i) Abogado que se opuso a la condena de Adolfo Scilingo y recurrió la sentencia por crímenes contra la humanidad, encabezaría en Buenos Aires una denuncia por los crímenes del franquismo. Nota Documental del Equipo Nizkor "Víctimas y organizaciones humanitarias denunciarán los crímenes del franquismo" La dictadura de Francisco Franco (1939-1975) será denunciada penalmente por el delito de 'genocidio', el próximo miércoles 14 en los juzgados de Buenos Aires, por familiares de dos víctimas de aquel régimen de fuerza, con el apoyo de las Abuelas de Plaza de Mayo y el Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros organismos. Así lo anunció este viernes a elmundo.es el abogado hispano-argentino Carlos Slepoy -Premio Internacional 2008 de la Asociación de Derechos Humanos de España- que actuó de querellante en el proceso que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón llevó adelante contra la dictadura argentina (1976-1983). "La denuncia se radicará el 14 de abril porque es el aniversario de la Segunda República española y para ello viajarán especialmente desde España varias personalidades, entre ellas, el presidente de la Asociación por la Memoria Histórica, Emilio Silva", confió el letrado. La historia de los denunciantes En la denuncia dos familiares directos de víctimas de Franco, que viven en Argentina, solicitarán ser querellantes: Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei; e Inés García Holgado, sobrina de un desaparecido y nieta sobrina de dos fusilados. Rivas Cando permaneció como desaparecido hasta que en 2005 fueron encontrados sus restos en una fosa común. "Reclamo algo que me corresponde: Justicia para gente que fue asesinada sin justicia. No estoy reclamando para mí solo, sino por todas las víctimas. Franco dijo que iba a dejar todo bien atado y que iba a seguir gobernando después de muerto y en España se siguen sufriendo los 40 años de dictadura", afirmó su hijo. Slepoy explicó que la querella de los deudos "solicitará el ejercicio de la jurisdicción universal en los crímenes contra la Humanidad, que es la misma jurisdicción que se aplico en los tribunales españoles para procesar a las dictaduras de Argentina, Chile, Guatemala, y hasta para condenar en Madrid al represor argentino Adolfo Scilingo". Investigación desde el 17 de julio de 1936 "El período a investigar será desde el 17 julio de 1936, porque ese día el franquismo ya perpetró crímenes, aunque el alzamiento castrense fue un día después, el 18, hasta el 15 de junio de 1977 cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas", precisó el abogado al salir de la reunión de organismos de Derechos Humanos en que se adoptó esta decisión. También adelantó que "se solicitará que España remita la lista de todos los ministros que hubo en la dictadura de Franco, así como de los jefes de las Fuerzas Armadas, y de la Falange Española. Y la relación de los que aún están vivos, con el objetivo de desarrollar pruebas en el procedimiento y eventualmente imputar a algunos de ellos". "Muchos familiares de ejecutados, desaparecidos y torturados que viven en España calculamos que vendrán a Argentina a dar sus testimonios y así se va a producir el mismo efecto, pero en sentido inverso, que existió cuando los argentinos y chilenos viajaban a Madrid a declarar en la Audiencia Nacional", agregó. Slepoy redondeó su idea en que "pretendemos que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del franquismo no queden impunes", en referencia a la paralización de la causa que instruía el juez Garzón hasta que ha sido acusado, entre otros, por la Falange de supuesta prevaricación en la interpretación de la Ley de Memoria Histórica. [Fuente: Juan Ignacio Irigaray, Diario El Mundo, Madrid, Esp, 10abr10]
Nota documental de Equipo Nizkor: Ante éste y otros artículos periodísticos aparecidos en distintos medios, por medio de los cuales se informa que el abogado argentino Carlos Slepoy "denunciará ante la justicia local los crímenes cometidos durante el franquismo en España" (Diario La Jornada, México, 11abr10), y ante el anuncio que según estos medios ha realizado el mencionado abogado en el sentido de que "los familiares de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco se presentarán en la Justicia argentina ateniéndose a la jurisdicción universal y abrirán una querella por genocidio en su país", consideramos necesario clarificar algunos extremos en aras de la adecuada información de las víctimas del franquismo y sus familiares, pues se trata de hechos documentados en sede judicial y que afectan al comportamiento tanto ético como profesional de dicho abogado: Carlos Slepoy Prada, y otros abogados, entre ellos José Luis Galán, se opusieron activamente, en forma pública y dentro del procedimiento, a la detención del capitán de corbeta de la Armada argentina Adolfo Scilingo (como quedó acreditado al inicio de la instrucción y con posterioridad durante el juicio oral), detención que pudo garantizar la posibilidad de juicio oral en el procedimiento que se seguía en España y el llegar a sentencia (como procesalmente sucedió). Esta oposición se basaba en que el abogado Carlos Slepoy pretendía impedir el testimonio de Adolfo Scilingo sobre la actuación de los colaboradores de la ESMA, como Juan Alberto Gasparini y otros, posición que mantuvo activamente hasta el final del procedimiento. Una vez recaída la sentencia condenatoria contra Adolfo Scilingo por crímenes contra la humanidad, anunció en el marco del procedimiento que recurriría la misma (ver: http://www.derechos.org/nizkor/espana/juicioral/doc/recursosent2.html), y efectivamente así sucedió (ver escrito de recurso de casación ante el Tribunal Supremo español, de 12ene06, disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/juicioral/doc/casacion.html). Este abogado no usó el derecho penal internacional ni el derecho internacional de los derechos humanos en la calificación de los hechos cometidos por el acusado Adolfo Scilingo, ni en la provisional ni en la definitiva, como puede comprobarse en los correspondientes escritos jurídicos. (Ver: http://www.derechos.org/nizkor/espana/juicioral/doc/provisional.html y http://www.derechos.org/nizkor/espana/juicioral/doc/def.html). La expresión crímenes contra la humanidad no se emplea en ninguno de los escritos menionados, mucho menos se fundamenta este tipo penal. Tampoco se fundamenta en derecho internacional la meramente alusoria mención a "genocidio". En el proceso oral se debatieron por tanto dos posiciones doctrinales: la representada por todas las acusaciones populares y particulares incluidas las representadas por los letrados Carmen Lamarca Pérez, Manuel Ollé Sese, Jaime Sanz de Bremond y Mayans, José Luis Galán Martín, Juan Puig de la Bellacasa y Carlos Slepoy Prada que defendió el tipo penal de "genocidio y terrorismo" y la no aplicación del derecho internacional, versus, la representada por el letrado Antonio Segura que contaba con el asesoramiento del Equipo Nizkor, y defendía que los hechos probados debían ser calificados como "crímenes contra la humanidad" y debía aplicarse el derecho internacional. Tanto la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como el Pleno Jurisdicional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, confirmaron que los hechos probados se corresponden con el tipo penal de "crímenes contra la humanidad", cerrando así un debate que duró once años y que se pretende nuevamente reavivar respecto de los crímenes del franquismo. Otro aspecto de la estrategia jurídica en que ambas posiciones se diferenciaban, es que el Equipo Nizkor fundamentó y fortaleció la prueba de la existencia de víctimas españolas (desaparecidos) de la dictadura argentina, para así procurar el primer reconocimiento jurídico a las mismas y afianzar la competencia de los tribunales españolas (estrategia que resultó exitosa), frente al enfoque encabezado por Carlos Slepoy Prada contrario a esa estrategia y explicitado en su oposición a la representación en el juicio de los desaparecidos españoles en Argentina. Durante la fase de investigación del procedimiento seguido en España, el periodista Juan Alberto Gasparini (alias "Gabriel Argento", "Esteban Garrido", "Alejandro Levi"), interpuso demanda por derecho al honor contra Gregorio Díaz Dionis (Presidente del Equipo Nizkor), Isabelo Herreros (Presidente de Izquierda Republicana) y contra José Francisco Pérez Esteban, integrante de la ejecutiva de Izquierda Republicana, y, en ese carácter, ambos integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida. El juez de lo civil dictó sentencia el 17 de marzo de 1999 desestimatoria de la demanda y condenó en costas a Juan Alberto Gasparini. El juez llegó a esta conclusión tras presentar los demandados pruebas documentales que llevaron a su Señoría a afirmar literalmente que "... fue dirigida la misiva con la finalidad en relación al Sr. Gasparini, que es la cuestión que nos ocupa, de poner de manifiesto la existencia de 'pruebas' o 'testimonios' que le podrían vincular al actor con el Almirante Massera o con el golpe de estado que tuvo lugar en Bolivia en el año 1980. A estos efectos, como se desprende de la documental aportada con la contestación a la demanda, sí que existirían una serie de documentos o declaraciones incluso, que constan en la causa penal instruída en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de los de la Audiencia Nacional que apoyarían lo que pone de manifiesto la carta en cuestión, lo cual implica que sea el Juzgado correspondiente en el caso de la Jurisdicción Penal, quien debe proceder en la forma que considere en relación a tales cuestiones" (Juzgado de Primera Instancia Núm. 5 de Madrid, Sentencia de 17 de marzo de 1999, Autos 1167/97). Tal misiva consiste en una carta remitida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia Federal de Izquierda Unida a D. Fernando Rueda, Redactor Jefe de la Revista TIEMPO, en la que se comunicaba confidencialmente a este medio, siguiendo lo extractado por el Juez en su sentencia, que "prestigiosos organismos de Derechos Humanos de varios países disponen de suficientes pruebas (algunas obran ya en nuestro poder), con algunos testimonios escritos, que señalan a su corresponsal en Ginebra, Juan Gasparini, como colaborador del Almirante Massera antes de 1978 y cómplice en 1980 en el golpe de estado de García Meza en Bolivia (conocido como el golpe de los narcotraficantes), hecho que actualmente comienza a investigarse en ese país a causa del asesinato del líder socialista boliviano Quiroga Santa Cruz, asesinado por esbirros de la Escuela Mecánica de la Armada que participaron en aquellos hechos y entre lo que destacaron el oficial de inteligencia naval Pernia, el torturador Alfredo Astiz y varios colaboradores voluntarios del entonces Ministro de Relaciones Exteriores argentino." El letrado Carlos Slepoy compareció ante el Juez de lo civil como testigo a favor de Juan Alberto Gasparini y contra quienes en el procedimiento en favor de los desaparecidos españoles durante la dictadura argentina seguido en la Audiencia Nacional promovían la aplicación del derecho penal internacional, entre ellos, Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor.Tal comparecencia está también acreditada en autos (Ref. Autos 1167/97, procedimiento sustanciado ante el Juzgado de Primera Instancia Núm. 5 de Madrid). Ante estos hechos, todos ellos documentados en sede judicial española, y ante la expectativa que la anunciada iniciativa en Buenos Aires pudiera despertar entre los familiares y asociaciones de víctimas de la represión franquista, nos vemos en la obligación moral de informar a las mismas, más aún cuando el apoyo a la iniciativa por parte de las asociaciones españolas se da precisamente por parte de Emilio Silva, que representa un grupo minoritario de asociaciones que viene promoviendo exhumaciones de fosas del franquismo sin procedimiento judicial alguno, en lo que podríamos calificar, sin duda procesal alguna, como destrucción de las pruebas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, posición que no comparten la mayoría de las asociaciones de víctimas del franquismo, entre ellas, la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo (AfarIIREP), la Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español - AGE (Archivo Guerra y Exilio) y la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Es de destacar, además, que Emilio Silva apoya la conocida como "Ley de la Memoria", en posición contraria a la defendida por el único diputado que se opuso a la misma en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà i Coma, perteneciente al partido Esquerra Republicana de Catalunya. Es moralmente reprobable que las víctimas republicanas muertas a manos del franquismo sean tratadas como restos arqueológicos en España a causa de la Ley de la Memoria y que quienes apoyan esa Ley pretendan entablar la demanda contraria en Argentina. Su dignidad merece mejor suerte. Charleroi, Madrid, y Buenos Aires
12 de abril de 2010
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ii) Garzón recurre el auto del Tribunal Supremo por declararse competente para juzgar al franquismo. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recurrido hoy ante el Tribunal Supremo (TS) el auto del magistrado del Alto Tribunal Luciano Varela que anticipa que le abrirá juicio oral por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. El recurso, que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha presentado ante la sala de lo penal del TS, alega que la doctrina expuesta en el último auto de Varela "es contraria a Derecho e impone un serio riesgo para la independencia judicial". En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, Garzón alega que "han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y grupúsculos marginales a ejercer una acción penal" contra él y añade que esperaba que el Supremo "valorase estas espurias motivaciones a la hora de no prestar crédito a tal persecución ideológica". [Fuente: Diario El Confidencial/EFE, Madrid, Esp, 10abr10]
iii) An Injustice in Spain. Spain's best-known investigative magistrate, Baltasar Garzón, is now being prosecuted in a politically driven case that should have been thrown out of court. Judge Garzón is charged with ignoring a 1977 amnesty law when he decided to investigate the disappearances of more than 100,000 people during Spain's 1930s civil war and the decade of Francoist repression that followed. The charges were brought by two far-right groups who fear an open investigation of the Franco-era record. Unfortunately, one of Mr. Garzón's fellow magistrates sustained the complaint and brought formal charges this week. As a result, he will now be suspended from his duties pending trial. If convicted, he could be barred from the bench for up to 20 years, effectively ending a career dedicated to holding terrorists and dictators accountable for their crimes. That would please his political enemies, but it would be a travesty of justice. The real crimes in this case are the disappearances, not Mr. Garzón's investigation. If, as seems likely, these were crimes against humanity under international law, Spain's 1977 amnesty could not legally absolve them. The suspected perpetrators are all dead, and Mr. Garzón long ago halted his investigation, passing jurisdiction to local Spanish courts in the areas where the victims were exhumed. Mr. Garzón is a fearless and controversial prosecutor who has made many enemies over the years. He has brought cases against Basque and Al Qaeda terrorists, powerful Spanish politicians, Latin American dictators and Russian mafia thugs. High-profile cases, like his bid to try the former Chilean dictator Augusto Pinochet, appeal to him, and sometimes he overreaches. But his consistent goal has been to deny impunity to the powerful and expand the scope of international human rights law. Mr. Garzón should be allowed to resume that work at the earliest possible date. Spain needs an honest accounting of its troubled past, not prosecution of those who have the courage to demand it. [Source: New York Times Editorial, New York, 09Apr10]
iv) La caída de Garzón redobla la presión internacional para derogar la ley de Amnistía. Baltasar Garzón se dispone a agotar su último recurso ante el Tribunal Supremo para evitar sentarse en el banquillo por prevaricación. Dentro de ocho días, el instructor Luciano Varela dictará auto de apertura de juicio oral, y el próximo 22 de abril el Consejo General del Poder Judicial le apartará de la Audiencia Nacional. Esta inminente caída del juez estrella ha despertado un movimiento de protesta entre la izquierda todavía muy disperso en España. Partidos políticos, sindicatos, asociaciones de derechos humanos, y plataformas ciudadanas en internet tratan de presionar al Alto Tribunal, pero en el ámbito internacional las demandas van más allá: el objetivo ya no es salvar al magistrado, sino poner fin a la ley de Amnistía de 1977. Varela impidió que la defensa del juez internacionalizara la investigación llamando a declarar a un grupo de apóstoles de la justicia universal. El instructor del Supremo alegó que se trataba de una "desconsideración" a la Sala Penal del Alto Tribunal el tener que recurrir a opiniones foráneas como las de Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal de Derecho Penal Internacional de Naciones Unidas; Juan Guzmán, juez chileno de la causa contra Augusto Pinochet; o Eugenio Raúl Zaffaroni, magistrado argentino que participó en la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia. Sin embargo, el caso Garzón no ha pasado desapercibido en el exterior, y organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI) o la Comisión Internacional de Juristas han aprovechado para dirigir sus exigencias hacia la derogación de la ley de Amnistía acordada durante la Transición. En un comunicado emitido ayer, AI recordaba que este tipo de leyes "no pueden entrar en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, y éstas dicen claramente que el crimen de la desaparición forzada no es amnistiable, es imprescriptible, y que entorpecer su investigación es un delito". Asimismo, esta organización señala la contradicción de que la Audiencia Nacional haya asumido la competencia para perseguir crímenes en Chile o Argentina, pero no pueda hacerlo para investigar en su propio país. Fuentes de AI España aseguraron que están siguiendo con preocupación el caso, y que no se descarta una movilización de la organización en todo el mundo si no se detiene el proceso contra el juez. Muy similar es la posición de Human Rights Watch, que en marzo ya advirtió a las autoridades españolas que deben cumplir la recomendación de Naciones Unidas para poner fin a la ley de Amnistía. Esta organización reconoció "la contribución de la labor del magistrado Garzón para obtener justicia por atrocidades cometidas en todo el mundo", y denunció que la Justicia española ha impedido "sistemáticamente" las investigaciones sobre los abusos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Los sindicatos lideran la movilización en España Por otra parte, fuentes de la Comisión Internacional de Juristas subrayaron a este diario que, más allá de su respaldo a Garzón, su preocupación se centra en el posible menoscabo a la independencia de los jueces en España, si pueden ser perseguidos penalmente por las decisiones que tomen en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que la decisión de sentar en el banquillo al juez estrella está generando un efecto que va más allá del debate en torno a su figura, y que ni siquiera se planteó durante la elaboración de la ley de Memoria Histórica. Las organizaciones internacionales han resucitado la vieja demanda de poner fin a la amnistía, y pueden poner en tela de juicio el funcionamiento de la Justicia española. Este discurso ha calado en las crónicas de los medios internacionales que se han ocupado del caso Garzón. The New York Times, The Guardian, BBC o Los Angeles Times han dado voz a las citadas organizaciones, y planteado el problema en torno al juez de la Audiencia Nacional como una respuesta del Estado a su interés por los crímenes del franquismo, en lugar de analizar la controvertida carrera del magistrado. Mientras, en España sigue sin aglutinarse una respuesta única a favor del juez imputado. Ya se han producido manifestaciones minoritarias ante la Audiencia Nacional, y el 13 de abril UGT y CCOO celebrarán un acto conjunto de respaldo en Madrid. Desde el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero o Manuel Chaves han tenido palabras de apoyo a Garzón, e Izquierda Unida ha advertido de la contestación social que puede provocar su condena. Además, han surgido diversos grupos en Facebook, tanto en castellano como en inglés, por lo que la presión nacional e internacional sobre el Tribunal Supremo no ha hecho sino comenzar. [Fuente: Alberto Mendoza, El Confidencia, Madrid, Esp, 09abr10]
v) Spanish judge Garzon may face trial for abuse of power. The Spanish judge who won fame for his attempt to extradite former Chilean dictator Augusto Pinochet could go on trial himself after Spain's Supreme Court ruled he had likely abused his powers. Spain's highest court ruled on Wednesday that Judge Baltasar Garzon likely abused his judicial powers in improperly investigating alleged human rights crimes carried out during the dictatorship of Francisco Franco in Spain. The judge who made headlines around the world could go on trial himself. In 2008, Garzon ordered an investigation into an estimated 100,000 people who were shot and buried during Spain's 1936-39 civil war and under Franco's ensuing rule. The investigation was later dropped by Garzon. However, several right-wing groups complained he had knowingly exceeded his official remit during the investigation. On Wednesday a magistrate upheld the complaint, saying Garzon had acted without jurisdiction. "Aware of his lack of jurisdiction and that the crimes reported lacked penal relevance when the proceedings began, (Garzon) built a contrived argument to justify his control of the proceedings he initiated," Luciano Varela, an investigating magistrate on the Supreme Court said in the ruling. Garzon faces up to ten years in prison and a ban on working as a judge if found guilty. He has strongly denied that he broke the law. Hero or fame-seeker? Garzon is a divisive figure in Spain. Seen as a hero by leftists and international human rights groups, he is accused by Spanish conservatives of harboring grudges and seeking the media limelight with his pursuit of high-profile cases. He made headlines around the world in October 1998 when he ordered the arrest of former Chilean dictator Augusto Pinochet in London under the principle of "universal jurisdiction." Universal jurisdiction holds that heinous crimes like torture or terrorism can be tried in Spain even if they had no direct link to the country. Garzon has also been active in Spain's crackdown against the Basque separatist group ETA and is reported to be on their list of assassination targets. [Source: Deutsche Welle, cb/Reuters/AFP, 08Apr10]
vi) Las asociaciones de jueces creen que el auto de Varela es el paso definitivo para la suspensión. Las asociaciones de jueces creen que la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de proceder penalmente contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar, sin ser competente para ello, las desapariciones durante el franquismo es el paso definitivo para la suspensión de Garzón. En declaraciones a Europa Press, los portavoces de Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) coincidieron en señalar que el último paso dado por el magistrado del Supremo significa, "sin lugar a dudas", que el alto tribunal considera que hay indicios suficientes para "proceder" contra Garzón, con lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) procederá a apartarle de sus funciones. Según Antonio García, de la APM, el auto de Varela es una resolución "en la que material y formalmente se contiene una imputación por un eventual delito de prevaricación", es decir, "es un auto de imputación desde el punto de vista formal y material en el que se ha declarado haber lugar a proceder contra Garzón". Por ello, y dado que esto supone una de los supuestos que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para suspender de sus funciones a un magistrado, "lo que cabe esperar es que el CGPJ suspenda" al juez. El portavoz de JpD, Ignacio Espinosa, también cree que la eventual suspensión de Garzón podría ser inminente, ya que si antes "había dudas" de que la apertura de diligencias previas se ajustaba a los supuestos de la LOPJ --que contempla la suspensión de un juez "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder" contra él-- con el último paso de Varela "ya sí" estamos ante un procedimiento judicial. "Es un paso más para sentarlo en el banquillo, con lo cual es seguro que la Comisión Permanente (del CGPJ) lo va a suspender", estimó Espinosa, que se mostró convencido de que esta será la decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces. "Situación anómala" sin fiscal Por su parte, el portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero, también coincidió en considerar que esta "imputación formal" de Garzón "podría dar lugar" a su suspensión, aunque apuntó que habrá que "ver qué hace el CGPJ", porque "el criterio siempre ha sido que si el fiscal no está en la querella no hay suspensión". Sexmero aseguró que "nunca se había dado un caso similar a éste", en el que una denuncia contra un juez sin el apoyo del fiscal llegara tan lejos. "Como es un caso novedoso, vamos a ver qué decide", insistió. Conrado Gallardo, del FJI, también apuntó que la ausencia de acusación del Ministerio Público ha creado una "situación muy anómala", ya que "normalmente en un asunto tan grave" la denuncia a un juez "debería tener el resplado de la acusación del fiscal". En cualquier caso, en su opinión, ahora "la única duda" es ver si el Consejo va a actuar ya o va a esperar a que las partes formulen sus acusaciones, ya que el auto de apertura de juicio oral (el siguiente que cabría esperar) sería "algo automático". A su juicio, una vez formulada la acusación "sería grave que no se procediese a la suspensión". [Fuente: Diario La Vanguardia, Europa Press, Barcelona, 07abr10]
vii) El 'caso Garzón' propicia una nueva mayoría en el CGPJ al margen de los grandes partidos. Baltasar Garzón, o el caso del juez de la Audiencia Nacional sobre el que pesan tres querellas admitidas a trámite por el Tribunal Supremo (TS), ha provocado un notable corrimiento de fuerzas en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al margen de la tradicional división derecha-izquierda existente en el órgano de gobierno de los jueces. Una parte de los nueve vocales "progresistas" (nombrados por el PSOE) han hecho causa común con el bloque "conservador" y parecen dispuestos a votar a favor de la suspensión cautelar del polémico magistrado. Fuentes cercanas al Consejo consultadas por este diario aseguran que la eventual suspensión del juez de la Audiencia Nacional se producirá "a lo largo de mayo", y no antes de que el Supremo decida sobre la apertura de juicio oral o, en su caso, el archivo de la causa. De las tres querellas admitidas a trámite, la más avanzada y sobre la que el TS podría decidir de inmediato es la relativa a la Memoria Histórica o "causa general contra el franquismo" abierta por el juez, procesalmente pendiente ya de un último recurso planteado por el propio Garzón. Aunque la decisión de inhabilitarlo debería ser tomada por la Comisión Permanente del CGPJ como órgano que actúa por delegación del Pleno, la importancia del asunto a dilucidar ha convencido al presidente, Carlos Dívar (nombrado por acuerdo entre Zapatero y Rajoy), y a la práctica totalidad de los vocales de que el asunto se trate en Pleno. El Consejo está compuesto por 21 vocales, presidente incluido, nueve nombrados a propuesta del PSOE, otros nueve por el PP y dos por los partidos nacionalistas catalán y vasco. Lo llamativo del "corrimiento de tierra" operado por el caso Garzón, un asunto que ha puesto en vilo a la cúpula judicial y a la propia sociedad española, es que el llamado bloque progresista se ha partido en prácticamente dos mitades, una de las cuales estaría dispuesta a votar junto al bloque "conservador" para conformar una nueva mayoría que, trascendiendo a la tradicional división en bloques izquierda-derecha, podría consolidarse hasta representar una auténtica revolución en el órgano de gobierno de los jueces. Se trata de los vocales "progresistas" Félix Azón, Inmaculada Montalbán, Carles Cruz y Margarita Robles, magistrados puros y duros, partidarios de la suspensión del juez en cualquier caso, dada la gravedad de las tres querellas que pesan contra él. Particular relevancia tiene el caso de Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior con Felipe González, miembro de Jueces para la Democracia (JpD), que, sin embargo, ha decidido abstenerse en la votación de marras después de ser recusada por Garzón dada la "enemistad manifiesta" que, según el propio juez, le profesa. ¿Qué quedaría en el cogollo más pro PSOE de entre los "progresistas"? Pues el cuarteto formado por los vocales Gabriela Bravo (de la carrera fiscal y portavoz del CGPJ), Almudena Lastra (también fiscal), Miguel Carmona y José Manuel Gómez Benítez, abogado e íntimo amigo de Baltasar Garzón, además de hombre de confianza del Gobierno para cuestiones sensibles relacionadas con ETA y su entorno. Con este cuarteto suele votar la vocal Margarita Uría, ex diputada del PNV y propuesta por esa formación para formar parte del CGPJ. El representante de CiU en el CGPJ es Ramón Camp, ex vicepresidente segundo del Parlamento catalán y ex diputado de dicha formación. División también en el bloque conservador Pero tampoco se puede hablar de que el bloque conservador sea monolítico. En dicho bloque, en efecto, figuran los vocales Claro José Fernández-Carnicero, letrado de las Cortes, y Concepción Concha Espejel, presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, conocidos con cierto deje irónico como los enfant terribles del grupo conservador, que suele hacer sus pinitos la margen del grupo. Teniendo en cuenta los tres vocales que han anunciado su abstención en la correspondiente votación (los ya citados Robles, Gómez Benítez, y el vocal vinculado al PP Fernando de la Rosa -ex conseller de la Generalitat valenciana-, también recusado por Garzón), serían 18 los vocales del CGPJ sobre los que recaería la tarea de decidir la suspensión de Garzón, por lo que el voto favorable a la misma de 9 de ellos, mayoría simple, sería más que suficiente para apartar al juez cautelarmente de la carrera. Un objetivo, el de los 9 votos, fácilmente alcanzable con la suma de los 7 vocales conservadores partidarios sin remilgos de suspender al juez, más los 3 ó 4 -dependiendo de la decisión final que adopte Inmaculada Montalbán- del bloque progresista. En total, 10 votos seguros -11, en su caso- a favor de la suspensión de titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y ello sin contar con la decisión que adopten los dos mencionados vocales terribles de adscripción PP. "En realidad, el CGPJ podría sacar ahora mismo adelante la suspensión cautelar del magistrado", aseguran las fuentes, "porque el artículo 383 de la LOPJ es taxativo a la hora de calificar la situación de un juez con tres causas abiertas, pero sería una victoria ajustada a pesar de todo. El Consejo, a sabiendas de las críticas que está recibiendo por ello, ha decidido esperar a que el instructor Luciano Varela, del TS, dicte la apertura de juicio oral, porque en ese caso la decisión del CJPJ podrá presumiblemente adoptarse por unanimidad". [Fuente: Diario El Confidencial, Madrid, Esp, 07abr10]
viii) Garzón se sentará en el banquillo por prevaricación en la causa que abrió contra el franquismo. La querella fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias | Se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y Falange Española y de las JONS | Garzón se enfrenta a una posible condena de multa e inhabilitación. Madrid. (Europa Press).- El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha transformado las diligencias contra el juez Garzón por abrir una causa contra el franquismo en un procedimiento abreviado, por lo que el magistrado de la Audiencia Nacional deberá sentarse en el banquillo. Esta decisión conllevará según la Ley, conllevará su suspensión provisional, que será decidida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) previsiblemente el próximo 22 de abril. [Fuente: Diario La Vanguardia/Europa Press, Barcelona, 07abr10]
Más Información:
http://www.derechos.org/nizkor/espana/impu/ Texto del Auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela disponiendo
proceder contra el Juez Baltasar Garzón por delito de prevaricación.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon86.html El Supremo sienta a Garzón en el banquillo a la espera de que el CGPJ le suspenda
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon87.html El caso contra el juez Baltasar Garzón muestra las contradicciones
estructurales del sistema de impunidad español.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon47.html Nota de Derechos Human Rights sobre las acusaciones
contra el Juez Garzón.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon46es.html On the charges faced by Judge Garzon in Spain.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon46.html Jueces para la Democracia vaticina que Garzón será
absuelto por su causa contra el franquismo.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon91.html Dos abogados de provincias dejan noqueado al 'superjuez' Garzón
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon83.html La Fiscalía no apoyará la suspensión de funciones
de Garzón.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon45.html Recurso de Apelación del Juez Baltazar Garzón en contra
del Auto de procesamiento por prevaricación en su contra.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon43.html Auto acusatorio en contra del Juez Baltasar Garzón a causa de su declaración
de competencia sobrevenida en el caso de víctimas del franquismo.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon42.html Auto de admisión a trámite de la querella contra Baltasar
Garzón por los cobros del Banco Santander en New York.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon41.html | 
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