Por medio de la presente les hacemos llegar dos artículos de la Prensa Ecuatoriana sobre como el Presidente Correa toma poder del "Poder Judicial", asimismo le adjuntamos un informe relacionado al sistema judicial Ecuatoriano y los problemas que viene teniendo
Atentamente
CESAR FERNANDO O´PHELAN PEREZ
PRO JUSTICIA.
EL COMERCIO.COM.EC
EL EJECUTIVO ENTRA A LA JUSTICIA POR DECRETO
- Decreto sobre el estado de excepción en la Función Judicial
Redacción Seguridad y Justicia
La noticia se conoció en la tarde. El presidente, Rafael Correa declaró el estado de excepción en la Función Judicial. En el Decreto 872 firmado ayer se dice que la medida servirá para resolver "la situación crítica" por la que atraviesa la Justicia. Y para "prevenir una inminente conmoción interna".
En el documento, de cinco páginas, se dice que la declaratoria durará 60 días y que el Ministerio de Finanzas "situará los recursos para atender la emergencia".
El presupuesto inicialmente pautado para el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) fue de USD 400 millones (para 18 meses de operaciones) y la semana pasada subió a USD 600 millones (hasta el 2015).
En la tarde, la vocal de la Judicatura, Tania Arias, dijo no conocer aún el estado de excepción, pero al referirse a los recursos que aquello implicaría sostuvo: "Si dice dos meses sería exclusivamente para lo presupuestado por los próximos 60 días. Lo que está previsto para este año son aproximadamente USD 100 millones".
En el artículo número 2 del Decreto también se declara la movilización nacional de todo el personal de la Función Judicial y se indica que esto tiene como finalidad "garantizar el acceso a la justicia oportuna e integral".
Además, se ordenó una "acción prioritaria" la formulación, ejecución e implementación de proyectos "de cambio en la Justicia".
En uno de los considerandos se dice que la declaratoria fue pedido por el presidente del Consejo Transitorio, Paulo Rodríguez. Esto, mediante oficio número 123-P-CJT-MJ-2011 del 29 de agosto pasado.
Allí, el funcionario explicó que "no se cuenta con sistemas informáticos apropiados que permitan generar una información sólida para la planificación estratégica situacional". Dijo que no se han sostenido los procesos de modernización, que las estructuras orgánico-funcionales no se compadecen con las exigencias de los usuarios, que el aumento anual de causas en el 2008 fue superior en un 40% con respecto al 2002.
"El decremento de la resolución de causas ocasionó que en el mejor de los casos se cumpla solo con el 70% de las resoluciones previstas en el año pasado. Todas las condiciones antes indicadas han generado un represamiento de aproximadamente 1 215 000 que deben ser atendidas", dijo Rodríguez en el pedido.
El jurista Gonzalo Silva dice que con la declaratoria, el presidente Correa tiene todas las posibilidades para "convocar a la gente de la academia, magistratura y gente que esté en libre ejercicio", para formar la nueva Corte Nacional.
La ejecución del Decreto se encargó a los ministerios de Finanzas y Justicia. Por ello, Silva que con esto "se desconoció al CTJ, que se quedó en soletas. Porque el dinero sale del Ministerio de Finanzas y Justicia es un intermediario de toda la administración jurídica con el Ejecutivo".
El penalista y ex presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Medina, tiene una lectura de esta declaratoria: "No he leído aún el Decreto, pero me parece que el triunvirato (CJT) se dio cuenta de la complejidad del encargo y se reviabilizará por esa vía la reforma judicial".
En otro considerando del Decreto 872 requiere que el sistema judicial necesita una nueva estructura institucional, que "permita implementar y controlar eficazmente la gestión estratégica".
LOS POSTULANTES
Sus últimos fallos favorecieron a Jorge Hugo Reyes Torres y a Guillermo 'Pichi' Castro. Hasta el 22 de abril del año pasado, Luis Abarca Galeas fue juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y como tal liberó a Reyes Torres, acusado de narcotráfico. El anterior Consejo de la Judicatura cuestionó ese fallo y lo separó de sus funciones.
Tras la salida se conoció que el juez, además, archivó los juicios que por posible prevaricato estaban abiertos en contra de Castro, quien fue presidente de la ex Corte Suprema de Justicia.
Un año y cinco meses después, Galeas aparece otra vez y está primero en la nómina de 666 postulantes para jueces de la CNJ.
A él se suma Benjamín Cevallos, presidente de la anterior Judicatura. Él fue duramente cuestionado por el presidente, Rafael Correa y por los vocales de minoría, quienes lo cuestionaron de hacer nombramientos a dedo.
Víctor Hugo Castillo también aparece como candidato. Su antecedente revela que fue destituido de la Judicatura en junio del año pasado, luego de que se enfrentara a golpes con Félix Herrera, juez cuarto de lo Civil de Guayaquil.
Además, 14 de los actuales miembros de la CNJ están como aspirantes. Ellos son el actual presidente del organismo: Carlos Ramírez y los jueces Carlos Espinosa, Gastón Ríos, Rómulo Flores, Manuel Yépez, Rodrigo Serrano, Galo Martínez, Jorge Pallares, Freddy Ordóñez, Gustavo Durango, José Suing, Manuel Sánchez, Luis Quiroz y Luis Pacheco.
Otros nombres conocidos son: Kaiser Arévalo, ex diputado; Juan Falconí Puig, ex superintendente de Bancos; Manuel Viteri, vocal de la Corte Constitucional.
Según el jurista Silva, todo el proceso de designación en algún momento va a declinar por su nulidad. "Yo aspiro que, cuando esto sea en forma legítima, a la Corte Nacional ingresen los mejores juristas, que si los hay en la academia, magistratura y en ejercicio profesional. En vez de que lleguen los mejores vamos a tener a unos juristas que van a poner la inseguridad en la justicia".
A esto añade: "Todos deseamos una administración lo más consciente y con gente preparada, que llegue con procesos evaluativos cognitivos, actitudinales y procedimentales, no con nombres ni apellidos; menos con documentos que pueden ser comprados, raídos, entregados".
Desde ayer comenzó la fase de verificación de documentos. De esta trabajo se encargarán seis personas del departamento de Recursos Humanos de la Judicatura. Ellos tienen 10 días para entregar los resultados. Y se cruzará información con organismos como el IESS, Instituto de Compras Públicas, Contraloría, Servicio de Rentas Internas, Contraloría.
En el Consejo Transitorio se conoció que si los postulantes, por ejemplo, colocaron datos irreales no podrán corregir.
En una reunión de trabajo, Rodríguez dijo que se tomará en cuenta la posibilidad de que los aspirantes puedan reenviar los documentos que faltaren.
Tras esta fase, los aspirantes serán sometidos a pruebas psicológicas y luego de ello comenzarán las impugnaciones.
Los posibles afectados tienen tres días para responder y presentar los documentos de descargo.
La Fase 2 es de Méritos, que será calificada con 30 puntos y en la que se evaluará la experiencia laboral general (haber ejercido con probidad notoria) y la experiencia laboral específica (calidad de intervención profesional y evaluaciones del desempeño). Allí también se estudiará la educación formal adicional, capacitaciones y publicaciones.
70 puntos más, del total de 100 en que los seleccionados serán calificados, dependerá de los resultados de la Fase 3 (de Oposición). En esta habrá pruebas teóricas sobre 30 puntos, prácticas (30 puntos) y una evaluación en una audiencia pública (10 puntos). Los candidatos conocerán sus calificaciones y podrán impugnar.
DETALLES DE LA SELECCIÓN
Las fases del concurso de méritos y oposición para la designación de magistrados de la Corte Nacional de Justicia se desarrollará conforme al reglamento general que regula las convocatorias para ingresar en la Función Judicial.
La fase de verificación de idoneidad se divide en: idoneidad legal, (cumplimiento de requisitos mínimos), idoneidad psicológica (prueba) e idoneidad moral (impugnación ciudadana).
Las impugnaciones debidamente fundamentadas y documentadas en contra de los postulantes serán con respecto a: probidad o idoneidad, falta de cumplimiento de requisitos, falsedad en la información otorgada por el aspirante e inhabilidades establecidas en la Constitución o la Ley.
HOY.COM.EC
JUSTICIA, PUESTA EN EMERGENCIA
Publicado el 06/Septiembre/2011 | 00:01
Hay 1,2 millones de causas represadas
Por pedido del Consejo de la Judicatura, el presidente Correa firmó decreto 872 para prevenir "una grave conmoción interna"
El presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto oficial número 872, declaró en estado de excepción a la función judicial, durante 60 días y en todo el territorio nacional. La declaratoria contempla la entrega de recursos y la movilización de personal para superar la crisis de esa función del Estado en el país.
Según consta en el documento, el decreto responde a un pedido del presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), Paulo Rodríguez, y contempla la emergencia para "resolver la situación crítica por la que atraviesa (el sistema) y garantizar en debida forma el derecho a la justicia".
El texto oficial advierte que la crisis judicial se expresa en más de 1,2 millones de causas detenidas que necesitan atención, que, junto a otras causas, podría generar "una grave conmoción interna".
El texto firmado ayer por la tarde contempla además "la movilización nacional" de todo el personal judicial para "garantizar el acceso a la justicia oportuna e integral de todos los habitantes".
De la misma manera, el decreto estipula la entrega de "los recursos suficientes" para atender la emergencia, así como declara acción "prioritaria a la formulación, ejecución e implementación de los proyectos de cambio de la justicia en el Ecuador".
"Este decreto lo que hace es facilitar al CJT para que pueda movilizar de manera emergente los recursos para contratar aquellas obras que han venido siendo rezagadas, especialmente en el ámbito de infraestructura y tecnología", explicó Rodríguez, al tiempo de enfatizar que esto no incidirá en la línea de los Recursos Humanos. "Llamo a la tranquilidad. Sé que ha habido preocupación en este ámbito", concluyó.
Por otra parte, Alembert Vera, abogado de Correa, a la hora que fue entrevistado por HOY (19:50) desconocía del Decreto. Pero al ser informado por este Diario del contenido dijo que se trata de una decisión gubernamental que en nada interfiere el juicio contra El Universo. "No afecta en nada al proceso", afirmó.
Argumentó que cuando se toma este tipo de decisiones, generalmente tienen el objetivo de asignar recursos, en este caso para la justicia.
En tanto, Marco Ávila, docente universitario y abogado en libre ejercicio, calificó como un acto extremo del Gobierno a la declaratoria, ya que "los poderes son totalmente autónomos; por lo tanto, veo una intromisión del Ejecutivo"; y dijo que la única salvedad sería que la acción se entienda como una forma de canalizar recursos y poder nombrar los jueces que necesita el poder judicial. "Pero si es para controlar la decisión de los jueces, sería una acción abusiva".
Para el jurista Ramiro Román, los estados de excepción "se están usando con mucha ligereza".
Señaló que existen otras posibilidades que se contemplan en la Constitución y en los tratados internacionales.
"Un estado de excepción siempre conlleva a la militarización, en este caso de la Función Judicial, que incluye fiscalías, cortes, juzgados, defensoría pública, todos los actores de justicia", subrayó Román.
Manifestó que también está el tema del control de los recursos: "Con esta medida no se toma en cuenta los recursos que se gastan, no hay control". "El Ministerio de Finanzas dará todos los recursos y podría haber desviación de fondos", concluyó. (RE-SL-AM-RMT)
RESTAN 16 MESES PARA LA REFORMA
En la pregunta cuatro del referéndum del siete de mayo pasado se propuso reemplazar al Consejo de la Judicatura por otro de transición, que tendría que reformar la justicia en un plazo de 18 meses y sería conformado por tres miembros representantes: uno del Legislativo, uno del Ejecutivo y uno de la Función de Transparencia.
Paulo Rodríguez, actual presidente del organismo, fue nombrado por el presidente Correa. Tania Arias por parte de la Asamblea y Fernando Yávar por la Función de Transparencia.
Desde que el nuevo Consejo Transitorio asumió sus funciones han transcurrido casi dos meses en los que el organismo ha realizado una primera depuración de funcionarios. La primera semana de agosto destituyó a 161 servidores judiciales entre jueces conjueces y personal administrativo. El lunes 29 de agosto, el CJT presentó su plan de trabajo al presidente Correa, junto con el presupuesto del mismo, que asciende a $600 millones.
Desde su posesión, sus integrantes tienen un año y cuatro meses para "arreglar" la justicia del país. (RE)
LA ESTRUCTURA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL
SISTEMA JUDICIAL DE ECUADOR
INFORME DE PROJUSTICIA
LA REALIDAD DEL SISTEMA JUDICIAL EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR
"Un acto de justicia permite cerrar el capítulo; un acto de venganza escribe un capítulo nuevo". Marilyn vos Savant
CONTEXTO GENERAL
El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder de Participación Ciudadana.
La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República, acompañado de su vicepresidente, elegido para un periodo de cuatro años (con la capacidad de ser reelecto una sola vez). Es el Jefe de Estado y de Gobierno, responsable de la administración pública. Nombra a los nueve secretarios nacionales, siete ministros coordinadores, 20 Ministros de Estado y servidores públicos. Define la política exterior, designa al Canciller de la República, así como también embajadores y cónsules.
Además, ejerce la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional, nombrando a sus autoridades. La esposa del mandatario en funciones recibe el título de Primera Dama de Ecuador. La Función Judicial del país está conformada por el Consejo de la Judicatura como su ente principal y por la Corte Nacional de Justicia. La representación jurídica la hace el Consejo de la Judicatura, sin perjuicio de la representación institucional que tiene la Corte Nacional de Justicia.
La Corte Nacional de Justicia está integrada por 21 jueces elegidos para un término de nueve años. Son renovados por tercios cada tres años, conforme lo estipulado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Estos son elegidos por el Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento de oposición y méritos. No son susceptibles de reelección.
El Poder Ciudadano está conformado por el Consejo de Participación Social y Control Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Sus autoridades ejercerán sus cargos durante cinco años, teniendo la responsabilidad de promover planes de transparencia y control público, así como la formulación de mecanismos para combatir la corrupción, nombrar autoridades del país, y constituirse en un ente para supervisar la rendición de cuentas a nivel nacional. A su vez, el Poder Electoral funciona y entra en funciones sólo cada 4 años o cuando se convoca a elecciones o consultas populares.
Precisando: el Ecuador es una República Constitucional con una población de unos 14,3 millones de habitantes, el año 2008, el electorado aprobó por referéndum una nueva Constitución, que entró en vigencia durante octubre de dicho año, pero diversas de sus disposiciones continuaban siendo implementadas. Mediante elecciones realizadas en abril y junio de 2009, la población ecuatoriana volvió a elegir a Rafael Correa Delgado para un segundo mandato presidencial y también eligió a los miembros de la Asamblea Nacional, mediante comicios electorales que, en términos generales, fueron calificados de "libres y justos".
Incluso, los observadores de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, confirmaron la legitimidad de los mencionados procesos electorales, a pesar de ciertas irregularidades focalizadas denunciadas a nivel de pequeñas ciudades. Los observadores nacionales, igualmente pudieron observar y supervisar las elecciones en todo Ecuador, y en conjunto, si bien los equipos de observadores tanto internacionales como nacionales no informaron sobre ningún fraude extendido, hubo algunos informes de votos faltantes o marcados, irregularidades de conteo y de cálculo de votos e incidentes de violencia menores.
Cabe indicar, que el año 2008, el electorado ecuatoriano aprobó un "régimen de transición", que regulaba la transición al nuevo orden institucional, marco en el cual, la Corte Constitucional Provisional y la Corte Nacional de Justicia siguieron en funciones durante ese año, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Permanente, institución que depende de la entidad Función de Transparencia y Control Social, fue seleccionado en marzo de 2010, y comenzó a trabajar en la selección de los funcionarios permanentes del gobierno nacional, un proceso que se espera concluya a fines del año 2011.
No obstante, afectando el estado de la justicia en Ecuador, los problemas de derechos humanos continuaron en los siguientes ámbitos: delitos aislados de homicidio y uso de fuerza excesiva por parte las entidades de seguridad estatal, a veces con impunidad; condiciones precarias en las cárceles; arrestos y detenciones arbitrarios; corrupción y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad; una alta cantidad de detenidos en espera de juicio; junto a corrupción y denegación de las garantías procesales dentro del sistema judicial. Situación que se complicó más, debido a que el mandatario Rafael Correa y sus funcionarios continuaron agudizando los ataques o presiones legales y verbales contra los medios de comunicación independientes y críticos.[1]
A propósito, se debe tener presente, que el Estado ecuatoriano, forma parte de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), una estructura formada por Autoridades Centrales y por puntos de contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalías y Ministerios Públicos, y Poderes Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico; orientada a la optimización de los instrumentos de asistencia judicial civil y penal, y al reforzamiento de los lazos de cooperación entre sus integrantes. Constituye un avance fundamental en la conformación de un "Espacio Judicial Iberoamericano", es decir, un escenario donde la actividad de cooperación jurídica sea objeto de mecanismos reforzados, dinámicos e instrumentos de simplificación y agilización en la consecución de una tutela judicial efectiva.
Sin embargo y en tal contexto, se mantuvieron en Ecuador, los problemas sociales, donde se debe mencionar la agresión física contra los periodistas; la violencia y discriminación contra las mujeres, los pueblos indígenas, los afro-ecuatorianos, además de las personas por su orientación sexual; la trata de personas; la explotación sexual de menores y el trabajo infantil. Si bien es cierto, por parte del gobierno de Rafael Correa los agentes del Estado, no cometieron homicidios por motivos políticos; empero, se siguieron produciendo denuncias de fuentes fidedignas respecto a que ciertos organismos y aparatos de seguridad estatal aplicaron fuerza excesiva y cometieron algunos homicidios aislados.
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS QUE DETERMINAN EL ACCIONAR JUDICIAL
La legislación ecuatoriana exige que las autoridades emitan órdenes de arresto específicas por escrito antes de la detención, y las autoridades están obligadas a presentar cargos por un delito penal concreto contra el sospechoso dentro de las 24 horas en que se produjo su arresto, finalizado dicho plazo, los detenidos pueden cuestionar la legalidad de su detención mediante una petición de hábeas corpus interpuesta por su abogado ante un juez en la localidad donde fueron detenidos; ya que la Constitución establece que un detenido puede quedar en libertad sólo a través de una orden judicial.
Igualmente, la ley estipula que las embarazadas no pueden permanecer en establecimientos carcelarios durante el período de detención previo al juicio, pero las mujeres que están embarazadas o quedan embarazadas después de la sentencia deben permanecer encarceladas. Sin embargo, según ONG confiables, fuentes policiales e informes de la prensa, muchas embarazadas fueron encarceladas en lugar de estar recluidas en sus hogares durante la etapa de detención previa al juicio.
De igual forma, la legislación ecuatoriana sólo permite fijar una fianza para delitos punibles con penas de prisión menor a 5 años, y se prohíbe en casos de delitos por intolerancia, delitos sexuales, de violencia doméstica y aquellos que el juez considere que puedan generar pánico en la población. La detención, desde la investigación hasta el juicio y en tanto dure este último, es legal si un juez determina que es necesaria y si se exponen pruebas de que se ha cometido un delito. En esa línea, la ley limita la detención inmediata a 24 horas por flagrante delito o para permitir que empiece la detención durante la fase de investigación; sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones, la detención inmediata suele ser mucho más extensa.
Si el informe de la investigación no es favorable, el juez sólo está facultado para ordenar la detención preventiva, por un plazo límite de seis meses por delitos menores y un año por delitos mayores. La ley reduce el período en que los internos pueden estar detenidos después de formularse acusaciones formales, pero antes de que se expida una condena o sentencia, a seis meses en el caso de delitos menores (los penados con "encarcelamiento correccional") y un año en el caso de delitos mayores.
Empero, las autoridades eluden frecuentemente esta disposición presentando nuevas acusaciones antes de que venciera el plazo. La mayoría de los acusados permanecieron encarcelados durante la fase de investigación y según la información pública hasta julio de 2010, estaban pendientes las sentencias de un 53 por ciento de los detenidos.
Si bien la ley concede a los detenidos el derecho de acceso inmediato a abogados y familiares, en Ecuador persisten las demoras según las circunstancias y la disposición de los funcionarios de aplicar la ley; los presuntos narcotraficantes a menudo esperaban de 24 a 48 horas a que se realizaran esas visitas. Pero, los detenidos que tienen suficientes recursos, muchas veces sobornaban a las autoridades carcelarias para que les faciliten el acceso, e incluso disponen de teléfonos móviles con facilidad. La CEDHU informó que un número no precisado de reclusos en fase de investigación preliminar estuvo detenido en instalaciones de la Policía Judicial donde no se permitían las visitas de familiares ni de abogados.
Pese a que la ley prohíbe la detención en régimen de incomunicación, las organizaciones de defensa de los derechos humanos siguen denunciando violaciones repetidas a esta norma; las autoridades responsables de decidir sobre la validez de las detenciones a menudo permitieron la elevación de acusaciones carentes de fundamento, ya sea por sobrecarga de trabajo o porque el acusador los soborna.
Si bien la Constitución Política establece que el Poder Judicial es independiente, en la práctica fue a veces vulnerable a presiones externas y a corrupción. Los medios de comunicación informaron con detalle sobre la vulnerabilidad del Poder Judicial en cuanto a sobornos a cambio de decisiones y resoluciones de causas legales en forma favorable y sobre jueces que distribuyeron casos a abogados externos quienes, redactan sentencias judiciales y las devuelven al juez presidente para su firma. Así mismo, numerosos jueces emitieron resoluciones por influencia de los medios de comunicación o por presiones políticas y económicas.
La Constitución además, determina un sistema judicial unificado, que abolió los sistemas judiciales militares y policiales separados, en tal sentido, en abril de 2010, la Asamblea Nacional aprobó una ley que incorporó a los miembros de las cortes militares y policiales anteriores al sistema judicial ordinario; como resultado, los tribunales ordinarios dictan sentencia en casos policiales y militares.
En resumen, a pesar de los esfuerzos para modernizar el régimen judicial, el Poder Judicial continúa operando con lentitud e incongruencia; donde existen prolongadas demoras antes de que la mayoría de los casos llegue a juicio. Según los informes, los jueces emiten fallos más rápida o lentamente en función de presiones políticas, y algunas veces, luego de recibir sobornos. Bajo este esquema deficitario del sistema judicial, surgieron hechos donde algunas comunidades aplicaron la ley por cuenta propia, actuando violentamente de manera colectiva contra supuestos delincuentes.
Otras características del sistema judicial ecuatoriano: carece de jurados, presupone que los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y tienen derecho a un juicio público, a abogados defensores y a apelar. Pueden presentar pruebas, negarse a prestar testimonio auto-inculpatorio, y confrontar y contrainterrogar a los testigos. La Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal creada en 2007 se convirtió en la autónoma Defensoría Pública, y cuenta con 127 abogados defensores en lo penal a cargo de 4.800 casos. Además, se contrataron 300 abogados de centros de servicios legales, y tuvieron a su cargo alrededor de 7.800 casos adicionales el 2010.
Grupos de la sociedad civil, colegios de abogados, universidades -algunos contratados por la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal- siguieron respaldando a grupos de ciudadanos vulnerables carentes de acceso a los servicios de defensa jurídica.
Si bien es cierto, el sistema judicial ordinario juzgó a la mayoría de los acusados, ciertos grupos indígenas juzgaron independientemente a los integrantes de su comunidad por transgresiones de las reglas tribales. Aunque el marco legal e incluso la Constitución reconocen el derecho de las comunidades indígenas a aplicar sus propios sistemas de justicia basados en sus tradiciones y costumbres, no especifican cómo habría de ejercerse tal derecho; por lo tanto, este sistema paralelo generó dudas no sólo sobre la jurisdicción y conformidad con el derecho a un juicio justo sino además la eventualidad de resultados incompatibles entre los sistemas.
Las reformas del Código de Procesamiento Civil (CPC) que está vigente desde el 2009, distorsionaron el sistema judicial en lo penal, al limitar por ejemplo, el plazo de detención previo a la sentencia pero permitiendo que los fiscales presentaran nuevas acusaciones contra el mismo sospechoso por diferentes delitos para mantener detenidos a los sospechosos. Otros opinan que si bien, la Constitución sitúa a la Fiscalía General del Estado dentro del Poder Judicial y bajo su supervisión, otorga poder exclusivo al Consejo de la Judicatura para capacitar, evaluar y disciplinar a los fiscales.
Esta situación, debilitó la independencia de la Fiscalía frente a cuáles casos investigar e inculpar. En el sistema vigente, algunas decisiones de la Fiscalía pueden ser presentadas para revisión por un magistrado en una audiencia acusatoria, probatoria, realizada durante la fase de investigación del juicio.
Estudiosos del ámbito judicial ecuatoriano, aseveran que las reformas del CPC tendientes a brindar protección en el proceso penal, propiciaron un sistema más complejo y a veces confuso, determinando que el proceso judicial fuera más lento, reproduciendo defectos del antiguo sistema inquisitorial, que exigía que ciertos asuntos se presentaran por escrito. Sin embargo, el CPC aumentó la protección de algunos derechos de los acusados, entre ellos el que dispone otorgar un mínimo de 20 audiencias anteriores a la preparación para la audiencia del juicio (similar a una audiencia preliminar), que incluye dictaminar en las mociones relacionadas con las cuestiones probatorias antes del juicio.
Por su parte, los juzgados civiles y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, -considerados independientes e imparciales-, tramitan las demandas de indemnización por daños y perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos y demandas de cese de dichas violaciones. Sin embargo, casi no se presentaron demandas civiles de indemnización por daños y perjuicios por causa de presuntas injusticias del Estado, debido a que esas demandas se prolongan demasiado en el tiempo y son complicadas para procesar, dado que a los jueces les lleva hasta 10 años dictar sentencia sobre estos temas.
OTROS HECHOS RELACIONADOS A LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA Y RESPETO DE LAS LIBERTADES
Mientras los medios independientes permanecieron activos y expresaron una amplia gama de opiniones, incluidas las que criticaban al gobierno, la ONG Red de Monitoreo de las Amenazas a la Libertad de Prensa, notificó el año 2010, unos 151 casos de acoso (amenazas, ataques o arrestos) contra periodistas u otros representantes de la prensa.
Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa del 3 de marzo de 2010, declaró que el gobierno "redobló su ofensiva" contra la libertad de prensa. Antes el informe de 2009, del Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, aseguró que el "Ecuador ha visto un creciente clima de polarización en el cual han aumentado los ataques y las amenazas contra los periodistas y los medios de comunicación de todos los puestos de redacción".
Precisamente, el mandatario Rafael Correa usó constantemente su mensaje radiofónico y televisivo semanal y otras presentaciones públicas para criticar a los medios de comunicación y acusarlos de parcialidad, señalando con frecuencia a reporteros y medios específicos. Varios periodistas e individuos que forman parte de las asociaciones de prensa locales denunciaron que los "sistemáticos" ataques verbales de Correa contra los medios creaban "un ambiente hostil para los periodistas". También notaron un comportamiento similar de parte de otros funcionarios públicos de alto nivel, y muchos periodistas declararon que estos ataques llevaron a ejercer la autocensura.
Se constataron también circunstancias en las cuales el gobierno usó mecanismos legales para restringir a los medios de comunicación, incluyendo la aplicación de las leyes de difamación para suprimir las críticas. El 26 de marzo de 2010, un juez sentenció al periodista Emilio Palacio a tres años de prisión y a pagar una multa de 10.000 dólares por supuestamente haber ofendido al funcionario gubernamental Camilo Saman en un artículo de prensa que se publicó en agosto de 2009. Palacio apeló la sentencia sobre la base del fallo del 21 de mayo que establecía que el juez que condenó a Palacio no tenía jurisdicción para dictar sentencia en el caso. Antes de que se resolviera la apelación, Saman retiró los cargos.
Por otra parte, el 23 de abril de 2010, la agencia gubernamental "Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado" difundió un informe donde revelaba la existencia de un grupo de sicarios integrada por policías en servicio activo. El informe establecía que un sector de la policía conformaba y toleraba fuerzas ilegales dedicadas a la denominada "limpieza social", quienes que asesinaron a delincuentes en Quevedo, provincia de Los Ríos. Sobre el particular, durante julio de 2010, el Relator Especial de las Naciones Unidas Sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, denunció los "niveles escandalosos" de impunidad por homicidios en el Ecuador, en el curso del año 2010.
Llegando a responsabilizar a la policía, por no desarrollar acuciosas pesquisas sobre casos que pueden calificarse como "ajuste de cuentas" entre diferentes pandillas o grupos criminales, enfatizando que esta realidad condenable, "genera las condiciones favorables para una cobertura e impunidad en favor de algunos policías en actividad cuando ellos mismos están implicados en este tipo de crímenes extrajudiciales".
Como antecedente, se debe referir, que el 5 de junio de 2010, la Comisión Presidencial creada en 2007, para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridos entre 1984 y 2008 -mandato del presidente de la República, León Febres-Cordero Ribadeneyra-, expidió su informe final. La comisión informó que durante ese período había encontrado numerosas violaciones graves, incluidos homicidios.
Sobre esta realidad, el primero de agosto de 2010, los oficiales de Policía Nacional, Nixon Guamán y Rolando Gualapanti presuntamente dispararon con arma de fuego contra Christian Quimis Lozano y lo mataron. Y aunque la policía declaró que los miembros de una pandilla mataron de un tiro a Quimis Lozano antes de que la policía lo encontrara, por su parte, los miembros de la familia de Quimis Lozano afirmaron que vieron a la policía perseguirle y dispararle. A raíz de esta denuncia y su divulgación por la prensa independiente, la policía inició una investigación sobre el caso, pero los dos agentes permanecieron en servicio activo sin que se conozca hasta ahora una sanción y juzgamiento debido.
En otro plano, la pretendida justicia aplicada por parte de denominadas "escuadras de vigilancia" local, continuó siendo un problema de violencia, en particular dentro de las comunidades indígenas y los vecindarios pobres de las ciudades principales donde había escasa y defectuosa presencia policial. En ese contexto, el 25 de mayo de 2010, Víctor Eduardo Naranjo Morejón y Pedro Mesías Velasco Morejón fueron golpeados y quemados vivos por la comunidad local en la provincia de Orellana. Uno de los hombres había luchado violentamente con un profesor local indígena. Después del homicidio, la policía detuvo a ocho personas y el fiscal abrió una investigación, la cual seguía en curso al finalizar el 2010, en un proceso judicial lento y deficiente.
El 13 de julio de 2010, en la provincia de Chimborazo, miembros de la comunidad irrumpieron en un destacamento policial y procedieron a agredir y a quemar vivo a José Ariel Pichu Toledo y a Antonio Alfredo Delgado Navarrete, quienes fueron acusados de robarle US$4.000 (el dólar estadounidense es la moneda oficial) a una mujer y matar a un taxista. Antonio Delgado murió cinco días después debido a las quemaduras. El fiscal provincial declaró que se estaba estudiando el caso, pero lo cierto es que no se habían realizado detenciones al finalizar el año, y por ello, tampoco un proceso judicial.
Además, mientras no hubo ningún informe sobre desapariciones motivadas por razones políticas; y si bien la Constitución y el ordenamiento jurídico prohíben la tortura y formas similares de intimidación y castigo, se informa que diversos agentes de policía sometieron a tortura y abuso a sospechosos y presos, a menudo con impunidad, al no ser procesados judicialmente.
Sobre este inquietante asunto, ya en marzo de 2010, el Ministro del Interior, había solicitado que el Fiscal General investigara el caso de tres hermanos: Jenny Pico Suárez, Fabricio Pico Suárez y Javier Pico Suárez, y su padrastro, Georgy Cedeño Saltos. La familia Suárez Pico acusaba a siete efectivos del Grupo de Apoyo Operacional de la Policía Nacional de detenerlos ilegalmente y torturarlos en el norte de Quito el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2009.
La familia afirmó que Cedeño había desaparecido después de ser detenido con los demás. Los hermanos presentaron una denuncia en la policía, que inicialmente se negó a abrir una investigación, las autoridades iniciaron una investigación y posteriormente detuvieron a 15 oficiales de policía del Grupo de Apoyo Operacional y a dos del Grupo de Operaciones Motorizadas y los acusaron de participar en la detención y la tortura arbitraria. El 30 de octubre, un juez liberó a los sospechosos del Grupo de Operaciones Motorizadas, habiendo dictaminado que estaban siguiendo órdenes de sus superiores.
En tal sentido, durante julio de 2010, el Defensor del Pueblo había reconocido que "la tortura es una práctica que se ha arraigado en Ecuador". Al respecto, es necesario precisar, que el Código de Procedimiento Penal (CPC), contiene una disposición que criminaliza el uso de la tortura para forzar confesiones por parte de las autoridades estatales y los miembros de la policía o los militares; en ese rubro, la Procuraduría General de la República encontró información sobre el encarcelamiento de presuntos torturadores; empero catalogó estos casos como "crímenes contra la vida" y no como "tortura". Peor aún, las personas sindicadas por haber torturado, frecuentemente fueron multadas en lugar de encarceladas. A su vez, ante la Unidad de Registro y Control del Consejo de la Judicatura, durante el año 2010, se presentaron 17 casos de tortura, con 12 demandados en prisión en espera de juicio y condena.
En el mes de noviembre de 2010, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU) registró 159 casos de supuesta "tortura" o "agresión física injustificada" por las fuerzas policiales. La CEDHU informó que la policía golpeó a los sospechosos y usó gases lacrimógenos durante los arrestos, y que la policía golpeó y amenazó a los sospechosos en todos los interrogatorios para obligarlos a confesar los delitos. A pesar de ello, según la CEDHU, en la mayoría de los casos, no se desarrollaron procesos judiciales para llegar a determinar las responsabilidades.
Por ejemplo, el 25 de julio de 2010, el ciudadano ecuatoriano Omar Vidal acusó a cinco agentes de policía de detenerlo arbitrariamente y golpearlo. Los fiscales iniciaron una investigación y solicitaron las filmaciones de las cámaras públicas de vigilancia para obtener pruebas en este caso, como resultado de esta investigación, el 20 de agosto, dos de los oficiales acusados, Wilmer Germán Galarza Loor y Armando Patricio Campoverde Llamuca, fueron separados de la policía y se suspendió a otro oficial, Jorge Macias Moreira.
Se debe indicar, sobre este espinoso tema, que desde el año 2007 hasta agosto del 2010, la Policía Nacional mantuvo 503 tribunales disciplinarios por abusos cometidos a cargo de efectivos policiales. Como resultado, 367 agentes de policía fueron destituidos, 171 fueron arrestados y 68 fueron sancionados. El 7 de septiembre de 2010, el Ministro del Interior reabrió 290 casos de presuntos abusos policiales, pero no se tuvo información pública sobre sentencias de los tribunales relacionados a estos casos.
En relación a las condiciones en las cárceles y los centros de detención, generalmente, las condiciones en estos lugares fueron precarias y tendían a ser peores en las zonas costeras tropicales que en las zonas altas templadas. A su turno, el Ministro de Justicia, declaró que los establecimientos existentes estaban superpoblados en un 93 por ciento. Varias prisiones registraron graves brotes de enfermedad, y a menudo la atención médica fue inadecuada. La asignación diaria para las raciones en la prisión era de un dólar por preso; los reclusos que tenían capacidad económica, mayormente complementaron las raciones comprando sus propios alimentos. La Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) informó que 42 prisioneros murieron durante el año 2010, frente a seis defunciones ocurridas el 2009.
El hacinamiento se mantuvo como un problema crónico en la mayor parte de las instalaciones penales, aunque el número de detenidos disminuyó marcadamente ya desde el año 2009, debido a una ley que limita el período de tiempo de detención sin condena o sentencia. Esta reducción a la par, puso en evidencia el trabajo sostenido de una Fiscalía Pública Temporal que contrató a más de 150 abogados para defender a los presos pobres, especialmente los que esperaban ser juzgados. En esa línea, se debe indicar que el mes de julio de 2010, la DNRS informó que en 38 establecimientos cuya capacidad máxima era de 8.480 reclusos, había 11.800 presos, un aumento con respecto a los 10.808 del año anterior.
Confirmando esta situación, según un informe de la organización no gubernamental internacional "Prisoners Abroad", los recursos en las prisiones eran ínfimos y se esperaba que los prisioneros (y sus familias) proporcionaran casi todos los colchones, la ropa y los medicamentos. Y aunque se brindó tres comidas básicas al día, los reclusos informaron que la calidad de los alimentos solía ser muy deficiente. Además, existía generalmente agua caliente en la cárcel de mujeres, aunque no en la de hombres. La escasez de agua fue común en la cárcel de mujeres en Quito. El hacinamiento sistemático y la falta de medidas preventivas de salud hicieron que las enfermedades se propagaran muy aceleradamente, mientras la atención de salud fue sólo suficiente para las atenciones de extrema urgencia.
Las condiciones eran marcadamente mejores en la cárcel de mujeres de Quito que en los presidios de hombres: No había adolescentes ni niños mayores de tres años de edad viviendo con sus madres encarceladas. Para los menores de tres años, que no pueden ser separados de sus madres, había guarderías instaladas dentro de los centros de detención y las personas en prisión preventiva convivían con las reclusas condenadas. Según la CEDHU, se asignaba a guardias varones la responsabilidad de cuidar a las reclusas y ellas denunciaron que los guardias solicitaron favores sexuales a cambio de asistencia.
Aunque en la mayoría de los casos el gobierno permitió que los observadores independientes de instituciones de defensa de los derechos humanos visitaran las cárceles, en ocasiones las autoridades impidieron que esos observadores visitaran a los presos que estaban incomunicados después de haber sido presuntamente golpeados.
La DNRS declaró que todos los funcionarios y representantes adecuadamente identificados de las ONG pudieron visitar a los presos; no obstante, muchas veces los observadores y las autoridades no pudieron encontrar a los reclusos debido a registros mal llevados y a la corrupción de los funcionarios de prisiones. Según un informe de "Prisoners Abroad", tres días a la semana los reclusos tuvieron permitidas visitas que duraban todo el día, y en las prisiones de hombres, las mujeres podían pernoctar un sábado sí y otro no.
Un nuevo establecimiento penal de máxima seguridad, con capacidad de albergue para 70 celdas dobles, se inauguró en julio de 2010, en Guayaquil y otro Centro de Rehabilitación Social en Santo Domingo de los Tsáchilas, en octubre cuando 80 prisioneros fueron transferidos allí. Una vez finalizado, el establecimiento tendrá cabida para un máximo de 1.054 presos tanto en los pabellones de hombres como de mujeres. Cabe recordar, que el 31 de agosto de 2010, el gobierno declaró que el sistema penitenciario se encontraba en estado de emergencia debido al hacinamiento y las condiciones precarias, frente a ello, se presupuestó US$40 millones para comenzar la construcción de cuatro establecimientos nuevos en 2011.
Con ese objetivo de mejorar las condiciones de permanencia de las "personas privadas de libertad", el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la DNRS y la Policía Nacional trasladaron a 54 internos del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Babahoyo, al CRS de Varones de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la provincia del mismo nombre. En este nuevo traslado, que se realizó en noviembre del 2010, participaron el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha.
Según la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, la selección de los "privados de libertad" trasladados, se realiza mediante un análisis minucioso de los perfiles psicológicos y clínicos de los internos, y en respuesta a las solicitudes de ellos, para estar más cerca de sus familiares. Los internos movilizados cumplen penas que van desde los 6 hasta los 12 años de prisión y fueron ubicados en el pabellón de mediana seguridad del CRS de Santo Domingo, que tiene la capacidad de albergar a más de 300 reclusos o "privados de la libertad".
El gobierno de Rafael Correa aseguró, que las condiciones de hacinamiento no permiten que los reclusos vivan en una forma digna, y con el traslado se trabajará mejor en temas como salubridad y limpieza, pero además permitirá cambiar las condiciones de permanencia de los internos, como parte de los beneficios que brinda el "Sistema de Atención Integral a las Personas Privadas de las Libertad" que puso en marcha el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, y cuyo objetivo es "lograr una verdadera rehabilitación de los internos, a fin de que puedan reinsertarse de manera exitosa en la sociedad ecuatoriana una vez que cumplan con su sentencia".
EL PODER JUDICIAL CONTINUÓ EN FUNCIONES DURANTE GRAVE SITUACIÓN DE INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL
El 30 de septiembre de 2010, la Policía Nacional en el cuartel del Primer Regimiento de Quito realizó una huelga por sus beneficios, la cual se extendió rápidamente a otros destacamentos de policía en toda la nación y en algunas unidades militares. La manifestación en Quito se tornó violenta, y cuando el Presidente Correa visitó el cuartel para tratar de convencer a los manifestantes de que concluyan su huelga, fue atacado, agravando una lesión en la rodilla recientemente operada.
El mandatario Correa buscó refugio y recibió tratamiento en el Hospital de la Policía Nacional; y finalmente fue rescatado esa noche en una operación combinada policial/militar después de expresar temor por su seguridad personal, basado en las acciones de los manifestantes de la policía en los alrededores del hospital durante el día.
El 30 de septiembre de 2010, el Presidente Correa declaró un "Estado de excepción" de cinco días para toda la nación, para permitir que los militares asumieran las responsabilidades de la policía y restaurasen el orden. A partir del primero de octubre y en los días siguientes, los militares asumieron las responsabilidades policiales y patrullaron las calles. La policía empezó a retomar sus responsabilidades el primero de octubre y en pocos días volvió a sus patrullas normales en coordinación con los militares.
El "Estado de excepción" fue extendido, el 5 de octubre, tres días más en toda la nación y el 9 de octubre, el Presidente Correa extendió el "Estado de excepción" sólo para Quito, permitiéndoles a los militares continuar ejerciendo las responsabilidades policiales en la protección de los establecimientos gubernamentales, incluida la Asamblea Nacional y la sede del Poder Judicial. Finalmente, el "Estado de excepción" en Quito, caducó el 7 de diciembre de 2011.
Después de la manifestación, la Fiscalía General del Estado inició 10 investigaciones diferentes por intento de asesinato al jefe de Estado Rafael Correa, amenaza a la seguridad interna, asesinato, rebelión y sabotaje. Las 10 investigaciones estaban en curso al finalizar el año. Los fiscales acusaron formalmente a no menos de 65 personas y tomaron declaración a más de 700. La Policía Nacional también llevó a cabo las investigaciones internas resultantes en sanciones administrativas para la policía que desobedeció las órdenes. Veintitrés personas quedaron bajo arresto antes del juicio mientras las investigaciones continuaban, y 33 quedaron en libertad bajo fianza.
Como se abordará luego en el presente documento, este caso ha seguido provocando una gran conmoción a nivel nacional en Ecuador y en el ámbito internacional, debido a controversiales sentencias judiciales vinculadas a los hechos expuestos y por actuaciones del mandatario ecuatoriano. Incluso, el presidente Rafael Correa fue denunciado por crímenes de "lesa humanidad" ante la fiscalía ecuatoriana por el asambleísta opositor Cléver Jiménez, quien lo responsabilizó de las muertes ocurridas en la insurrección policial de setiembre de 2010.
Alegando buscar justicia, Jiménez acudió a dicha entidad para plantear su denuncia y dijo que "alguien tiene que pagar por los muertos" de ese día y aseguró que el responsable es el mandatario Correa. La querella fue acompañada de videos, informes y publicaciones de prensa que sustentarían la misma. El legislador tiene sus dudas de que su iniciativa legal sea debidamente tramitada en la Fiscalía. "Sabemos a quién se debe el fiscal Galo Chiriboga –colaborador del gobierno y amigo del presidente–", refirió, aunque dijo esperar que en este caso "actúe con algo de autonomía".
El miembro del movimiento Pachakutik, Cléver Jiménez también anunció que si no se hace justicia en Ecuador, su reclamo será llevado a la Corte Penal Internacional y que, además de los crímenes de lesa humanidad, tiene acusaciones en contra de Correa por "conmoción pública e incitación al levantamiento de la fuerza pública".
CONSULTA POPULAR GUBERNAMENTAL: IMPLICANCIAS FRONTALES PARA EL SISTEMA JUDICIAL
En ejercicio de una de sus facultades, el presidente Rafael Correa convocó a una consulta popular, llevada a cabo el 7 de mayo de 2011. Con los resultados oficiales de esta Consulta, queda claro que a pesar del definitivo triunfo del "SI" en todas las preguntas planteadas[2], en contraste, el resultado dista mucho de los previstos por el régimen de Correa y nos muestran una votación en contra de las tesis presidenciales de más de entre el 40 y el 45 por ciento a nivel nacional, el doble de la votación histórica en contra del presidente Correa.
A partir de ello, es conveniente realizar un análisis de los significados políticos y jurídicos de la convocatoria y de los efectos del octavo proceso electoral en estos cuatro años de gobierno, afirmando que la Consulta Popular planteada por el mandatario Correa, marcó una nueva fase de la llamada "Revolución Ciudadana" y fue convocada alrededor de los siguientes temas principales:
- El combate a la delincuencia, mediante fórmulas tradicionales de la "derecha ecuatoriana", según las cuales existe una supuesta oposición entre derechos y seguridad.
- La injerencia directa del gobierno de Rafael Correa en la administración de justicia, al pretender crear un procedimiento de excepción para nombrar jueces, fiscales, defensores, notarios, y registradores. Y por si fuera poco, reformar la conformación del Consejo de la Judicatura con delegados directos de los poderes políticos, modelo duramente criticado en el Ecuador y contrario a la Constitución del 2008.
- La regulación estatal en los medios de comunicación, a través de un Consejo de Regulación, que incluye la posibilidad de regular a la prensa escrita.
- Un modelo de derecho penal de máximos, totalmente contrario a los principios de un Estado Constitucional de derechos y justicia, tanto como de las tesis progresistas de la intervención penal mínima del Estado, tesis que se encuentra recogida en la Constitución vigente ecuatoriana.
- Con lo anterior, el presidente Correa decide adoptar las tesis de "mano dura" y adopta un discurso de restricción de derechos a nombre de la seguridad y de la confianza en su liderazgo político-personal. La Consulta pasa de ser una herramienta válida de democracia directa a una forma de intentar legitimar decisiones que desconocen principios e instituciones de la nueva Constitución ecuatoriana.
- Igualmente, la Judicialización de la política, toda vez que el hilo conductor, que enlaza a las diez preguntas, es la exacerbación del poder punitivo del Estado y la mayor parte del debate se enfoca alrededor de la pretensión gubernamental de intervenir en la administración de justicia.
La propuesta tendiente a que el gobierno de Correa se encargue de reestructurar todo el sistema judicial, de forma excepcional y durante los próximos dieciocho meses, concuerda con el traslado a la esfera de la justicia, de varios debates y confrontaciones de naturaleza política; por ejemplo, las siguientes preguntas estaban inscritas directamente en el ámbito judicial: Pregunta 1. Sobre los plazos para la caducidad de la prisión preventiva; Pregunta 2. Sobre las medidas sustitutivas a las prisión preventiva; Pregunta 4. Sobre la sustitución el Pleno del Consejo de la Judicatura; y la Pregunta 5. Sobre la modificación del Consejo de la Judicatura.
En este escenario de evidente "judicialización de la política y politización de la justicia" (como ya se apreció, aunque más débilmente, en el caso boliviano), para la realidad de Ecuador, se debe tener en cuenta que unos trescientos dirigentes y activistas han sido o están siendo procesados judicialmente a instancias del gobierno de Correa, por presunto "sabotaje y terrorismo"; mientras siguen pendientes los procesos penales de los involucrados en el levantamiento policial del 30 de septiembre del 2010; marco en el cual, una crispada relación con la prensa, ha dado paso a una interposición de sucesivas demandas judiciales directas desde los más altos niveles del gobierno -incluido el propio mandatario- contra periodistas y medios de comunicación, por el contenido de sus publicaciones y su línea editorial.
Así pues, el "Control a medios", aplicando un marco legal ad hoc, es otro gran tema de la consulta pues implica la regulación y la restricción sobre los medios de comunicación masivos, socavando la libertad de expresión. Por un lado, se propone una reforma constitucional que en términos ambiguos plantea la prohibición expresa de realizar "cualquier otra actividad económica" para quienes sean directivos, gerentes y principales (¿?) accionistas de empresas de comunicación de carácter nacional. Esta disposición, siendo discutible por introducir un mecanismo de presión sobre los medios de comunicación, resulta contraria a la que tendría que haber sido una "tesis progresista", de un "gobierno progresista", como se autocalifica el régimen de Rafael Correa.
En otra de sus preguntas, la consulta propuso crear un "Consejo de Regulación de Medios de Comunicación" (incluyendo medios escritos), que podría decidir sobre la responsabilidad ulterior de los periodistas, en directa contradicción con la Constitución y con las normas de la Convención Americana, donde se estipula que la determinación de la responsabilidad ulterior es judicial y no administrativa.
Por lo expuesto, se puede concluir que la "Consulta Popular" ha puesto en cuestión, los principios esenciales y nociones elementales de la democracia: separación de poderes, derechos ciudadanos frente al poder estatal (para evitar el abuso del poder), y el ejercicio de las libertades individuales. Entonces, lo que está en juego en Ecuador es la capacidad de sujetarse a los límites fijados por la "Constitución de Montecristi" diseñada por el mismo gobierno de Correa y aprobada mediante referéndum por la mayoría de la población.
En definitiva, la disputa ideológica se zanjó con la Consulta Popular: el presidente Correa optó por las tesis y por una visión concentradora de poder, eliminando mecanismos recién creados para fortalecer la participación ciudadana en procesos de selección de órganos de control, como el Consejo de la Judicatura.
Las preguntas y resultados oficiales frente a la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011,[3] fueron las siguientes:
Pregunta 1. Sobre los plazos para la caducidad de la prisión preventiva
Sí 56,48%
No 43,51%
Pregunta 2. Sobre las medidas sustitutivas a las prisión preventiva
Sí 54, 17%
No 45,82%
Pregunta 3. Sobre la banca y los medios de comunicación
Sí 52,97%
No 47,02%
Pregunta 4. Sobre la sustitución el Pleno del Consejo de la Judicatura
Sí 52,00%
No 47,02%
Pregunta 5. Sobre la modificación del Consejo de la Judicatura
Sí 52,65%
No 47,34%
Pregunta 6. Sobre el enriquecimiento privado no justificado
Sí 53,42%
No 46,57%
Pregunta 7. Sobre la prohibición de los juegos de azar
Sí 52,33%
No 47,66%
Pregunta 8. Sobre la prohibición de los espectáculos donde se mate animales
Aquí hay diversos resultados por Cantón
Pregunta 9. Sobre la creación de un Consejo de Regulación para los medios
Sí 51,67%
No 48,32%
Pregunta 10. Sobre el delito de no afiliar a un trabajador al IESS
Sí 55,02%
No 44,97%
El estrecho margen de este triunfo y la configuración del nuevo mapa político resulta todo lo contrario de una legitimidad fortalecida y renovada, que era la principal pretensión de esta iniciativa, más política que programática, y cuyas consecuencias están aún por calibrarse y confrontarse con la realidad en un futuro inmediato.
Con ese complejo panorama y manteniéndose en el "ojo de la tormenta" el Poder Judicial de Ecuador, el 28 de junio de 2011, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, la provincia donde se ubica Quito, declaró a seis policías culpables de atentar contra la seguridad interna del Estado el 30 de septiembre de 2010, cuando un alzamiento policial puso en riesgo la estabilidad del Gobierno de Rafael Correa. Se trata de las primeras condenas por la sublevación, en la que según el Gobierno participaron 1.199 policías y militares.
Todos eran miembros de la escolta legislativa, encargada de proteger a la Asamblea Nacional, y la Fiscalía los acusaba de impedir que algunos asambleístas ingresaran al recinto y de que se reuniera el pleno de la Legislatura. El Tribunal dictamina las penas contra los condenados, que están entre dos y ocho años de cárcel, dependiendo de si son considerados autores de los hechos, cómplices o encubridores.
La asambleísta Lourdes Tibán, hermana de uno de los sentenciados, Marco Tibán, dijo que apelarán la sentencia, pero que no tienen esperanzas de ganar el recurso porque la justicia "está en manos del oficialismo y los jueces están amenazados por el Gobierno (...) Aquí todo el mundo le tiene miedo al Presidente y ya hay que acudir a los organismos internacionales, porque toda la justicia le tiene miedo", enfatizó Tibán, que pertenece al partido indígena Pachakutik, un antiguo aliado del Gobierno que ahora está en la oposición.
Como era de esperarse, el Gobierno de Correa avaló la sentencia, y afirmó a través de su diario oficial, "El Ciudadano", que varios vídeos muestran que la escolta legislativa no cumplió el 30 de septiembre, con su responsabilidad de mantener el orden en el recinto parlamentario, "utilizó gases lacrimógenos para bloquear el acceso de los legisladores al plenario" e incluso agredió a varios de ellos.
Sin duda, otro suceso controversial con repercusiones nacionales e internacionales y que implica directamente al Poder Judicial ecuatoriano, ocurrió en julio de 2011, cuando un juez ecuatoriano condenó a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares (30 millones de dólares de forma solidaria y 10 millones de dólares para el diario El Universo), contra el director Carlos Pérez, el subdirector César Pérez y el ex editor de opinión Emilio Palacio, todos ellos del diario El Universo, al fallar el juez una demanda por injuria que planteó el presidente Rafael Correa.
En la querella presentada el 21 de marzo de 2011, Correa pedía tres años de cárcel para los cuatro procesados y una indemnización de 80 millones de dólares. El "magistrado temporal" del juzgado que vio el caso, Juan Paredes, expidió una sentencia de 80 páginas a pesar de que recién asumió el juicio un día antes de la audiencia final. Una conciliación propuesta por el rotativo al comienzo de esa sesión fue rechazada por el mandatario Correa, aduciendo que "éste es el mejor legado que puede dejarle a Ecuador: Demostrar que los ciudadanos nos podemos defender ante los abusos de la prensa".
La demanda judicial tuvo su origen en una página editorial del periódico El Universo (Guayaquil) del seis de febrero del 2011. En ella el periodista Emilio Palacio, hoy renunciado a su cargo, llamaba siete veces "Dictador" al Presidente Rafael Correa, y concluía su artículo con esta reflexión:
"El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben".
El director del observatorio de prensa ecuatoriano "Fundamedios", César Ricaurte, expresó "gran preocupación" por el fallo y aseveró que es un "gravísimo hecho en contra de la libertad de prensa. Pone en riesgo no sólo a una empresa periodística, sino el derecho de los ciudadanos a ser informados; además, marca un precedente nefasto en contra del trabajo periodístico en la medida que en una sola sentencia se mezcla lo civil y lo penal", agregó Ricaurte, quien también juzgó "desproporcionada" la indemnización.
Es necesario recordar, que el presidente Correa igualmente demandó judicialmente en febrero de 2011, por 10 millones de dólares, a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El gran hermano" a quienes acusa de "daño moral". En el libro se denuncia supuestos actos de corrupción del mandatario y de uno de sus hermanos.
Obviamente la sentencia en primera instancia -contra los integrantes al diario El Universo- ha generado reacciones dentro y fuera de Ecuador. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín Godoy, envió el 29 de julio de 2011, una carta pública al mandatario Rafael Correa, a propósito de la sentencia dictada por el juez 15º de Garantías Penales, Juan Paredes, el pasado 20 de julio, contra los directivos del diario El Universo y de su ex editor de Opinión, Emilio Palacio.
El texto de la SIP menciona lo siguiente:
"La libertad de expresión está consignada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en la Declaración Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José, ambas firmadas por el Estado de Ecuador y, en consecuencia, forman parte del andamiaje legal de esa nación[4]. Usted, señor presidente, tiene la responsabilidad de fortalecer la unidad nacional en la diversidad y asegurar la vigencia de los derechos humanos, así como las libertades fundamentales de mujeres y hombres (artículo 3 de la Constitución), con el fin de fortalecer la democracia, sistema político escogido por el pueblo ecuatoriano, que le ha respaldado en los procesos electorales".
"Nosotros creemos, profundamente, que sin el libre flujo informativo y el intercambio de opiniones, la vida individual y social se trunca, la interacción de personas y grupos queda cercenada, el progreso se distorsiona, se detiene la posibilidad de cambio, se desvirtúa la justicia y el desarrollo humano se convierte en mera ficción, por lo que sostenemos, al igual que los convenios internacionales, que la libertad de expresión no debe ser coartada en función de ningún otro fin, y que esta libertad pertenece a los seres humanos y no al poder político. (Declaración de Chapultepec)".
"Los juicios promovidos en contra de periodistas independientes y el diario El Universo constituyen un acto de intimidación y acoso para que se limite en Ecuador la libertad de expresión. En uno de los dos casos, el del diario, el fallo que le favorece a usted es atentatorio no solo contra el medio de prensa, sino también en contra del pueblo ecuatoriano, porque finalmente se está afectando el derecho que este tiene a recibir información".
"Nuestro llamado, señor presidente, consiste en que se abra un espacio de reflexión en Ecuador que no se vean afectados principios y valores democráticos, y que prevalezcan los derechos de los ciudadanos. En ese mismo sentido, consideramos que el fallo es injusto y desmedido, por lo que vemos necesario que la demanda de su parte debe ser retirada, lo mismo que la que mantiene en contra de dos periodistas por escribir un libro que contiene una investigación periodística".
"Hacer esto sería dar una muestra de tolerancia a la crítica, pero sobre todo, un ejemplo de apego y respeto a los valores democráticos, algo que tendría que ser reconocido por propios y extraños". Lo contrario, es decir, proseguir con la persecución judicial de periodistas y medios de prensa, sería una muestra de que se pretende terminar absolutamente con la libertad de expresión y de prensa en Ecuador. La historia, señor presidente, será la que nos juzgue a todos. Que Dios bendiga a Ecuador y a su persona".
El copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, director del semanario uruguayo "Búsqueda", manifestó el pesimismo del organismo frente a este caso y apostó a que deberá seguir en instancias internacionales. "En Ecuador es muy difícil revertir el caso, habrá que recurrir a las instancias internacionales -la Corte Interamericana de Derechos Humanos-". Según Paolillo, "el presidente (Correa) está caminando con prisa y sin pausa hacia un estado totalitario que controla la prensa y la justicia".
Los partidarios del gobierno dicen que se ha hecho justicia. Pero este proceso judicial sin precedentes en América Latina, a pesar de su esencia local, representa un tema ejemplar de estudio para otros observadores: ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Obró bien el periodista? ¿Es acertada la reacción presidencial? ¿Existe una relación apropiada entre la falta y la pena? ¿Qué consecuencias se pueden derivar para el futuro de la libertad de expresión en el Ecuador? No son todas las incógnitas, pero son más que suficientes.
A su turno, la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside Mario Vargas Llosa, cuestionó la actitud del presidente Rafael Correa y del juez temporal Juan Paredes. El organismo indicó que el mandatario y el juez Paredes atentan contra la libertad de prensa en Ecuador y "han establecido un precedente nefasto de vulneración de las garantías ciudadanas para emitir opiniones".
Según el comunicado, emitido también a fines de julio de 2011, por la FIL y enviado por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), es "inadmisible", la sentencia de 3 años de prisión en contra de los directivos de "El Universo", Carlos y César Pérez, y el ex columnista Emilio Palacio, por el supuesto delito de injurias contra Rafael Correa, "sobre todo por la forma en que el juez Paredes emitió la sentencia", se indicó la FIL.
Mencionando, que el magistrado temporal además ordenó el pago de una indemnización total de cuarenta millones de dólares, que deberá recibir el presidente a título personal. "En estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas", agrega el comunicado.
La fundación indicó, adicionalmente, que rechaza los ataques hacia los medios de comunicación privados, y añadió que "el tema se discutiría en el seminario internacional que por conmemorar los 20 años de lucha por la libertad del IEEP, que se celebrara el 5 de agosto de 2011. Nosotros defenderemos la capacidad que hasta hoy hemos tenido de emitir comentarios y opiniones, aunque no les agraden a quienes detentan el poder".
En medio de este deplorable atentado a la libertad de expresión, el hermano del presidente de Ecuador Rafael Correa, Fabricio Correa, volvió a criticar severamente al mandatario e incluso, lo comparó con el ex presidente peruano Alberto Fujimori. "El camino que está siguiendo Rafael lo lleva a terminar con la misma suerte que Augusto Pinochet y Alberto Fujimori", auguró en entrevista para el diario Correo de Lima, el 09 de agosto de 2011.
Fabricio Correa desarrolló su posición: En primer lugar, afirmó que su hermano tiene un asesor (Alexis Mera) que "es quien lo conduce por la senda del totalitarismo". Además, consideró que en su país ya se han perdido las libertades. "No hay libertad de expresión, de prensa. La prensa gobiernista, que es la mitad de la prensa, injuria y calumnia y no pasa nada", aseguró.
El hermano del mandatario fue más lejos y auguró un futuro sinuoso: "El camino es igual. Aparente éxito, apoyo popular y luego reelección; luego le meten mano a la prensa y manejan la justicia. Fujimori hizo lo mismo que Correa acá en Ecuador. Esto va a terminar en fracaso y me duele porque es mi hermano, porque vendrán sanciones inexorablemente después de que el poder se acabe". Recalcó.
En relación a estos cuestionamientos, claramente en el campo de las injurias calumniosas, Rafael Correa es considerado un confrontador, siendo una de las personas que más calificativos insultantes a vertido sobre personas naturales que él consideraba enemigos políticos o gente "incompetente" sin importar la tendencia política o el estatus socioeconómico de la persona. Sus propios ministros han sido víctimas de insultos, incluso técnicos de su programa sabatino no se han salvado de los ataques por fallos técnicos en vivo y en directo durante el programa del presidente de Ecuador.
Un ejemplo de los casos de afectados por Rafael Correa lo encontramos en un grupo de ciudadanos que ha impuesto una demanda contra el presidente y se ven representados por abogado Édgar Coral:
"No entiendo cómo el presidente Correa, por un lado impulsa sus procesos instaurados contra diversos ciudadanos por supuestas injurias calumniosas, pero no tiene la misma entereza y conducta para instruir a sus asambleístas votar favorablemente por la autorización para que continúe el juicio penal instaurado en su contra por similar imputación", dijo Coral en julio de 2011.
Lo concreto, es que el pedido de la Corte Nacional de Justicia no avanza, como tampoco el pedido de la Comisión General del 13 de junio de 2011, lo que hace pensar a Coral que Correa Delgado "pretende impunidad, escudándose en la mayoría legislativa oficialista. "No creo que la Asamblea Nacional quiera convertirse en instrumento de impunidad ante las infracciones legales cometidas por Correa y que las probaré".
Sostiene Coral, que el presidente Correa, "por integridad intelectual y por honradez moral, debe pedir a sus asambleístas que resuelvan favorablemente el pedido de la Corte Nacional de Justicia y probar, en derecho y en base a la normativa jurídica, vigente, la aseveración que Coral considera injuria calumniosa, "traficante de tierras", vertida en el enlace semanal 261 del 29 de enero de 2011".
Según Coral Almeida, la conducta de Correa fue mucho más grave cuando seguidamente dijo en el enlace "no lo dejen ni entrar", dirigiéndose a los moradores de la "Cooperativa Pisullí", lo cual constituye instigación al cometimiento de un delito, tipificado, también en el Código Penal. En tal sentido, el abogado Coral Almeida, informó que luego de agotar todas las instancias judiciales nacionales, iniciará una acción judicial ante los organismos internacionales por violación de los derechos humanos por parte del presidente Rafael Correa, "exactamente por violación al honor y buen nombre garantizados por la Constitución de la República de Ecuador y en los instrumentos internacionales".
Finalmente, el abogado Édgar Coral, añadió que "cualquier ciudadano, está expuesto en mayor o menor grado a la práctica de la difamación, de la calumnia, al que nos ha acostumbrado el presidente de la República" (Rafael Correa). Pero aún más preocupante que los calificativos a personas, es la situación que en Ecuador, existen en la actualidad centenares de perseguidos políticos sobre todo de partidos de izquierda y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Algunos de ellos han sido condenados por terrorismo como es el caso del presidente de la Federación Nacional de Estudiantes, Marcelo Rivera.
Otro hecho de singular implicancia nacional e internacional y vinculado a la esfera de la impartición de justicia en Ecuador, se presentó el 23 de agosto de 2011, cuando dirigentes opositores al gobierno, anunciaron que demandarán al presidente Rafael Correa, ante la Corte Penal Internacional (CPI) "por crímenes de lesa humanidad", a raíz de la rebelión policial el 30 de septiembre de 2010 que dejó varios muertos y heridos. El 30 de septiembre de 2010, cientos de policías se sublevaron por un reclamo salarial, llegando, según las Fuerzas Armadas, a retener a Correa en un hospital donde se refugió tras ser agredido por uniformados cuando intentaba aplacar la protesta, pero con actitudes muy agresivas y retándolos en forma temeraria a que le disparasen.[5]
La acción será presentada en septiembre u octubre de 2011, por delitos previstos en el Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la CPI) como "realizar ataques intencionados contra hospitales", señalaron los activistas antigobiernistas en un comunicado. Entre los acusadores se hallan el congresista del partido indígena Pachakutik, Cléver Jiménez y el ex sindicalista petrolero Fernando Villavicencio. Jiménez ya había denunciado a Correa -sin resultado efectivo-, por el mismo delito ante la Fiscalía General de Ecuador, el 4 de agosto de 2011. Según el diputado, el mandatario cometió el crimen de "agresión armada" de las Fuerzas Militares, derivado de su orden de "atacar" un hospital policial en Quito durante la insurrección.
[1] El gobierno de Rafael Correa aplica -bajo implícita amenaza de juicio- una disposición de la Ley de Radiodifusión y Televisión, que obliga a todos los medios de comunicación a transmitir gratuitamente mensajes e informes del Presidente y de su gabinete, lo cual redujo la programación comercial de las estaciones. Durante las protestas policiales del 30/09/2010, el gobierno obligó a todas las estaciones a que transmitieran el canal estatal durante casi seis horas, lo cual eliminó casi toda cobertura independiente en torno a la crisis.
[2] Según los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE).
[3] Según datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE).
[4] Todo el resaltado con letra "negrita" del texto de la SIP, ha sido realizado por el equipo de ProJusticia.
[5] Nota del equipo de ProJusticia: Correa fue rescatado en un operativo militar-policial que dejó cinco muertos y en el que, el Mandatario asegura, los soldados fueron recibidos a tiros por los sublevados. Otras cinco personas fallecieron en Guayaquil durante saqueos desatados por ausencia policial, según el Ministerio de Salud. El gobernante denunció que la sublevación fue instigada por policías corruptos bajo investigación y opositores que intentaban derrocarlo e incluso asesinarlo. Pero nuevos indicios audiovisuales, mostrarían a Rafael Correa ordenando disparar a matar contra los sublevados.
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