| Por medio de la presente les hacemos llegar el Nuevo Articulo elaborado por el Equipo de ProJusticia titulado: JUECES E INTERCEPTACION: UNA HIPOTESIS INQUIETANTE.
Atentamente
CESAR FERNANDO O´PHELAN PEREZ
PRO JUSTICIA.
JUECES E INTERCEPTACION: UNA HIPOTESIS INQUIETANTE EQUIPO PROJUSTICIA La reciente presentación de un proyecto destinado a regular penalmente la interceptación y difusión de comunicaciones –conocido popularmente como "chuponeo"- viene generando más de un dolor de cabeza a la Corte Suprema y a su Presidente, debido al debate que se ha levantado frente al contenido de la propuesta. Como señalamos en un informe anterior, este debate se debe a los puntos problemáticos que muestra el proyecto, los que giran de un lado alrededor del papel del juez ante la difusión de la información "chuponeada", y de otro respecto a algunos agravantes incluidos en la propuesta, como la afectación a la seguridad nacional o el uso de medios de comunicación social, puntos que han sido cuestionados además por otros expertos, como el constitucionalista Luis Huerta y Sin embargo, una pregunta que se ha mantenido suelta es PORQUE. ¿Porqué el Dr. San Martín se ha dado el trabajo de lanzar la propuesta en esta coyuntura? ¿Porqué se apuesta por insertar un cambio en las facultades judiciales, a pesar de que ellas puedan ser vistas como inconstitucionales? ¿Porqué y a qué responde el respaldo dado al proyecto por parte de la Corte Suprema o el Consejo Ejecutivo? En fin, ¿porqué intervenir en un asunto que hoy está en manos del propio Poder judicial, corriendo el riesgo de romper el principio de un debido proceso? De todas las hipótesis posibles que se pueden lanzar, hay una que desde nuestro punto de vista es inquietante. Si bien en los últimos días el juicio a los integrantes de la empresa Business Track (BTR) se ha enfocado en acusaciones de los implicados hacia miembros notables del gobierno –como Jorge del Castillo o el ministro Hidalgo- no podemos olvidar que uno de los grupos que estuvo más involucrado en el escándalo inicial de los "petroaudios" fueron los jueces de la Corte Suprema. Como se sabe, ello llevó tanto a la renuncia del vocal supremo Roger Ferreira, como a la defensa irrestricta hecha por el entonces Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, hacia magistrados de su entorno, como Robinson Gonzáles y César Vega Vega. Sin embargo, estas acciones no cerraron el capítulo sobre la relación de los jueces con sujetos como Alberto Quimper o Rómulo León Alegría, ni las acusaciones de corrupción que penden sobre algunos jueces a partir de lo escuchado en los "petroaudios". En realidad, cualquiera que se dé el trabajo de revisar el dictamen fiscal y la apertura de la instrucción sobre el caso BTR –documentos que tienen más de 500 páginas- va a encontrar una diversidad de referencias, algunas más directas que otras, a conversaciones de Quimper y otros involucrados con diversos jueces e incluso juezas, conversaciones sobre las que poco o nada se ha dicho hasta ahora y que merecerían una mayor atención por parte de la prensa. Nuestra revisión personal del asunto muestra, más bien, que una revisión exhaustiva de los audios que involucran a jueces pueden traer consigo más de una sorpresa. Por ejemplo, ¿a qué "segundo juzgado" se refiere la muestra MBT260/BACKUP (1).dbx, que solicitaba 13 mil dólares a unos chuponeados? ¿cuál fue el contenido de la conversación registrada en la muestra MPF 12-TWINS 2 2008-06-10 12-49-14.MP3, en la que participan Quimper, una voz no identificada y alguien registrado como "POLACK", hablando del DR. BETANCURT? ¿Cuál fue el resultado de la conversación entre Quimper y Mario Vélez cuando hablaron sobre los nombramientos en el Poder Judicial, registrada en el audio MPF 12 TWINS 2 2008-06-12-12-11-51-30? ¿Podría encontrarse, además de estos audios, otros que pueden involucrar a miembros de la magistratura e incluso al Presidente del Poder Judicial? En este marco, el proyecto de ley presentado por la Corte Suprema puede ser observado bajo una nueva luz. Así, la facultad que se busca dar a los jueces para calificar la información "chuponeada" como de interés público puede ser entendida no como un mecanismo de garantía de derechos ciudadanos, sino como un medio de protección de intereses de aquellos jueces que podrían, en virtud a esta facultad, amenazar a aquellos periodistas que busquen difundir información que involucre a la magistratura. Similar interpretación puede darse a agravantes incluidas en el proyecto, como la de la protección del honor, la cual puede ayudar eventualmente a dejar de lado conversaciones intervenidas que afecten la "dignidad" de un determinado juez. En otras palabras, considerando que existe un involucramiento de la magistratura –especialmente de la suprema- en el tema "petroaudios", y que ello implica hechos de corrupción que pueden haber quedado registrados (y que por tanto podrían afectar carreras judiciales importantes), el otorgamiento de facultades discrecionales frente a la información "chuponeada" convierte a éstos en juez y parte, lo que es permisible en un Estado de derecho. Hoy más que nunca, la sociedad civil debe mantenerse vigilante respecto de estas y otras propuestas que, bajo el discurso de hacer más eficiente un proceso judicial, en realidad esconden la intención de hacer más eficiente la protección de intereses institucionales y personales. |
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