LA REPUBLICA Lunes 26 de julio 2010
José Luis Castillo, desde Arizona.
Desde que se aprobó la Ley SB 1070 que criminaliza a las personas que se encuentran en el estado de Arizona de forma ilegal, muchos peruanos comenzaron a hacer las maletas para regresar a la tierra que los vio nacer o simplemente para irse a otro estado a seguir probando suerte. Y es que si esta controvertida legislación entra en vigor el 29 de julio, nuestros compatriotas quedarán más aislados de lo que ya están.
Resulta que en Arizona no hay un consulado de carrera y el más cercano se encuentra en Los Ángeles, a 600 kilómetros de distancia desde Phoenix. Si bien esa ley hacía suponer que finalmente Arizona contaría con un consulado general, el éxodo de peruanos nos dice que eso nunca sucederá.
Desconcierto
Silvia Arriola, peruana criada en Barranco y residente de Arizona desde hace una década, lo sabe y por eso culpa a la actual situación social de ser la causa de la huida de compatriotas y amigos, principalmente porque temen lo que les vaya a pasar. "Hay peruanos que se están preparando en grupo para irse del Estado. De ellos, yo conozco al menos a unas 50 familias", asegura Arriola, miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros en Phoenix.
"Así como a mí me afecta moralmente, significa una gran desventaja para la comunidad peruana que este año perderá a muchos compatriotas. Voy a perder amigos, a compañeros. Lo peor es que muchos se regresarán al Perú cuando tienen toda una vida acá", sostiene tras preguntarse una y otra vez "¿qué va a hacer una persona de 45 años o de mayor edad en el Perú cuando se supone que salió hace 20 años de allá porque no tenía futuro? ¿En qué va a trabajar? y ¿cómo va a sostener a su familia?".
Por eso, esta compatriota, que es casada, tiene tres hijas y todos los documentos en regla, cree que la única luz de esperanza posible para que sus amigos indocumentados regularicen su situación es una reforma migratoria.
Pedidos de apoyo
Pero si se va, con ellos se esfumará la posibilidad de que el gobierno peruano abra un consulado en Arizona, advierte Silvia y agrega que muchos peruanos se quejan de no contar con el apoyo necesario de las autoridades peruanas en ese país.
Durante una reunión comunitaria celebrada en un restaurante peruano de la ciudad de Mesa en Arizona, los compatriotas que se congregaron tuvieron una demanda en común, al unísono: que el consulado de Los Ángeles los visite más seguido y no una vez al año como lo hace por ahora.
Sin embargo, la Cancillería se ha propuesto evaluar de cerca lo que experimenta la comunidad peruana de Arizona. Para ello, el cónsul adscrito Javier Cuadros Gallegos arribó hace pocas semanas a EEUU, para levantar información de las principales ciudades donde radican los peruanos, con el fin de que el gobierno tome decisiones para proteger a nuestros connacionales que según palabras textuales "en estos momentos pueden estar viviendo momentos de incertidumbre".
"De acuerdo a las necesidades que veamos decidiremos si es justificado abrir un consulado de carrera en Phoenix", dijo, aunque advirtió que mucho tiene que ver la cantidad de peruanos que existen en la zona para que una sede consular sea autodependiente y fiscalmente responsable.
Decisiones pendientes
Mientras el gobierno se decide a abrir o no un consulado en Arizona, lo cierto es que en los últimos años ese Estado ha aprobado varias leyes en contra de la inmigración ilegal. Los que no tienen documentos en regla, por ejemplo, no pueden recibir ciertos servicios públicos básicos, como atención médica ambulatoria.
Por si fuera poco, en el 2009, entró en vigencia una sanción ejemplar a los dueños de negocios que emplean trabajadores indocumentados. Desde entonces se han arrestado a 415 presuntos indocumentados, de los cuales 277 fueron acusados por robo de identidad.
Las penas son mayores para los negocios si se demuestra que la empresa conocía de antemano la situación ilegal de su empleado.
Todas esas legislaciones han puesto en peligro a la economía del estado y son los pequeños negocios los que más están sufriendo el embate de una crisis política que puede ser emulada por otros estados.
De acuerdo a la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, los comerciantes de origen latino han experimentado una reducción en sus ingresos bastante significativa desde que se firmó la SB 1070 a finales de abril.
Mónica Castellano, empresaria peruana dueña del restaurante Contigo Perú y propietaria de una agencia de seguros dirigida mayormente a los hispanos de origen mexicano, ha sentido en carne propia esta crisis. "En el restaurante no me he visto afectada porque la clientela es variada, aunque la mayoría es peruana. Lo que sí ha afectado horrores es a la compañía de seguros porque la gente está cancelando sus pólizas debido a esta cacería".
Claves
Más castigos. El congreso estatal de Arizona estudia una propuesta de ley que castigaría además a los niños nacidos en EEUU de padres indocumentados. A estos pequeños se les negaría la ciudadanía automática porque, según dicen los legisladores, es un arma que utilizan los ilegales para evitar la deportación.
Copias. El Partido Republicano de Texas incorporó a mediados de junio en su plataforma una propuesta similar a la de Arizona para castigar la presencia ilegal.
Detenciones por el color de la piel
Rigo Arriola, empresario y dueño de un restaurante de comida rápida en Mesa, también condenó la ley y la calificó de racista porque –dijo– su finalidad es atacar a personas por el color de su piel y no necesariamente por su estatus migratorio.
"Yo soy ciudadano estadounidense pero igual me van a detener en la calle por mi apariencia. ¿Acaso eso está bien? No, no lo está", afirma Rigo con vehemencia, mientras defiende a capa y espada a la fuerza trabajadora hispana.
Arriola tiene 20 años en EEUU y cuenta con un negocio fructífero que no está dirigido específicamente a la comunidad hispana, por eso no prevé que lo vaya a afectar.
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