Por medio de la presente les hacemos llegar un nuevo informe de proJusticia sobre caso de Fuga de Información del Sistema de Inteligencia hacia Empresas Privadas de Seguridad: El caso Dintemar y sus repercusiones y procesos judiciales a personas que descubren estos actos de Corrupción Atentamente FUGA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA HACIA EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD: EL CASO DINTEMAR Informe de ProJusticia Febrero de 2012. ANTECEDENTES El jueves 26 de abril del 2007, la periodista y conductora Cecilia Valenzuela reveló en su programa "La Ventana Indiscreta", que miembros de la Dirección de Inteligencia Naval/DINTEMAR habrían estado a la vez, laborando para empresas de seguridad y que incluso se habría transmitido por correos electrónicos informaciones clasificadas sobre la lucha contra Sendero. Es decir, la nota daba cuenta de la existencia de un presunto "fuga y tráfico" de información clasificada de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú hacia empresas privadas de seguridad, a través de oficiales que eran contratados como "consultores" de las mismas. Y de manera específica, la denuncia sindicaba al Capitán de Corbeta AP, Carlos Barba Daza como el responsable de entregar información clasificada a las empresas de seguridad Grupo Atenea Consultores Asociados S.A.C. y Andrick Service, con quienes habría trabajado sin informar o solicitar permiso a su comando. Como prueba de ello, la nota mostraba proyecciones computarizadas y/o proyecciones satelitales que contenían ubicaciones de altos mandos senderistas y narcotraficantes en las zonas de los Valles del Río Apurímac y Ene (VRAE), como Satipo, Mazamari y Pangoa, incluyendo fechas en las que se relevaban las columnas senderistas y los horarios de salida de los cargamentos de droga que eran protegidos por el camarada "Alipio" y otros, información que habría sido vendida además a sus clientes particulares, como Repsol YPF. Posteriormente, otros medios publicaron o emitieron notas que profundizaban en la denuncia –como el programa "Cuarto Poder" y el diario "La República"-, mostrando que la información no había sido entregada a un solo periodista sino a diversos medios, aunque sin tener en claro -hasta entonces- si todo había provenido de una misma fuente. Lo cierto es que la campaña tuvo un impacto inmediato, generando diversos pronunciamientos por parte de la Marina de Guerra y de altas autoridades del gobierno aprista, así como la conformación de una Comisión de Investigación interna en las Fuerzas Armadas y de una Comisión Especial de Investigación de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, presidida por el aún congresista José Antonio Urquizo[1]. Lo que pocos sabían, sin embargo, era que la mayor parte de los informes propalados eran el resultado de casi dos meses de análisis y evaluación de un paquete de correos y documentos entregado por una fuente reservada en marzo de ese año. Muchos de los medios que participaron de la campaña –especialmente los que contaban con equipos de investigación serios- tuvieron tiempo entonces de verificar la verosimilitud del material entregado, a pesar de que, luego, el peritaje judicial de los correos mostrara que parte de ellos había sido manipulado[2]. Asimismo, pocos conocían que el material propalado era apenas cerca del 20% de la información entregada, información que podía comprometer a un número mayor de personas. Por ello, no sorprendió que –apenas conocida la denuncia- la Marina de Guerra del Perú iniciara fuertes presiones para saber cuánta información se había filtrado hacia la prensa, pero sobre todo para saber quién había entregado dicha información a los medios; en otras palabras, quién era el traidor a su institución[3]. El ministro de Defensa de entonces, Allan Wagner, inmediatamente ordenó una exhaustiva investigación, tarea a la que también se dedicó la Comisión de Inteligencia del Congreso. Semanas después, explicó Wagner que la investigación realizada al interior de la Marina en coordinación con el Ministerio de Defensa, permitió descubrir que dos grupos de efectivos que laboraban en la DINTEMAR entregaban información política y social a las empresas privadas de seguridad, incluso violando el sistema "Marte" de protección de comunicaciones del SINA. Además, si bien la Comisión de Inteligencia del Congreso y la Inspectoría de la Marina, confirmaron que oficiales y subalternos de la DINTEMAR trabajaron o mantuvieron relación laboral con algunas empresas como Grupo Atenea y Andrick Service; no lograron establecer que los efectivos hayan vendido información de inteligencia como parte de la contraprestación de servicios. La identidad de los agentes con vínculos laborales fue proporcionada por las propias compañías contratantes. En realidad, lo que dificultó la indagación de la Comisión de Inteligencia, es la supuesta constatación de que los correos electrónicos que difundió la prensa, y que probarían que malos efectivos de la DINTEMAR traficaban con información clasificada, habrían sido manipulados. Según el peritaje de la compañía de informática "Interzone" entregrado a la Comisión de Inteligencia (que coincide con el resultado de un estudio de Inspectoría de la Marina), en los correos electrónicos se detectaron "señales inequívocas de adulteración con un 100 % de certeza". REVELANDO LA FUENTE E INCUMPLIENDO LA ÉTICA PERIODÍSTICA El 17 de junio del 2007 –esto es, a menos de dos meses de la primera denuncia- ocurrió un acto reprochable: el periodista Ángel Páez, publicó una nota en el diario "La República" donde labora en la "Unidad de Investigación", dando a conocer que la persona que había hecho llegar a los medios la documentación sobre la fuga y tráfico de información clasificada de la DINTEMAR había sido Fernando O´Phelan Perez, Secretario Ejecutivo de PROJUSTICIA, quien a inicios de marzo del 2007 recibió dicha información mediante un sobre cerrado de una fuente anónima. La revelación de Páez, tenía la intención evidente de apoyar a ciertos oficiales involucrados en la investigación. Así, en su nota denunciaba expresamente que O´Phelan no había entregado la información a los medios para "destapar" la red de corrupción naval, sino que su propósito "real" fue bloquear la investigación interna que el entonces Director de Inteligencia de la DINTEMAR, Contralmirante AP Luis Chumbiauca, había iniciado junto con el Jefe de Operaciones Especiales, Capitán de Corbeta AP Carlos Barba Daza, para dar con la fuga de información, encargando al primero aplicar pruebas poligráficas –esto es, un detector de mentiras- a diversos efectivos navales bajo la sospecha de que alquilaban equipos de rastreo electrónico y vendían información reservada a empresas de seguridad. De acuerdo a Páez, la divulgación del material "preparado" por O´Phelan permitió frustrar esta investigación, llevando a que sus propulsores fueran separados de la institución castrense mientras los "verdaderos" responsables de la venta de información permanecieron en sus puestos. Adicionalmente, el informe sugería que el verdadero cerebro de dicha operación había sido el ex Capitán de Navío AP Wilson Gómez Barrios Rincón, Presidente de la empresa de seguridad FORZA S.A.[4], arguyendo entonces que el motivo de fondo de todo lo ocurrido era desprestigiar a las empresas de la competencia y mantener sus fuentes de información interna sin mayor control[5]. La tesis presentada por Páez, sin embargo, no tiene mayor sustento. Como señalamos arriba, entre el momento en que O´Phelan hace entrega de la información a la prensa y la emisión de los informes transcurrieron cerca de dos meses, lo que hace difícil pensar que se quiera bloquear una investigación urgente en un lapso tan largo de tiempo. De otro lado, tanto Fernando O´Phelan como los periodistas involucrados han señalado expresamente que el primero no tuvo ningún tipo de injerencia en la preparación de los informes finalmente emitidos, cuyo contenido fue decidido por los directivos o encargados de los respectivos medios. En tercer lugar, los periodistas tuvieron suficiente tiempo para analizar si la información entregada era verdadera o falsa, por lo que la responsabilidad final acerca de las afirmaciones que se vertieron en cada informe corresponde a éstos y no a O´Phelan. Finalmente, es difícil pensar que periodistas tan serios como Cecilia Valenzuela o Rosa María Palacios se presten a participar en una conspiración contra la Marina de Guerra monitoreada por una empresa de seguridad. En realidad, la posición de Páez respecto a este caso es preocupante en materia de ética periodística, ya que ella muestra cierta discriminación entre lo que sería una fuente "digna" y una fuente "indigna" de información, siendo esta última no merecedora de protección. Sin embargo, como lo sabe cualquier periodista, muchas veces la información que se les hace llegar encierra intereses particulares e incluso hasta venganzas personales, sin que ello signifique que el periodista asuma dichos intereses al momento de emitir dicha información, ya que lo que interesa principalmente es el interés público que la misma pueda contener y la imparcialidad con que se emita el respectivo informe. Acto seguido, el 20 de julio del 2007, la Comisión de Inteligencia del Congreso, hizo público el avance de un duro informe, sobre lo que había sucedido, que incluso alcanzó a la DINI, el órgano central del sistema, descubriendo además que las fugas de información no habían provenido sólo de la DINTEMAR, sino de otros cinco organismos de inteligencia. La situación se tornaba muy delicada porque surgían indicios de que la DINI -como órgano rector del SINA- no controlaba a los componentes del SINA (por una falta de centralización efectiva de los esfuerzos de inteligencia), y éstos a su vez, no controlarían en forma eficiente a su personal. Es oportuno destacar, que frente a todo ello, el Ministerio de Defensa, emitió una Resolución Ministerial N°355-2007DE/SG-21/05/2007, donde al personal militar y civil de los órganos de inteligencia de los institutos armados y del sector Defensa, le prohiben prestar servicios en actividades de inteligencia a favor de particulares, y de acreditarse la prestación de servicios a particulares, le serán aplicables las sanciones pertinentes. Luego surgió otro hecho, también positivo y tendiente a robustecer el SINA: por razones vinculadas a la seguridad nacional, a través del Decreto Supremo 013-2008-DE/EP, emitido en julio del 2008, el Ministerio de Defensa activó el Arma de Inteligencia dentro del Ejército. Esta Arma se creó a partir del 1 de diciembre del 1991, vía Decreto Supremo 063-91, pero por otro decreto supremo, del 29 de diciembre de 2001, fue desactivada durante el gobierno de Toledo. En este marco, el diario El Comercio informó el 17 de octubre del 2008[6], que el pleno del Congreso aprobó en sesión secreta -luego de catorce meses de espera- las recomendaciones y conclusiones de la investigación que llevó a cabo la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, sobre la presunta fuga de información en la Marina de Guerra y otros componentes del SINA hacia empresas privadas. Según El Comercio, la conclusión del informe de 12 páginas -el mismo que fue fechado el 19 de julio del 2007- es lapidaria: el sistema de inteligencia y de contrainteligencia, en especial de la Marina de Guerra y del Ejército, presenta "situaciones vulnerables". El informe final de la pesquisa parlamentaria recomienda la separación de cinco oficiales de alta graduación que ocuparon cargos directivos en las áreas de inteligencia de la Marina y del Ejército. Empero, según fuentes consultadas por El Comercio, se supo que hacía meses que uno de los mencionados en el informe y quien ocupó la jefatura de la DINTEMAR, ya había sido separado de la institución (poco después, sería pasado al retiro). Además, el ex jefe del departamento de Contrainteligencia de la DINTEMAR, ya se encontraba en situación de retiro; mientras que el ex jefe del Departamento de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINTE), y el capitán de Navío que ocupó la jefatura del Departamento de Contrainteligencia de la Segunda División del Comando Conjunto de las FFAA (2da. DIEMCFFAA), también fueron removidos de sus cargos y pasados a la situación de retiro. La nota de El Comercio, concluye diciendo: el plenario aprobó que la investigación parlamentaria sea remitida al Ministerio de Defensa (para que refuerce el sistema de inteligencia y contrainteligencia de la Marina y del Ejército), al Consejo Supremo de Justicia Militar, al Ministerio del Interior y al Ministerio Público para que actúen acorde con sus atribuciones. En concreto, el Informe Final de la Comisión Investigadora del Congreso sobre la Fuga de Información en la Marina de Guerra y otros componentes del SINA hacia Empresas Privadas de Seguridad y Otros, concluye que los mencionados jefes de inteligencia de DINTEMAR, de la DINTE (hoy DIE), y de la 2DA DIEMCFFAA, respectivamente, habían incurrido en responsabilidad funcional al no cumplir con sus obligaciones de controlar la información clasificada de la Marina de Guerra, permitiendo que ésta se filtrara con facilidad hacia el exterior poniendo en riesgo con ello la seguridad nacional. Adicionalmente, el informe encuentra responsabilidad penal –en la presunta comisión del delito de infidencia- en el Capitán de Corbeta AP Carlos Barba Daza y en el OM1 Luis Vasquez Meneses, incluyendo también a los oficiales navales Luis Tenazoa Narvaez y Gonzalo Bravo-Mejia May, entre otros. De otro lado, el Congreso señala que las empresas privadas involucradas no solo deben ser sancionadas administrativamente, sino que han incurrido en una clara responsabilidad penal por el presunto delito de revelación de secretos nacionales, incluyendo en ello al representante legal de Andrick Service, Erick Del Aguila Villar y los principales directivos de Atenea Consultores Asociados, Cesar Hinojosa Quiroz y Luis Mejia Basurco. No obstante, con relación a la participación de Fernando O´Phelan Perez, la Comisión del Congreso únicamente establece que la información publicada por los medios de prensa que evidenció la fuga de información del SINA, fue canalizada por O´Phelan, sin señalar la existencia de presunta responsabilidad penal de su parte. A la luz de estos acontecimientos, se confirma que el papel de la prensa independiente, instituciones democráticas y la ciudadanía vigilante es fundamental, y mientras prevalezca la vigencia de los derechos civiles y políticos, éstos constituirán los mejores aliados para un control de la sociedad democrática sobre los servicios secretos, y el consiguiente restablecimiento de la confianza y credibilidad en el sistema de inteligencia peruano; impidiendo que se culpe a inocentes y se busquen "cabezas turco", para encubrir incompetencias profesionales por un deficiente control del personal o la operación de organizaciones delictivas en torno a los servicios de inteligencia. Por lo tanto, la revelación de buena fe, efectuada a los medios de comunicación por el abogado Fernando O'Phelan, Presidente Ejecutivo de ProJusticia, sobre los problemas en la seguridad de la información en el SINA, además de ser de interés público, estaba orientada a coadjuvar al reforzamiento de las medidas de seguridad en el vulnerable SINA en general y particularmente en DINTEMAR; todo indica que en ningún caso o bajo ninguna circunstancia, O'Phelan, estuvo guiado por protervos u oscuros intereses. Al respecto, sobre el asunto de la "fuga de información del SINA y la DINTEMAR"; mediante una entrevista del 15 de enero del 2009, al diario "La República"[7], el ex oficial de inteligencia naval, Carlos Barba Daza, afirmó lo siguiente: "Se me encargó que oriente la prueba (de poligrafía) a cierto grupo, en cuanto a una supuesta venta de información. Encontramos un grupo de subalternos, que no pasaban la prueba y no era por nerviosismo. Los nombres se informaron al comandante Chumbiauca (Almirante Luis Chumbiauca, entonces director de Inteligencia de la Marina-DINTEMAR). Esto debió ser el inicio de una investigación, pero no se hizo nada". Continua Barba Daza: "En marzo (2007), el comandante Erick del Águila, gerente de Andrick Service, me confía que iba a salir en la prensa, que yo vendía información con la finalidad de cambiar a Chumbiauca, por el tema de la poligrafía". Y cuando La República le pregunta en esta entrevista a Barba Daza: ¿Investigó de dónde salió la información que usaron para desacreditarlo? responde: "Entre mayo y junio (2007) hice mi investigación, pero cuando vi que esa información se sabía en la Marina y nadie hizo nada, me curé en salud y dejé de averiguar. Oficiales en retiro me confirmaron que el comandante (general de la Marina) Eduardo Darcourt, sabía de ese asunto, no lo creo, pero es lo que me dijeron". Adicionalmente, Barba Daza expresa: "… la prensa, ha sido utilizada para destruir un eficiente sistema de control y es necesario saber quién está detrás. Se tomó la prueba a un 30% del personal, recién empezábamos. Hablamos de seis a diez personas que no pasaron y que probablemente estaban en algo. Las personas que probablemente habían vendido (información) siguen trabajando en inteligencia". Y prosigue Barba con su declaración a La República: "Las consecuencias las vemos hoy, no me consta (la interceptación atribuida a personal de la empresa Business Track SAC), pero si es cierto, se pudo prever. Han prohibido hacer análisis en la calle, pero no la venta de información. Es absurdo porque todavía quedan mercaderes de la información. Hasta hoy, la Marina no ha detectado quién sacó esa información (de que me acusaron). Si dicen que los correos eran fraguados, ¿por qué no han investigado quién hizo el boicot? Se contentaron con cortar la cabeza al comandante Barba. Les falta un eficiente sistema de control, como la poligrafía". Sobre ese delicado tema, el procurador anticorrupción Jorge Caldas Malpica, declaró al diario El Comercio en enero del 2009[8], que en la investigación que pide se abra a los marinos de Business Track SAC, "se debe llamar a testificar al almirante (r) Luis Chumbiauca, ex director de Inteligencia de la Marina". Según el procurador, Chumbiauca debe responder cuál fue el resultado de la prueba poligráfica (prueba para detectar mentiras) que le tomó al personal de inteligencia de su institución para conocer si usaban los equipos de la Marina en beneficio propio. Caldas dijo que Chumbiauca habría organizado en el 2006, una oficina de investigaciones especiales, a cargo del capitán de corbeta ® Carlos Barba Daza, para a través de la prueba poligráfica detectar a los malos elementos del servicio de inteligencia de la Marina, pero su "informe quedó en el olvido". Por esta razón, el defensor del Estado dijo que la fiscal Ordóñez debe solicitar a Inspectoría de la Marina una copia certificada del informe que Barba Daza entregó a Chumbiauca. A pesar de ello, ya el 17 de octubre del 2008, un expediente registrado con el N° 46643-08, había llegado al Juzgado Penal 13 de Lima, disponiendo la apertura de proceso por el delito de violación de secretos de Estado, contra Fernando O'Phelan y Carlos Daniel Barba Daza. Todo esto ocurrió luego que el Ministerio Público los denunciara penalmente, junto a otros dos directivos de una empresa de seguridad, por supuestamente entregar documentación que contenía información reservada (y que habría sido adulterada) a varios medios de comunicación. Respecto a esta denuncia, Carlos Barba en un principio negó vinculación con Andrick Service y Grupo Atenea, pero, como refiere en su informe la fiscal Chenguayén, luego aceptó haber ofrecido servicios eventuales a las dos empresas, aunque negó haber suministrado o vendido información clasificada de la DINTEMAR, y reconoce haber cometido una falta administrativa mas no un delito. A su turno, otro de sus co-acusados, Fernando O'Phelan, es denunciado por encubrimiento debido a que se niega a revelar la identidad de las personas que le proporcionaron los correos que permitieron descubrir las falencias del SINA y la DINTEMAR. FALLAS REVELADAS EN DINTEMAR SE CONFIRMAN CON EL 'CASO BUSINESS TRACK SAC' Cronología: el 5 de octubre del 2008, el periodista Fernando Rospigliosi, presenta en el programa televisivo "Cuarto Poder" (América Televisión- Canal 4), cuatro audios en los que Alberto Químper y Rómulo León Alegría, hablan en términos comprometedores, sobre la adjudicación por la estatal Petroperú/Perú Petro, de cinco lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum; el 7 de octubre del 2008, el Congreso nombra una Comisión Investigadora de los llamados 'Petroaudios'. Después el 10 de octubre del 2008, el presidente de la República, Alan García Pérez, acepta la renuncia del gabinete ministerial encabezado por Jorge del Castillo (asumiendo una responsabilidad política, tácitamente), y el 7 de enero del 2009, la Comisión Investigadora de los 'Petroaudios', desestima acusar constitucionalmente a los ex ministros Jorge del Castillo, Carlos Vallejos y Hernán Garrido Lecca, mediante un informe final, que fue confirmado por el pleno del Congreso el 15 de enero del 2009. En el interín de estos hechos, se produjo un espectacular desenlace: se conoció la 'Operación Sagitario',[9] que se mantuvo en secreto hasta el jueves 8 de enero del 2009. A través de la 'Operación Sagitario', el titular del 15 Juzgado Penal, Edwin Yalico, autorizó la detención del Contralmirante ® AP Elías Manuel Ponce Feijóo[10], gerente general de la empresa 'Business Track SAC' (BTR); y el capitán de fragata ® AP Carlos Alberto Tomasio de Lambarri (jefe de Operaciones de BTR); el técnico supervisor ® AP Jesús Juan Tirado Seguín (empleado de BTR); junto al técnico tercero en actividad, AP Martín Alberto Fernández Vírhuez y el técnico segundo en actividad, AP Jesús Manuel Ojeda Angles, ambos laborando en Contrainteligencia de la DINTEMAR. Junto a ellos también fue detenida la ciudadana, Giselle Giannotti Grados. El suboficial Fernández Vírhuez, inició su colaboración con la justicia el sábado 10 de enero del 2009, y confirmó que fueron ellos, los que interceptaron las comunicaciones de Rómulo León y Alberto Químper, y sostuvo que lo hicieron por indicaciones de Ponce Feijóo. Según la acusación fiscal, el marino Martín Fernández Virhuez, a inicios de febrero de 2008, contrató a Salas Cortez, conocido como "El Negro", para intervenir las líneas telefónicas de León Alegría y Químper, por un pedido de Elías Ponce Feijoo[11]. El Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Antidrogas -Dirandro- de la Policía Nacional, que apoyado por la DEA de EE.UU., capturó a dos principales acusados por narcotráfico: Fernando Zevallos de AeroContinente (2007) y el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez (2008); en la 'Operación Sagitario', fue dirigido por el titular de la Tercera Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Walter Milla, para las investigaciones donde nuevamente, está involucrada la DINTEMAR por medio de dos de sus integrantes; con lo cual se pone en tela de juicio, la seguridad y el control del personal de esta institución y del SINA mismo. Mientras tanto, el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, Jorge Luis Caldas, solicitó el 22 de enero de 2009, al Ministerio Público, que inicie una investigación preliminar por la presunta utilización de equipos de propiedad del Estado, en la Marina de Guerra del Perú, para la interceptación telefónica y de correos electrónicos. El fiscal Caldas, interpuso la denuncia ante la Primera Fiscalía Anticorrupción, en base a las evidencias que constan en el expediente y a las propias declaraciones de los suboficiales en actividad de la Marina, Jesús Manuel Ojeda Angles y Martín Alberto Fernández Vírhuez, sobre quienes solicita se investigue junto a los que resulten responsables. En respuesta a esta denuncia fiscal, la Marina de Guerra ratificó el mismo día, que no cuenta con equipos de interceptación telefónica y que tampoco autoriza a sus miembros efectuar acciones contrarias al ordenamiento legal. Asimismo, la Marina ratificó su compromiso de continuar brindando todas las facilidades a los organismos correspondientes para las investigaciones respectivas. Es pertinente indicar, que el Ministerio de Defensa manifestó que las ilícitas actividades de espionaje telefónico realizado por una empresa compuesta por algunos marinos en actividad y en retiro, no involucran en ninguna forma a la Marina de Guerra. En relación a los antecedentes de estos marinos, el diario El Comercio, informó el 22 de enero de 2009[12], que durante los allanamientos del 8 de enero del 2009, en la casa del capitán de fragata, Carlos Tomasio de Lambarri, se hallaron documentos, que revelan que la Marina de Guerra compró a través de Tomasio, dos equipos de interceptación de celulares (triggerfish) en julio del 2000, cuatro meses antes de la caída del fujimorismo. El mismo capitán de fragata confesó que él recomendó la compra de estos artefactos y que además pagó US$110 mil por ambos (cada uno costó US$55 mil). Dijo, además, que los adquirió a la empresa Harris durante su estadía en Washington como adjunto del agregado naval del Perú en EE.UU. El experto en comunicaciones, que laboró en la Dirección de Inteligencia Naval- DIN (hoy DINTEMAR), entre 1993 y 1998, también reveló que pagó otros ocho mil dólares por la capacitación para utilizar los equipos de 'chuponeo'. En todo momento, el marino negó saber el destino final de los artefactos. Por su parte, el presidente de la República, Alan García Pérez, declaró por esos días: "Creo que lo que estamos viviendo en estos momentos es muy importante, porque aquí comienza, y no debe detenerse, la operación de limpieza de todos estos sujetos que lucran intrigando y llevando el chisme a nivel del delito" e indicó que: "Mirando el tema desde el lado positivo, ya tomamos el hilo de esta madeja, de este laberinto de chismosos, sinvergüenzas, mercantilistas que venden información para chantajear a las personas y que la usan no solamente con propósitos políticos, de conspiración, sino también con propósitos totalmente vulgares, para ganar juicios, chantajear a las partes". En ese sentido, el jefe de Estado, instó a la ciudadanía a informar a la Fiscalía de la Nación o la Policía Nacional, de cualquier indicio sobre empresas dedicadas a la interceptación telefónica, con el objetivo de chantajear a los peruanos. Por último, el presidente de la República, expresó su respaldo al vicepresidente, Luis Giampietri, pese a los vínculos revelados por la prensa, entre el vicepresidente Giampietri y el oficial naval, Manuel Ponce Feijoó, gerente de la empresa 'Bussines Track SAC'. Tiempo después, durante sus declaraciones formuladas en octubre de 2011[13], en calidad de testigo, ante la sala judicial que procesa el caso de interceptación telefónica de BTR, García Pérez precisó que el entonces presidente regional del Callao Alex Kouri le recomendó una reunión con Ponce Feijóo, la cual se llegó a concretar y se prolongó por no más de 20 minutos. "Al día subsiguiente lo recibí por no más de 20 minutos, tras de lo cual no volví a verlo hasta mucho más adelante, pero sin tener conversación con él", expresó respondiendo al abogado de Ponce Feijóo. García dijo haber sostenido un encuentro con ese personaje porque, supuestamente, aseguraba tener información sobre una presunta "conspiración contra mi candidatura presidencial" en 2006. "Consideré que era importante recibirlo, pero realmente fui decepcionado por la calidad de las informaciones que eran meramente periodísticas o especulativas", apuntó el exmandatario. García Pérez negó haber encargado al exmarino que se ocupara de los entonces candidatos presidenciales Ollanta Humala Tasso y Lourdes Flores Nano. Cabe recordar, que a su turno, la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz Ramos, había anunciado el 23 de enero del 2009, que la Tercera Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del Fiscal Provincial Walter Milla López, procedió a denunciar penalmente a ocho presuntos responsables de la interceptación telefónica[14]. La máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que se procedió ha ejercer la acción penal contra Elías Manuel Ponce Feijoo, Carlos Alberto Tomasio de Lambarri, Giselle Mayra Giannotti Grados, Martín Alberto Fernández Virhuez, Jesús Manuel Ojeda Angles, Jesús Juan Tirado Seguín, Alberto Oswaldo Salas Córtez (capturado en febrero de 2010) y Pablo Eriks Martell Espinoza. Seis de estos trabajadores eran de Business Track (BTR). "Todos fueron denunciados por los delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir", agregó la Fiscal Echaiz, quien además explicó que el material incautado ha sido de una dimensión mucho mayor a la que suponían, debido allo, los avances del trabajo realizado por la fiscalía, alcanzó apenas el 8% de todo lo incautado. Al respecto, informó que fueron incautados documentos que acreditaban la compra de equipos de interceptación telefónica celular. Es por ello, que pidieron al juez mayor tiempo para realizar las investigaciones con el fin de terminar con el otro 92%. Después de una extensa etapa que ha demorado más de tres años, y estuvo marcada por acusaciones provenientes de algunos de los denunciados, en el sentido de que se habrían cometido irregularidades, principalmente en la etapa de instrucción del proceso judicial, se estima que el 03 de marzo del 2012, el tribunal que los juzga -Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel- dictará sentencia contra los ocho procesados[15]. LA DENUNCIA FISCAL CONTRA FERNANDO O'PHELAN EN EL CASO DINTEMAR Insólitamente, la denuncia planteada por la Fiscal Superior Titular, Sonia Chávez Gil, el 28 de diciembre del 2011 (notificada en enero de 2012), recoge casi todas las conclusiones del Informe del Congreso de la República sobre el caso DINTEMAR, pero a diferencia de aquél, le imputa a O´Phelan dos delitos: el de "revelación de secretos nacionales" y el de "Encubrimiento personal", este último, por el sólo hecho de negarse a revelar el nombre o datos de la fuente que le entregó la información. La imputación fiscal contra O´Phelan Perez, empero, también se muestra frágil y con poco sustento. Toda vez que, el art. 330º del Código Penal señala expresamente que el delito de "Revelación de secretos nacionales" se comete cuando alguien "revela o hace accesible a un Estado extranjero, a sus agentes o al público, secretos que el interés de la República exige guardarlos"; no obstante, las acciones de O´Phelan Perez jamás estuvieron orientadas a revelar de manera pública algún secreto nacional, sino a la entrega del material que le fue confiado a equipos de investigación periodísticos serios para que evaluaran la información y, si lo consideraban pertinente, hacer la denuncia correspondiente en sus programas. Consecuentemente, los que hicieron pública la información fueron los medios de prensa y no O´Phelan Perez. Además, la fiscal considera en su acusación que O´Phelan actuó "de manera irresponsable" al entregar información reservada y clasificada de la Marina de Guerra a los medios de prensa, "obviando así los canales previstos en la Constitución del Estado y las leyes de nuestro país, en la creencia que con dicho accionar actuaba en contra de la corrupción, arrogándose una calidad que no le corresponde". La apreciación de la fiscal, sin embargo, tiene mucho de cuestionable. En primer lugar, habría que preguntarse quién es más irresponsable: ¿O´Phelan por entregar información sobre un hecho que afectaba la seguridad nacional? ¿Los medios que propalaron sus informes, sin evaluar debidamente si la información que emitían era cierta o podia afectar dicha seguridad? ¿O el señor Angel Páez, por ir contra la ética periodística y revelar el nombre de una fuente poniendo en riesgo su vida? En segundo lugar, ¿a qué se refiere la señora fiscal cuando habla de "canales previstos" para denunciar asuntos de seguridad nacional? La legislación vigente en materia de inteligencia habla de un "control democrático" sobre las acciones de este sector, control que sin embargo se limita a dos vías: el control legislativo y el control judicial. Como sabemos, sin embargo, ninguno de estos controles funcionaron durante el régimen fujimorista, cuando el SIN copó sin mayores problemas todo el aparato estatal. Por el contrario, ha sido el control ciudadano y mediático el que mejor ha funcionado para controlar el poder de este sistema, tanto con respecto a Montesinos como a los intentos posteriores de utilizar este sector para otros intereses, como ocurrió con el caso César Almeyda[16] durante el gobierno de Toledo. Peor todavía, claramente la justicia no mide con la misma vara casos similares. ¿Acaso el Ministerio Público tomó alguna medida respecto a Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, quién también entregó a los medios de prensa, información sobre el caso BTR pero nunca dijo quién fue su fuente? La única diferencia aquí es que Rospigliosi tiene una "calidad" que le otorga una atribución especial, como es el ser periodista, mientras que O´Phelan es abogado. Sin embargo, ya en otros países –como Estados Unidos o Inglaterra- se viene discutiendo si la protección que las leyes suelen dar al periodismo en materia de reserva de fuentes puede ser aplicada también a otros grupos que trabajan con la información pública, como bloggers o reporteros ciudadanos, muchos de los cuales están siendo juzgados por el solo hecho de cumplir con la labor de un periodista sin tener estudios formales para ello. Con respecto al delito de encubrimiento personal, el art. 404º del C.P. señala también de manera expresa que éste se produce cuando alguien "sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena u otra medida ordenada por la justicia". En este caso, la fiscal tiene otro error de apreciación, dado que el interés de O´Phelan Perez al mantener oculto el nombre de su fuente no fue que se deje de hacer justicia –dado que todos los involucrados han sido, de una u otra manera, comprendidos en la indagación fiscal-, sino por el contrario que se pueda investigar y controlar de manera democrática al sistema de inteligencia sin poner en riesgo a terceras personas. "LOS PRINCIPIOS DE LIMA" Y LA "DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS" RESPALDAN EL PROCEDER DE O´PHELAN PEREZ Precisamente, el principio de protección de las fuentes es considerado básico para garantizar la libertad de información, ya que de otra manera los medios tendrían limitaciones para acceder a información de interés público. Por ejemplo, los "Principios de Lima", firmados en el año 2000 por una serie de autoridades y representantes del Estado y del sector privado[17], señalan expresamente en su artículo 6 que "ningún periodista puede ser obligado por el Poder Judicial o cualquier otro funcionario o autoridad pública a revelar sus fuentes de información o el contenido de sus apuntes y archivos personales y profesionales". Más aún, el principio noveno se ajusta expresamente a este caso, al señalar que "cualquier persona o servidor público que divulgue información clasificada en las restricciones antedichas, no deberá ser sujeta a represalias si es que el interés público a estar informado prevalece sobre las consecuencias que pudiera ocasionar su divulgación. En tales casos, podrán acceder a un régimen especial de protección". Por su parte, la propia "Declaración Universal de Derechos Humanos" señala en su art. 19º que la libertad de opinión y expresión que corresponde a toda persona –y no solo a un periodista- incluye el derecho "a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras", principio que es recogido de manera similar por el art. 13º de la "Convención Americana de Derechos Humanos". Asimismo, la "Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión", aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2000, establece que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos –y no solo de los periodistas- el cual únicamente puede ser limitado por ley "para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas", agregando que "en ningún caso las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público". A pesar de estos y otros instrumentos similares que van en el mismo tenor, la fiscal Ruiz ha preferido ceñirse al texto estricto de la ley y no ver más allá de lo ocurrido, a pesar de que ya una de las instituciones encargadas del control democrático del sistema de inteligencia deslindó a Fernando O´Phelan de cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido. Lo más grave, es que con esta denuncia, la fiscal está sentando un precedente nefasto, dado que ella implica que, a menos que una persona sea periodista, no tiene el derecho de garantizar la confidencialidad de sus fuentes de información, debiendo ir a la cárcel por ello. CREANDO UN ANTECEDENTE NEFASTO En definnitiva, la denuncia que se formula contra el Presidente de ProJusticia, Fernando O´Phelan Perez, no hace sino reflejar la falta de un mayor debate y precisión acerca del alcance que debe tener el derecho y la libertad de información en nuestro país. Por un lado, su posición como fuente es revelada por un periodista sin mayor ética periodística, que considera que O´Phelan no merece protección ni confidencialidad por el solo hecho de mantener presuntos intereses particulares (no demostrados de manera fehaciente, además), subjetivizando un principio que no debería tener excepciones. Adicionalmente, el Ministerio Público presenta una denuncia en su contra que no tiene asidero en la investigación del Congreso de la República, y que se basa sobre todo en la apreciación subjetiva de la fiscal acerca de la "irresponsabilidad" de O´Phelan en la entrega de la información a los medios de comunicación. Con ello, la fiscal crea un precedente peligroso para la libertad de comunicación, ya que cualquier persona que quiera presentar un caso ante los medios de prensa puede ser acusada y llevada a la cárcel por no respetar "los canales establecidos", aún cuando el uso de estos canales solo pueda significar el archivamiento del caso y/o la protección de redes de corrupción. REFLEXIÓN FINAL Este absurdo e injusto proceso judicial, corrobora igualmente la necesidad de una mayor precisión acerca del "Principio de confidencialidad de las fuentes", más aún considerando que el manejo de información pública se viene ampliando en el país y no se limita solamente a los medios de prensa. ¿Qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si el informe sobre la fuga de información en DINTEMAR hubiera sido publicado en la página web de Projusticia –o en algún otro blog de noticias- en vez de ser entregada a un medio de prensa? ¿No es en realidad más responsable –a diferencia de lo que considera la fiscal- que dicha información haya sido entregada a dichos medios en vez de ser difundida abiertamente por la Internet? En nuestra opinión, hoy nuestro Presidente Ejecutivo enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel por poner en evidencia un hecho que estaba corroyendo al sistema de inteligencia y, por revelar una vulnerabilidad en dicho sistema, que persisste hasta la fecha, vulnerando con ello, la seguridad del Estado y de nuestra vida democrática; sin embargo, el Ministerio Público parece echarle la culpa de lo ocurrido a Fernando O´Phelan solo por entregar dicha información a la prensa y no querer revelar sus fuentes, como si ello no fuera parte de sus derechos como ciudadano, repitiendo así el proceder funesto de las tiranías, en el sentido de querer "matar al mensajero", que reveló malas noticias.[18] Debido a ello, Fernando O´Phelan ha sido entregado a los enemigos que tiene dentro del Poder Judicial, quienes solo esperaban esta oportunidad para vengar las muchas veces que éste ha denunciado la corrupción judicial. Sin tomarse en cuenta tampoco, que la difusión de la información sobre el caso DINTEMAR, tuvo efectos positivos y eficaces para comenzar a revertir la vulneabilidad que padece el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) peruano; pues propició la creación de una "Comisión de Investigación Interna" en las Fuerzas Armadas y de una "Comisión Especial de Investigación de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, la que emitió un informe (aprobado por el Pleno del Congreso) confirmando las denuncias realizadas por la prensa sobre la filtración de información hacia empresas privadas de seguridad y por codicia, posiblemente además, esa información era ofrecida al mejor postor: potencias extranjeras, mafias del crimen organizado, grupos terroristas y organizaciones del trafico ilícito de drogas. Consecuentemente, el Parlamento formuló conclusiones tendientes a que se implemente en el más breve plazo, un control de daños en el SINA. En adición, las denuncias sobre el caso DINTEMAR, genaron que el Ministerio de Defensa, emitiera una Resolución Ministerial (N°355-2007DE/SG-21/05/2007), donde al personal militar y civil de los órganos de inteligencia de los institutos armados y del sector Defensa le prohiben prestar servicios en actividades de inteligencia a favor de particulares. También, surgió otro hecho favorable para robustecer el SINA: por razones vinculadas a la seguridad nacional, a través del un Decreto Supremo (013-2008-DE/EP), emitido en julio del 2008, el Ministerio de Defensa activó el Arma de Inteligencia dentro del Ejército Peruano, la cual había sido desactivada en diciembre del 2001, facilitando así, la expansión de los grupos terroristas y el narcotráfico, en el valle del Alto Huallaga y el Valle del Río Apúrimac y Ene (VRAE). Por todo ello, se confirma una vez más, que el papel de la prensa independiente, instituciones democráticas, libertad de información y la ciudadanía vigilante es fundamental, y mientras prevalezca la vigencia de los derechos civiles y políticos, éstos constituirán los mejores aliados para un control de la sociedad democrática sobre los servicios de inteligencia y el consiguiente restablecimiento de la confianza y credibilidad en el sistema de inteligencia peruano; impidiendo que se culpe a inocentes que realizan denuncias de buena fe, para encubrir a organizaciones delictivas o en todo caso un manejo permisivo de las labores de los agentes de inteligencia estatal, debido a un control deficiente de sus jefes y un mal funcionamiento del sistema de seguridad institucional. Finalmente, es primordial que la sociedad peruana tenga una visión objetiva y fidedigna de la labor que realizan sus organismos de inteligencia y que la valore en su justa medida. Considerando que éstos desarrollan sus actividades en el difícil ámbito de la prevención y con la más estricta discreción, esta labor pedagógica es particularmente necesaria. Los ciudadanos deben tener la certidumbre que sus servicios de inteligencia operan con el más absoluto respeto al Estado de derecho y dentro de reglas y controles políticos, legales, judiciales, perfectamente definidos, para asegurar la inviolabilidad de los derechos recogidos por la Constitución y las leyes. Pero cuando no suceda esto, el Poder Judicial debe aplicar las leyes en forma correcta y justa. [1] Nota: Desde el 11/12/2011, se desempeña como ministro de la Producción, del gobierno de Ollanta Humala. [2] Crf. "Secretos Revelados, Justicias Ocultas, el caso DINTEMAR". Informe de ProJusticia, Lima, febrero de 2012. [3] Crf. "Secretos Revelados, Justicias Ocultas, el caso DINTEMAR", Ibidem. [4] Nota: Wilson Gomez-Barrios Rincón, actualmente es "Country President", de la empresa Securitas Perú: http://www.securitas.com/pe/es-pe/About-Us/Securitas-Peru/ [5] Nota: Posteriormente, en julio del 2009, el periodista Ángel Páez ha tratado de relacionar este caso con el de "Business Track" (BTR), a partir de las vinculaciones familiares entre Gómez Barrios y la asesora comercial de dicha empresa, Giselle Gianotti Grados. [6] Cfr. Artículo: "Pleno del Congreso aprobó informe de inteligencia con 14 meses de atraso. Fuga de información de la Marina a empresas privadas". Sección Política. Diario El Comercio. 17/10/ 2008. [7] Cfr. Artículo: "Hace falta un eficiente sistema de control interno en la Marina''. Entrevista de César Romero, al ex oficial naval, Carlos Barba Daza, en el diario La República-Sección Principal. 15/01/2009. [8] Cfr. Artículo: "Investigan a marinos por uso delictivo de equipos". Sección Política. Pág. A-6. Diario El Comercio. 23/01/2009. [9] Cfr. Artículo: "Giselle y los 6 USB". Revista Caretas- 15/01/2009- Edición 2061. Págs. 11 a 17. [10] Nota: en la década del 90, llegó a ocupar el cargo de subdirector de la Dirección de Inteligencia Naval, hoy DINTEMAR. [11] Cfr. "Policía capturó a 'chuponeador' que grabó conversaciones entre Rómulo León y Alberto Quimper". Diario El Comercio, Lima, 12/02/2010. [12] Cfr. Artículo: "Hombre clave de BTR compró equipos de 'chuponeo' para la Marina el 2000". Sección Especial. Diario El Comercio. 22/01/2009. [13] Cfr. "Conozca las más resaltantes declaraciones de Alan García sobre BTR". Portal en Internet de RadioProgramas del Perú. Lima, 17/10/2011. [14] Cfr. Nota de prensa de la Gerencia Central de Imagen Institucional.Web del Ministerio Público.23/01/2009. [15] Cfr. Artículo: "Tribunal dictará sentencia del caso BTR la próxima semana". Diario El Comercio. 21/02/2012. [16] Nota: César Almeyda Tasayco, fue ex abogado personal del ex presidente Alejandro Toledo (julio 2001-julio 2006), también su consejero presidencial y ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia. En este último cargo fue encarcelado por el Poder Judicial, denunciado por realizar negociaciones ilícitas con el fallecido general EP Óscar Villanueva Vidal, sindicado como el ex cajero de Vladimiro Montesinos. Almeyda fue acusado por los delitos de tráfico de influencia y omisión de denuncia. [17] Entre ellos el entonces Presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Enrique Zileri Gibson; el representante de la Defensoría del Pueblo, Samuel Abad Yupanqui; e incluso el representante del Instituto de Defensa Legal, Hans Landolt, quienes hoy parecen olvidarse de este principio frente a la acusación que atraviesa el Presidente de ProJusticia. [18] Nota: Había una vez en el legendario oriente, un lejano y antiguo país que era tiránicamente gobernado por un cruel y autoritario Rey, quien aborrecía profundamente el arribo de malas noticias pues no toleraba incómodas y desagradables situaciones. Cada vez que llegaba un mensajero desde tierras cercanas o remotas que portara malas nuevas, lo hacía ejecutar de inmediato. Evidentemente él confundía al mensajero con el mensaje. Sus súbditos llegaron a temerle tanto que decidieron de ahí en adelante ocultarle todo aquello que fueran malas noticias. Ya nadie comentaba más los acontecimientos que ocurrían. Un día se supo que había cesado en su función como Rey y condenado a muerte a causa de su insoportable crueldad y demás desvaríos pero nadie se atrevió a comunicárselo. Todavía nadie sabe a ciencia cierta si llegó realmente a sorprenderse cuando su cabeza rodó en el patíbulo sin el correspondiente aviso previo. |
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