos, que demuestran que el objetivo no era detener el vehículo, que quedó con 45 agujeros, algunos de entrada y otros de salida de los proyectiles", según la abogada Gutiérrez. (Lea Ejército mató a esposo de líder de minga indígena).
Durante los alegatos del proceso, la Fiscalía y los abogados de las víctimas pidieron la condena de los militares por asesinato con dolo en persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario. Es decir, pidieron que la juez declarara culpables a los soldados por haber asesinado a propósito a un civil cuya vida debían proteger ellos mismos.
El abogado Luis Hernando Castellanos, defensor de los militares, argumentó que la acción fue un error inducido por la negación de Legarda de detener el vehículo cuando se le ordenó. Y alegó que los hechos ocurrieron durante el desarrollo de la misión táctica 'Diáfano', que realizaba el Pelotón Galeón 7, del batallón José Hilario López. La defensa de los soldados también argumentó que ellos no tenían la suficiente formación militar, pues su tiempo de servicio cuando ocurrió la muerte del indígena era inferior a un año. Pero los representantes de las víctimas argumentaron que "esto no quiere decir que no hayan recibido suficiente capacitación". El representante de la Procuraduría alegó que el caso debía llevarlo la Justicia Penal Militar por haberse tratado de un acto que los militares cometieron durante el desarrollo de sus labores. Al respecto, los representantes de las víctimas argumentaron que "reiterada jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario no pueden ser consideradas como actos cometidos en ejercicio del servicio".
Después de conocida la decisión de la juez, los militares podrían ser condenados a entre 30 y 40 años de prisión. Sus defensores podrán apelar ante el Tribunal Superior del Cauca si no están de acuerdo con lo fallado en primera instancia. Lea la sentencia completa de la condena al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega
Al colocar el cursor sobre el presente texto, parece la dirección en la que se puede leer la sentencia completa Divulga FORTALEZA Identidad, Pensamiento y Acción
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