Carlos Lozano Guillén, director semanario Voz. Alfredo Molano, El Espectador Dick Emmanuelsson, corresponsal internacional. Su caso se denominó "Operación Canela". Ramiro Bejarano, columnista de opinión, diario El Espectador César Jérez, Agencia Prensa Rural. Hoy exiliado. Adriana Cuéllar, jefa de prensa de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Nicole Karsin, periodista independiente, colaboradora del diario estadounidense San Francisco Chronicle. Liam Creig Best, Justice for Colombia, Reino Unido. Luisa Margarita Gil, Redepaz. [Fuente: Por Constanza Vieira, IPS, Bogotá, 10feb10]
Tras considerar que este 9 de febrero, día del periodista en Colombia, no había nada para celebrar y mucho para denunciar, los reconocidos reporteros Hollman Morris y Claudia Julieta Duque responsabilizaron al presidente Álvaro Uribe de la persecución de la que vienen siendo objeto por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de cuyo irregular accionar formularon nuevas denuncias.
De acuerdo con los dos periodistas, el presidente Uribe estuvo al tanto de las labores de seguimiento que venía haciendo el organismo de seguridad estatal, cuya actividad era desarrollada por el Grupo de Inteligencia Estratégica (G-3) y de la cual le eran enviados reportes periódicos al primer mandatario de acuerdo con unos documentos que hacen parte de las acervo probatorio del proceso que por estas denuncias adelanta Duque.
Las declaraciones de los comunicadores, quienes han sido objeto de numerosas amenazas contra su vida e incluso han debido exiliarse por la difícil situación de seguridad que enfrentan en el país, fueron formuladas puesto que, de acuerdo con la Constitución, es el Presidente quien dirige el organismo de seguridad.
En este sentido, los periodistas recordaron el hecho de que durante la administración del presidente Uribe cuatro de los cinco directores a cargo de la institución han salido en medio de escándalos relacionados con paramilitarismo, persecuciones políticas y actividades relacionadas con seguimientos ilegales a periodistas, políticos y magistrados.
Así mismo, recordaron el hecho de que el propio ex director del organismo, Jorge Noguera Cotes, reconociera la semana pasada haber recibido órdenes del presidente Uribe para que nombrara a José Miguel Narváez, quien actualmente es investigado por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, como subdirector del DAS.
Narváez también es investigado por ser uno de los fundadores del G-3, además de haber participado en los asesinatos de Jaime Garzón y Manuel Cepeda e impartir una cátedra en campamentos de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, en la que justificaba el asesinato sistemático de personas afines a las ideologías de izquierda.
"Mis amigos de infancia están señalados de pertenecer a las Farc"
Conforme las denuncias formuladas por Duque, los seguimientos de que venía siendo objeto no sólo tuvieron su origen en el DAS, sino que además provendrían del Ministerio de Interior y de Justicia, según el testimonio que ofreciera durante una rueda de prensa realizada este martes.
"En el caso mío se encontró un número de teléfono que estaba escrito a mano en la agenda de uno de los más importantes coordinadores operativos del G-3, hoy preso y llamado a juicio; el teléfono era un número de contacto para información que sirve sobre Claudia Julieta Duque", explicó la periodista.
Meses más tarde, cuando Duque y su abogado estaban a punto de presentarse ante la Fiscalía para declarar en el proceso, llamaron al citado número para encontrarse con la "sorpresa mayúscula" de que les respondían del Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.
"Un teléfono que desde hace cuatro años está siendo utilizado para recibir información sensible sobre el caso de Claudia Julieta Duque (…) Entonces este tema supera al DAS, y de este tema tiene que dar respuesta el presidente Álvaro Uribe", puntualizó la periodista.
"Aquí se dieron órdenes que no solamente fueron ejecutadas por el grupo G-3, fueron ejecutadas por el DAS en diferentes ciudades del país a las que nos siguieron y en donde nos fotografiaron (...) Mis amigos de infancia están señalados por el DAS de pertenecer a las Farc", agregó, al tiempo que denunciaba el que también hubieran sido investigados junto con sus familiares más cercanos, incluyendo a su hija.
Directriz presidencial
La periodista también descalificó la conclusión a la que había llegado la Fiscalía General de la Nación en el sentido de que el G-3 era una organización clandestina, puesto que durante las investigaciones realizadas por Duque se habían encontrado directrices que involucraban al presidente de la República y al Ministerio del Interior.
Duque sustentó sus acusaciones con base en el decreto reglamentario expedido en marzo de 2004 de acuerdo con el cual se definía lo que sería la denominada inteligencia estratégica del Estado como aquella capaz de recabar información, que a su vez debe servir de insumo para emprender acciones presidenciales y relacionadas con el Gobierno Nacional.
"El grupo G-3 (que para aquella época ya se encontraba en funcionamiento) estaba haciendo labores de inteligencia en contra nuestra (Duque y Morris), aparte de otras 300 personas en este país", señaló la reportera resaltando el hecho de que en el mencionado decreto la Presidencia de la República había otorgado funciones de Policía Judicial a los escoltas que hacían parte de programa de protección del DAS.
"¿Por qué los escoltas del DAS, que supuestamente están encargados de protegernos, tendrían que tener funciones de investigación y de Policía Judicial", preguntó Duque a la audiencia, afirmando que la respuesta se encontraba en un expediente que reposaba en la Fiscalía, de acuerdo con el cual los escoltas del organismo de seguridad estatal han recabado información por medio de la cual se han realizado informes de inteligencia, hojas de vida, datos sobre familiares y de la vida privada de las personas que estaban en la obligación de proteger.
Por tales razones los periodistas reiteraron su llamado para que el presidente Uribe asumiera lo que no dudaron en calificar como una "responsabilidad política", además de solicitar de los cerca de seis mil funcionarios honestos que hacen parte de la institución, que denuncien las "gravísimas" irregularidades que se veían presentando en el cuestionado organismo, del que los dos periodistas no dudaron en legitimar su razón de ser al servicio de la seguridad de los colombianos.
[Fuente: Terra Colombia, Bogotá, 10feb10]
Justo mirar la paja que tiene el ojo de nuestro vecino pero sin ignorar la viga que le crece cada vez más al ojo propio: allá los legisladores del chavismo dictan normas para rematar a Radio Caracas Televisión. Aquí, un emporio editorial extranjero bota, como perros, a dos directores independientes y clausura una revista de denuncia para hacerles el favor al Ejecutivo y a sus dos precandidatos presidenciales. Allá se exilian periodistas. Aquí también. Allá se acusa a los reporteros inquisidores de "terroristas mediáticos". Aquí, de "auxiliadores del terrorismo". Allá crearon las milicias bolivarianas con cuerpos de espionaje que vigilan, entre otros, a la gente indócil de la prensa. Aquí activaron grupos clandestinos en el DAS, tipo "G-3", para chuzar, amenazar y desprestigiar a los incómodos del periodismo. Allá asedian con impuestos, aquí estrangulan a los medios libres eliminando la pauta oficial o ahuyentando la privada. Allá se privilegia con contratos a los que lavan la cara del régimen. Aquí, es costumbre.
No es posible seguir pasando por alto la difícil situación de la libertad de prensa en este país, a pesar de que los 'cacaos' incrustados en los medios sostengan que no sucede nada. Ayer 9 de febrero, día del periodista colombiano, dos reporteros entregaron sus conclusiones, ya en poder de la justicia, sobre el aparato de persecución que les montaron. Claudia Julieta Duque no pertenece a la élite. Por eso nadie le puso atención a su drama que empezó hace cinco o seis años, cuando investigaba el crimen de Jaime Garzón. Duque fue víctima de un plan de amenazas de muerte ejecutado por funcionarios del DAS que eran parte de su escolta. En ese organismo, el CTI encontró el libreto de lo que tenía que decir quien llamara a amedrentarla, tal como lo hizo, al pie de la letra; y en las carpetas rotuladas con su nombre, se evidenció que no había ni un resquicio de su intimidad que no estuviera registrado.
Hollman Morris es conocido por sus valientes programas de televisión y por el asedio que él y su familia han soportado desde 2003. En documentos "secretos" obtenidos durante los allanamientos al DAS, se halló un archivo digno de las peores dictaduras militares. En una página denominada "Cursos de acción", con dos imágenes de Morris en primer plano, están las órdenes: "Iniciar campaña de desprestigio a nivel internacional a través de comunicados, inclusión de un video de las Farc (un montaje que circuló, en efecto, contra el periodista en Europa), gestionar la suspensión de la visa". Una carpeta contiene detalles de las actividades de su programa, Contravía; fotos de sus camarógrafos; infiltración de agentes a foros de universidades tan insospechables como la Javeriana, los Andes y del Rosario, con el objeto de conseguir fotografías, grabaciones, textos e identificación de los panelistas colegas de Morris (por ejemplo, Miguel Ángel Bastenier), y del sentido de sus intervenciones. ¡Allí están dos fotos de Michael Fruhling, ex comisionado de Naciones Unidas que fue entrevistado por Morris! Hollman y Claudia Julieta saben lo que sucedió. ¿Por qué calla la Fiscalía que también lo sabe? A esta entidad debe constarle, desde luego, la cacería oficial contra la Corte Suprema, la oposición política, las ONG y más periodistas y columnistas. Pero lo que tiene en los procesos le parece tan escabroso, tan apabullante el poder de los implicados y tan alto el cargo que ostentan, que se asusta y prefiere continuar callada.
[Fuente: Por Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, Bogotá, 09feb10]
Los periodistas independientes Hollman Morris y Claudia Julieta Duque afirmaron tener pruebas y testimonios que responsabilizarían al Presidente, Álvaro Uribe Vélez, de las chuzadas realizadas por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a importantes personalidades del país.
Según Morris, las pruebas están en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia "y señalan la responsabilidad del Jefe de Estado por acción y omisión en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONG, periodistas, magistrados y líderes de la oposición".
En una rueda de prensa, los periodistas manifiestan que el ex director del DAS Jorge Noguera, dijo la semana pasada en la Corte Suprema de Justicia que todos los informes sobre seguimiento a sindicatos eran de conocimiento del Presidente Uribe.
Además, "varios de los documentos encontrados por el CTI de la Fiscalía realizados por el DAS, entre los que hay correos electrónicos privados, tienen avisos manuscritos que dicen 'Presidente', e incluso 'Presidente Uribe', acusó Duque .
Duque agregó que es ilógico que un Presidente que "está pendiente de los más mínimos detalles en un municipio a través de los consejos comunales, no esté enterado de los seguimientos que éramos víctimas Hollman y yo".
Morris y Duque no descartan que corran un gran riesgo por hacer estas denuncias públicas, pero responsabilizaron "al Presidente de la República, por cualquier amenaza contra nosotros, nuestras familias, amigos o proyectos periodísticos".
Duque afirmó que el martes, después de hacer públicas las amenazas, fue perseguida por una persona que le tomó fotografías y que huyó cuando se dio cuenta que había llamado a la Policía.
Señaló que demandará al Estado colombiano por la persecución.
[Fuente: Colprensa, Bogotá, 11feb10]
¿Qué le habría pasado a Colombia si se hubieran mantenido ocultas las operaciones del narcotraficante Cartel de Cali y de ejecutivos de la campaña electoral del ex presidente Ernesto Samper (1994-1998)?
¿Cómo sería Colombia si el escándalo de los políticos que se aliaron con las milicias paramilitares de ultraderecha se hubiera escondido debajo de las alfombras del Congreso legislativo?
¿Y si nunca se hubiera conocido la existencia de los secuestrados en poder de la guerrilla y el país se hubiera mantenido indiferente frente a ellos, nada hubiera cambiado?
Estas y otras preguntas comienzan a hacerse esta semana los colombianos ante el episodio del cierre de la revista Cambio, una publicación semanal que en cada edición había denunciado hechos de tal gravedad que se había convertido en parte importante de las preocupaciones de la ciudadanía de este país sudamericano que vive desde 1964 un conflicto armado interno.
En 1993, la periodista de Cambio, María Cristina Caballero, alertó al país sobre un cargamento de camisetas que los narcotraficantes del Cartel de Cali habían aportado a la campaña presidencial del candidato del Partido Liberal, Ernesto Samper.
Ese fue el hilo que condujo al ovillo de la multimillonaria contribución de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, al triunfo de Samper.
Sin proponérselo así, la periodista de Cambio aportó la primera prueba del que se llamaría luego proceso 8.000.
A lo largo de la historia de los últimos años, la edición de Cambio impidió que muchos ojos se cerraran y que los escándalos se escondieran.
En las últimas semanas, esa actividad de periodismo investigativo y de denuncia había inquietado hasta la indignación a los discretos funcionarios de la cancillería, al revelar los detalles del acuerdo sobre la presencia estadounidense en siete bases militares, alcanzado entre Bogotá y Washington el año pasado.
También reveló los abusos del ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, muy cercano al presidente Álvaro Uribe, con el programa Agro Ingreso Seguro, un plan para asistir a los agricultores que le permitió distribuir grandes sumas de dinero a un grupo de grandes empresarios que habían contribuido a las campañas electorales del mandatario.
La revista, fundada en 1994, pasó hace tres años a ser propiedad de la Casa Editorial El Tiempo, dueña del diario más importante de Colombia y cuya mayoría accionaria está en manos del español Grupo Planeta.
"Había miembros de la junta (directiva de Cambio) a quienes les parecía que no era conveniente tanto periodismo de denuncia", recordó la editora de la revista, María Elvira Samper. "Pienso que coexistían la molestia con la línea editorial y las inquietudes sobre rentabilidad", sostuvo.
Al dar a conocer el cierre de la revista, los comunicados de la Casa Editorial El Tiempo alegaron el agotamiento del "modelo de negocio". La revista no daba el rendimiento que se había esperado de ella, se sostuvo.
Sin embargo, el director de Cambio, Rodrigo Pardo, y la editora general Samper informaron lo contrario con datos de primera mano.
"En 2009 hubo ganancias, y para 2010 se habían vendido más de 1.500 millones de pesos", equivalentes a más de 700.000 dólares en publicidad, reveló Pardo. "No es creíble que una organización como El Tiempo tenga que cerrar una revista que dio utilidades", añadió.
En El Tiempo mantiene influencia la familia Santos, estrechamente ligada al gobierno, pues el vicepresidente es Francisco Santos, y Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009.
"Lo que cobran y lo que cierran son las investigaciones de Cambio sobre personajes cercanos al gobierno", escribió el columnista Héctor Abad.
La explicación está avalada por expresiones como la del ex ministro Santos, para quien la revista era "una idiota útil de las FARC", en referencia a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Otro personaje cercano a Uribe, el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, llamó al director de Cambio "jefe de la bigornia", un rebuscado vocablo que equivale a facineroso.
Con todas estas razones se puso en marcha una "operación silencio", que tuvo dos etapas. La primera, el miércoles 3 de febrero a mediodía, cuando dos de los ejecutivos bajo órdenes del Grupo Planeta, Luis Fernando Santos y Guillermo Villaveces, citaron en sus oficinas a Pardo y a Samper para notificarles la decisión de convertir la revista semanal de información periodística en una revista mensual de entretenimiento.
El fin de Cambio, y de sus cargos, se produciría cuando, publicados los tres últimos números, renovarían el personal y la orientación y aparecería la nueva revista mensual.
Pardo y Samper comenzaron a trabajar en el nuevo número, en el que se daría cuenta a los lectores de las razones de la suspensión de la revista semanal y del impacto de ese hecho sobre el periodismo nacional.
Pero esas tareas se frenaron abruptamente el lunes 8, cuando una nueva decisión de la junta cesó en sus funciones a los dos directivos.
Esta decisión reafirmó a quienes ven en el cierre el cobro de cuentas por las denuncias de los "falsos positivos", asesinatos de jóvenes civiles perpetrados por militares para hacerlos pasar como bajas de la guerrilla en combate, los espionajes ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra opositores, activistas y periodistas, y el escándalo del Agro Ingreso Seguro, según la enumeración del columnista Alfredo Molano (Ver recuadros).
"El periodismo que investiga, que hace preguntas y no se somete, es una amenaza para el estado de opinión que nos quieren imponer", anotó la columnista María Jimena Duzán.
También despertó rechazo el criterio editorial expuesto por el dueño del Grupo Planeta, José Manuel Lara: "Hoy, el editor es aquel que va a preguntarle a la gente qué quiere leer, y después busca al especialista serio que lo haga", sentenció.
No coincide ese criterio con el de Pardo, que habla de "la responsabilidad social que implica el periodismo para la democracia y el fortalecimiento del debate público".
Además, se comprobó la imposibilidad de coexistencia entre el periodismo y los negocios. "Había demasiados negocios de por medio", concluyó Abad al recoger la versión repetida sobre las aspiraciones de Planeta de obtener la adjudicación de un tercer canal de televisión, que está por decidir el Estado.
La desaparición de Cambio es lamentable "cuando el país necesita más y no menos foros de discusión y cuando precisa de medios de comunicación libres", opinó el columnista Santiago Montenegro.
Desde el punto de vista de los periodistas, es un signo premonitorio del creciente poder empresario en los medios de comunicación, y de una información que se hará bajo sus reglas de juego.
Día del periodista, día de denuncias
El premiado periodista Hollman Morris y la reportera investigativa Claudia Julieta Duque reclamaron el martes al presidente Uribe que respondiera por actos de sabotaje y amenazas en su contra, cometidos por organismos de seguridad.
Morris y su familia son perseguidos desde hace 10 años, y Duque y su hija, desde hace ocho. Ambos demostraron en 2003 que el DAS, adscripto a la Presidencia, se había dedicado a desviar la investigación del asesinato del periodista Jaime Garzón, cometido en 1999.
En una conferencia de prensa celebrada el martes, Día del Periodista en Colombia, Duque mostró una decena de documentos del supuestamente disuelto Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) del DAS, que indicarían que esa formación secreta reportaba al presidente y al ministro del Interior.
Se trata de parte de las actas del G-3 que están hace un año en poder de la fiscalía, unos 60.000 folios que no alcanzaron a ser destruidos por el propio personal del DAS antes de un allanamiento, que aún no han sido estudiados en su totalidad ni dados a conocer y que, según Duque, "no hablan por sí solos, sino gritan, gimen".
Entre esos folios aparecen órdenes de "finalizar urgente" con la periodista, demandarla por injuria y calumnia y amenazar directamente a su hija. También se ven protocolos del G-3 sobre cómo deben hacerse las amenazas telefónicas contra Duque y qué decir en ellas.
"'Neutralizar' (era) lo que hacían vía telefónica, especialmente con las mujeres: con Claudia Julieta, con mi esposa", Patricia Nieto, dijo Morris, así como con Soraya Gutiérrez, del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
A Gutiérrez le enviaron "una muñeca con la imagen de su hija despedazada; también está comprobado que fue el G-3. Se ensañaron con las mujeres. Las destrozaron psicológicamente, y por ahí mismo a nosotros", señaló el periodista.
Unas 300 personas, entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia, defensores de derechos humanos, políticos opositores y líderes de la sociedad civil, fueron designadas "blancos" por el G-3.
Hasta ahora se han encontrado órdenes contra 16 periodistas. Una dispone borrar en los aeropuertos, mediante imanes, la información del computador del corresponsal sueco en América Latina, Dick Emanuelsson.
"Lo que estamos diciendo de fondo es que (el presidente) Álvaro Uribe tiene responsabilidad política en lo actuado y efectuado por el G-3. Que no puede evadir esa responsabilidad. Y que las víctimas, como la sociedad colombiana, estamos esperando una explicación del hombre que respira y transpira 100 por ciento, 24 horas del día, por la seguridad", dijo Morris a IPS.
Periodismo absuelto
"Es una absolución para todos nosotros" dijo el martes a los periodistas el sociólogo Alfredo Molano, al conocer la sentencia dictada por el juez José Eduardo Saavedra Roa.
El juez rechazó una demanda interpuesta contra Molano por algunos miembros de la familia Araújo Molina, de la nororiental ciudad de Valledupar, por los contenidos de su artículo titulado "Araújos et al" y publicado el 24 de febrero de 2007 en el periódico El Espectador, de Bogotá.
El periodista e investigador de las realidades campesinas de Colombia se libró así de ser procesado por calumnia e injuria, que son delitos penales en Colombia.
"Para mí es muy satisfactorio. Pero la verdad, es un fallo para todo el país en la medida en que defiende un principio constitucional y un principio de democracia", aseguró Molano, mientras en los corredores del juzgado un grueso grupo de seguidores del caso entonaban canciones como "Si se calla el cantor", de Horacio Guarany.
Mientras, el abogado de los Araújo anunció que apelaría la decisión del juez.
[Fuente: Por Javier Dario Restrepo, IPS, Bogotá, 10feb10]
Me pregunto si Hugo Chávez y Álvaro Uribe saben cuánto se necesitan entre sí. Tontos no son y habrán comprendido que en su caso la enemistad es una alianza. Ambos se fortalecen en la controlada confrontación y ambos tienen en el periodismo que de veras investiga a un enemigo en común.
De los dos, quizá es Uribe quien saca mejor provecho de la pugna. Chávez es un dictador astuto pero también ramplón y chabacano. Su retórica tropical no necesita consistencia sino sobre todo estridencia. ¿Qué importa llamarse socialista cuando se es un oligarca petrolero? ¿Qué significa hacer rodar por la boca el nombre de Bolívar cuando se cuenta como aliados a algunos de los peores déspotas del mundo, como Lukashenko de Bielorrusia y Ahmadineyad de Irán?
Claro que la bastedad tropical tiene sus ventajas. Chávez no necesita disimular su intención de montarse en el poder por el resto de su vida, mientras que Uribe -a quien ganas no le faltan-, necesita guardar las apariencias aún bajo el riesgo de que las apariencias le ganen a él. Lo que sucede es que la trayectoria democrática de Uribe no es precisamente impoluta. En un pasado reciente, Fujimori enseñó en el Perú cómo practicar una dictadura travesti (que se viste, se maquilla y se rellena de aparente democracia, pero que en lo que cuenta, por más que se lo esconda, sigue siendo una dictadura).
No le han faltado luego imitadores, por lo general más cautos y con montesinos más pequeños y manejables. ¿Cómo econocerlos? Uno de los criterios con menor margen de error es su actitud hacia el periodismo de investigación. La revelación de la verdad de los hechos es alergénica para todo tipo de dictadura, incluyendo, claro está, a las travestis. Chávez detesta a la prensa libre, especialmente a la que investiga, pero lo mismo sucede, sin duda, con Uribe.
El uno puede dársela de antiyanqui (aunque las cajas registradoras de los grifos Citgo trinen a través de Estados Unidos recibiendo los dólares que llegarán a sus bolivarianos bolsillos) y hasta de ayatola con maracas; y el otro de tan proyanqui que hasta los representantes estadounidenses le pidieron en una ocasión que no vaya tanto a Washington; pero la vena autoritaria enmascarada en hipocresías más o menos elaboradas, se hace transparente cuando el periodismo de investigación los amenaza.
Aunque en otros aspectos ha de ser más cauto, la hostilidad de Uribe hacia los periodistas que investigan los hechos de las guerras antidrogas y contra las FARC, ha sido vitriólica, desbocada y en ocasiones hasta incitadora de violencia.
Digamos que en el país de los falsos positivos y de una brutal contrarreforma agraria que ha construido nuevos latifundios mediante el despojo armado, hay mucho que investigar.
EN diciembre pasado, la revista Semana descubrió y publicó una "guía de instrucciones", un minimanual sobre cómo amenazar a periodistas. Sus autores anónimos eran funcionarios del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), la policía secreta colombiana, que depende directamente de la presidencia de la república. El objetivo de las amenazas fue, en el caso revelado, la periodista Claudia Duque. La amenaza en sí no fue contra ella sino contra su hija, que entonces tenía 10 años. Duque investigaba, en 2004, el crimen del humorista Jaime Garzón, especialmente la forma en la que el DAS había desviado la investigación policial.
Años después, la Fiscalía colombiana encontró, entre varios documentos recogidos en allanamientos en la sede del DAS, una guía con instrucciones precisas sobre cómo amenazar eficaz e impunemente a la periodista. El documento subraya que Duque podía identificar las llamadas y que grababa sus conversaciones. Luego, recomienda llamar desde una cabina cercana a una instalación de la Policía colombiana, para desviar las sospechas hacia ella. Instruye que no se debe tartamudear ni hacer una llamada de más de 49 segundos. Llamar desde un teléfono de tarjeta por si esa llamada es devuelta. Constatar que aunque sean de tránsito. Llegar solo y en autobús hasta el lugar de la llamada.
Poner mucha atención en las medidas de seguridad, dado que Duque llamaría de inmediato a un oficial de la Policía colombiana encargado de los derechos humanos quien, según los del DAS, "en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente").
LA llamada empezaba muy educadamente: "Buenas tardes. Por favor, ¿la doctora Claudia Julieta Duque se encuentra?" Continuaba la brusca transición entre el tono de cortesía relamida y la intimidación brutal: "Señora, es usted la mamá de María Alejandra… Pues le cuento que no nos dejó otra salida… Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea hijueputa". La amenaza se hizo todavía más específica. Amenazaron con violar a la hija de Duque, quemarla viva, esparcir los dedos por la casa. Duque salió de Colombia con su hija.
La amenaza, hay que repetirlo, la hizo, con dinero del Estado, un funcionario del DAS, que depende de la presidencia de la república. Poco antes de abandonar su país, cuando Duque denunció las amenazas en un programa de radio, el entonces subdirector del DAS, un tal Emiro Rojas, interrumpió para advertir que la iba a denunciar por calumnia e injuria.
En un caso relacionado, hace un año, Uribe acusó al renombrado periodista Hollman Morris, director del programa "Contravía", de ser un "terrorista", por la labor periodística que realizó en la selva colombiana. Sometido a una investigación de la Fiscalía, ésta concluyó que Morris había actuado con propiedad en su labor de periodista. A la luz de lo que se sabe, dice ahora Morris, el "terrorista' es otro.
El DAS organizó y llevó a cabo, en el caso de Morris, acciones de desprestigio y amenaza. Tanto Uribe como su ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, lo describieron como cercano o afín a las FARC, mientras insultaban a los que investigaron a sus entonces funcionarios, el ex Fiscal Luis Camilo Osorio, el ex director del DAS Jorge Noguera y el ex subdirector Miguel Narváez, implicados ahora todos ellos por complicidad con los paramilitares. Narváez está, además, específicamente investigado por su papel en el asesinato de Jaime Garzón.
Uribe, por supuesto, no se ha disculpado.
La semana pasada, además, la CEET (Casa Editorial El Tiempo) anunció el despido intempestivo de los directores de la revista Cambio, Rodrigo Pardo, y María Elvira Samper. Cambio fue la revista fundada por Gabriel García Márquez, que hizo una especialidad de la denuncia, la investigación, el periodismo de fuerza. Era ahora propiedad del grupo El Tiempo, cuyo accionista principal es hoy una multinacional, la corporación editorial Planeta. Los dueños actuales indicaron que Cambio se convertirá ahora en una revista de entretenimiento, a tono con los tiempos, para leerse bajo la secadora de pelo, en la manicure y quizá hasta en el retrete. La castración de la revista, dijeron, obedecía solo a razones comerciales. Tienen razón, pero no por los motivos que adujeron. Como explicó el medio electrónico La Silla Vacía, es cierto que los "de Planeta tienen claro que se trata de un negocio y que lo único que importa son las utilidades".
Pero no se trata de ganar o perder en una revista, sino de "sobre todo ganarse el tercer canal, que será un negocio multimillonario, que depende en gran parte del Gobierno dada su alta representación en la Comisión Nacional de Televisión".
El gobierno de Uribe detestaba a Cambio. Ahora, Planeta le hizo un favor y probablemente espera la reciprocidad televisiva. Total, para quienes dirigen el sistema de hoy, de concentración y propiedad cruzada de los medios, la comunicación es entretenimiento y éste es plata. Y mientras se hinchen las cuentas, la verdad, el periodismo y, si mucho aprieta, la democracia, pueden irse a la mierda.
[Fuente: Por Gustavo Gorriti, Revista Caretas, Lima, 12feb10]
Con ocasión del día del periodista en Colombia, el 09feb10, Claudia Julieta Duque y Hollman Morris ofrecieron una rueda de prensa en la Universidad Javeriana de Bogotá. 
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