No al populismo punitivo
Enrique Arias Aróstegui
IDL -SC
Tal como señalamos luego de los lamentables hechos que
involucraron a la familia del congresista Renzo Reggiardo, la
indignación por la creciente falta de seguridad en el país
debería dar paso a la eficacia y no a la demagogia(1). Sin
embargo la última propuesta del congresista Reggiardo, flamante
titular de la comisión de seguridad ciudadana del congreso, de
declarar en estado de emergencia a Lima, Chiclayo, Trujillo,
Piura, Arequipa e Ica con el fin de que las fuerzas armadas
salgan a las calles para restablecer el orden, no solo es un
error sino una práctica ya conocida en América Latina y que ha
fracasado: populismo punitivo.
El populismo punitivo comprende diversas medidas adoptadas para
luchar contra la delincuencia que suelen tener apoyo popular,
como por ejemplo sacar a los militares a las calles, endurecer
las penas o reducir la edad de imputabilidad penal pero que en la
práctica no producen resultados efectivos y sostenibles en la
lucha por disminuir el crimen sino que originan resultados
nefastos y terminan generando más violencia. Olvidando, por
supuesto, que el problema de la falta de seguridad debería ser
resuelto con una política integral y un enfoque multidimensional.
En el informe de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa
legal del año 2010 ante la pregunta: ¿usted considera que las
Fuerzas Armadas deben intervenir en el control de orden interno?
El 71% de los encuestados, que eran habitantes de Lima y Callao,
manifestaron que estaban de acuerdo y las dos principales razones
eran porque podían intimidar a los delincuentes y porque estaban
más capacitados y mejor entrenados. Esta encuesta corrobora lo
señalado anteriormente, las propuestas demagógicas que responden
al denominado populismo punitivo, gozan de aceptación popular;
sin embargo no son eficientes en la lucha contra el crimen.
Tenemos como ejemplo Centro América y sus leyes de mano dura y
las posteriores leyes "de mano más dura" que no ha producido
ningún resultado en combatir la violencia. Otro ejemplo son las
favelas brasileras donde los militares han producido cientos de
muertes en el combate de la lucha contra el narcotráfico.
Entendemos la indignación de los ciudadanos por la falta de
seguridad, comprendemos que las autoridades deseen cambiar la
situación respecto a la seguridad, sin embargo, rechazamos los
palos de ciego en políticas de seguridad que se desarrollan en el
país en los últimos años, tal como sucedió durante todo el
gobierno de Alan García, el cual no solo nos dejó un país más
inseguro del que recibió sino que su gestión se caracterizó por
la ausencia de políticas criminales y políticas de seguridad (2).
Ahora bien ¿por qué no es conveniente sacar militares a combatir
los problemas de seguridad ciudadana? En primer lugar
consideramos que atentaría contra los derechos de cientos de
peruanos que tendrían libertades restringidas, debido que el
estado de emergencia permite la inviolabilidad del domicilio, la
libertad de reunión y de tránsito por estas disposiciones.
Consideremos esto muy peligroso en unos cuerpos de seguridad
presionados por la opinión pública y por jefes que exigen
resultados. En ese contexto es muy probable que el número de
inocentes detenidos injustamente se potencie. En segundo lugar
consideramos que los militares no deben salir a la calle debido a
que no es su función, no están formados y entrenados para
resolver conflictos internos y sobre todo puede generar más
violencia de la que ya existe en nuestro país ¿acaso se debe
recordar qué sucedió entre los años 1982 y 1983 cuando las
fuerzas armadas ingresaron a pacificar y restablecer el orden en
los departamentos de la sierra sur? En tercer lugar porque el
problema de la delincuencia es un problema integral que no se
solucionará sólo sacando más policías a las calles ni -menos aún-
sacando los militares a las calles, se debe afrontar el problema
de manera integral tomando en cuenta, sobre todo, a las
instituciones encargadas de administrar justicia (Ministerio
Público y Poder Judicial) como también al sistema penitenciario.
Nos sorprende escuchar a la bancada fujimorista, especialmente a
la congresista Luisa María Cuculiza quien señaló que las "FFAA
deben salir a las calles y que deben decretar toques de queda",
no es posible -señaló- que se sigan violando diariamente a
mujeres inocentes. Sin embargo, ya es conocida la posición
fujimorista, recordemos los pedidos de pena de muerte durante la
campaña o los pedidos reiterados por eliminar beneficios
penitenciarios sin tomar en cuenta la crisis de las cárceles.
Consideramos que esta medida propuesta por el parlamentario
Reggiardo no hace más que desconocer la realidad del crimen en
nuestro país e incentivar, justamente, aquello que dice querer
fomentar: la coordinación entre autoridades responsables de velar
por la seguridad de los peruanos.
Es necesaria la coordinación entre los diversos organismos
encargados de combatir los problemas por la falta de seguridad
ciudadana como el sistema de justicia, la policía, el sistema
penitenciario, el parlamento nacional, el ministerio de
educación, etc. Este tipo de propuestas responden a una falta de
coordinación entre los diferentes organismos del aparato público,
pero a la vez genera mucha presión hacia los mismos actores de la
seguridad. Se habrá dado la molestia el congresista Reggiardo o
la congresista Cuculiza de evaluar ¿cuántos inocentes van a
prisión porque el juez está presionado por obtener resultados en
coyunturas donde los medios de comunicación les exigen
sentencias? ¿Cuántos jóvenes inocentes serán recluidos en prisión
preventiva sin una investigación seria por parte de la PNP y el
ministerio público? El problema no pasa por militares en las
calles sino porque todas las instituciones trabajen de manera
coordinada.
Por último debemos destacar como positivas las voces que se han
mostrado en contra de la propuesta del congresista Reggiardo, por
supuesto sin ocultar que existe un grave problema de inseguridad
pero que declarar estados de emergencia no es el camino adecuado.
Parlamentarios como Freddy Otárola, Alberto Bengolea y Marisol
Pérez Tello señalaron su enérgico rechazo a que los militares
intervengan en el orden interno. Cabe destacar también las
declaraciones del ex presidente del comando conjunto Jorge
Montoya, quien ha señalado que no es función de las FFAA las
tareas de seguridad ciudadana. Además fueron importantes también
las declaraciones del vicepresidente del TC, Ernesto Álvarez
Miranda, quien mostró su rechazo a la propuesta y señaló que las
FFAA no están preparadas para combatir a la delincuencia con
patrullaje en las calles.
En conclusión esperamos que esta propuesta quede descartada y
superemos esta equivocada idea de que los militares pueden
hacerse cargo de enfrentar la delincuencia común en nuestro país,
ante la ineficacia policial; es una fórmula fracasada en América
Latina. La solución pasa por mejorar sustancialmente a las
fuerzas policiales y hacer un gran esfuerzo de cooperación
interinstitucional que incluya no sólo a las instituciones del
sistema de justicia sino también a los gobiernos locales.
Confiemos que el Gobierno del presidente Humala no caiga en la
tentación del populismo punitivo.
Nota:
(1) LOVATÓN, DAVID. Inseguridad ciudadana: La indignación debe
dar paso a la eficacia, no a la demagogia.
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2011/09-08/inseguridad_ciudadana.htm
(2) Ver informe del IDL sobre seguridad ciudadana:
http://www.seguridadidl.org.pe/publicaciones/Informe%20Seguridad%20Ciudadana.%202010pdf.pdf
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