Introducción
Como todo el Perú, nosotros también estamos convencidos que se hizo bien en demandar a Chile ante el Tribunal de La Haya. Pensamos que hemos hecho unaacertada defensa y esperamos un fallo justo y que sea aplicado de inmediato. Tal posición consta así claramente en nuestro pronunciamiento del 20 de Marzo del 2009.
Sin embargo en el Grupo Basadre hemos querido tomar esta oportunidad para elevar la voz que venimos sosteniendo en relación a la problemática internacional, los recursos naturales, el interés permanente del Perú y particularmente la compleja naturaleza de nuestra relación con Chile.
Como ya hemos dicho, el fallo de La Haya no resolverá todos los problemas de la situación vinculada con Chile. Principalmente seguirán pendiente la cuestión del armamentismo chileno y el peligroso desbalance comercial y de inversión entre ambas naciones. Tenemos fe que estos y otros asuntos pueden resolverse pacifica e inteligentemente. En esa apuesta estamos desde el comienzo y también hoy en día.
A continuación se republican los pronunciamientos efectuados por el Grupo durante losúltimos años. Esperamos que puedan servir para ilustrar la continuidad de la constructiva y patriótica tarea que venimos desarrollando.
Esta publicación no incluye documentación relacionada con otras intervenciones del Grupo en relación a nuestras preocupaciones fundamentales, las cuales pueden verse en nuestra siguiente pag web :
Pronunciamiento
PELIGROS DE UN TLC CON CHILE
Comercio sí, dominación no
Existe ya un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con Chile y también uno de Protección de Inversiones. No es conveniente por ahora avanzar más.
Primeramente porque hay temas pendientes con Chile que son muy importantes, forman parte del conjunto de la relación bilateral y no deben ir por "cuerda separada". En efecto, la negativa de Chile a reconocer los verdaderos límites marítimos con el Perú, su visible carrera armamentista, su permanente vulneración de nuestros derechos de propiedad intelectual, son cuestiones que al afectar nuestra soberanía nos perjudica desgajarlos de la problemática general; derivarlos a un carril distinto debilita la posición de negociación peruana en contenciosos no resueltos.
En segundo lugar porque el denominado. Acuerdo de Libre Comercio es desventajoso para el Perú, dado que impulsará y fortalecerá privilegiadamente la inversión chilena al darle nuevas concesiones en los temas que a Chile le interesan (inversiones, servicios, solución de controversias) otorgándole un blindaje protector y un estatus especial que no permitirá a la Autoridad del Estado aplicar regularmente nuestras leyes generales, impidiendo que podamos decidir libremente políticas económicas internas en función de lo que es más convenientes para el país.
Considerando que hoy en día la inversión chilena en el Perú es doscientas veces mayor que la peruana en Chile (5,000 millones contra 25 millones), el Acuerdo va a ocasionar que esta diferencia se acreciente con las consiguientes implicancias de sobre influencia de una nación vecina respecto de la economía peruana. Ténganse en cuenta además que si bien últimamente la balanza comercial nos favorece, ello se debe a las exportaciones peruanas de Molibdeno, debiendo recordar que nosotros exportamos a Chile materias primas o bienes sin valor agregado mientras que Chile nos vende mayoritariamente bienes con valor agregado.
En consecuencia, aún cuando el acuerdo mencione teóricamente las posibilidades de reciprocidad, estas no son reales ni efectivas, porque los peruanos no tenemos capacidad económica para eliminar, o atenuar siquiera, la inconveniente y abismal desventaja existente.
La inversión chilena en el Perú abarca transporte aéreo, transporte marítimo interior y exterior, un banco y otro en curso, farmacias, conglomerados comerciales, distribución de hidrocarburos y han ingresado en la compra de tierras agrícolas. El acuerdo transfronterizo que el Acuerdo también promueve solo favorecerá la proliferación de profesionales chilenos que ya laboran en contrataciones de obras nacionales.
La historia del Perú demuestra que nuestra relación con Chile ha tenido periodos de extrema gravedad, cuyo recuerdo nos obliga a actuar con cautela, como quedó nuevamente demostrado hace solamente poco más de un año, con el episodio difundido desde Ecuador sobre la venta de armas de Chile a ese país durante la guerra del Cenepa.
De otro lado y no por ello menos importante, debemos lamentar que el Acuerdo se haya suscrito sin que el país lo conozca primero, para poder debatirlo, pues se publicó recién al día siguiente de ser firmado.
Más aún, el Acuerdo no es un tratado internacional ejecutivo por cuanto para su ejecución requerirá modificación o derogación de leyes y/o medidas legislativas (art.56 de la Constitución).Por tanto el Congreso debe recomendar que el Acuerdo quede sin efecto tal como obliga el art.92 del Reglamento del Congreso.
Inclusive resulta inaceptable que el Gobierno no se haya percatado que al exceder los alcances de los ACE de ALADI, debió el texto pasar previamente por el Congreso, pues es automáticamente un Tratado de Libre Comercio, al igual que aquel suscrito con Estados Unidos que sí pasó por el Congreso. Los chilenos también lo someterán a la aprobación de su Congreso previamente y no después de ser firmado.
La integración económica entre los países y el proceso mundial de la globalización no son fenómenos que tienen que aceptarse tal como se presentan los desarrollos externos, renunciando los Estados a cualquier capacidad de orientación o control. Los intereses de las naciones, aún entre vecinas, muchas veces no coinciden y es obligación de sus dirigencias políticas proteger los propios para evitar que se extinga la capacidad decisoria del Estado, su autonomía vital, y con ellos la Nación misma.
Publicado en La Republica el 23 de Octubre del 2006.
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La Inversión Chilena en el Perú
Durante los últimos años los peruanos y peruanas hemos visto, con creciente preocupación, un desmesurado armamentismo de Chile que, según declaraciones de autoridades militares de dicho país, está dirigido a proteger sus inversiones en el exterior, siendo muy significativas las que tiene en el Perú.
Esta preocupación se ha visto acrecentada durante el actual gobierno, que mantiene con el vecino del sur una actitud que alienta su arrogancia, impropia de una relación bilateral, en términos que llegan a ser ofensivos a nuestra dignidad, especialmente desde que presentamos la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
La inversión de Chile en el Perú ha aumentado sensiblemente en numerosas áreas, inclusive estratégicas, acercándose a los siete mil millones de dólares y a un paso de convertirse en el futuro en el primer inversor extranjero, en marcado desequilibrio con la inversión peruana permitida por las autoridades chilenas.
Tal inversión es la antesala de una fase de penetración cultural, pues las transnacionales chilenas influyen en los medios de comunicación masiva, en gremios empresariales de los que son socias, alientan a las ONG que defienden sus objetivos u ocultan los desafíos que su accionar puede impactar en los intereses nacionales, iniciándose así una interferencia política en la cual dichos intereses son postergados por los intereses económicos y políticos chilenos bajo el auspicio lamentable de cierta clase dirigente empresarial y política que sólo ve sus propios beneficios.
Es preocupante cómo el actual Gobierno, a los pocos días de asumir el poder, firmó con Chile un Acuerdo de Libre Comercio que no pasó por el Congreso, como lo exige el Art.o 56 de la Constitución Política del Perú. Dicho acuerdo fortalecerá la inversión chilena, al darle nuevas concesiones en los temas que le interesa (inversiones, servicios, solución de controversias) otorgándole un blindaje protector y un estatus especial que no permitirá al Estado aplicar nuestras leyes, impidiendo que podamos decidir libremente políticas económicas internas en función de lo que es más conveniente para el país. Además, en actitud sorprendente, el Gobierno ha suscrito addendas a ese Acuerdo ocultándolas a la población y al Congreso.
Ante la inminente puesta en marcha de dicho TLC, invocamos a los parlamentarios y fuerzas vivas del país a detener esta violación a nuestra Constitución y poner un alto a este nuevo acto de sumisión.
Asociaciones civiles y ciudadanos en forma individual estamos luchando por espacios de comunicación que nos permitan alertar al país, haciendo ver, entre otras consideraciones, que la tesis de la "cuerda separada" sostenida por el Gobierno (según la cual lo comercial no tiene nada que ver con lo político) resulta perjudicial para nuestro país.
Esta situación tiene que ser revertida y ha sido uno de los motivos primigenios que impulsó a ciudadanos e instituciones a constituir el grupo de acción JORGE BASADRE para defender los permanentes e inalienables derechos del Perú, hacer conciencia del riesgo que se cierne sobre nuestra soberanía y alertar a los dirigentes de todos los sectores nacionales, sin que nos anime un propósito de confrontación, sino la intención de esclarecer la grave situación de nuestra seguridad nacional. Con tal motivo, invitamos a nuestros compatriotas a adherirse a este Grupo a fin de mejor cumplir con nuestros objetivos.
El respeto por nuestra historia, la inquietud de dejar a las nuevas generaciones un porvenir libre e independiente, nos impulsan en esta tarea con la convicción de contribuir a defender la soberanía y dignidad del Perú.
Lima, 11 de febrero del 2009
Roberto Chiabra, Alan Fairlie, Rocío Ferrel, Carlos Ferrero, Hugo Ismodes, Baldo Kresalja, Salomón Lerner Ghitis, Francisco Morales Bermúdez, Juvenal Ordoñez, Oscar Penny, Manuel Rodríguez Cuadros, Aníbal Sierralta, Luis Sierralta, Juan Sheput, Luis Solari Tudela, Asociación Perú: Soberanía y Desarrollo... siguen firmas…
Grupo Jorge Basadre
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El gas y la soberanía nacional
En las últimas semanas ha venido produciéndose en el país un importantísimo debate sobre el futuro de la explotación y el consumo del gas natural. El campanazo de alarma ha sido el anuncio oficial de que no tenemos suficientes reservas para atender tanto el consumo interno como los contratos de exportación ya pactados. Creemos fundamental que se avance y profundice en este debate ya que el buen uso de este recurso constituye una herramienta de primer orden para el desarrollo del Perú y la afirmación de nuestra soberanía nacional.
Una cuestión central a tener en cuenta es que estamos discutiendo sobre el futuro de reservas de gas, lotes 56 y 88, descubiertas por la empresa Schell en décadas pasadas, que revirtieron al Estado por el abandono que hizo de las mismas la mencionada transnacional. Por ello, el precio bajo, en comparación al mercado internacional, que tiene ese gas y la prioridad por esta razón que debe tener el uso peruano del mismo.
La importancia del gas en un mundo y una región en que escasean las fuentes de energía es sobre todo estratégica. De allí que sea fundamental garantizar el control nacional del recurso, la priorización del mercado interno en su uso y la transformación del mismo, produciendo un valor agregado, con el desarrollo de una importante industria petroquímica de base nacional.
Ahora bien, en el mundo actual el control nacional de un recurso natural supone tanto la participación del Estado a través de la empresa del sector, Petroperú en nuestro caso, así como la adecuada regulación de la inversión nacional y extranjera en la exploración, explotación y comercialización del gas.
Asimismo, la priorización del mercado interno debe significar el aseguramiento del abastecimiento del mismo por un horizonte de tiempo de, por lo menos, veinte años, así como su uso para el consumo doméstico, vehicular e industrial. De igual manera, debe asegurarse también una equilibrada distribución geográfica del mismo, para que los peruanos de las diferentes regiones del país se beneficien del uso de esta energía.
En este sentido, no nos oponemos a la exportación, siempre y cuando se aseguren primero todas las necesidades nacionales a los precios bajos que ha fijado el Estado por ser reservas que revirtieron a su soberanía. De ninguna manera se deben priorizar los contratos privados de exportación por encima de las necesidades del consumidor peruano.
Nos parece, por esto, muy importante el anuncio del Presidente de la República de que se están renegociando esos contratos para no poner en peligro el abastecimiento interno. Estaremos vigilantes de este proceso para cautelar el interés nacional por encima de cualquier apetito privado que quiera beneficiarse de un recurso nuestro a costa del desarrollo del Perú.
Grupo Jorge Basadre
Lima, 7 de Agosto del 2009.
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TLC con Chile:
Carta al Tribunal Constitucional
Lima, 1 de Octubre del 2009
SEÑORES MAGISTRADOS D EL TRIBUNAL CONS TITUCIONAL:
El Grupo Jorge Basadre que los firmantes representamos, es una institución creada con el propósito de defender los sagrados intereses del Perú y en ese propósito consideramos pertinente dirigirnos a Uds. con relación a la demanda de inconstitucionalidad del TLC firmado con Chile y presentada a vuestro Tribunal por más de 40 congresistas de la República.
Es evidente que dicho Tratado fue ocultado al país, suscrito de manera apresurada y evitando al Congreso con el objetivo de impedir su discusión pública. Tal equivocación puede ser subsanada si el Tribunal Constitucional hace respetar la Constitución vigente y ordena al Ejecutivo presentarlo al Congreso.
Las razones que amparan la demanda son incontrovertibles:
El tratado versa sobre soberanía del Estado al definir (mal) el territorio. El tratado elimina la causal de expropiación por razones de seguridad nacional consagrada en la Constitución. El Tratado establece un proceso de expropiación extraconstitucional y formas de pago congeladas en el tiempo. El Tratado se refiere a materias tributarias que están reservadas al Congreso. El Tratado para su operatividad requiere desarrollo legislativo. El Tratado no se deriva para nada del acuerdo del ALADI, ni puede por tanto considerarse tema derivado del mismo. El Tratado despoja al Perú de recurrir a salvaguardas conforme al tratado de la OMC, entre otras
flagrantes violaciones constitucionales. Además, en el caso específico, una sentencia favorable al recurso de inconstitucionalidad tiene efectividad solo para el caso con Chile; la sentencia no afecta ningún otro tratado internacional. Las sentencias del Tribunal Constitucional no se aplican sino al caso de la materia objeto del proceso.
Un TLC de esa naturaleza requiere la discusión pública que transparente debidamente sus condiciones, para que si los peruanos quisieran conceder algunos beneficios especiales éstos sean otorgados solamente por el Congreso como manda la Constitución y no por decisión del Poder Ejecutivo.
Toca al TC la responsabilidad histórica de señalar claramente que existe un camino constitucional que debe transitarse para este acuerdo, con mayor razón en un tema tan delicado y significativo como son las relaciones con Chile. Ese camino debe pasar por el Congreso. Eludirlo, además de ser una señal de inseguridad jurídica que afecta a todos los peruanos, implicaría el perjuicio irreparable de consagrar una abierta violación de la Constitución vigente, que el TC tiene como misión primordial hacer respetar.
Atentamente,
Carlos Ferrero, Baldo Kresalja, Aníbal Sierralta, Juvenal Ordoñez,
Francisco Morales Bermudez, Luis Solari T, Jorge Basadre Ayulo, Roberto Chiabra, Juan Sheput, Salomón Lerner G, Alan Fairlie, Jorge Brousset, Oscar Penny, Hugo Ismodes, Rocío Ferrel, Gonzalo Fernandez, Pedro Morales M, Luis Sierralta.
Grupo Jorge Basadre
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Todos unidos ante el Tribunal de La Haya
1. La presentación por el Gobierno del Perú ante el Tribunal de La Haya de la demanda del Estado Peruano a la República de Chile a fin de que se establezca una delimitación marítima, que hoy no existe, es una decisión que apoyamos firmemente, más aun cuando se consecuencia de estudios y actuaciones de nuestra Cancillería desde hace varias décadas, respaldada con irrefutables fundamentos jurídicos.
2. Esta iniciativa, sin embargo, en nada debilita la posición de quienes como el Grupo Basadre consideramos el reciente Acuerdo Comercial de Libre Comercio, celebrado con Chile, inconveniente en su oportunidad, procedimiento y contenido, tal como lo hemos puesto de manifiesto públicamente, al igual que otras agrupaciones cívicas y políticas, instituciones diversas y ciudadanos independientes.
3. Frente a la demanda ante el Tribunal de La Haya, entre los peruanos sólo cabe una posición coherente y solidaria de respaldo sin reservas al Gobierno del Perú, cualquiera que sea el partido político o la persona que lo encabece. Ello es un mandato de la historia que no puede olvidarse. El Perú ha perdido cientos de miles de kilómetros cuadrados desde su independencia, habiendo sido Chile un vecino hostil, que ocupa ahora ilegítimamente una extensión importante del mar de Grau: 38,324 kilómetros cuadrados en el triángulo interno y 28,356 kilómetros cuadrados en el triángulo externo.
4. Invocamos al Gobierno, universidades, medios de comunicación y agrupaciones cívicas a divulgar en el lenguaje más sencillo y accesible la posición peruana en esta materia, buscando que todos los ciudadanos conozcan los sólidos argumentos jurídicos e históricos que la sostienen.
Lima, 20 de marzo de 2009
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¿Y Ahora Qué?
Frente a los últimos acontecimientos que vive el país no podemos permanecer en silencio. Hemos señalado en ocasión anterior que la experiencia histórica nos enseña que, en materia de provocaciones provenientes del exterior, debemos estar unidos como un puño y en ese sentido apoyaremos las decisiones presidenciales. Pero esa misma historia nos enseña que no se debe persistir en el error y que hay ocasiones en las que es preciso enmendar las equivocaciones cometidas, por duro que ello pueda ser, porque así lo exige el destino histórico del Perú.
Hay medidas que deben adoptarse de inmediato:
1. Profunda restructuración de nuestra política exterior para que recupere la lucidez que la coyuntura exige, comunicándola sobriamente a la población, recuperando presencia y respeto en el concierto internacional en concordancia con lo que siempre ha sido nuestra conducta antes y después del inicio republicano.
2. Denunciar el Acuerdo de Libre Comercio celebrado con Chile, con la anticipación de los 6 meses que el mismo permite. Es preciso rechazar la errada e ingenua política de las cuerdas separadas entre lo comercial y lo político, así como afirmaciones que la defienden y promueven, amparadas en intereses particulares y extranjerizantes, que suscriben empresarios peruanos de la Cámara de Comercio peruano-chilena.
3. Modificar los artículos 63 y 71 de la Constitución Política, que otorga a los extranjeros, en forma incomprensible, la misma condición jurídica que a los peruanos; instaurando por el contrario una política de reciprocidad, y además permitiendo al Estado decidir sobre la conveniencia o no de aceptar en determinados áreas la inversión extranjera
4. Anular sin demora la entrega de espacios estratégicos a inversionistas con capital directo o indirecto de Chile, tales como puertos (Paita) y aeropuertos (Collique), y remover a las autoridades de Proinversion por no saber cautelar los intereses del Perú. Ello no significa dejar de lado una correcta y prudente política de concesiones para mejorar nuestra infraestructura, pero sí definir políticas de transporte aéreo, marítimo, terrestre y fluvial buscando que se conviertan en políticas de Estado con amplio consenso.
5. Exhortar al Tribunal Constitucional para que se pronuncie de inmediato sobre la inconstitucionalidad del Acuerdo de Libre Comercio celebrado con Chile.
6. Remoción inmediata de los Ministros de Defensa, de Comercio Exterior,y de la Ministra de Producción, por vergonzosa incapacidad y falta de ponderación y conocimiento histórico al momento de expresar opiniones públicas relacionadas con la política exterior y las tareas de defensa nacional.
7. Sin dejar de apoyar una política de desarme concertado, lograr que el Perú logré en el más breve plazo una posición defensiva que nos permita proteger nuestros intereses mediante procedimientos transparentes que no repitan los negociados de épocas anteriores y cumplan debidamente su objetivo.
Las medidas propuestas son posibles, viables y necesarias. Si se adoptan y se ponen en práctica, como esperamos pero también exigimos, contribuirán decisivamente para que los peruanos de todas las tendencias políticas estén firmes y unidos en la defensa de la soberanía nacional y los sagrados intereses de la Patria
Lima, 18 de noviembre del 2009
GRUPO JORGE BASADRE
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El mensaje de Juvenal Ordóñez
La prematura partida de Juvenal Ordoñez lo sorprendió cumpliendo las tareas patrióticas que siempre asumió durante su vida. Nosotros, miembros del Grupo Basadre, tuvimos el privilegio de trabajar conjuntamente sin más apoyo que el aliento de miles de peruanos que no tienen acceso a la gran prensa.
Su partida nos dejó un mensaje y un gran ejemplo de vida a seguir, en la defensa de los intereses permanentes de la Nación. Solidarios renovamos nuestros propósitos y esfuerzos luchando para que:
El Tribunal Constitucional declare fundada la demanda de inconstitucionalidad del TLC con Chile.
El gobierno proceda a la suspensión del Tratado, siguiendo los mecanismos que el propio Tratado prevé.
Se busque la unión nacional a fin de establecer las relaciones vecinales de desarrollo con dignidad y respeto. En tal razón se debe corregir la nefasta política de cuerdas separadas y rectificar el error de reestablecer la presencia de nuestro Embajador en Santiago de Chile sin haber recibido antes satisfacciones del gobierno del sur por el incidente del espionaje.
Se recupere la capacidad disuasiva del país buscando las mejores opciones. Se deben establecer condiciones dignas de trabajo para los miembros de las Fuerzas Armadas, y adquirir los medios que la Defensa Nacional requiere. Si hubo la decisión política de gastar siete mil millones de dólares para evitar la devaluación del tipo de cambio, debe haber la misma decisión para proveer los recursos necesarios para la defensa, la política social y la reactivación de la economía nacional.
Se revisen las concesiones de servicios estratégicos que vulneran la seguridad nacional. Es el caso del puerto de Paita y las concesiones mineras en zonas de frontera. También hay que asegurar el gas para el desarrollo nacional.
Modificar el Decreto Legislativo 662, Ley de promoción a la inversión, a fin de establecer los sectores prioritarios para el desarrollo nacional, precisar los sectores estratégicos y alentar por igual al inversionista nacional que está en situación de inferioridad frente al extranjero.
Honramos la memoria de un patriota como Juvenal Ordóñez, alejándonos de la política que impulsa el gobierno que ha consolidado la chilenización de la economía nacional y ha puesto en riesgo la seguridad nacional. Buscamos una alternativa que aglutine el país en torno a una estrategia de desarrollo que garantice el bienestar y seguridad de sus ciudadanos, con dignidad.
¡JUVENAL ORDÓÑEZ, DESCANSA EN PAZ!
¡SEGUIREMOS EN LA LUCHA CON TU EJEMPLO!
Grupo Basadre
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Tribunal Obliga Renegociar TLC Con Chile
El Tribunal Constitucional ha declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad al TLC con Chile, apoyada por un grupo de patriotas que se resisten a aceptar el avasallamiento económico de Chile.
Sin embargo, ha condicionado la constitucionalidad del Tratado a dos requisitos:
a) Precisar el concepto y ámbito de territorio. En efecto, el Tribunal señala que el Tratado: "no es inconstitucional, siempre que se interprete el concepto de "territorio continental, las islas, los espacios marítimos
y el espacio aéreo bajo su soberanía (..) de conformidad con el articulo 54 de la Constitución". Es decir, deberá señalarse que la soberanía y jurisdicción que le compete al Estado peruano abarca el dominio marítimo que ejerce sobre las 200 millas marinas adyacentes a sus costas.
Como este requisito no está en el Tratado, éste es inconstitucional, hasta que tal precisión se añada.
b) Incluir el criterio de seguridad nacional como una de las causales de expropiación, ya que el Tribunal dice: "no es inconstitucional, siempre que se incorpore a la seguridad nacional como un supuesto jurídico mas de expropiación" como lo señala el articulo 70 de nuestra Constitución.
Es decir deberá incorporarse el concepto de seguridad nacional como uno de los supuestos de expropiación y hasta que ello no ocurra el Tratado es inconstitucional.
En consecuencia el Tribunal ha establecido, a través de este fallo, que para que el Tratado sea constitucional debe contener estos dos requisitos. Para que ello ocurra el Perú deberá renegociar con Chile la inserción de tan fundamentales condiciones, ya que es un acuerdo bilateral. En el hipotético caso que ello no ocurriera el Presidente de la República y el Canciller estarían asumiendo una grave responsabilidad histórico-política y constitucional.
Hacemos este pronunciamiento en vista de la información distorsionada que se ha dado a la opinión pública en el sentido que el Tribunal ha dado luz verde a este Tratado, lo cual no es cierto.
Lima 15 de Febrero del 2010.
Grupo Basadre
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Recursos Naturales y Seguridad Nacional
Es urgente que la Nación y sus gobernantes tomen plena conciencia de la implicancia directa que existe entre el tratamiento que damos a nuestros recursos naturales y la seguridad del país.
Fósiles o renovables, los recursos naturales son hoy una riqueza cada día más importante. Primero porque no alcanzan para satisfacer las necesidades de una globalización indetenible y segundo porque la forma en que se están utilizando no concuerda con el cuidado que requiere el planeta para desarrollarse de manera sostenible.
En esa carrera desordenada la situación del Perú es particularmente delicada porque si bien tenemos importantes fuentes de recursos naturales, carecemos
del capital para darles el mejor uso y los gobiernos carecen de la racionalidad que debe orientar sus acciones.
Tal deficiencia hace que se adopten políticas públicas erróneas, apresuradas, o mal planteadas, que no pocas veces son promovidas por capitales nacionales o extranjeros solamente interesados en el provecho económico inmediato.
Dichas decisiones afectan directamente la seguridad del Perú porque debilitan nuestro sustento, nos abren en demasía y descontrol a la influencia externa y descuidan los efectos ambientales de proyectos cuya realización muchas veces se revela como una expoliación en favor de los más poderosos.
A solo 1 año de los lamentables hechos de Bagua, se han sucedido episodios que confirman lo antedicho. Relaves mineros dañando ricas cuencas hidrográficas por empresas insensatas, tanto en la sierra como en la selva; entrega de concesiones de explotación de petróleo en la costa marítima adyacente a pesar de las terribles experiencias recientes en el mundo; un oscuro y sospechoso proyecto de inversión comercial en la estratégica isla San Lorenzo; así como la negativa del Gobierno a presentar al país el Catastro Amazónico —excepto M. de Dios— que nos revele exactamente de qué manera real (explotaciones, exploraciones, reservas, propiedades comunales, etc) se da la ocupación del territorio amazónico.
Peor aún, las condiciones en que vivimos el aprovechamiento del gas son severamente nocivas, tanto por el precio inicuo pagado en su exportación cuanto por las dificultades de abastecimiento interno, deficiencias ambas que exigen renegociación de contratos y modificación profunda de la política actual en esas áreas, con mayor razón si no tenemos aún suficientes reservas probadas
Al mismo tiempo, un importante acuerdo energético con Brasil no ha sido expuesto ni siquiera ante el Congreso y el Gobierno se niega a hacer conocer el tema de las represas (incluyendo Inambari), que si bien se encuentra en etapa de estudio de su impacto ambiental requiere desde ahora una discusión pública amplia y transparente.
En toda ocasión se viene prefiriendo la conveniencia particular por encima del interés general. Cuando aparecen las sobreganancias en la exportación de nuestros minerales, el Estado no recauda los beneficios que debieran corresponderle. O cuando con el pretexto de "ordenar" la pesca, se reparte el 70% del recurso marino en propiedad perpetua entre un puñado de empresas privilegiadas.
Hasta la tierra cultivable, el más escaso de nuestros recursos naturales, es actualmente motivo de una escandalosa concentración a la que es urgente poner límites pues la propiedad de la tierra debe ser accesible principalmente a pequeños y medianos agricultores, cuya exclusión corroe la democracia.
Recordemos también que nuestro reclamo ante el Tribunal de La Haya contra Chile no solo conlleva una cuestión limítrofe, sino que esa discusión implica quién podrá gozar finalmente de la enorme riqueza pesquera y mineral que encierra la zona que Chile ha usurpado.
Al respecto denunciamos que nuevamente en falta de transparencia el país ignora qué impertinencia alegó Chile al protestar por el fallo del Tribunal Constitucional que obliga a renegociar el TLC y cuál ha sido la respuesta de la Cancillería peruana. El Gobierno al que los ciudadanos temporalmente le hemos delegado nuestra representación no tiene el derecho de mantener en secreto tan trascendente materia.
Lo anterior no significa olvidar que la diferencia con Chile está centrada en un tema crucial: su pretensión de conquista económica. Como ya hemos expresado anteriormente, esta solo puede ser detenida eliminando de la Constitución de 1993 el inicio del artículo 63 que al igualar la inversión extranjera con la nacional, automáticamente pone lo nuestro en desventaja, porque nos impide proteger intereses estratégicos.
Invocamos al Gobierno que no siga dilapidando irresponsablemente los recursos naturales que garantizan la supervivencia del país, esperando que la ciudadanía actúe en consecuencia con este llamado de alerta para defenderlos y mantener así en alto y con firmeza nuestro escudo protector que es la Seguridad Nacional.
Julio 19, 2010
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Creación del Grupo Basadre
ACTA DE FUNDACIÓN DEL GRUPO JORGE BASADRE
A inicios del siglo XXI el Perú debe afrontar y resolver tanto en el frente interno como en el externo sus problemas pendientes y aquellos otros que se vislumbran como consecuencia del proceso de globalización en marcha, y la inacabada tarea por una democracia auténtica de todos, para todos, basada en relaciones de igualdad y libertad. El territorio del Perú, en la parte central andina de Sudamérica, constituye un punto de encuentro y dominio estratégico que no debe ser subestimado. La solución adecuada de los problemas pendientes es una posibilidad factible de concretar y hacer realidad la promesa inacabada de la vida peruana.
No cabe duda que los Estados-nación contemporáneos se ven obligados a compartir su autonomía en muchos ámbitos de la vida económica, política y cultural, y que las tareas que los gobiernos emprenden deben hacerse hoy en cooperación con otros Estados-nación, y con un conjunto de organizaciones internacionales y nacionales, públicas y privadas, todo lo cual da lugar a nuevos desafíos y a realidades mas complejas que las tradicionales. Por tanto, no es éste el momento ni la oportunidad para reclamar autarquías inviables ni tampoco para afirmar que los intereses nacionales se diluyen sin control con la globalización.
El Estado nacional no ha dejado de existir y tiene tareas de gran importancia que realizar. Para tal empeño, su territorio no debe convertirse en centro de intereses transnacionales y menos aun de intereses económicos y empresariales de países con ambición expansiva. El gobierno del Estado nacional seguirá siendo un interlocutor válido frente a autoridades políticas, económicas y culturales de distinto origen y el mejor representante de las poblaciones que se cobijan en su territorio, con las variedades multiculturales y étnicas que son especialmente importantes en países como el Perú.
La riqueza material es condición necesaria pero no única para el logro de una vida plena. Ella debe estar acompañada de una educación de calidad, de una salud pública eficaz y de un control indispensable sobre las fuentes de producción contemporáneas. Fuentes de producción que se caracterizan por la creación de bienes inmateriales tales como el conocimiento y la producción cultural, la que desborda los límites de lo económico para producir nuevas relaciones sociales y formas de vida.
El Perú ha terminado con la etapa de la empresa pública que llego a dominar la vida económica del país. Durante la década del 90 se inició un proceso de privatización y de regulación cuyos beneficios son tangibles en algunos sectores, pero que no estuvieron dirigidos a crear fuentes de producción nacionales de tecnología y competitividad apreciables, y mas bien dieron lugar a una presencia determinante de empresas transnacionales que actúan ahora frente a un Estado poco representativo, que no se ha reformado, y que es avaro en el reconocimiento de la diversidad cultural y el potencial creativo del país.
En ese proceso, lejos de regularse los flujos de inversión teniendo en cuenta los requerimientos de desarrollo y defensa nacional (como lo hacen los países industrializados y las democracias mas modernas), se privilegia y promueve de manera indiscriminada la inversión procedente de Chile, precisamente en sectores y áreas vinculadas a la defensa nacional, tal como se denuncio en el pronunciamiento publicado en el diario "La Republica" el 23 de Octubre del 2006.
La situación descrita, en nuestra opinión, no ha sido debidamente estudiada ni contrarrestada, lo que creemos es indispensable hacer ahora mismo. El grupo que hoy día fundamos no tiene por esa razón divergencias ideológicas ni posiciones excluyentes. Su solidez se asienta en que considera imprescindible la instauración de políticas de Estado que trasciendan la problemática actual y que permitan plantear líneas de acción progresistas que tanto en lo económico como en lo cultural exijan la presencia de capitales nacionales, sean privados o públicos, en aquellas empresas y actividades que están ligadas a la conducta y autonomía de un Estado democrático y representativo, premisa esencial para poder articular los intereses de la nación al interior del proceso de globalización.
Todo ello sin dejar de luchar contra la pobreza todavía imperante y la vigencia plena de los derechos humanos, orientando y limitando los intereses extranjeros a niveles convenientes y no permitiendo que éstos debiliten la actuación en la vida publica de las diversas organizaciones populares y representativas de la nación peruana, las que deben ser alentadas y fortalecidas.
Esas son las conductas fundamentales que aspiramos con toda energía a promover dentro y fuera del Estado para hacer realidad la promesa republicana de la que hablaba Jorge Basadre.
Lima, enero de 2009
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A los partidos en la contienda
Semanas antes de las elecciones para Presidente, así como para representantes del pueblo, y a 132 años de la guerra que inició Chile contra el Perú, el Grupo Basadre manifiesta lo siguiente:
1. Resulta sumamente preocupante la continua y reiterada dación de medidas peligrosas para la seguridad del país por parte del actual Gobierno, adoptadas en un ambiente de secretismo contrario al debate que exige la naturaleza de los asuntos públicos, conductas en las que parece primar fines privados por encima de los intereses permanentes del Perú.
2. Esa forma de actuar se ha manifestado claramente, en los inconstitucionales Decretos de Urgencia Nos. 001-2011 y 002-2011 que afectan seriamente el porvenir de los peruanos y la seguridad del Estado. Por ejemplo, se levanta la calidad de "reserva para la defensa nacional" de una importante área acuática de la base naval en el puerto del Callao, con lo cual se restringe el margen de maniobra de la flota nacional y la coloca en situación de vulnerabilidad, amenazando los movimientos de emergencia que podrían producirse. El procedimiento correcto hubiera sido que, previa cuidadosa evaluación se otorgara la calidad de "reserva para la defensa nacional" a otra área de nuestro territorio, edificar las instalaciones correspondientes y sólo después levantar la calidad de reserva en la base naval del Callao. El recuerdo de lo ocurrido recientemente con la Escuela de Aviación Civil ubicada en Collique es un mal antecedente que resulta pertinente considerar.
3. Es preciso llamar la atención sobre la necesaria actitud proactiva que deben tener las instituciones castrenses y policiales debiendo manifestar sus puntos de vista sobre asuntos de interés nacional —y no guardar el silencio que ahora parece imponerse— lo que no debe interpretarse como un incumplimiento del carácter no deliberante de sus miembros en servicio activo. El mantenimiento de plena capacidad de nuestras Fuerzas Armadas es indispensable y requiere el apoyo comprometido del pueblo y de todos nuestros Gobiernos.
4. Ningún funcionario público o agrupación política puede dejar de apoyar el debido proceso internacional del Perú contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, siendo por lo tanto absolutamente ajena cualquier fórmula de solución extraña al pronunciamiento que se sigue ante esa Corte. El Perú no puede ni debe aceptar escenarios contrarios a ese debido proceso internacional y lo que corresponde es esperar la conclusión del mismo.
5. Invocamos a los partidos políticos y a sus representantes en la actual campaña electoral a que se pronuncien sobre estos asuntos que comprometen la seguridad nacional y el futuro de la Nación, con el objeto que los ciudadanos estén debidamente informados sobre las diversas propuestas para enfrentar los retos más importantes que enfrenta el Perú.
Grupo Basadre
Lima , Febrero 10 del 2011
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Chile y el Gas
Saludamos la decisión del presidente electo Ollanta Humala de superar la política de cuerdas separadas en la relación con Chile. En esa nueva línea de dirección y con referencia a la cuestión del gas, nuestro Grupo estima que para tal efecto debe tenerse en cuenta lo siguiente:
1. Asegurar el abastecimiento interno con un horizonte permanente de 20 años, antes de considerar cualquier exportación.
2. Por consiguiente formalizar el compromiso de exclusividad del lote 88 para el consumo interno.
3. En su momento, no llegar a exportar gas natural, sino bienes derivados de su valor agregado tales como electricidad y productos petroquímicos.
4. Acordar la venta del gas con valor agregado o productos petroquímicos, a quien nos otorgue la mayor ventaja económica, sin descuidar la implicancia política.
5. La eventualidad de cualquier operación comercial con Chile relativa al gas, debe ser evaluada con posterioridad al cumplimiento por Chile del fallo del Tribunal de la Haya.
6. Como ya lo expresamos el 7 de Agosto del 2009, el buen uso del recurso gasífero constituye una herramienta de primer orden para el desarrollo del Perú y la afirmación de nuestra soberanía nacional.
Lima, 27 de Junio 2011
Grupo Basadre
El Directorio
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Fortalecer nuestras Fuerzas Armadas
El desmesurado armamentismo chileno representa hoy un peligro para el Perú, especialmente ante la posibilidad de un fallo favorable a nuestro país en el diferendo de limitación marítima planteado ante la Corte de La Haya.
Esta preocupación se sustenta en hechos comprobados de la historia, reconfirmados por la publicación de su estrategia de seguridad en la que Chile prevé "anticipar una agresión armada y tener superioridad en el enfrentamiento".
El Perú no debe ingresar a una carrera de gastos militares que retrase nuestros esfuerzos para superar la pobreza y las desigualdades sociales que nos apremian. Seguimos aspirando a un futuro de paz y desarrollo con Chile.
Sin embargo en tanto nuestro vecino no realice actos consecuentes con dicho propósito, es obligación exigir a quienes por mandato constitucional conducen el Estado y la Nación, atender con urgencia la plena recuperación operativa de nuestras Fuerzas Armadas.
Ello significa dotarlas de los recursos y equipamiento necesarios para asegurar la pronta conformación de una capacidad verdaderamente disuasiva que esté en condiciones reales de impedir que se vulnere nuestros irrenunciables derechos, el territorio o la soberanía nacional.
Es imperativo no repetir los errores de imprevisión y descuido que nuestra historia nos reclama.
GRUPO BASADRE
25 de Julio 2012
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Estar alertas
Recientemente se han producido diversas reuniones entre ciudadanos peruanos y chilenos con el objetivo de buscar un acercamiento en vísperas del fallo del tribunal de La Haya. Al mismo tiempo Chile ha pretendido involucrar a Ecuador en el contencioso marítimo que tenemos con Chile, firmándose un Acta en tal sentido con fecha 26 de Julio.
Como han señalado las propias autoridades chilenas, en la lucha por la supervivencia de las naciones no hay espacio para la ingenuidad, la simpatía, la debilidad o la sensiblería porque ello las condena a sucumbir entre las más poderosas. Además, el intento chileno de pretender involucrar al Ecuador pone al descubierto su inconducta, ya que dicho documento carece de valor jurídico, en contraste con el tratado de límites marítimos firmado entre Perú y Ecuador el 2011.
Lo que se discute en la Corte Internacional no es un asunto que pueda tratarse con ligereza, sino una vital cuestión de límites marítimos cuya fijación el Perú reclama desde 1986 y que ante la negativa de Chile se tuvo que recurrir a la Corte Internacional en búsqueda de una solución pacífica.
El Perú no reivindica sus antiguos territorios. Pero si demanda con justicia el reconocimiento de un espacio marítimo propio de 200 millas proyectadas desde nuestra línea costera que por el sur comienza en el punto Concordia y no en otro lugar.
En la circunstancia actual reiteramos la necesidad de contar con una adecuada fuerza disuasiva, pero además con Fuerzas Armadas cuyas remuneraciones signifiquen el reconocimiento que su importante labor justifica.
Invocamos a quienes dirigen nuestra política exterior, que en beneficio de nuestra más alta conveniencia colectiva, designe en organismos como El Comité Jurídico Interamericano de la OEA solamente a profesionales comprobadamente comprometidos con la posición nacional ante La Haya. Que igualmente convenga que el desminado de la frontera sur es una obligación chilena y no obligación compartida como se deduce de la contratación conjunta de una empresa privada con tal fin.
GRUPO BASADRE
7 Agosto 2012
Fausto Alvarado, Jorge Brousset, Fernando Bryce, Roberto Chiabra, Alan Failie, Gonzalo Fernández, Rocío Ferrel, Carlos Ferrero, Hugo Ismodes, Carlos Larrañaga, Juan Pari, Henry Pease, Miguel Ángel Pérez, Licurgo Pinto, M. Elsa Pons Muzzo, Miguel Rodríguez, Luís Alberto Salgado, Aníbal Sierralta, Luis Sierralta, Luis Solari Tudela, Antonio Velásquez
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LA HISTORIA ENSEÑA GRUPO BASADRE
CAUTELA CON CHILE
Somos concientes de la expectativa existente en el país y en el gobierno respecto del resultado de nuestra demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Las partes ya han dicho lo que tenían que decir. En esta materia sólo cabe esperar el fallo del Tribunal y acatarlo. Sin embargo, la realidad internacional y en especial la conducta histórica de Chile frente al Perú, nos obligan a ser muy cautelosos en la relación con dicha nación.
La necesidad imperativa de una ejecución integra del fallo no debe hacernos olvidar que en la circunstancia actual subsisten otros asuntos de implicancia bilateral que son relevantes y prioritarios sobre las cuales el Perú debe actuar ahora mismo.
Concretamente, he aquí algunos ejemplos:
Lima, 20 de marzo de 2013
El Consejo Directivo
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Consideramos un deber patriótico hacer de conocimiento público el parecer de nuestro Grupo sobre los convenios de Ilo con Bolivia, resumidos en la carta al Congreso, a cuyo Pleno invocamos su aprobación
El Consejo Directivo. – Set 18, 2013
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COLOMBIA Y LA HAYA
En poco tiempo los peruanos conoceremos la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto del diferendo marítimo que mantenemos con Chile. Confiamos que dicho fallo se dará de acuerdo al Derecho Internacional y será de aplicación inmediata.
Dicha aplicación inmediata requiere no sólo de buena voluntad de las partes y del respeto al Derecho Internacional sino también de un ambiente adecuado donde impere la democracia y la buena vecindad, como principios de convivencia pacífica y civilizada entre los pueblos y las naciones de Sudamérica.
Es por ello que queremos expresar nuestra preocupación por la posición del Gobierno de Colombia de abierto desafío al Derecho Internacional al desacatar el fallo de La Corte de la Haya en su controversia con Nicaragua. Para nosotros es un error creer que dicha postura es particular y no guarda relación con el fallo de La Haya respecto de nuestro diferendo con Chile como lo demuestran algunas voces en Chile que llaman irresponsablemente a no aplicar el fallo de La Corte de manera inmediata en caso que éste no lo favorezca.
Posiciones como la de Colombia en nada ayudan a una solución ajustada al derecho y representan más bien una amenaza a nuestras justas aspiraciones y un retroceso en cuanto a que las controversias en nuestra región deben solucionarse pacíficamente.
En tal sentido invocamos al gobierno a redoblar esfuerzos mediante una política exterior que vaya mas allá que un bilateralismo un tanto concesivo que actualmente se mantiene con Chile y que más bien busque estrechar relaciones con otros países, en especial con nuestros vecinos, consolidando así el ansiado proceso de integración.
Octubre 25, 2013
El Consejo Directivo
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¿TIENE AHORA CHILE GAS VENENOSO?
La exdirectora del Instituto de Salud Pública de Chile, Dra. Ingrid Heitmann, ha declarado a la agencia DPA que su país tuvo gas venenoso en la década de los 80 cuando gobernaba Pinochet. La información difundida añade que las respectivas ampollas de toxina botulínica habrían sido destruidas, sin mencionarse cómo ni dónde.
Considerando los antecedentes históricos de nuestra relación con Chile, sería una indiferencia irresponsable dejar pasar esta noticia.
La posesión de armas químicas por Chile constituiría una amenaza que nos atañe directamente y que además está expresamente prohibida por la legislación internacional y los respectivos convenios.
El Gobierno del Perú tiene la obligación de pedir a Chile las explicaciones pertinentes, sin descartar la intervención de las NNUU para que clarifique asunto tan grave. Los peruanos tenemos derecho a vivir con la certeza que nuestro vecino no posee la capacidad destructiva y aniquiladora del gas mortal, por lo que requerimos se nos asegure que esta posibilidad hoy no sea real.
En la circunstancia denunciada, el silencio viene cómplice de un daño potencial que afectaría nuestra propia supervivencia.
Octubre 31, 2013
El Consejo Directivo
Grupo Basadre
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NO AL SECRETO
El Perú no conoce lo que su gobierno esta negociando en el proyecto de tratado de Asociación Transpacífico (TPP),a pesar de tratarse asuntos que involucran intereses nacionales muy significativos en temas de compras estatales, servicios, sistemas de indemnización, inversión, propiedad intelectual, medicamentos y salud publica, etc., etc.
Es obligación del Gobierno hacer de conocimiento del país dichas tratativas. De lo contrario estaría pactando por su cuenta y riesgo, sin discusión ni trasparencia alguna, cuestiones de vital importancia para la nación que representa.
Noviembre 27, 2013
Grupo Basadre
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RAZONES DE PESO
Respuesta a las objeciones de quienes se oponen a que el Perú adhiera a la Convención del Mar.
El Perú nunca tuvo ni tiene un mar territorial de 200 millas. Lo que sí tenemos es una zona marítima de 200 millas como consagra el art. 54 de nuestra Constitución, que prescribe un dominio marítimo hasta las 200 millas. El propio texto del decreto de l947que anuncia la tesis de las 200 millas .no menciona el termino de "mar territorial", ni tampoco lo hace ley o norma alguna en el Perú.
2. El Perú se perjudica si es parte de la Convención del Mar
Si el Perú se adhiere no pierde nada porque la Convención reconoce la soberanía y jurisdicción del Estado ribereño hasta las 200 millas para los fines de la conservación, exploración y explotación de los recursos del mar o sea que confirma la protección a nuestro derecho a gozar del mar frente a nuestras costas hasta las 200 millas, tal como reclamó nuestro país desde 1947
3. La Convención recorta nuestros derechos de pesca
Los derechos soberanos que nos otorga la Convención (art 56), se refieren expresamente a que seamos nosotros mismos los que determinemos la captura permisible de los recursos vivos en nuestra zona económica exclusiva (art. 6l de la C.del Mar) Es decir que solamente el Estado ribereño, bajo su propia jurisdicción, determina cuanto podría pescar un tercero del excedente que no pescan los peruanos, sin causarnos perjuicio alguno y mediante el pago de derechos de pesca y el cumplimiento de normas que consideremos adecuado establecer
5. La mayoría de los grandes países pesqueros no han aceptado la Convención
De los grandes países pesqueros solo EEUU y el Perú aun no aceptan la Convención. EEUU, entre otros aspectos, cuestiona el manejo de los fondos marinos más allá de las 200 millas como patrimonio común de la humanidad; sin embargo, en su legislación interna sí tiene un mar territorial de solo l2 millas y una zona económica exclusiva hasta 200 millas como establece la Convención.
7. La Convención otorga derechos a otros Estados para la navegación y por ende afecta nuestra seguridad.
No es cierto. La Convención establece que en el mar territorial de l2 millas se permite el llamado paso inocente, para todos los buques, mientras que en la zona económica exclusiva se reconoce la libertad de navegación. Estas son parte de las libertades de comunicación internacional que acepta nuestra propia Constitución Política
8. Destacados peruanos son territorialistas
Si bien Bustamante y Rivero fue territorialista, su Canciller Enrique García Sayan siempre dijo que las 200 millas eran una zona de soberanía marítima especial sui generis y no mar territorial. Lo mismo sostuvieron Alberto Ulloa Sotomayor, Raúl Ferrero Rebagliati, Miguel Bàkula y más recientemente personalidades como Javier Pérez de Cuellar, Alfonso Arias Schereiber, Domingo García Belaunde, etc.
9. No hay apuro para adherirse
Desde 1947 nos costo a los peruanos 35 años de esfuerzos para que el mundo recogiera nuestra tesis de las 200 millas al crearse la Convención en l982. Desde entonces han transcurrido 30 años y seguimos al margen del derecho generado por una iniciativa nuestra muy conveniente a los más altos intereses nacionales, entre otras razones porque obviamente refuerza nuestra posición en el juicio de La Haya contra Chile.
10. Existe una dificultad constitucional
Las Constituciones del 1979 y de 1993 descartaron con indubitable claridad la tesis del "mar territorial" y optaron más bien por establecer un dominio marítimo hasta las 200 millas, espacio donde el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional (art. 54)
Carlos Ferrero, Baldo Kresalja, Henry Pease, Francisco Morales Bermúdez, Salomón Lerner G, JorgeBrousset, Fausto Alvarado, Roberto Chiabra, Juan Pari Ch, Pedro Morales M, Gonzalo Fernández M, Licurgo Pinto, Fernando Bryce, Hugo Ismodes, Carlos Larrañaga, Miguel Ángel Pérez V, Antonio Velásquez J, siguen adhesiones….
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EL PERÚ DEBE FIRMAR
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aprobada en el año 1982, representa hoy día el consenso logrado entre 162 Estados sobre el régimen aplicable a todos los mares y océanos del mundo.
A la fecha la Convención del Mar ha sido ya adoptada por la gran mayoría de países, incluyendo a casi toda América Latina. Chile es parte de la Convención, el Congreso de Ecuador la acaba de aprobar recientemente y el Perú permanece aún fuera de este marco jurídico que ampara el derecho del mar de todos los Estados.
Es indispensable tener presente que la Convención del Mar reconoce la soberanía y jurisdicción marítima que el Perú y Chile proclamaron originalmente, al establecer una zona económica exclusiva y una plataforma continental hasta las 200 millas, para los fines de exploración y explotación de los recursos naturales del mar adyacente a sus costas.
Sin duda alguna, la zona económica exclusiva hasta las 200 millas y las normas sobre delimitación marítima de la Convención constituyen el Derecho Internacional hoy plenamente vigente. Si bien tales normas representan la costumbre internacional obligatoria para todos los Estados, aunque no la hayan suscrito, es evidente que su firma fortalecería nuestros argumentos ante la Corte Internacional de Justicia.
Seria absolutamente inequitativo si la zona de 200 millas se delimitara al margen de la Convemar y sólo en favor de uno de los dos países que tienen ribera en el Pacífico.
En consecuencia, conviene a los más altos intereses del país que el Congreso apruebe y el Presidente de la Republica promueva la adhesión del Perú a la Convención del Mar.
Setiembre 6 del 2012
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Publicado en un suplemento de 16 paginas en la edición de hoy del diario 
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