Suplemento Domingo La Republica 02Mayo10
La intolerancia asoma EN LA PUCP
La pretensión del arzobispo Cipriani de intervenir y controlar la Universidad Católica quedó fortalecida con la decisión del Tribunal Constitucional que declaró infundado el recurso de amparo presentado por la PUCP. De llegarse a consumar este propósito, la enseñanza en esta universidad, signada por su espíritu librepensante, por el desarrollo del pensamiento crítico y por una formación inclusiva, humanista, liberada de dogmas y prejuicios, corre serio peligro. Aquí algunos docentes y estudiantes expresan sus justificados temores sobre lo que se perdería con la intromisión cardenalicia.
Por Ghiovani Hinojosa
Una amenaza fundada se cierne sobre las aulas de la Universidad Católica. El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, pretende administrar no solo el patrimonio de esta casa de estudios, sino también la enseñanza académica. Y es que si Walter Muñoz Cho, el abogado designado por él en la Junta Administradora de bienes dejados por José de la Riva Agüero, gana el juicio que se ventila actualmente en la vía civil, el arzobispo tendría capacidad dirimente en cualquier tipo de controversia al interior de la institución. Así, Cipriani estaría habilitado, por ejemplo, para exigir reformas de los planes de estudios, reorientar el estilo de las cátedras y prescindir de muchos docentes. El pensamiento crítico y la tolerancia a la diferencia, valores democráticos que han caracterizado por décadas la formación en esta universidad, podrían verse acorralados por la visión conservadora y e intolerante del cardenal Cipriani.
¿Chau estudios de género?
Tanto profesores como alumnos de la PUCP piensan que una de las primeras áreas académicas que serían cuestionadas y eliminadas si Cipriani gana el juicio que, a través de Muñoz Cho, se ventila en el 16 juzgado civil de Lima, son los estudios de género, vinculados a la autonomía de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y la reivindicación del placer. En la Católica se puede llevar un diplomado o maestría en género, y hay varios cursos de la misma temática en las facultades de Letras y Ciencias Humanas. La escritora e historiadora María Emma Mannarelli, coordinadora del Programa de Estudios de Género de la Universidad San Marcos, explica por qué un veto eclesial en este caso es más que probable. “Para el ala conservadora de la Iglesia Católica el sexo es abominable, de allí su ataque a todo tipo de métodos anticonceptivos. Los estudios de género, que critican la subordinación femenina y cuestionan la jerarquía en las relaciones sociales, son para ellos la encarnación del mal; lo han dicho muchas veces. El Vaticano sataniza a las mujeres que reclaman autonomía y reivindican sus derechos”, sostiene.
Pero Mannarelli también ensaya la hipótesis de que debajo de las pretensiones cardenalicias subyace una simple sed de poder. “El control de la sexualidad de las mujeres por parte del catolicismo le permite a sus autoridades tender una alianza con los pequeños y grandes patriarcas del país. Tal vez Cipriani no esté buscando un gran púlpito desde el que pueda dirigirse a la sociedad, sino sencillamente fortalecer una alianza con ciertos sectores conservadores”, opina. De cualquier forma, lo que está en juego es la suerte de uno de los escasos focos de pensamiento crítico del Perú, ese que en los noventa, mientras San Marcos y otras universidades mostraban fuertes sesgos ideológicos, mantuvo su neutralidad académica y se opuso democráticamente a los gestos autoritarios del gobierno de Alberto Fujimori.
Derechos humanos, esa cojudez
“¿Alguien puede sostener en el país que no hay que proponer estrategias para reducir la discriminación étnica, social y económica? ¿alguien está en contra de concientizar a la sociedad para que no deteriore el planeta? ¿quién está a favor de la violación de los derechos humanos?”. Las preguntas del filósofo Augustro Castro, director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la PUCP, son intencionalmente ingenuas. Castro pretende demostrar con razonamientos básicos que las líneas de trabajo de la Universidad Católica sintonizan con el sentido común de los peruanos. El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, la campaña publicitaria “Clima de Cambios” y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) son esfuerzos concretos de esta institución por comprometerse con la vida nacional.
No hay que olvidar que varios de sus profesores, entre ellos el ex rector Salomón Lerner Febres, el jurista Enrique Bernales y el sociólogo Rolando Ames, integraron la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que el 2003 entregó al país un Informe Final que ahonda en las causas y consecuencias de la violencia política. Tampoco podemos olvidar que este documento, en su capítulo referido al rol que jugaron las organizaciones sociales, describe al entonces obispo de Ayacucho Juan Luis Cipriani como un descreído de los derechos humanos. Así, el informe cuenta, por ejemplo, que Cipriani se expresó a favor de la pena de muerte a Abimael Guzmán y respaldó la amnistía a los miembros del Grupo Colina durante el fujimorismo; además de registrar la desafortunada frase que soltó en una entrevista en 1994: “…la Coordinadora de Derechos Humanos, esa cojudez”. “A sabiendas de que no era políticamente correcto, la Católica asumió el riesgo de decir muchas verdades que estaban tapadas. Porque la tarea de un académico es decir la verdad aunque se caiga el mundo. Eso es pensamiento libre”, recalca Augusto Castro.
Justamente, por el desinterés que el arzobispo de Lima muestra frente a los derechos humanos es que las autoridades del IDEHPUCP se consideran un blanco inmediato de ataques en una eventual administración conjunta entre él y las autoridades universitarias. La abogada Rocío Villanueva, su nueva directora, precisa que la contribución que hace este órgano con la sociedad peruana se mide no sólo en términos de investigación académica, docencia y capacitación de funcionarios públicos, sino también a través de la promoción de reformas legislativas. Así, lograron la aprobación de las leyes 29248 y 29312, que cubren vacíos jurídicos del ejercicio del derecho a la identidad, y aguardan por estos meses que el Congreso debata su proyecto de ley sobre una nueva política nacional de salud mental. Un trabajo que corre el riesgo de interrumpirse por la intolerancia del pretendido nuevo administrador.
No me gustas, pero te respeto
Cuando el joven Walter Albán ingresó a la Facultad de Derecho a inicios de los setenta, se vivía allí una fuerte ebullición intelectual. Los “Wisconsin boys”, un grupo de noveles abogados que se habían formado en nuevas metodologías de enseñanza de las leyes en los Estados Unidos, protagonizaban larguísimos debates teóricos con los guardianes del conservadurismo profesal, docentes de antaño que defendían la ‘charla magistral’ y evitaban la participación de los alumnos en clase. “La controversia se ventiló públicamente, pero con mucha altura y respeto por la idea diferente e, incluso, contraria”, recuerda Albán, ya ahora convertido en el decano de la facultad.
El reconocido pluralismo de la Universidad Católica sigue vigente. Lo demuestra la sana convivencia en sus claustros de dos posturas divergentes sobre las ciencias sociales y el rol del académico. Por un lado, los sociólogos Sinesio López y Nelson Manrique, de formación marxista, reivindican su compromiso político, y, por el otro, un grupo de jóvenes sociólogos encabezado por Martín Tanaka y entre los que figuran Alberto Vergara, Carlos Meléndez y Eduardo Dargent, privilegian el dato estadístico en las indagaciones y optan por ubicar al investigador como un analista de la realidad. Bienvenidos todos, es la premisa básica. De allí el temor de que el cardenal Cipriani no sea un buen anfitrión: “Su posición entraña el fin de la universidad como un espacio de argumentación libre. Se trata de una visión autoritaria que incita a la sumisión miedosa en vez del diálogo razonado. La historia nos enseña que hay una afinidad profunda entre la pretensión de tener el monopolio de la verdad, el desprecio por el otro y la violación de las leyes”, analiza Gonzalo Portocarrero, profesor de la Maestría en Estudios Culturales, también candidata a la censura en un eventual cogobierno eclesial.
Aclaración final
No se trata de idealizar a la Universidad Católica ni de cerrar los ojos frente a sus aspectos cuestionables. En octubre pasado, por ejemplo, un sector de los trabajadores administrativos protestó porque aducía que no se les había aumentado los salarios en la misma proporción que a los directivos. “Con sus fallas, con sus defectos, con sus argollas, la PUCP encarna una vocación de hacer universidad que va más allá de la ‘producción de profesionales’. Tratamos, con honestidad y dedicación, de ser una buena universidad en el gran sentido de la palabra; lo intentamos todos”, dice Eduardo Villanueva, profesor de Comunicaciones. Ojalá también que Cipriani comprenda que la idea diferente, las novelas sin Dios y los polos con tiritas no perjudican el desarrollo de una clase, sino más bien reflejan la maravillosa libertad que tiene el ser humano.
Batalla judicial pendiente
“¿El padre Dintilhac (antiguo rector de la PUCP) estaría satisfecho de ver hoy cómo se está manejando el criterio de igualdad en relación a los sueldos y pensiones, a la diferencia entre los directivos y los demás?”, preguntó el cardenal Juan Luis Cipriani recientemente en su programa radial “Diálogo de Fe”. Si bien ha ganado la batalla en el Tribunal Constitucional, todavía le falta triunfar en el frente principal: el 16 juzgado civil de Lima. Allí se han fusionado dos procesos judiciales –uno promovido por el rector de la Católica, Marcial Rubio, y otro por Walter Muñoz Cho– en el que se interpretará los testamentos que legó José de la Riva Agüero y se decidirá si se revisa el acuerdo de la junta de 1994 de eliminar toda capacidad del Arzobispado para decidir sobre los rumbos de la universidad. Como la sentencia del TC, en una grave violación de sus propias facultades, analiza estos últimos puntos, se espera que la Católica haga lo posible por evitar que el juzgado civil oriente su sentencia en base al fallo del Tribunal Constitucional. Se calcula que el proceso en la vía ordinaria duraría entre dos y tres años.
El profesor Cipriani
Una clase con el cardenal Juan Luis Cipriani como profesor podría estar signada por el silencio sepulcral. Los brazos cruzados y la mirada en el vacío, sus discípulos sometidos a una seguidilla de sermones político-religiosos sobre el desenfreno del mundo contemporáneo y las fuerzas del mal que empujan a todo convicto defensor de los derechos humanos. “Lo primero que haríamos al entrar al aula sería una ‘reflexión matutina’, un espacio para comentar las razones para oponerse a los matrimonios homosexuales, los medios de comunicación azuzadores y las píldoras del día siguiente”, imagina Renato Constantino, estudiante de Derecho y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.
Si alguien alzara la mano para mostrarse disconforme con alguno de los dogmas ventilados, su pretensión rebotaría en las cuatro paredes del salón. Así lo sospecha Renato: “Cipriani evitaría discutir con frases como ‘Es una revelación divina’, ‘El Señor lo ha querido así’ o ‘Esto excede tu entendimiento’”. La bibliografía escrita por el cardenal docente en la pizarra tendría una serie de omisiones. Tratados socialistas de Karl Marx, perturbadoras novelas existencialistas de Jean Paul Sartre y manifiestos católicos alternativos de Gustavo Gutiérrez, formarían parte de una lista negra de obras cuya lectura se buscaría desincentivar. Esto no se buscaría ejecutar a través de prohibiciones expresas, algo escandaloso en tiempos liberales, sino a partir de sutiles hostigamientos en clase dirigidos a aquellos que pecan de excesiva curiosidad intelectual, como ocurre en los centros educativos conservadores.
La indolencia del Minsa
Al nacer les contagiaron VIH a través de una transfusión de sangre. Una negligencia médica por la que el Ministerio de Salud regatea en el pago de las indemnizaciones. Las víctimas llevan esperando entre cuatro y seis años, mientras la institución alega falta de presupuesto, investigaciones, cálculos y nuevos trámites para cumplir con su deber. ¿Qué pasa, señor ministro?
Por María Isabel Gonzales
Fotos Rocío Orellana
Daniel es un niño de apenas tres años y en sus venitas ya carga con el Virus de la Immunodeficiencia Humana (VIH). La causa es una transfusión de sangre hecha en el Hospital Daniel Alcides Carrión en el 2006. El Ministerio de Salud (Minsa) admitió públicamente su responsabilidad y como reparación por este daño ofreció a sus padres 112 mil soles. Si se divide esa cantidad entre los doce meses del año, se llega a la siguiente conclusión: por haber transferido a un recién nacido directamente a las venas un virus que puede matarlo el Ministerio pretende desembolsar S/. 550 soles mensuales hasta que cumpla 17 años. Le ofrecen educación en los colegios estatales, asistencia nutricional a través del Pronaa –comedores populares–, y salud cubierta por el Sistema Integral de Salud. Es decir “beneficios” que en la práctica son derechos de todos los peruanos.
Daniel no tiene idea de lo que sucede. No tendría por qué. Por las mañanas cuando recibe su dosis de antirretrovirales, por curiosidad pregunta: “¿estoy enfermo?”. Y su mamá Aixa toma aire, lo mira con ternura y le dice que si toma la medicina todo va a estar bien. Él le cree y obedece. Daniel nació el 24 de setiembre del 2006 y no llegó solo. Lo acompañó su hermano gemelo Marcelo. Fueron prematuros, de 31 semanas. Por eso en el Hospital Carrión los internaron en el Servicio de Neonatología durante dos meses. Fue ahí donde recibieron cuatro transfusiones de sangre cada uno. Nueve meses después –el 24 de junio del 2007– empezaron las primeras señales de que algo no andaba bien.
Ese mismo año el Minsa conformó una comisión de alto nivel para investigar el caso. José Daniel Hidalgo y Aixa Lorenzo, padres de Daniel, creyeron que la institución estaba tomando cartas en el asunto. Pasó un año más. En el 2008, crearon una nueva comisión que recomendó para Daniel una reparación entre 500 mil y un millón de soles. Y cuando ya parecía que estas recomendaciones quedarían en el papel –agosto del 2009– recibieron la oferta de los 112 mil soles. Por supuesto, no aceptaron el monto ofrecido. No por capricho, sino porque se sintieron burlados. Optaron por la vía judicial que hasta hoy tampoco les da resultados.
Solo una promesa
“Le estaba dando de lactar y el médico me dijo tu hija es positiva”, cuenta Angélica Flores Torres. Mientras le hacían preguntas para encontrar el origen del virus, ella recordaba el día en que Angela nació en la ex maternidad de Lima. Así como Daniel, fue una bebé prematura. Un 19 abril del 2004 pasó de su vientre a una incubadora. La historia clínica evidencia que fueron 39 veces las que Ángela recibió transfusiones de sangre. En julio del mismo año le dieron de alta. Las fotos muestran a una bebé aparentemente saludable. La alarma se prendió en octubre cuando una extraña tos la consumía. La internaron en el Hospital de Emergencias Pediátricas. Al finalizar el mes ya estaba de vuelta en casa con un tanque de oxígeno permanente.
Celebró su primera navidad y año nuevo en familia y al llegar enero empezó el vía crucis. Esta vez la internaron en el hospital San Bartolomé. Angela tenía vómitos y diarreas. Después de una serie de exámenes, pidieron una prueba de Elisa.
Tenía el virus y le esperaban dos y medio de convalecencia postrada en su camita. Su organismo no reaccionó bien a los antirretrovirales. Uno de ellos le ocasionó sordera y como vomitaba todo lo que comía empezaron a alimentarla por una sonda insertada en el estómago. Para que no se quite la sonda ni las intravenosas la ataron a su cama. Como secuela su tendón de Aquiles se acortó y hasta hace dos semanas no podía estar en pie. Le hicieron una cirugía para que pueda caminar y valerse por sí misma.
“Ya tiene seis años y es una niña muy lista. Solo necesita un poco más de tiempo para aprender. Podría estar mucho mejor, necesita un implante coclear en el oído, eso le devolvería la audición. Pero yo no puedo pagar los 25 mil dólares que me piden por eso, y el SIS no cubre ese aparato”, dice Angélica. Tiene solo 22 años y habla con una mezcla de cansancio y frustración. Cuenta que el día en que Pilar Mazzetti, entonces ministra de Salud, le ofreció atención de primera a su hija, un empleo para ella, apoyo con una carrera universitaria y hasta una vivienda, ella no se sintió tan desolada. Pero ahora que vive alojada en la casa de un tío, pidiendo su mamá y a su hermana que cuiden a su hija mientras ella trabaja por un sueldo que con las justas da para atenderla, sí siente que el mundo la va aplastando de a pocos.
“Guardé silencio en mi caso, porque creí en la palabra de la ministra pero todo quedó ahí. El año pasado cuando Angelita se puso mal otra vez decidí demandar al Minsa”, dice Angélica. Sin embargo, cuando el ministro Óscar Ugarte la convocó a una mesa de diálogo –en agosto del 2009– junto a los padres de otros niños afectados, como José Daniel Hidalgo, tuvo la esperanza de que su hija tendría todo lo que necesita. Pero hasta este primer domingo de mayo, Angélica no tiene ninguna novedad.
Ni con sentencia
Carmen Guevara sigue esperando. En el 2004 su hijo Christopher fue contagiado con VIH en la ex Maternidad de Lima. Demandó al Estado y en abril del 2009 el Poder Judicial le dio la razón. Una sentencia ordenaba al Minsa una indemnización de 800 mil soles. Como el Minsa apeló, esperó hasta noviembre, cuando la Corte Superior de Lima ordenó una vez más que se efectúe el pago. Aunque el ministro Ugarte se allanó a la sentencia aún no ordena el desembolso del dinero. ¿Qué es lo que está esperando?
Según el decano del Colegio Médico, Ciro Maguiña, Daniel, Ángela y Christopher pueden vivir con la administración rigurosa de sus antirretrovirales. Pero en más de una ocasión les han dicho que no hay stock y que esperen. Más de una vez la familia Hidalgo se ha visto forzada a darle medicamentos vencidos a su hijo. Esa no es calidad de vida, y con 550 soles mensuales es muy poco lo que esos padres pueden hacer.
El ministerio de salud responde
Desilú León Chempén
Secretaria general del Minsa
–¿Por qué a Daniel Hidalgo se le ofrece una reparación de 112 mil, cuando hay antecedentes de otras reparaciones más elevadas?
–Para los niños hay un monto que se calculó hasta que cumplan 17 años. En este caso se ofreció 112 mil, pero hay un monto adicional que se entregará a partir de los 18 años. Eso dependerá del proyecto de vida que tengan. Los criterios utilizados para personas mayores como Judith Rivero son diferentes porque estas tienen un proyecto de vida que se ve truncado, en cambio el niño tiene una expectativa de vida que nosotros cubrimos con este monto. Y el caso de Carmen Guevara también es diferente porque ella pidió ese cifra vía el Poder Judicial. Estamos en los trámites para cumplir con el pago.
–Una comisión recomendó pagar no menos de 500 mil para Hidalgo. ¿Por qué lo rebajaron a 112 mil?
–La reparación comprende atención médica, asistencia nutricional y escolaridad. No es solo 112 mil soles, a este monto hay que sumarle el valor de atención en salud en el SIS, el tratamiento gratuito antirretroviral, la cobertura en enfermedades, esto también tiene un valor. Se coordinará con el Ministerio de Educación para que el niño tenga asegurada su escolaridad y con el Pronaa para que tenga una canasta básica.
–Esos son derechos de todos...
–Bajo el esquema actual aún no funciona el aseguramiento universal. Lo que estamos garantizando es que ese niño aunque no tenga un seguro será atendido en la red de hospitales del Estado. Es cierto, la primaria y secundaria son gratuitas. En cambio la educación universitaria sí tiene un costo que también garantizamos después de los 17 años.
–Y el caso de la niña Ángela Flores, a ella le niegan una reparación.
–Ese caso junto con otros cuatro fueron evaluados el año pasado en una comisión. Ya se hizo un cálculo para ella, pero aún no la hemos contactado porque el Ministro debe firmar una resolución que autorice los pagos. Pero ya debe darse en estos días, probablemente la primera semana de mayo se le notificará a la señora Flores. Claro, dependerá de ella, si acepta la compensación.
La venganza contra Garzón
Conocido por haber perseguido a Pinochet y Videla, así como a terroristas, narcotraficantes y corruptos, el magistrado Baltasar Garzón ha sido empujado al banquillo de los acusados por investigar los crímenes del franquismo. Increíble
Por Ángel Páez
La Audiencia Nacional, el tribunal con jurisdicción en todo el territorio español, se ganó el aplauso del mundo al apoyar la decisión del magistrado Baltasar Garzón Real de perseguir a los dictadores Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, responsables de haber ordenado la tortura, muerte y desaparición de ciudadanos peninsulares en Chile y Argentina. Pero cuando Garzón resolvió investigar los crímenes del “generalísimo” Francisco Franco, la magistratura le dio la espalda al acoger una denuncia de la ultraderecha contra el magistrado para que no toque nada del oscuro periodo del franquismo.
Hoy este caso divide a España. Unos respaldan la determinación de Garzón de conocer la verdad y sancionar a los responsables, y otros lo acusan de abrir viejas heridas y odios atávicos. Es la lucha entre la verdad y el olvido, entre la sanción y la impunidad.
Todo comenzó el 16 de octubre del 2008. Baltasar Garzón resolvió que existía suficiente evidencia para investigar ejecuciones extrajudiciales durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y en el periodo del franquismo de represión indiscriminada. Su siguiente paso fue ordenar la exhumación de 19 fosas comunes. El juez tomó esta decisión debido a que se estima que entre el millón de muertos que dejó el conflicto, la mayor parte de las víctimas no eran combatientes, como el poeta granadino Federico García Lorca, fusilado sin haber empuñado un arma y desaparecido en una tumba sin nombre. Según el razonamiento del magistrado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, aunque ya nadie se acuerde de los fallecidos. Garzón no se propuso desenterrar a los muertos por placer necrofílico, como sugieren sus detractores, sino más bien sacarlos del clóset del franquismo para ofrecerles cristiana sepultura.
Sin embargo, el 27 de mayo del 2009, el Tribunal Supremo admitió una querella por prevaricato contra Garzón interpuesta por la organización ultraderechista Manos Limpias, bajo el argumento de que al magistrado no le corresponde investigar los asesinatos del franquismo y que ha tomado conocimiento del caso a sabiendas de que la ley se lo impide. Manos Limpias se ampara en la Ley de Amnistía del franquismo que bloquea cualquier posibilidad de sanción a los homicidas. El 8 de setiembre del 2009 el juez del caso contra Garzón, Luciano Varela, lo consideró como imputado y lo llamó a compareceer. Como si se tratara de un capítulo olvidado de “El proceso” de Franz Kafka, el acusador sería sentado en el banquillo de los acusados. Era, sin duda, un triunfo para la derecha que movilizó a un importante sector de la prensa conservadora para desacreditar a Garzón. Pero hay otro motivo que impulsa a la derecha, representada por el Partido Popular (PP), a emprenderla contra el magistrado Garzón. En febrero del 2009, denunció a treinta personas del PP vinculadas con una red de corrupción del empresario Francisco Correa, a quien Garzón acusa de tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho y defraudación. El PP reaccionó y aseguró que Garzón usa el caso de corrupción para destruir la reputación del partido que llevó al gobierno a José María Aznar (1996-2004).
Tiempo de justicia
Aunque estuvo vinculado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en los noventa ganó una diputación, renunció a su escaño, argumentando que el presidente Felipe González no estaba comprometido con la lucha contra la corrupción. Al reincorporarse a la administración de justicia, Garzón procesó a los responsables de los paramilitares Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y al ex ministro del Interior socialista, José Barrionuevo. Este caso contribuyó al fracaso del PSOE en las elecciones de 1996. Por cierto, también emprendió acciones legales contra la banda terrorista ETA, que incluyó la suspensión de las actividades de Herri Batasuna, su fachada legal. Estos hechos revelan que es injusto achacar una militancia socialista a quien solo ha mostrado un compromiso inquebrantable con los derechos humanos y la lucha anticorrupción.
El juicio a Garzón ha generado reacciones en todo el mundo. “The New York Times” recordó que el magistrado es un símbolo de la lucha contra la impunidad. “España necesita hacer un honesto recuento de su pasado, en lugar de perseguir a quienes tienen el coraje de denunciarlo”, señaló el influyente diario.
En la lista de los querellantes contra Garzón está la fascista Falange Española de las JONS, implicada en los crímenes que el magistrado quería investigar. Las demandas contra Garzón contenían gruesos errores procesales, pero el juez Luciano Varela, en lugar de rechazarlas, solicitó a los autores que las corrijan. Garzón ha planteado una recusación contra Varela por dar ventajas ilegales a los querellantes, lo que revela una manifesta parcialidad.
El 24 de abril, cuando Garzón recusó al juez, miles marcharon en Madrid para respaldar al magistrado. Entre ellos estaban Pedro Almodóvar, Almudena Grandes y Marcos Ana. En una entrevista publicada en “El País”, el 29 de abril, Baltasar Garzón recordó que cuando emprendió demanda a Pinochet y Videla, los sectores reaccionarios lo atacaron como ahora lo hacen por investigar los crímenes del franquismo. “En la época de los sumarios sobre los casos de Chile y Argentina, sufrí presiones de la extrema derecha y de antiguos militares cuyos intereses resultaban perjudicados”.
Son sectores que pretenden perpetuar el olvido como una lápida sobre la tumba de la verdad y de los hechos. “Son crímenes muy serios, y cuyos responsables siempre han intentado instaurar un olvido oficial”, señaló el magistrado: “Son ellos quienes dicen que deberíamos mirar hacia el futuro y no hacia atrás. En mi opinión, si no se cose una herida como es debido, si no se cierra bien, no podemos avanzar porque la herida se abrirá forzosamente un día”. Como escribió el poeta Marcos Ana, ex recluso del franquismo: “Preso desde mi infancia/ Ya muerte mi condena, /mis ojos van secando /Su luz contra las piedras. /Mas no hay sombra de arcángel/ Vengador en mis venas:/ España es sólo el grito/ de mi dolor que sueña”. Habrá dolor mientras no haya justicia.
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Celebrando 10 anos "On Line"..2009
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