| (Desdelsur, La Paz) La comunidad peruana en Bolivia celebró con ofrendas florales, placas conmemorativas y un Te Deum, el 189 aniversario de su independencia nacional.
La comunidad peruana es una de las poblaciones de migrantes más significativa en el país y a convocatoria de su delegación diplomática, participa en un programa de festejos que se extenderá hasta el domingo 1 de agosto con Concurso Internacional de Marinera Norteña, organizado por el ballet de danza "Y se llama Perú" auspiciado por la embajada del Perú y por los consulados del Perú en Bolivia.
Aunque no existen cifras oficiales que den cuenta de la magnitud de la migración peruana en Bolivia, se estima que unos 100 mil ciudadanos peruanos residen en las principales ciudades capitales del país y especialmente en la ciudad de El Alto, cercana a la sede de gobierno.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, admiten que la masiva presencia de ciudadanos peruanos en Bolivia ha derivado en constantes situaciones de discriminación y xenofobia, ante la ausencia de políticas públicas que protejan y promuevan sus derechos.
Un informe de la Mesa Técnica de Migración, en respuesta al cuestionario del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de noviembre del 2007, reconoce que" la problemática migratoria es nueva en su tratamiento, y quedan muchos aspectos que deben ser atendidos por las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil" e informa que no se conocen medidas adoptadas por el Estado boliviano para combatir la discriminación contra trabajadores migratorios y sus familiares.
Señala que tiene conocimiento de algunos hechos de discriminación contra la comunidad de ciudadanos migrantes, pero también informa que las autoridades bolivianas han promovido campañas para la regularización migratoria que no han tenido cobertura total debido al costo de los trámites y a la exigencia de un contrato de trabajo sellado por el Ministerio de Trabajo.
La mayoría de los peruanos migrantes en Bolivia trabaja por cuenta propia en talleres de mecánica automotriz, en el comercio informal o en el trabajo doméstico y no suelen tener el respaldo de los contratos de trabajo exigidos por la oficina de migración para regularización su residencia.
A ello se suma, según el informe, las directrices de Interpol Bolivia comunicadas a su par de Bolivia, que el trámite de los certificados de antecedentes en países fronterizos debe realizarse a través del Consulado del país de origen, aunque según el Consulado peruano esas gestiones no están contempladas dentro de sus atribuciones.
El informe de la Mesa Técnica de Migración, señala también que "no se conocen e medidas adoptadas por el Estado boliviano para combatir la discriminación contra los trabajadores migratorios y sus familiares y, por el contrario, se intenta justificar, por parte de autoridades bolivianas, la estigmatización de la que son víctimas los migrantes peruanos".
Según ese reporte, se promueve xenofobia al vincular a los ciudadanos de nacionalidad peruana con hechos delictivos.
Al ser consultado si medida los trabajadores migratorios acusados o detenidos o sus familiares tienen en Bolivia la posibilidad efectiva de recurrir a las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, asegura que "los Consulados, en general, no representan adecuadamente los intereses y derechos de los migrantes en los países de destino, y tampoco existen organizaciones ciudadanas que incidan positivamente en el accionar de las autoridades Consulares".
Este informe es coincidente con el análisis de la Defensoría del Pueblo del Perú que en lo referido a la migración peruana en Bolivia, señala que "el panorama en general es bastante dramático. Según estimaciones el número de peruanos en el extranjero estaría alrededor de los dos millones de personas. La situación de ilegalidad en el país receptor, se convierte en la principal causa de su exposición a hechos que vulneran sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al respeto a su integridad persona".
Sostiene que a los migrantes en general, "y a los peruanos en particular, se les atribuye en los países receptores el incremento del desempleo, la saturación de los servicios públicos, el incremento de la prostitución, la violencia callejera, y la delincuencia".
Según una investigación de la Defensoría del Pueblo realizada el 2008 para determinar los principales problemas que generan para los migrantes peruanos en Bolivia, "las cifras varían entre 50 y 70 mil peruanos que actualmente viven en el país alto andino. Tan sólo la décima parte de ellos, residen de manera legal".
Sostiene que "el principal problema para los peruanos ilegales, es el costo de la tramitación para regularizar su condición migratoria. Aunque debe tenerse en cuenta que por ser Bolivia un país fronterizo, la movilidad poblacional de un lado al otro de la frontera es bastante fluida".
De acuerdo al Convenio sobre Pasaportes y Salvoconductos de 1948, los peruanos y bolivianos que viven en las provincias fronterizas, pueden circular por el territorio del otro país hasta 50 Km. portando tan sólo un salvo conducto. Este permiso incluye ciudades importantes como La Paz y sus provincias, Puno y Juliaca.
Si se quiere traspasar ese límite, los ciudadanos de uno u otro país tienen que portar sus pasaportes o en su caso adquirir la radicatoria como cualquier ciudadano extranjero. El salvoconducto permite una permanencia máxima de 15 días con posibilidad de prórroga. El pasaporte permite la permanencia por 90 días, o su correspondiente prórroga.
Según el informe, "la legislación del país alto andino es bastante severa en cuanto a las sanciones por faltas migratorias. Cientos de peruanos son expulsados de Bolivia por dedicarse a actividades comerciales informales, proscritas por su condición migratoria. Otros tantos se ven perjudicados por las onerosas multas que imponen las autoridades migratorias por el vencimiento del plazo de estadía".
Asimismo, debemos señalar – sostiene el informe del Defensor del Pueblo del Perú - que se han denunciado situaciones de malos tratos recibidos por parte de algunas autoridades policiales bolivianas. Son hechos que se producen en el momento de las detenciones o en centros penitenciarios y que lamentablemente han cobrado ya victimas como el caso de nuestro compatriota Freddy Cano, quien falleciera en el hospital de La Paz, en mayo de 1999, tras ser internado por graves quemaduras en todo el cuerpo.
Actualmente más de 100 peruanos están detenidos en centros de reclusión de las principales ciudades bolivianas, y enfrentar "la falta de asistencia legal, ya que la demanda existente excede el servicio legal gratuito ofrecido por las autoridades penitenciarias. Esta situación de ausencia de una adecuada defensa legal, es la que ha motivado que en muchos casos ciudadanos peruanos sean procesados y condenados sin las suficientes pruebas del caso". | |
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